Familiares de presos políticos protestaron frente al Ministerio Penitenciario
Entregaron un documento a un funcionario del Servicio Penitenciario
Efecto Cocuyo, 18-10-2024
Correspondencia de Prensa, 19-10-2024
Un grupo de familiares de privados de libertad por motivos políticos protestó a las afueras del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la mañana de este viernes 18 de octubre, en El Rosal, al este de Caracas.
Los allegados de los presos por las protestas poselectorales y también de presos políticos de casos como la operación Gedeón o el caso Drones se reunieron para exigir la libertad y mejoras en las condiciones carcelarias de los detenidos.
“Son inocentes, no son terroristas”, gritaban los familiares, la mayoría mujeres, en las afueras de la cartera de cárceles del país.
Presos con desnutrición
Los familiares denunciaron que un gran número de los detenidos por las protestas que se generaron tras la emisión de los resultados electorales de las elecciones del pasado 28 de julio padece enfermedades como desnutrición y afectaciones graves a la salud mental, incluidas ideaciones suicidas.
Las manifestantes llevaron un documento a la sede del ministerio para exponer las “deplorables condiciones en las que se encuentran los presos políticos, las mujeres y los adolescentes privados de libertad”, se lee en el texto.
El documento fue entregado a un funcionario del Servicio Penitenciario, quien además permitió el ingreso a la sede ministerial de cinco representantes de los protestantes para exponer la situación que denunciaron.
Presos políticos en Venezuela
Hasta el pasado 14 de octubre, en el país al menos 1.936 personas están privadas de libertad por motivos políticos, según el último balance de Foro Penal, publicado en la red social X este viernes 18 de octubre.
“Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos”, se lee en la publicación.
La organización, que defiende los derechos de las personas privadas de libertad por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro, señaló que por lo menos 1.814 personas han sido detenidas en el país desde el 29 de julio de 2024.
De los 1.936 privados de libertad, 1.698 son hombres, 238 mujeres y 68 adolescentes. (Véase gráfico de Foro Penal)
***
“Hijo, come papel toilet para que se te pare la diarrea”: 4 testimonios de las madres de presos políticos
Exigieron mejoras en las condiciones de reclusión
Efecto Cocouyo, 18-10-2024
Poco menos de 100 personas se concentraron en los alrededores del Ministerio para el Servicio Penitenciario la mañana de este viernes en El Rosal, Caracas, para exigir la libertad de sus familiares presos políticos. No fue una manifestación masiva, eran pocas pancartas con grandes lemas y consignas ya conocidas. Pero por encima de la puesta prevalecieron los rostros de mujeres sobre cuyos hombros va la carga de un hijo, hermano o nieto preso por razones políticas.
Jenny, Wendy, Elizabeth y Yuletxi son las madres que, desde hace casi tres meses, no conocen la tranquilidad, porque sus hijos fueron encarcelados y acusados de delitos de terrorismo.
El grupo de manifestantes estaba conformado por familiares de los presos políticos tanto de casos anteriores a las elecciones presidenciales de 2024, así como aquellos arrestados luego de las manifestaciones de los comicios.
La lista del Foro Penal se engrosó luego de las protestas postelectorales, alcanzando 1.800 casos nuevos. Los relatos de los familiares coinciden: muchos sólo han podido ver a sus seres queridos apenas dos veces desde las detenciones masivas producto de las protestas por el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), la madrugada del 29 de julio.
“Ellos no son terroristas. Muchos de ellos ni siquiera estaban en alguna protesta”, gritaba una señora a viva voz, mientras sostenía una pancarta que exigía la liberación de los jóvenes detenidos.
Los detenidos, trasladados a diferentes cárceles, carecen de los servicios de agua potable, fallas en el sistema de alimentación y servicios médicos. “Las condiciones son deplorables”, sostuvo una de las madres. La desnutrición y las consecuencias que acarrea ese estado fueron los relatos que se iban repitiendo entre las declaraciones de las madres a los medios de comunicación la mañana de este 18 de octubre.
Visitas limitadas
Yulexi Romero, madre del joven Roiner Peña, de 22 años de edad, recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, fue la primera en denunciar la situación médica de los nuevos presos políticos.
Romero es enfermera y entiende perfectamente la gravedad que puede causar un cuadro de desnutrición en una persona que no tiene una atención médica adecuada o una alimentación balanceada.
Las dos veces que pudo ver a su hijo este le comentó que pasaba hambre y que la comida que le ofrecen a los detenidos está ácida y esto ha hecho que muchos de los presos enfermen con intensos cuadros de diarrea.
Romero denuncia que su hijo y otros detenidos no reciben medicamentos para tratar las enfermedades que contrajeron en la cárcel y que también padecen de graves problemas de salud mental que incluyen las ideaciones suicidas.
