Fachada de Radio Nacional, servicio público de broadcasting argentino AFP, Luis Robayo
Argentina en su laberinto. Medios públicos, reprimidos y desguazados por Milei
Fabián Kovacic desde Buenos Aires
Brecha, 16-2-2024
Correspondencia de Prensa, 16-2-2024
El gobierno del presidente Javier Milei no se lleva bien con la prensa, en líneas generales. Ni con los medios privados ni con los públicos. Sin embargo, el plan motosierra, una metáfora elocuente para justificar recortes presupuestarios desde el erario público, calza justo con su decisión de eliminar los medios de comunicación públicos en aras de su política liberal de ajuste.
La búsqueda de un discurso sin cuestionamientos a sus medidas de gobierno suena más lógica si se analizan los últimos diez años en materia de comunicación. Y mucho más si se toma en cuenta la represión sufrida por los medios de prensa durante la cobertura de las manifestaciones contra la ley ómnibus en la primera semana de febrero (véase recuadro al final).
La privatización del Sistema Nacional de Medios Públicos fue una promesa de Javier Milei en campaña electoral. Tanto la radio como la televisión públicas y la agencia de noticias Télam no fueron benévolas ni imparciales con el candidato liberal. Según el especialista en medios y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Martín Becerra, «en Argentina y América Latina no hablamos de medios públicos, sino estatales, y casi siempre ligados a un discurso progubernamental».
La primera medida tomada por Milei fue el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, con fecha 20 de diciembre, conocido como DNU Bases para la reconstrucción de la economía argentina o mega DNU, que modifica mediante 366 artículos y de un plumazo buena parte de las relaciones laborales y económicas de la sociedad argentina desarrolladas en los últimos 100 años. Fue la norma, más allá del fracaso momentáneo en el parlamento del proyecto de ley ómnibus, que inició la transformación liberal y reprivatizadora del flamante gobierno ultraliberal.
El viernes 3 de febrero el mismo Milei firmó el decreto 111/2024, que transfirió todo el conjunto de medios públicos nacionales, de la órbita de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación directamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, en manos de Nicolás Posse, un amigo de Milei desde los días en que ambos laboraban para el empresario Eduardo Eurnekián en el Grupo América.
Y fue finalmente el lunes 5 cuando el decreto 117/2024 anunció la intervención del Sistema Nacional de Medios Públicos por un año con opción a otro año más, a cargo de otros dos amigos de Milei. Diego Martín Chaher, como interventor, y Sebastián Marías, como interventor adjunto, ambos exempleados del Grupo América, serán los encargados de poner a punto de privatización el sistema de medios públicos compuesto por la agencia estatal de noticias Télam, Radio Nacional, Canal 7 y las señales televisivas de cable Pakapaka, DeporTV y el portal educativo Educ.ar. Según el decreto, ellos serán los responsables de elaborar un programa que incluye modificar el estatuto del personal de esas empresas y su forma de contratación, evaluar y modificar la administración de fondos y reducir las partidas presupuestarias. La base de esta intervención está en el mega DNU 70/2023, que dispuso convertir todas las sociedades estatales o con capital y participación estatal en sociedades anónimas de acuerdo al régimen de la Ley General de Sociedades.
El primer paso será el desguace de la agencia Télam y la reducción presupuestaria para el resto de las señales que conforman el conglomerado de medios estatales. A partir de entonces habrá nuevas directivas para desarmarlos.
Un Poco de historia
La gestión de los medios públicos nace en el Estado nacional, los gobiernos provinciales y las universidades nacionales. Las provincias cuentan con 16 canales de televisión y nueve radios; las universidades, con 64 radios y 11 señales de televisión; la agencia de noticias Télam mantiene 28 corresponsalías en las 24 provincias, cuatro corresponsales en el exterior y 102 estaciones de la televisión digital abierta, inaugurada en 2011, de fácil instalación en cada hogar en todo el país.
