Foto: Parlamento Cubano
Redacción de La Joven Cuba, 22-11-2024
Correspondencia de Prensa, 24-11-2024
La noticia es que el Consejo de Estado Cubano, órgano permanente de la Asamblea Nacional, se reunió y analizó tres temas principales: los resultados de las Asambleas de Rendición de Cuenta, la situación de la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y la marcha de la fiscalización al sector agrícola.
El informe sobre la situación económica estuvo a cargo de Mildrey Granadillo, viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, quien afirmó que se continúa en la estabilización macroeconómica, la generación de ingresos en divisas al país y el incremento de la producción nacional. Sin embargo, los reportes periodísticos no incluyeron ejemplos concretos del avance de este supuesto «programa», ni los datos que respaldan dichas afirmaciones.
La funcionaria reconoció que el gobierno ha tenido que centrar la atención en la recuperación de las provincias afectadas debido a los huracanes y sismos que han impactado ambos extremos de la Isla. Según la viceministra, el trabajo de intercambio con las autoridades provinciales ha permitido medir el impacto de las proyecciones del gobierno y evaluar cómo marcha la implementación de las estrategias y políticas.
El reporte publicado en el sitio web del parlamento indicó que «los planteamientos más reiterados por la población guardan relación con la situación económica del país en la actualidad, entre ellos el abasto de agua y la reparación de redes hidráulicas, la necesidad de disminuir los precios de los productos alimenticios, el abastecimiento en la red de comercio minorista, la reparación de viales, el transporte público, la recogida de desechos sólidos, el programa de construcción y reparación de viviendas, la situación electroenergética, entre otros».
Como es de esperarse, los diputados también tomaron la palabra. El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular comentó las principales acciones de la Asamblea respecto al tema y mencionó que el Consejo de Estado evalúa mensualmente el informe expuesto por el primer ministro sobre el estado de cumplimiento de las proyecciones del Gobierno, así como la marcha de las acciones para reducir el déficit fiscal.
En la misma sesión se discutió y aprobó un Decreto Ley de Estadística Oficial para proteger el derecho de los ciudadanos a «solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades». Paradójicamente, el reporte emitido por el parlamento no detalla el contenido del decreto ni especifica cuándo será publicado en la Gaceta Oficial.
En cuanto al sector agrícola, Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, presentó un balance sobre las 20 recomendaciones emitidas por la Asamblea Nacional al ministerio. Aunque se resaltó la necesidad de fortalecer el control sobre la tierra y la masa ganadera, así como incrementar los rubros exportables, no se incluyeron ejemplos concretos de logros alcanzados ni estrategias específicas para superar las limitaciones actuales.
Por otro lado, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, presentó un informe sobre las acciones para el desarrollo de los servicios de cuidado y atención a los adultos mayores en el marco de la Política de Atención a la Dinámica Demográfica. Portal Miranda enfatizó que la atención a la dinámica demográfica es un desafío transversal que requiere mayor compromiso de los gobiernos locales, las familias y las instituciones de salud para garantizar un cuidado integral. También resaltó la importancia de mejorar el funcionamiento de las casas de abuelos y hogares de ancianos, como parte de las prioridades en este sector.
Por último, la sesión dispuso que la elección del gobernador y vicegobernador provincial de Las Tunas se celebre el día 8 de diciembre de 2024. Ambos cargos habían quedado disponibles el 19 de octubre, luego de la renuncia del gobernador y la destitución del vicegobernador por «errores» y «violaciones en el ejercicio de sus responsabilidades», que hasta el día de hoy no han sido informadas.
Esto significa que el panorama presentado en esta sesión pone en evidencia la fragilidad de los sectores clave de la economía cubana y la falta de soluciones concretas.
Hace pocos días, el ministro de Economía, Joaquín Alonzo Vázquez, anunció que la economía cubana no crecería debido al impacto de los fenómenos naturales, y detalló las afectaciones a la agricultura y al sistema electroenergético nacional. La crisis económica no solo se refleja en los indicadores macroeconómicos, sino también en el incremento constante del precio de los alimentos, en contraste con los salarios estatales y pensiones, que permanecen estancados.
Por ejemplo, hoy un cartón de huevos se cotiza en más de 3 000 pesos, mientras que la mayoría de las pensiones no sobrepasan los 2 000. Dicha situación, sumada a la inestabilidad en los suministros de los productos de la canasta familiar normada, pone en una situación de suma indefensión a la población de adultos mayores y trabajadores estatales que no reciben remesas o ingresos adicionales.
Hasta el momento, no hay ningún indicio de que esta situación vaya a cambiar.
Por otro lado, la crisis en el sistema eléctrico, con daños catastróficos tras dos colapsos totales y un déficit que generalmente sobrepasa los 1,500 MW, agrava la precariedad de la vida cotidiana. En el ámbito agrícola, las pérdidas significativas en hectáreas cultivadas e infraestructura profundizan la inseguridad alimentaria en el país. Sin estrategias claras para recuperar las capacidades productivas ni apoyo suficiente para los actores locales, las informaciones presentadas son solo una muestra de la magnitud del problema, que no parece tener solución a corto o mediano plazo.
Nuestra opinión es que el triunfalismo que permea el reporte del Consejo de Estado contrasta con la dura realidad que enfrenta el país. La falta de datos concretos, cifras verificables y ejemplos específicos de avance despoja de credibilidad los supuestos «logros» presentados, que no se reflejan en los índices de bienestar ciudadano.
Por otro lado, la rendición de cuentas es un ejercicio vacío si no se acompaña de cambios estructurales que otorguen a los delegados mayor capacidad de acción. Mientras las demandas ciudadanas no encuentren respuestas prácticas, el mecanismo seguirá siendo una formalidad sin impacto real en la vida de los «electores».
El sector eléctrico es un ejemplo claro de cómo la falta de planificación e inversión a largo plazo ha llevado a una situación crítica. El reporte no aborda soluciones para enfrentar esta crisis ni menciona estrategias de resiliencia frente a desastres naturales.
Se habla de un programa para corregir distorsiones que nadie conoce, de recomendaciones a la agricultura que nunca fueron publicadas, de elecciones a gobernador y vicegobernador sin candidatos declarados ni explicación detallada de las causas del cese de sus antecesores, y de un decreto que brindará información oportuna, aunque no se sabe cuándo entrará en vigor.
En resumen, para que las sesiones del Consejo de Estado sean verdaderamente útiles a la ciudadanía, deben dejar de ser un ejercicio de autojustificación y convertirse en un espacio para tomar decisiones con impacto real y transparente. A juzgar por el reporte publicado, esto estuvo muy lejos de ocurrir.