Ricardo Perciballe, durante la conferencia en la Fiscalía General de la Nación, en la que se anunció la identidad de los restos hallados en el Batallón 14, pertenecientes a Amelia Sanjurjo Casal. GIANNI SCHIAFFARINO
Brecha, 31-5-2024
Correspondencia de Prensa, 31-5-2224
Con el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe
«Hay otras víctimas de las que no se tienen muestras de familiares»
Para el fiscal, el proceso de identificación de Amelia Sanjurjo Casal fue «atípico», debido a que en un principio no se contaba con muestras suficientes de su familia como para comparar con los restos hallados. Sostuvo, además, que a partir de este caso se definió la centralización de todas las muestras existentes de familiares de desaparecidos y que hay otras víctimas para las cuales no se tienen muestras genéticas suficientes. Perciballe pedirá la reapertura de la causa de Sanjurjo y espera poder identificar a los responsables de su asesinato y desaparición.
—Desde que fueron hallados los restos de Amelia Sanjurjo Casal hasta que pudo conocerse su identidad, pasó casi un año. ¿Por qué en este caso demoró tanto el proceso de identificación?
—Fue un caso atípico porque no se tenían muestras de familiares directos. Cuando se halló el cuerpo y se supo el sexo, nos dio un rango de posibilidades muy chico, partiendo de la base de que estábamos hablando de un enterramiento primario de alguien que había fallecido en Uruguay. Después se determinó la presunta edad y eso acortó aún más las posibilidades, pero lo que define todo es el ADN. De dos de las tres mujeres desaparecidas en Uruguay, y que eran posibles, teníamos muestras de familiares directos. En la conferencia de julio del año pasado descartamos que fueran Elena Quinteros o María Claudia García. A partir de que no pudimos confirmar la identidad, se conformó una nueva estrategia.
Lo primero que se hizo fue buscar a los familiares directos de Amelia, de quien creíamos que podían ser los restos hallados. Si no era ella, estábamos hablando de un traslado clandestino de Argentina y eso abriría un panorama distinto. Se empezó por una búsqueda registral y material de sus padres y no se tuvo éxito. Se pidió un análisis mitocondrial para confirmar si las muestras eran compatibles con las de la hermana y dio positivo, pero no se alcanzó el porcentaje necesario para confirmar la identidad. Ahí se empezó a buscar a familiares no cercanos. Se exhumaron restos de una tía y se incorporaron muestras de sobrinos. Como algunos se encontraban en el exterior fue más complejo, porque había que viajar o armar un protocolo para las tomas de sangre. Se logró que ese trabajo lo hiciera el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que tiene todo protocolizado, y finalmente se terminó identificando a partir de varias muestras. Otra cosa que incidió fue el cambio de gobierno en Argentina, porque hubo algunas complejidades. Todo eso fue coadyuvando para esta demora.
—A raíz de este caso se logró terminar con la fragmentación de los distintos bancos de muestras de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Por qué piensa que llevó tanto tiempo concentrar todas esas muestras en un único laboratorio?
—El no haber podido determinar la identidad en un primer momento nos sirvió porque conformamos una mesa de trabajo con el EAAF, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y con Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que permitió hacer una composición de la situación en la que estábamos. A partir de eso pudimos determinar de quiénes tenemos buen material genético y de quiénes no, y se definió su centralización. Durante muchos años el Estado estuvo apartado de todo esto y no había un organismo que centralizara las muestras existentes. En un momento se trabajó con Policía Técnica, otras veces con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante; otras muestras fueron a Argentina y había muestras en Chile. Había mucho material disperso. Hoy podemos decir que, si aparece un cuerpo y va al EAAF, no va a haber ningún inconveniente para su identificación, si se tienen las muestras suficientes.
—¿Existen a la fecha desaparecidos de los cuales no se tengan muestras de familiares como para hacer una constatación de identidad?
—Cuando nos reunimos por primera vez con el EAAF, en julio, nos dijeron que trabajáramos con cautela,
que ellos tenían centenares de cuerpos sin poder identificar y que seguramente en algún momento nos iba a pasar. Efectivamente, hay víctimas de las cuales no se tienen muestras de familiares. Esos datos hoy los tiene centralizados Familiares y la INDDHH. Desde fiscalía no los tenemos.
—Al momento del hallazgo llamaron la atención algunas características del enterramiento. Por ejemplo, su superficialidad, la falta de ropa, las cantidades de cal usadas y la losa encima del cuerpo. ¿Luego del trabajo realizado, surgió algún elemento adicional que pudiera aportar a entender la metodología utilizada para la desaparición?
—Una lógica de enterramiento todavía no se ha logrado determinar. Sí hay mayores indicios porque encontramos dos cuerpos de detenidos desaparecidos que pasaron por La Tablada. Esto nos permite tener una visión de que el Batallón 14 fue utilizado como un centro clandestino de enterramiento de gente que desapareció allí. Eso nos abre un trabajo importante, pero no tenemos la certeza de que la lógica represiva haya sido esa. De la misma forma que encontramos dos cuerpos en el Batallón 13, que están relacionados con el 300 Carlos, que estaba al lado, esto también indicaría que el Batallón 14 podría ser el circuito de La Tablada, pero son hipótesis.
—¿Se pudieron determinar las causas de su muerte?