El rol de los medios públicos es distinto al de los medios comerciales y con fines de lucro. En diálogo con Brecha, Becerra plantea la importancia del rol de los medios públicos –que, en América Latina, enfatiza, son estatales–. «El problema de los medios públicos argentinos, y también de muchos otros países latinoamericanos, es que son excesivamente gubernamentales. Al decir esto no estoy pensando en que sean completamente asépticos. Al ser un medio estatal, la labor del gobierno tiene mayor cobertura, lo cual es importante para que la ciudadanía se entere de lo que hace el gobierno. Pero el punto es que la gubernamentalización de los medios estatales en nuestros países y, en particular, en Argentina llega niveles de propaganda explícita y negación de los opositores. Y como vivimos en repúblicas, los que hoy son opositores mañana serán gobierno y, por lo tanto, van a definir la línea editorial de los medios que hoy los denostan, y eso es un juego de nunca acabar», señala.
Históricamente los medios públicos argentinos fueron una piedra de escándalo para las empresas periodísticas comerciales y, a través de las diferentes dictaduras o gobiernos de derecha, intentaron silenciarlos o, por lo menos, minimizar su influencia en las audiencias. Uno de los últimos, en plena dictadura militar, fue cuando en 1979 el diario conservador La Prensa festejaba en su editorial el anuncio del dictador Jorge Videla de cerrar la agencia Télam, según recuerda Becerra en una nota publicada en noviembre en su blog Quipu. En pleno gobierno de Mauricio Macri fueron despedidos 357 empleados de la agencia de noticias pública, quienes recurrieron a la Justicia y fueron finalmente reincorporados.
Si bien la primera transmisión radial argentina ocurrió en 1920, Radiodifusión del Estado fue el primer medio estatal, creado bajo la dictadura del general Agustín Justo en 1937, y su programación escasa tendía a informar sobre acciones de gobierno. Veinte años más tarde, en 1957, tomó su denominación actual y definitiva, Radio Nacional. La agencia Telenoticiosa Americana –actual Télam– comenzó a emitir despachos informativos a mediados de 1945 como forma de contrarrestar la información proporcionada por las agencias estadounidenses Associated Press y United Press International. El Canal 7 estatal fue el primero en transmitir imágenes, el 17 de octubre de 1951, sexto aniversario del Día de la Lealtad peronista. Como puede verse, los tres medios nacieron bajo el amparo estatal y, por ende, sus contenidos y relatos eran controlados por el gobierno nacional.
Bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001 fue creado el Sistema Nacional de Medios Públicos, en el que se aglutinan Radio Nacional, Canal 7 y la agencia Télam, que lograron mayor expansión en 2008 con la incorporación de internet. Entre 2007 y 2015 fueron creados los canales de cable Encuentro, Pakapaka y DeporTV, de carácter educativo y recreativo, siempre dentro del sistema nacional de medios públicos y bajo el paraguas de la ley de medios sancionada por el parlamento nacional en 2009. La norma llegó para reemplazar la Ley de Radiodifusión instaurada en 1980 por la dictadura militar, que organizaba de manera arbitraria las licencias de radio y televisión en todo el país, permitiendo la monopolización informativa.
La ley de medios fue impugnada ante la Justicia en buena parte de su articulado por el Grupo Clarín, uno de los principales afectados, que debía resignar frecuencias de radio y TV en diferentes provincias. La norma nunca llegó a aplicarse del todo y, finalmente, bajo el gobierno de Mauricio Macri, los artículos que afectaban el interés de los grupos privados fueron eliminados. Macri también intervino las instancias de conducción estipuladas en la ley para reemplazarlas mediante un decreto por el Ente Nacional de Comunicaciones, responsable de hacer cumplir la ley de medios o lo que queda de ella después de las modificaciones a instancias del Grupo Clarín.
El punto central de debate tanto bajo el gobierno de Macri como el de Milei es buscar la forma de liquidar lo que queda de estatal en los medios de información. El propio Milei consideró, en su reciente visita a Italia, al Estado como «una asociación para delinquir». Los medios estatales, por lo tanto, funcionan como parte de esa maquinaria criminal.
