Las vidas que dejaron atrás los adolescentes detenidos
Luisa Quintero y Luna Perdomo
Tal Cual, 10-10-2024
Correspondencia de Prensa, 12-10-2024
Al menos 70 adolescentes se encuentran detenidos en todo el país por las protestas poselectorales, según el Foro Penal. Los jóvenes, entre los 14 y 17 años, por ahora ven truncadas las posibilidades de continuar sus estudios, ingresar a la universidad o ayudar en el sustento de su hogar.
Desde el pasado 29 de julio se levantaron protestas en todo el país en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales. Las manifestaciones, sin conducción política y que fueron rápidamente reprimidas, dejaron miles de detenidos, entre ellos decenas de adolescentes.
Algunos fueron detenidos en sus casas, en operativos policiales o en las protestas. El Foro Penal Venezolano, que se dedica a la defensa de detenidos por razones políticas, llegó a contabilizar 142 adolescentes detenidos, entre los 13 y 17 años de edad.
A finales del mes de agosto se dieron algunas excarcelaciones en varios estados del país, pero todavía quedan 70 detenidos en centros para adolescentes en conflicto con la ley, cárceles o comandos policiales.
Desde el pasado 26 de septiembre el Tribunal 2 con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo, ha enviado a juicio vía telemática a 16. Los jóvenes son acusados de cargos como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas, hurto calificado, resistencia a la autoridad y uso indebido de insignias y uniformes.
Algunos jóvenes reportaron haber sido víctimas de torturas como golpizas, acoso y violencia sexual, electricidad en varias partes del cuerpo, la negación de alimentos o asistencia médica. Estos delitos también fueron mencionados por la Misión de Determinación de Hechos en su último informe. Ninguna de las denuncias ha sido procesada por los tribunales o la Defensoría del Pueblo.
Daiber Lucena, de 16 años, fue uno de esos jóvenes torturados. Le contó a su madre, María Navas, que lo golpearon con tablas tras negarse a hacer un video donde «confesaba» el pago de 30 dólares para cometer actos delictivos en las protestas.
A Daiber lo detuvieron el 31 de julio unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en su casa, en la parroquia El Valle, una hora después que a su amigo Ángel Moisés Ramírez. Ese día lo había llamado temprano para que saliera a jugar baloncesto en una cancha.
A los adolescentes los acusan de haberse robado una moto de un concesionario Bera que fue saqueado en Jardines de El Valle tras las elecciones, pese a que en los vídeos no se ve a ninguno de los dos.
Irónicamente, a Daiber le gusta arreglar motocicletas en sus tiempos libres. «A veces ayuda en un taller de unos tíos, pero para trabajar necesita un permiso de la Lopnna. De verdad no se lo hemos buscado porque tratamos de darle todo, no son los mejores lujos pero no había necesidad de que él trabajara», dice María.
Sólo una vez lo dejaron trabajar en la puesta de luces de navidad en Los Próceres, comenta. «Lo dejamos porque era diciembre y ellos siempre quieren dinero para la camisita nueva, los zapatos, el pantalón, pero su papá trabaja con su moto todo el día para que ellos puedan tener todo».
A Daiber le correspondía iniciar en septiembre el primer año de bachillerato por parasistema. Dejó los estudios cuando la familia se tuvo que mudar a Barquisimeto y no pudieron inscribirlo. Ahora espera una audiencia preliminar por hurto, terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad.
María no se queja de las condiciones en la Unidad de Atención Ciudad Caracas. Le informan si se siente mal y debe llevarles medicamentos, tiene visitas dos veces por semana y le permiten ingresar los alimentos que lleva.
El joven ahora debe levantarse a hacer limpieza de la habitación dónde está, hacer algunas actividades o salir a la cancha del lugar a hacer deportes. Pero la inquietud le ha ganado en las últimas semanas.
«Mamá, me quiero ir de aquí, Ya no aguanto más. No nos maltratan, no hacemos nada, lo que hago es pensar», le ha dicho Daiber a María. «Él primero estaba tranquilo, siempre le he dicho que esté tranquilo pero ya en las últimas visitas cuando lo abrazo le siento el corazón acelerado».
Ángel Moisés Ramírez Ruiz está preocupado de «perder el tiempo» para sus estudios de técnico medio en contabilidad. En septiembre iniciaba el sexto año en la Escuela Técnica Juan España, pero ahora puede ser condenado a 10 años de prisión.
«Él está preocupado porque dice que debería estar haciendo su tesis y me dice que acá lo que está es perdiendo el tiempo por algo que él no hizo, por algo que lo están culpando que él no hizo», relata su madre, Nérida Ruiz.
