En la selva a lo largo de la frontera colombo-venezolana, guerrilleros, criminales y elementos oscuros del Estado se disputan el control de los negocios ilícitos. La reciente arremetida de Venezuela contra uno de los grupos armados ha aumentado las tensiones. Bogotá y Caracas deben moderar su guerra de palabras y trabajar para prevenir una escalada bilateral indeseada.
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos políticos.
Si en 2021 celebramos el 150 aniversario de la Comuna de París, hace quince años, en 2006, México vivía un movimiento social de magnitud sin precedentes desde la revolución mexicana de 1910. Una huelga de maestros encendería el Estado de Oaxaca para conducir a un cuestionamiento global del sistema político mexicano.
Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en común en el último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas que sigue cobrando.
En Estados Unidos hay más de cinco mil víctimas acreditadas de esa empresa bananera, que financió grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. La abogada de Earthrights International, uno de los equipos que representa a las víctimas colombianas, se refiere a la alianza entre Chiquita, las Convivir, los paramilitares y el despojo de tierras.
Propio de una “república bananera” fue la descalificación con que muchos compararon el asalto al Capitolio, el 6 de enero en Washington, por huestes azuzadas por el saliente presidente Donald Trump, a lo que suele ocurrir en América Latina. Pero es distinto y la diferencia son los militares.
Representar a las víctimas en territorio hostil: del falso positivo a la Mesa de Víctimas de Rioblanco.
En total, fueron asesinadas más de 350 personas, entre ellas 291 activistas por los derechos humanos.