El Ministerio Público de Guatemala, trinchera del llamado «pacto de corruptos», no solamente busca frenar las políticas anticorrupción del presidente Bernardo Arévalo, sino que también persigue a quienes en 2023 defendieron las elecciones y la democracia, incluidos dirigentes indígenas.
La detención de Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, de Guatemala, es el nuevo dardo disparado al corazón del gobierno de Bernardo Arévalo.
Si no fuera por la movilización indígena es muy probable que la cleptocracia hubiese logrado impedir la posesión de Arévalo como presidente legítimamente electo.
Los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. El objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.
Cinco meses después de llegar al poder, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, electo por su discurso anticorrupción y anti statu quo en agosto de 2023, tiene al menos cinco frentes abiertos que amenazan su gestión.
El mandatario entrante dijo que la primera acción que tomará al asumir el poder será revocar decretos “irresponsables” y “absurdos” del Gobierno de Alejandro Giammattei, mientras enfrenta la amenaza de la Fiscalía.
El Ministerio Público ha imputado a estudiantes, docentes y mandatarios políticos por la larga toma de la única universidad pública guatemalteca, basándose en publicaciones en las redes sociales.
Miles de guatemaltecos se manifestaron esta semana y cortaron rutas para defender el mandato del presidente electo, quien fue víctima de maniobras judiciales.
En un hecho sin precedentes, el Ministerio Público secuestró documentos originales de la primera vuelta, que acercó a Bernardo Arévalo a ganar la presidencia.
Los sectores dominantes de la política y la justicia guatemalteca intentan por todos los medios impedir la asunción del presidente electo, Bernardo Arévalo, pero se han chocado con una fuerte movilización popular en el país y una importante oposición internacional.
Desde que el 25 de junio de 2023 el binomio presidencial del Movimiento Semilla pasó a la segunda vuelta electoral, diversas acciones de los enemigos de la democracia en Guatemala se hicieron evidentes.
“Nosotros sabemos que hay una persecución política”, dijo Arévalo en su primera conferencia de prensa como presidente electo.
El candidato del Movimiento Semilla lidera las encuestas, pero teme que, de ganar el balotaje, el sistema “corrupto” intente evitar el traspaso del poder. Pese a los 13 intentos penales de la Fiscalía para descarrilar a Bernardo Arévalo y su partido, los guatemaltecos acuden a un proceso electoral marcado por la tensión, las suspicacias y el recelo
En Guatemala, un país con altos índices de criminalidad urbana, un equipo del laboratorio forense pasa días escuchando y analizando frases, letras, timbres, vibraciones, de audios que anticipan homicidios. El sentido del oído y su entrenamiento se resignifica en una época en la que la inteligencia artificial parece recrearlo todo y los límites entre verdad y fake se vuelven pantanosos
El proceso de reconteo de actas de la primera vuelta de las elecciones acaba en más incertidumbre: por un lado el Tribunal Supremo Electoral oficializa el balotaje entre Sandra Torres y el candidato sorpresa Bernardo Arévalo, y por el otro la Fiscalía pide suspender a Movimiento Semilla.
El sorpresivo pasaje a segunda vuelta de un candidato progresista tiene en alarma a las elites guatemaltecas, que permanecen aferradas a un antiguo sistema de dominación racial y de clase y a su vieja retórica anticomunista.
El inesperado segundo lugar para el Movimiento Semilla, de centroizquierda, enciende una luz rumbo al balotaje.
La frontera se ha convertido en un punto crítico en el viaje, comentaron mujeres migrantes desde Ciudad Juárez, ya en el norte de México, esperando dar el último paso al otro lado de la frontera.
Thelma Cabrera es líder de un movimiento indígena originado en las zonas agrícolas del país a quien la justicia de Guatemala no ha permitido inscribirse a las elecciones.
La ciudad de Esquipulas, antaño lugar de peregrinaje religioso, se ha transformado en una frontera más para los migrantes latinoamericanos. Familias venezolanas, ecuatorianas y hondureñas, entre otras, se unen para intentar llegar a salvo a Estados Unidos.
Desde hace nueve meses estudiantes y movimientos sociales han defendido la toma de la única universidad pública de Guatemala. El motivo: frenar el neoliberalismo y la privatización de la educación. La respuesta del gobierno ha sido la represión.
Con largas penas de prisión para cinco exparamilitares por violar sistemáticamente a mujeres indígenas durante la guerra civil, apenas empieza un proceso de aceptación de su oscura historia, advierten expertas.
El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pasó desapercibido. Parte de la ciudadanía prefiere hablar con amarga ironía de los «recuerdos de paz
La destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, forma parte de una contraofensiva política y empresarial para frenar la lucha contra la corrupción. En este marco, el movimiento indígena organizó un «paro plurinacional» para enfrentar lo que se conoce como el «pacto de corruptos», un conjunto de redes para cometer delitos y garantizar impunidad que atraviesa a la política y el Estado guatemaltecos.
Rodeado de acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el gobierno refuerza su asfixia del aparato judicial y la represión de las organizaciones sociales. Además, quiere sancionar a quienes se atrevan a investigar el genocidio perpetrado por los militares.
Miles de personas que iban a Estados Unidos ahora permanecen varadas. Lopez Obrador y Biden buscan un acuerdo. .
Antropóloga, historiadora, animadora de medios, militante social, feminista, Ana Cofiño evoca en esta entrevista las protestas recientes en Guatemala, poniéndolas en el contexto de un país que alguna vez Eduardo Galeano definiera como «el rostro, torpemente enmascarado», de gran parte de América Latina.
El desprestigio de la política está asociado a los niveles escandalosos de corrupción que atraviesan todas las instituciones del Estado. La demandada convocatoria de una Asamblea Constituyente aparece como una de las vías para recomponer un sistema político y social marcado por las enormes desigualdades