Ángel fue detenido alrededor de las 11:00 a.m en su casa, mientras cuidaba a su hermano menor, una actividad a la que estaba acostumbrado si no tenía clases o su madre estaba ocupada trabajando. Nérida lo define como un muchacho «tranquilo», que entraba a clases a las 7:00 a.m, regresaba al mediodía a almorzar en su casa y retornaba al liceo, donde resolvía la mayor parte de sus asignaciones escolares.
«A veces me pedía permiso con unos vecinitos para ponerse a jugar cartas, iba para donde están cuidando ahorita a mi otro hijo y veía películas, los fines de semana pedía permiso para visitar a sus amiguitos. De resto se la pasaba en mi casa, metido en el teléfono viendo vídeos», comenta.
Algunos fines de semana, como cualquier otro joven, Ángel también los aprovechaba para ir a alguna fiesta. «Siempre le decía que no se viniera de madrugada, que esperara a que aclare porque uno no sabe lo que pueda pasar».
También tenía puesta la mirada en la vida después del liceo, señala Nerida. «Ahorita la cuestión está difícil para pagarle una universidad, pero él me decía que hacía las pasantías y si no quedaba en la empresa, pues se ponía a trabajar para ayudarme. Yo soy madre soltera, entonces su pensar era trabajar para ayudarme con la crianza de su otro hermano. Esa es la preocupación de él, ayudarme para sacar a su hermano porque él dice que su hermano es su hijo».
A Bleider Level Herrera le llegó la mayoría de edad estando encarcelado. Su madre pudo llevarle un ponqué y cantarle el cumpleaños en el centro de detención de El Cementerio, donde se encuentra junto al resto de los adolescentes detenidos en Caracas.
Fue uno de los detenidos el 31 de julio aunque en la parroquia Coche, donde se encontraba tras hacerle una visita a su novia. Su madre, Adelaida Herrera, recuerda que le gusta la mecánica de motos y también cocinar. «Lo buscaban mucho los vecinos para que le revisara su moto, porque a pesar de que no ha hecho ningún curso sabe mucho. Su día a día era así”.
Todo esto ha cambiado mucho, afirma. «Desde hace dos meses la situación no es normal». Bleider presenta problemas por una desviación en la espalda, que le impide algunos movimientos como agacharse.
A pesar de las dificultades de salud, Adelaida dice que su muchacho igual colaboraba con la comunidad. «Mucha gente me dio su firma para una carta de buena conducta e incluso me han preguntado por qué no seguí recogiendo firmas. Todo el mundo me pregunta por él, qué me dicen y que esperan que esto termine rápido. De verdad no es fácil para la familia ni para ellos».
Estando detenido Bleider le manifestó a su mamá que quiere retomar sus estudios. «Dice que cuando salga va a trabajar y estudiar. Su madrina trabaja en un colegio y dijo que si sale, puede inscribirse».
Pero también le dice que está desesperado por la situación. «Le he dicho que este es un proceso fuerte, que es largo. Nosotras queremos que ellos salgan. Queremos que sean liberados, tanto los menores como los adultos, porque también hay muchos adultos injustamente privados (de libertad). Estamos en lucha por eso, para que nos den a nuestros hijos, a los hermanos o sobrinos», afirma.
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Comida con gusanos y agua contaminada; así sobreviven los presos políticos venezolanos en Tocuyito
Efecto Cocuyo, 11-10-2024
Las madres del estado Lara exigen la liberación de sus hijos recluidos en Tocuyito
Familiares de los presos políticos venezolanos recluidos en Tocuyito siguen alzando su voz, con denuncias sobre los malos tratos que reciben las personas en este centro penitenciario. Comida con gusanos, agua podrida y maltrato psicológico, entre otras cosas, reciben quienes fueron trasladados a este lugar ubicado en el estado Carabobo, tras haber sido detenidos en el contexto de las protestas postelectorales.
Los allegados son cautelosos y aseguran que los funcionarios de seguridad no han torturado físicamente a los detenidos; pero también afirman que los malos tratos son de otra índole. La única visita que le permitieron a varios de los familiares de los presos políticos duró tan solo 20 minutos y fue en un contexto de hostilidad.
“En la visita no nos permitieron tocarlos. No nos permitieron besarlos ni abrazarlos. Nos sentaron en una mesa de cemento, él de un lado, yo de otro lado. Él no podía mover sus manos y yo tampoco. Les están dando comida con gusanos. La mortadela está podrida. El agua está contaminada. Es de un tanque. Además, no los llevan a que reciban sol. Mi hijo tiene la autoestima por el suelo. Mi niño no es el que era, alegre, sonriente. Yo no sé cómo tuve fuerzas para salir de ahí sin derrumbarme ante mi hijo”, relató Mireya González, madre de Sandro Ramírez González, un joven de 25 años de edad detenido el pasado 6 de agosto en el estado Lara.
