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Colombia aprueba el Acuerdo de Escazú, mientras que en Venezuela sigue sin discutirse
El Acuerdo de Escazú no ha sido debatido en Venezuela ni por el Ejecutivo ni por la AN
Efecto Cocuyo, 6-9-2024
Correspondencia de Prensa, 10-9-2024
Con una votación unánime de su Corte Constitucional, Colombia aprobó la ley del Acuerdo de Escazú el pasado 28 de agosto de 2024. Este tratado latinoamericano brinda protección a los defensores ambientales, garantiza el acceso a la información ambiental y también a la justicia climática.
“El Acuerdo de Escazú es un reconocimiento a los defensores ambientales que han dado su vida por la naturaleza. Este año, desplegaremos acciones en 13 ecorregiones para dialogar con los líderes ambientales”, aseguró el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en la red social de X, tras conocerse el fallo judicial que sella la compatibilidad constitucional del tratado en el país vecino.
Colombia debatía la validez constitucional de la ley del Acuerdo de Escazú desde diciembre de 2022. Con esta decisión, el país neogranadino se suma a un grupo de 16 países de América Latina y el Caribe que ya ratificó el tratado, mientras que en Venezuela estas garantías ambientales siguen sin discutirse en las esferas gubernamentales, ni tampoco en las legislativas.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Es el primer tratado sobre ambiente y derechos humanos en América Latina y el Caribe y cuyo nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”. Se firmó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica y entró en vigencia oficialmente en el año 2021.
Sus 26 artículos consagran el derecho de la ciudadanía sobre la materia ambiental. Esto se traduce en que todas las instancias gubernamentales del país tienen la obligación de brindarle información transparente a los ciudadanos acerca de cualquier ámbito ambiental que se les solicite. Al igual que el compromiso de las empresas privadas a detallar su gestión ambiental, lo que implica revelar los químicos y la sustancias que viertan al suelo, agua y aire producto de sus operaciones diarias.
Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Ecuador, Panamá, Guyana e incluso Nicaragua están entre los países que ratificaron este tratado internacional. Brasil y Perú, en cambio, participaron como firmantes originales del tratado ambiental, pero luego no lo ratificaron.
Venezuela, por su parte, no figura ni como firmante en la primera fase, ni tampoco como uno de los países que ratificó este acuerdo latinoamericano pionero en materia ambiental.
¿Qué beneficios le traería a Venezuela?
El Observatorio de Ecología Política, la Sociedad Venezolana de Ecología, Clima 21 y Espacio Público son algunas de las organizaciones que llamaron al Estado venezolano a unirse al Acuerdo de Escazú desde el año 2018.
La firma de Venezuela de este tratado latinoamericano pudiera convertirse en una herramienta para exigir una mayor transparencia, por ejemplo, sobre los datos claves del oro y otros minerales extraídos en el Arco Minero del Orinoco o de la realidad de los derrames petroleros ocurridos en los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Anzoátegui y Monagas.
El Acuerdo de Escazú también serviría para que Venezuela se comprometiera a la creación de un sistema de información ambiental de datos abiertos para mostrar los registros de lluvias, temperatura en las ciudades y otras claves esenciales para monitorear cómo avanzan los impactos del cambio climático en el país.
En Colombia, por ejemplo, la creación del Sistema de Información Ambiental fue una de las acciones adelantadas por el Ejecutivo, antes de que el Acuerdo de Escazú fuera finalmente aprobado. La siguiente fase para el país vecino supone la creación de los nuevos reglamentos de esta ley que permitirán que este tratado ambiental pueda implementarse por completo.