Ligia Hernández junto a su abogado durante su detención el 13 de agosto, en Ciudad de Guatemala AFP, JOHAN ORDONEZ
Dos exfiscales analizan la crisis en Guatemala
«Acá hay una dictadura corporativa»
Fabián Kovacic, desde Buenos Aires
Brecha, 5-9-2024
Correspondencia de Prensa, 10-9-2024
La disputa entre el gobierno de Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras abrió un nuevo frente de conflicto. Brecha dialogó con los exfiscales anticorrupción exiliados Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra.
La detención, el 13 de agosto, de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, de Guatemala, es el nuevo dardo disparado al corazón del gobierno de Bernardo Arévalo. Hernández es una de las cofundadoras del Movimiento Semilla que, contra todos los pronósticos, ganó los comicios de agosto de 2023, quebrando el frente común entre el oficialismo saliente de Alejandro Giammattei, los partidos de derecha y el Ministerio Fiscal, encabezado por Consuelo Porras.
Hernández fue detenida en el marco de una vieja causa judicial que plantea irregularidades en la recolección de firmas para la constitución de Semilla como organización política. La propia asunción presidencial de Arévalo, en enero, fue atrasada luego de que el juez Fredy Orellana desconociera la personería política del partido triunfante y tratara de impedir también que una docena de diputados electos del nuevo oficialismo pudieran llegar al parlamento.
Semilla, una formación socialdemócrata, se coló a la segunda vuelta electoral tras décadas de gobiernos de derecha responsables de que el país ocupe el anteúltimo lugar –apenas arriba de Haití– en materia de indicadores sociales de pobreza en toda América.
El núcleo duro del voto que llevó al poder a Semilla fueron los jóvenes y las mujeres, y, en menor medida, sectores rurales. Todos agitaban el eslogan «basta de corrupción». Detrás de esa palabra aparecen agazapados los sectores económicos tradicionales, representados por un puñado de familias, la dirigencia política enriquecida desde el Estado y los sectores militares responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos en las décadas del 70 y del 80. «En Guatemala funciona una especie de dictadura corporativa. La élite económica, en ensamble con los políticos, es quien define definen quiénes llegan al poder y cómo se maneja el sistema de justicia. Todos aquellos que son detractores del régimen se ven en situaciones complicadas. A nosotros nos obligaron a salir al exilio», sintetiza el exfiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval desde Estados Unidos, donde se refugió en 2021 para escapar a la persecución de la fiscal Porras.
Tras un acuerdo con Naciones Unidas bajo el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), en 2006 se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Tenía como fin enfrentar la corrupción y terminar con el accionar de grupos paramilitares surgidos en la década del 80, bajo la dictadura militar de Efraín Ríos Montt. Dos años después, bajo el amparo de la CICIG, surgió la FECI. «En 2015 comenzaron a verse los primeros resultados de nuestras investigaciones. Pudimos dimensionar que, haciendo investigaciones profesionales en un sistema de justicia independiente, se podían realizar cambios concretos en las leyes y en las instituciones estatales. Pero evidentemente la clase política no quiso hacerlo», dijo Sandoval a Brecha. Entre 2021 y julio de 2024, casi 100 fiscales y jueces partieron al exilio por temor a ser encarcelados o incluso asesinados por el llamado pacto de los corruptos, una alianza entre sectores empresariales, judiciales y políticos.
Ese pacto de los corruptos fue señalado también como responsable de detenciones de personalidades como el periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico y ganador del premio María Moors Cabot, preso desde hace dos años en condiciones deplorables, y de César Montes, fundador de grupos armados en la década del 60. Montes cumplirá cinco años de cárcel en octubre próximo, acusado sin pruebas de haber dado orden de asesinar a tres soldados en plena selva, en momentos en que se encontraba a 200 quilómetros del lugar. A sus 83 años fue condenado a
175 años de prisión por el testimonio fraguado de un empleado rural.
«En 2017 se produjo un cambio político con el triunfo de Jimmy Morales y sobrevino la salida de la CICIG del país», continúa Sandoval. «Morales designó a Consuelo Porras como fiscal general para protegerse, y su sucesor, Alejandro Giammattei, la confirmó en el cargo por su eficacia en esa tarea. Para mí, el quiebre se produjo en 2016, cuando quedó claro que las élites económicas estaban involucradas en los casos de corrupción», sentencia Sandoval, y considera como una venganza todo lo que vino después.