La dura resistencia de los familiares de los presos políticos de Tocuyito
Mireya relata lo complicado que ha sido sobrellevar el día a día sabiendo que su hijo está siendo maltratado mientras está injustamente detenido. Ella recuerda que Sandro estaba en casa el día que fue detenido. Un grupo de funcionarios irrumpió en su hogar, rompió la puerta y se lo llevó detenido sin mediar ninguna explicación.
“Imagínate cómo estoy yo cada vez que voy a comer. Yo sé que estoy comiendo bien y a mi hijo le están dando comida con gusanos. Tampoco tienen sábanas. Hay muchos que han rajado las colchonetas para meterse ahí cuando les da frío”, indicó la madre venezolana. En la conversación Efecto Cocuyo,Mireya reveló que su hijo es gay y que, además de todos los malos tratos que está recibiendo, también lo discriminan por esta razón.
“A mi hijo lo están discriminando. Lo humillan porque es gay. Pero no es asesino, es un ser humano. Pero sí debo decir que a él y a Jordan Matos los están discriminando por ser gais”, afirmó Mireya González.
Ahora, Mireya y otras mujeres larenses han alzado la voz para que se conozca lo que ocurre con sus hijos y familiares en un recinto penal que tampoco está apto para recibir a estas personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas postelectorales.
“A las 9:30 de la mañana lo sacaron de su casa. Lo golpearon a él y su hermana, es decir, mi hija. Cuando lo trasladaron a Tocuyito no nos avisaron nada”, recordó Mireya.
Una de las principales formas de resistencia de estos familiares pasa por decirles a sus hijos que son inocentes y que no asuman culpabilidad en los cargos que se les imputan. En el caso de Sandro, los cargos son terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y obstrucción de la vía pública.
Denuncias como las que hace Mireya son refrendadas por más mujeres que tienen a sus familiares presos en Tocuyito. “A mi muchacho yo no lo pude abrazar. No lo pude besar. Tenía los ojos llorosos, pero tampoco lo dejan llorar. Es un dolor muy grande el que siento, me están matando. Yo lo único que le pido al gobierno es que me devuelva a mi muchacho”, dijo Iraima a Efecto Cocuyo. Ella es abuela de Ángel Gabriel Reyes Rojas, de 19 años de edad.
¿En qué condiciones están los centros de reclusión en Venezuela?
Tocuyito no es el único centro de reclusión que ha sido dispuesto para el traslado de los presos políticos en el contexto de las protestas postelectorales. También hay detenidos en el Rodeo III y en Tocorón. Estos lugares eran habitualmente empleados para personas que ya tenían sentencia y las condiciones de reclusión son sumamente complicadas.
El abogado, activista por los derechos humanos y director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, catalogó lo que ocurre en Venezuela como una “locademia judicial”. Para el letrado, las decisiones que se están tomando en referencia a las personas detenidas en el contexto de las protestas postelectorales no tienen ninguna base legal en el país.
“Hay una violación al debido proceso. A ninguno de los detenidos se les permite nombrar a un abotago de confianza como lo establece la constitución. Pero también hay una limitación con las horas de visita. Esta es una ‘locademia judicial’”, indicó el experto venezolano.
Prado también recuerda que en repetidas ocasiones los centros penales del Rodeo y Tocorón ya han reportado fallas con la alimentación de la población presa, así como con temas de higiene e hidratación. El director del OVP afirmó que los niños detenidos tampoco pueden ser mezclados con los demás presos en los centros de reclusión.
“Si los niños y adolescentes van a ser procesados, tiene que ser de forma especial. Es decir, el juez debe ser de la materia, el fiscal debe ser de la materia y el abogado también. No es igual que estés juzgando a un adulto”, dijo Prado a Efecto Cocuyo.
Humberto Prado fue tajante al decir que “para el OVP lo que impera en Venezuela es una política de la muerte para las personas que se encuentran privadas de libertad”, en referencia a las acciones llevadas por las autoridades nacionales.
“Yo le enviaría un mensaje a todos los familiares. Que le digan a sus seres queridos que no admitan hechos porque ellos no son responsables de ningún crimen. También que tengan mucha fortaleza, que sigan fuertes y apoyando. Que nunca se apaguen, porque ellos son la luz de esperanza de todos los muchachos que se encuentran privados de libertad”, sentenció Prado.