—En estos casos partimos de la base de que es una muerte en el marco de una privación ilegítima de la libertad y que presupone una muerte por tortura. No recuerdo los términos en específico.
—Todos quienes aparecieron enterrados en predios militares desaparecieron en Uruguay. ¿Sigue abierta la línea de los traslados clandestinos?
—Sí. Hay pruebas fehacientes de la existencia de los traslados clandestinos, aunque aún no se hayan encontrado en Uruguay restos de personas desaparecidas en Argentina.
—Según surge de la información relevada por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Sanjurjo cursaba un embarazo reciente cuando fue detenida. Sin embargo, en la conferencia del pasado martes se sostuvo que ello no se había podido determinar con exactitud. ¿No fue posible confirmar si se encontraba embarazada al momento de su asesinato?
—Siempre se manejó en su ficha que presumiblemente estaba embarazada de uno o dos meses. El informe forense no dio cuenta de eso. Es una pregunta que se podría realizar al equipo interdisciplinario: si con los elementos que tienen pueden determinar eso. En su momento no se analizó o, si se hizo, no se constató. También hay que considerar que cuando se hizo el análisis, no se sabía quién era. No necesariamente debieron de haber puesto un punto en concreto de análisis en ese aspecto. Quizás a partir de esto podemos hacer una solicitud de ampliación de la pericia.
—Considerando que se pedirá la reapertura de la causa, ¿este podría ser un elemento a incluir?
—Si llega a existir una ampliación de los peritos que abone la teoría del embarazo y de que haya existido un niño, eso cambia las cosas, porque podríamos llegar a buscar un hijo. Pero lo veo muy difícil, más que nada porque no tenemos la certeza de que efectivamente estaba embarazada. La causa se va a abrir por la desaparición forzada y ese es el objetivo principal.
—¿Qué aspectos de este trabajo se integrarán a ese expediente?
—Aportaremos todos los insumos que hicimos en este año: la carpeta de Policía Científica que fue al lugar, el informe de los peritos de la junta interdisciplinaria que se nombró en su momento y el del EAAF. No sabemos con qué nos vamos a encontrar con la reapertura de la causa. Por la fecha de archivo supongo que tendrá muy poca instrucción y debamos arrancar casi desde cero. No es desde cero porque tenemos bien claro quiénes actuaban en La Tablada en ese período y, entonces, en parte, vamos a ir por esa línea.
—¿Los agravios al cuerpo de Amelia, elementos que hoy se consideran agravantes de género, tienen oportunidad de ser considerados al reabrir la causa?
—En general, y también en este caso en particular, nos manejamos con las normas existentes al momento de los hechos. No aplicamos temas de género o normas actuales porque entendemos que se violaría el principio de legalidad por aplicación de una norma perjudicial de forma retroactiva. Entendemos que son crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles. Además, aplicamos la figura de la desaparición forzada porque al tratarse de un delito permanente se mantiene hasta hoy.
—Se manifestó que próximamente se comenzarán las excavaciones en un área del Batallón 13 a la cual no se había podido acceder hasta ahora por la existencia de cables de UTE; además de que se iban a hacer otras excavaciones en predios privados. ¿El interés por esos predios privados es reciente o se manejaba con anterioridad?
—Desde fiscalía intervenimos en la solicitud de cautela ante el Poder Judicial, pero del tema búsqueda se encarga la INDDHH. Se va a seguir trabajando en terrenos aledaños al Batallón 13. La intención es seguir trabajando en el Batallón 14, porque es un objetivo muy importante, y retomar algunos puntos que quedan en zonas cercanas al 13. Y sorteado el problema de UTE, también se trabajará en esa zona.
—Por fuera de este caso concreto, ¿hay alguna novedad de las causas que lleva la fiscalía?
—Hace 15 días hubo una segunda sentencia sobre desaparición forzada por parte de un tribunal de apelaciones. Eso para nosotros es importante porque hasta hace poco tiempo solo se aplicaba la figura del homicidio muy especialmente agravado. Ahora tenemos dos sentencias de grado, confirmadas por tribunales de apelaciones que establecen el delito de desaparición forzada. Esto no había ocurrido hasta que desde la fiscalía empezamos a imputar ese delito. Es un tema jurídico, pero también de lo que corresponde. No es lo mismo un homicidio que una desaparición forzada. La desaparición forzada es mucho más aberrante por todo lo que implica para los familiares.
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Listo para la foto
En la conferencia del martes, en la que se comunicó que los restos hallados en Batallón 14 correspondían a la militante Amelia Sanjurjo Casal, participó el fiscal Perciballe, Wilder Tayler de la INDDHH, la coordinadora del GIAF, Alicia Lusiardo, y Alba González, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Sobre la punta derecha de la mesa, apartado casi por fuera del encuadre, también estuvo presente Cipriano Goñi, subdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional y hombre de confianza del exministro Javier García. Según pudo reconstruir el semanario, no estaba pautada su participación en el panel de ese día, ya que solo hablarían los integrantes del equipo que trabajó en la identificación. Sin embargo, el subdirector de la secretaría habría insistido en formar parte de la mesa. Esa postura generó malestar en algunos de los integrantes del equipo de trabajo, ya que el ministerio no estuvo presente en la conferencia del año pasado, cuando se informó que todavía no se había logrado confirmar la identificación del hallazgo. Finalmente, Goñi participó sin hacer uso de la palabra.