Uno de los actores centrales en la estrategia de venganza contra los fiscales anticorrupción es la Fundación contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz, popularmente conocido como «Ricardo Mente Ruin». Hijo de un militar vinculado con la represión en los setenta, Méndez Ruiz es querellante o promotor en cada causa judicial contra exfiscales de la FECI. «Cuando Porras necesita que alguien se presente como querellante en sus causas armadas, aparece la Fundaterror», dice Sandoval a Brecha. «Tenemos la certeza, aunque no lo podemos demostrar, que sectores de esa oligarquía corrupta financian a la Fundaterror, una organización nacida, según lo plantean sus estatutos, para dar soporte legal a las defensas de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Cierra el círculo.» El lawfare en versión centroamericana.
Las movilizaciones sociales de enero pasado, cuando corría riesgo la asunción presidencial de Arévalo, mostraron el poder de la calle. Sin embargo, desde el nuevo gobierno prefirieron no recostarse en la movilización. Podría ser un error para un oficialismo que no tiene mayoría parlamentaria propia y cuyos proyectos requieren dificultosos acuerdos entre bloques. Un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar el Ministerio Público y obligar a la renuncia de Porras quedó cajoneado sin aspiraciones de ser tratado este año, precisamente porque no alcanzan los votos del oficialismo en el parlamento.
Los ataques de Consuelo Porras contra Arévalo crecen. El tiempo parece ser termómetro para ambos contendientes. Porras finaliza mandato en abril de 2026 y el presidente podrá entonces proponer un nombre para reemplazarla. Habrá que ver, sin embargo, en qué condiciones llegará a esa fecha.
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Con la exfiscal Virginia Laparra
«Todos somos presos políticos»
Fue fiscal de la FECI en Quetzaltenango, al oeste de la capital del país, donde llevó adelante investigaciones que involucraron a funcionarios estatales y empresarios privados. Denunció a un juez, y comenzó su calvario. Estuvo dos años presa en la cárcel Mariscal Zavala pese a los reclamos de la ONU y de las campañas de Amnistía Internacional. En marzo, el presidente Arévalo la felicitó públicamente por su tarea, pero a mediados de julio ella también debió exiliarse.
«Debí salir para preservar mi vida y mi libertad. Mientras estaba detenida emitieron otra orden de detención para asegurarse de que no saliera de la cárcel. “Presos for ever”, escriben ellos en sus historias de la red X», contó a Brecha.
—¿La salida de la CICIG es el punto inicial de esta persecución contra funcionarios judiciales?
—Cuando la CICIG fue expulsada de Guatemala, en 2017, empieza esta ola de persecución contra quienes pretendían limpiar de corrupción al país. Desde ese momento, todos quienes estaban presos y condenados por casos de corrupción comienzan a salir de las cárceles por medidas sustitutivas. Legalmente no podían hacerlo, pero ellos manejan millones, y los jueces disfrazaron esas medidas como «razones humanitarias». Eso yo lo vi y nadie me lo contó. Estamos ante un sistema de justicia doblegado y parcializado en favor de las élites corruptas. Y lo grave es que estamos muy cerca de convertirnos en un país totalitario donde las personas que son incómodas corren riesgos. Los corruptos buscan quedarse con todos los poderes del Estado y siguen tratando de boicotear los resultados de las últimas elecciones.
—¿Cómo se entiende que usted deba exiliarse después de haber sido felicitada por su trabajo por el presidente?
—Se entiende porque el sistema corrupto sigue funcionando, e incluso conspirando contra el presidente Arévalo, al que amenaza con permanentes antejuicios [juicios políticos] y persecución a funcionarios de gobierno. El caso de Ligia Hernández es emblemático. Es mujer, madre, fue capturada y puesta en prisión preventiva con argumentos burdos: porque no se somete, debe presentarse voluntariamente ante un órgano judicial con actitud sumisa. ¿De qué tipo de jueces estamos hablando con actitudes tan misóginas? Lo que están haciendo con César Montes, con Ligia Hernández, con Stuardo Campo, con José Rubén Zamora es una tortura.
—¿Usted temía por su vida?
—Por supuesto. Yo enfrenté la injusticia, que es lo más cruel que puede existir. Enfrenté a jueces que decían esto es ley porque yo lo digo.
—¿Cómo fueron sus días en la cárcel?
—Espantosos. [Se emociona y le brotan algunas lágrimas.] Es una experiencia con la que tengo que acostumbrarme a vivir y superar. Estar en prisión sin tener un motivo para ello es la cosa más terrible que puede suceder. No sé cómo logré superar el día a día. Veintitrés horas encerrada y una hora de sol sin posibilidad de un poco de sombra. Te despiertan a toda hora de la noche, sin dejarte dormir, acurrucarte en el suelo de una carceleta [celda de la alcaldía] y, cuando te llega el sueño porque ya estás exhausta, te despiertan diciéndote: «Hora de la audiencia», y de inmediato corrigen y avisan que la audiencia se suspendió, porque siempre se suspende, es parte del método de tortura. Estoy viva de milagro. Me considero una sobreviviente.