Estudiante encerrado en una de las sedes de la Universidad en protesta por el fraude electoral cometido por el actual rector, Walter Mazariegos. ANDRÉS ARNAL MARTÍNEZ
Cuando la persecución política se sirve de las redes sociales
El Ministerio Público ha imputado a estudiantes, docentes y mandatarios políticos por la larga toma de la única universidad pública guatemalteca, basándose en publicaciones en las redes sociales.
El Salto diario, 28-11-2023
Correspondencia de Prensa, 29-11-2023
Dos jóvenes caminan por un pasillo mientras comentan el frío de la noche anterior. Podría ser una escena cotidiana cualquiera, de no ser por los grilletes que llevan en las manos y los policías que les custodian. Él debía graduarse ayer, miércoles 21 de noviembre, como Licenciado en Física Aplicada. Ella estudia una maestría en Administración Pública. Él tiene 26 años, ella 23. Él es Javier de León, ella es Marcela Blanco, dos de los capturados por el caso que el Ministerio Público (MP) de Guatemala ha armado con pruebas que se basan principalmente en publicaciones en redes sociales y por el que además se persigue nuevamente a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos, entre otros políticos, estudiantes y académicos.
Javier De León estaba por graduarse cuando fue apresado. “Voy a poder graduarme, que era mi mayor incertidumbre”, dice a las cámaras mientras se dirige al segundo día de la audiencia de primera declaración con el Juez Décimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente, Víctor Manuel Cruz Rivera, quien ordenó su captura el jueves pasado.
Son dos denuncias interpuestas por la Universidad de San Carlos (Usac), según explicó el Fiscal de Delitos contra el Patrimonio de la Nación, Saúl Sánchez. 27 órdenes de captura fueron expedidas y 31 órdenes de allanamiento, por delitos de usurpación agravada de forma continuada, depredación de bienes, sedición en forma continuada y asociación ilícita. Las pruebas principales: sus publicaciones en redes sociales.
El fiscal a cargo, durante una conferencia de prensa el 16 de noviembre, explicó que algunas personas estuvieron en el edificio, por algunas capturas de pantalla y vídeos. También mencionó que tienen declaraciones del personal de seguridad. Seis personas fueron apresadas y las acusaciones incluyen a catedráticos, estudiantes y trabajadores de la universidad estatal.
Según esta nota de Prensa Libre, el campus central de la Usac fue tomado el 19 de mayo de 2022 y entregado 386 días después. Varias personas de la sociedad civil asistieron cuando el edificio se abrió nuevamente. Solo por estar allí también se acusa a varias personas, aun cuando la legislación guatemalteca no lo prohíbe.
Se criminaliza además que se hayan pronunciado a favor del movimiento estudiantil que protestaba por la imposición de Walter Mazariegos Biolis como rector de la única universidad pública del país, posición determinante no solo para la administración de esa institución sino para el país, pues desde ella se participa en decisiones políticas. El proceso anómalo de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala está descrito en este especial de Plaza Pública. Del presidente electo, Bernardo Arévalo, el fiscal Sánchez dijo que a través de sus redes sociales comienza a “manifestar por la toma de la Universidad”, a pesar de que la libertad de emisión de pensamiento está garantizada en la legislación guatemalteca.
Para comprobar su acusación, el MP pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), un peritaje lingüístico, donde no se encontraron evidencias de que se indujera a continuar con la toma de la universidad. La Hora lo explica en esta nota. Con una publicación en redes sociales, el Ministerio Público se apresuró a demeritar la misma prueba que solicitaron, con una valoración más cercana a la de un juez que a la entidad a cargo de promover la investigación y la persecución penal. No solo hicieron eso, el peritaje que habían pedido era sobre personas que gozan de inmunidad, como el binomio electo.
Al mismo tiempo que la audiencia de primera declaración avanzaba en su primer día, trascendió que el 26 de septiembre, el MP solicitó a la plataforma X, información privada de medios de comunicación y periodistas guatemaltecos, con relación al mismo caso.
Seis personas fueron capturadas, 27 fueron las órdenes de captura solicitadas. Algunas de las personas incriminadas están ya en el exilio, como lo explica esta nota de Con Criterio. Los casos de criminalización que el MP ha llevado adelante no son nuevos en la gestión de María Consuelo Porras Argueta. En 2020 la población se manifestó cuando estaba por aprobarse la ampliación del presupuesto del Estado y se acusó por supuestas pintadas en un edificio a Nanci Sinto y Dulce Archila. Aunque el caso fue cerrado en junio de 2022, el MP y la Procuraduría General de la Nación apelaron. El proceso en su contra continúa y se les ha negado incluso la presentación de pruebas para su defensa. El delito del que se les acusa: depredación de bienes culturales.
“Javier debería estar vistiendo una toga y no durmiendo injustamente en Mariscal Zavala” dice la publicación de uno de los colectivos que se ha pronunciado por este caso. El jueves 23 de noviembre, Javier vistió esa toga y se graduó en el centro de detención preventiva Mariscal Zavala. El acto fue virtual y Alfredo Beber, Rodolfo Chang, Eduardo Velásquez y Marcela Blanco, quienes están detenidos por las mismas acusaciones del MP, le apadrinaron.
La madrugada del sábado 25, tras la audiencia de primera declaración y tras escuchar al Ministerio Público y a la defensa de los acusados, el juez Víctor Cruz ligó a proceso penal a los acusados por los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural, no así para los delitos de sedición y asociación ilícita. No encontró peligro de fuga, así que a partir de ayer lunes 27 se encuentran en arresto domiciliario y con prohibición de abandonar el país, tras pagar diez mil quetzales de fianza.
El caso continuará, aunque los acusados no estén en prisión. Son los últimos días del gobierno de Alejandro Giammattei, tras más de 50 días de protestas para pedir la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana y Cinthia Monterroso, en un movimiento liderado por las autoridades ancestrales. Faltan 53 días para que asuma las autoridades electas. El periodo de Porras Argueta, quien fue confirmada en el cargo por segunda ocasión, vence en 2026.