Josúe Monroy con su banda Monroy y Surmenage, en un concierto en Managua, el 22 de abril de 2009. Foto: Carlos Herrera.
Ortega lanza una nueva cacería en Nicaragua: ahora contra los músicos
La policía orteguista ha detenido al cantautor Josué Monroy y a tres productores, todos ellos críticos de su Gobierno. Además, una cantante italiana será deportada.
Wilfredo Miranda, desde San José, Costa Rica
El País, 13-4-2022
Correspondencia de Prensa, 14-4-2022
Un contingente policial rompió los portones y el techo de la casa del cantautor nicaragüense Josué Monroy este martes. Los oficiales ingresaron a la vivienda y arrestaron al cantante, quien se convirtió en uno de los primeros artistas ligados a la escena musical crítica que ha comenzado a ser perseguida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En menos de 24 horas, tres productores fueron apresados y otra cantante italiana radicada en el país centroamericano va a ser deportada por las autoridades.
Los arrestos han conmocionado al país porque se tratan de artistas jóvenes, alternativos y muy populares, quienes desde 2018 han criticado a través de su arte la represión y las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y paramilitares al servicio de Ortega y Murillo. La ola de detenciones ocurre a menos de una semana que se cumpla el cuarto aniversario de la rebelión ciudadana, que fue brutalmente reprimida por el oficialismo con tal violencia que dejó 356 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuentes allegadas a los músicos narraron a EL PAÍS que el pasado 2 de abril, Josué Monroy dio un concierto en la Alianza Francesa por el quince aniversario de su banda, llamada Monroy y Surmenage. En el evento participaron más de cuarenta músicos, varios de ellos críticos al Gobierno y quienes han compuesto canciones inspiradas en las víctimas fatales de las protestas. Ese día, Josué Monroy interpretó una canción conmemorativa del 18 de abril, día que reventó la rebelión ciudadana en 2018. La canción generó entre los asistentes gritos de “Viva Nicaragua Libre”, una de las consignas que el estado policial ha machacado.
Una semana después del concierto, los oficiales irrumpieron en la vivienda del cantautor en Managua. En paralelo, los productores del mismo evento, Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, fueron apresados. Espinoza y Tapia son pareja y propietarios de SaXo Producciones. Cuando la policía llegó a su casa ubicada en el reparto San Antonio, en Managua, ellos estaban frente a su hijo, quien se bañaba en una piscina. Espinoza fue vapuleado por los oficiales, mientras su pareja le pidió a una vecina que se ocupara del menor.
Espinoza es hijo de Salvador Espinoza, subdirector del Teatro Nacional Rubén Darío, una instancia controlada por el Gobierno, bajo la influencia de la vicepresidenta Rosario Murillo. Murillo ha sido una figura ligada a la cultura en Nicaragua desde la revolución sandinista, cuya influencia siempre ha sido controvertida y criticada abiertamente por poetas como el fallecido Ernesto Cardenal en su momento.
Borrar abril
El Gobierno ha intentado con todos los medios represivos borrar la conmemoración de las protestas, cuyos crímenes continúan en la impunidad. Hace seis días, Murillo dijo que las protestas de abril fueron “un teatro puro”. “Cuántos escenarios fueron coreografiados, construidos aquí, en ese nefasto abril que todos aborrecemos y que nunca volverá”, sostuvo la primera dama.
La persecución contra los músicos inició tras una circular que envió la Policía a dueños de bares, prohibiéndoles la realización de conciertos con “varias bandas” programados para la semana del aniversario de las protestas, con pena de revocación de permisos. Aunque familiares de los dos productores dicen que han sido acusados por “lavado de dinero”, hasta ahora el Ministerio Público no ha emitido un comunicado al respecto sobre los cargos imputados.
También fue detenido Leonardo Canales, productor del grupo La Antesala. Hasta el momento, los familiares de los detenidos no saben de su paradero. Aunque acudieron la noche del martes santo a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida El Chipote, donde son recluidos los presos políticos, los oficiales no les dieron información.
Por otra parte, la mañana de este miércoles, las autoridades de migración le notificaron a la cantautora Emilia Arienti (Ailime) que será deportada en un plazo de 48 horas. Arienti es italiana y radicada en Nicaragua. Un oficial migratorio llegó a la casa de la artista a darle la notificación en persona. Un día antes, Arienti publicó una nueva canción en Youtube. Uno de sus versos dice: “¿Será que no podemos hablar? Más fuerte el miedo de lastimar”. Este miércoles, algunos artistas dijeron a EL PAÍS que sus viviendas están siendo vigiladas con drones por la policía.
Antes de 2018, muchos de estos artistas críticos orbitaban en la iniciativa de promoción musical de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, quien usaba como plataforma su canal de televisión Telenica Canal 8 (Tn8). Sin embargo, después de las protestas y la represión, los artistas rompieron abiertamente con Juan Carlos, un apasionado del rock y quien tiene su propia banda llamada Ciclo. Algunos músicos creen que las detenciones de sus compañeros de escenario tienen “cierto grado” de venganza”.
Más redadas
El observatorio independiente Monitoreo Azul y Blanco se refirió a “un incremento de la represión relacionado con la cercanía del 18 y 19 de abril”. “Hemos registrado ya varias detenciones, amenazas y allanamientos de parte de la Policía Nacional”, señaló el organismo el martes. Miembros de diversos grupos opositores informaron de al menos cuatro allanamientos contra disidentes y familiares de manifestantes que fueron asesinados en 2018. Además, la madre del monaguillo Sandor Dolmus, ejecutado en la ciudad de León, en el occidente del país, anunció su exilio por el hostigamiento.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó también que unos 50 agentes de la Policía Nacional, algunos de civil, allanaron la vivienda de Darwin Potosme, un manifestante que murió en los ataques de 2018, en la ciudad de Masaya, una de las cunas de las protestas. En la casa había 11 personas, incluyendo un niño y un familiar de la tercera edad.
“Fueron 30 minutos de allanamiento y amenazas verbales por parte de la policía a la familia”, señaló el organismo. “Cenidh condena este abuso policial contra la familia Potosme y recuerda al régimen que es derecho de los nicaragüenses conmemorar a sus familiares muertos. Exigimos cese la represión y les respeten la integridad física y psicológica”.