El actual presidente tuvo un formidable desarrollo de imagen inicialmente en las redes sociales, pero no en los medios. Su figura pública tuvo un crecimiento vertiginoso desde 2019, cuando se lanzó a la arena política, alcanzó una diputación nacional en las elecciones parlamentarias de 2021 y llegó a la presidencia mediante un balotaje ante el candidato oficialista Sergio Massa, a quien derrota con el 56 por ciento de votos, en 2023. En primera vuelta, Milei había obtenido el 30 por ciento de los votos frente al 36 por ciento de Massa. Buena parte de su imagen fue construida a través de las redes sociales y solo cuando decidió lanzarse a la carrera presidencial obtuvo minutos de aire en medios radiales y televisivos privados, como el canal La Nación+ y Radio Mitre, parte del conglomerado de medios privados de los grupos La Nación y Clarín.
Solo cuando las instancias finales de la elección presidencial cercanas a la primera vuelta mostraron su indudable crecimiento, unos pocos medios privados subrayaron algunas de las contradicciones más salientes en sus propuestas electorales: libre portación de armas para la ciudadanía, compra y venta de órganos humanos, insultos a granel incluyendo la figura del papa Francisco, elogios a las mafias frente a la ley y elogios para las empresas que contaminan cursos de agua porque, en realidad, no provocan daño, según sostiene aún hoy.
Becerra planteaba en setiembre pasado, en Brecha (22-IX-23), que a Milei «hace tres o cuatro meses los medios dejaron de invitarlo, pero llegó a las PASO [elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias] con horas y horas de programación en canales de televisión en cuyos programas se festejaban sus excentricidades, exabruptos e improperios». Y en la misma edición, otro especialista en medios, Guillermo Mastrini, también docente de la UBA, planteaba: «El sistema de medios tradicionales no se lleva bien con Milei. Pero incluso no se lleva bien con personajes similares en otros países del mundo. La cadena O Globo se llevó pésimo con Jair Bolsonaro y está haciendo todo lo posible para que no vuelva. En Estados Unidos, los grandes medios, como The Washington Post y The New York Times, nunca empatizaron con Donald Trump».
Sin embargo, en relación con la posible privatización de los medios públicos, Becerra se muestra escéptico ante Brecha. «Es cierto que para plantear una privatización se necesita interés privado en comprar. En el caso de los medios estatales en Argentina estamos frente a estructuras costosas, porque lo amerita la labor federal y social que realiza en este caso concreto, por ejemplo, Radio Nacional. Pero esas son cuestiones que a los empresarios de medios en Argentina no les interesan porque buscan el lucro y la rentabilidad inmediata.»
No obstante, el mismo Becerra plantea posibles correcciones al rol de los medios estatales y su discurso. «Sin comparar a los medios estatales argentinos, por ejemplo, con la BBC británica, porque se trata de otra tradición, hay que reconocer que el Estado tiene mucho para decir con estos medios. Pero el exceso de la gubernamentalización es un gol en contra porque deslegitima ante la propia sociedad a esos medios. Sencillamente porque no logran una línea editorial estable, que es un requisito para cualquier medio de comunicación a la hora de ser respetado, creíble, consultado y legitimado por esa audiencia. Ese es un gran problema», remata Becerra.
***
La prensa, enemiga de Milei
El protocolo represivo establecido desde el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich ya cobró sus primeras víctimas durante las jornadas de protesta social en las inmediaciones del Congreso nacional, en la primera semana de febrero, mientras los legisladores debatían la fallida ley ómnibus.
El saldo de la represión policial se elevó a 285 lesionados con heridas de distinta gravedad y 35 periodistas agredidos durante la cobertura de las manifestaciones. El hecho mereció una denuncia judicial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires junto con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales ante el Juzgado Federal N.o 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Otras organizaciones de derechos humanos hicieron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la represión y la CIDH respondió con un comunicado dirigido al Estado argentino. «La CIDH reitera que la protesta y manifestación pacífica es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. […] La labor de la prensa constituye un elemento fundamental para la vigencia de las libertades sobre las que se construye el sistema democrático. En el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores permite mantener informada a la población sobre los acontecimientos de interés y el rol de la fuerza pública. […] Cuando se afecta la integridad física de los periodistas que cubren protestas, se violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión –pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento– como su aspecto colectivo, pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen.»
El rol de la prensa pública y privada parece estar en discusión abierta para el gobierno de Javier Milei.