“Soy enfermera y qué le puedo decir yo a mi hijo cuando me cuenta que tiene siete días con diarreas, le tengo que decir: ‘come papel toilet, papi, come papel para que se te pare la diarrea, porque no sé si te van a dar los medicamentos que yo envié’”, dice la mujer entre lágrimas.
Yulexi cuenta que su hijo fue detenido el 7 de agosto, cuando estaba en la playa y no en una manifestación como afirman sus captores. El joven estudia mecánica de aviación y vive en el estado Vargas. “Él solo me dice: Mamá, lucha por mí porque aquí es algo inhumano. Esto es inhumano lo que estamos viviendo aquí nosotros los jóvenes”.
Le pidieron 10 mil dólares para liberarlo
El 8 de agosto de 2024, Alexander Santaella, de 25 años, salía de la casa de su novia para regresar a su hogar, en Palo Verde, al este de Caracas. En el camino había un cerco policial. Allí fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin tener una orden de captura o por haber cometido un delito. Casi tres meses después, su madre, Elizabeth González, también se encontraba frente a la sede del Ministerio Penitenciario para exigir su libertad.
“A él lo detienen, le piden su teléfono, lo bajan de la moto y se lo llevan de ahí. Después proceden a pedirme 10.000 dólares por la liberación, pero nosotros no teníamos la cantidad de dinero porque somos de una zona popular”, relató.
Para Elizabeth, el momento más impactante ocurrió cuando logró ver a su hijo después de semanas detenido y observó que su cuerpo no solo había perdido su color, sino también masa muscular. En menos de 15 días perdió 26 kilos. “Está desnutrido por la diarrea”, señaló.
Relató que durante 15 días, mientras su hijo mantenía un cuadro diarreico, vómitos y fiebre, los funcionarios del centro penitenciario no les compartían información sobre su estado. No lo dejaban tener visitas.
“A mí, como familia, nunca me llamaron para decirme las condiciones en las que estaba mi hijo. Le pregunté a la persona encargada del centro penitenciario y me dijo que ese hospital (de Tocorón) estaba mejor dotado que el Hospital de Coche”, dijo.
En principio, Alexander lo tenía detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en El Helicoide. Su madre relata que fue golpeado y obligado a dormir en espacios cubiertos por cucarachas y otras pestes.
Su madre afirma que el joven no estaba manifestando, como reza la imputación que hace el Ministerio Público, porque ese día, en Palo Verde, no hubo ningún tipo de protesta.
“Nos dicen que se quieren suicidar”
Wendy Liendo representa a las madres de los jóvenes detenidos en el estado Vargas y que están siendo acusados de delitos como terrorismo, tras las protestas. Su hijo Víctor Uzcátegui, de 22 años, fue detenido en la subida del sector El Trébol, cuando regresaba de surtir combustible en una estación de servicio. Los funcionarios lo apresaron y lo señalaron de terrorista, a pesar de que Liendo afirma que el joven no participó en los disturbios.
Wendy señala que muchos de los jóvenes que están presos han expresado querer suicidarse tras las condiciones de reclusión y los tratos inhumanos y degradantes a los que son sometidos dentro de las celdas en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.
“Hay muchos muchachos de La Guaira que han intentado quitarse la vida, hay mucha desnutrición, están desnutridos. Hay muchachos que están enfermos, hay muchos que tienen días con diarreas y han tenido que comer paper toilet teniendo su medicamento que su representante le llevan a las afueras del penal”, afirma.
La policía no se iría con las manos vacías
Jenny Carolina Barrio Reyes, madre de Junior Arrieta, viajó 700 kilómetros hasta Caracas para participar en la protesta para exigir la libertad de su hijo Junior Arrieta, quien fue detenido el 3 de agosto de 2024, luego de ser señalado de tener vínculos con la líder opositora María Corina Machado.
Junior está delgado, sudoroso y con un cuadro depresivo desde que está detenido. Ella denunció las circunstancias irregulares en la que se llevó a cabo la detención de su hijo. «No tiene tranquilidad, no tiene paz», lamentó.
Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron a la casa de Jenny, en el barrio La Pastora, preguntando por un hombre llamado Daniel. Cuando su hijo negó ser la persona que buscaban, los funcionarios se retiraron, solo para regresar minutos después y llevarlo bajo custodia sin más explicación.
«Le dijeron que no encontraron a quien buscaban, pero que él se iría con ellos de todos modos», relató Barrio Reyes, quien asegura que la detención de su hijo fue completamente arbitraria y sin motivo justificado.
La madre del joven afirma que su hijo, quien trabajaba en una cauchera al momento de la detención, ha sido acusado de mantener vínculos con María Corina Machado. Sin embargo, sostiene que la familia no conoce a Machado ni ha salido del país. «Dicen que él estaba en Colombia, pero eso es mentira. Nunca hemos estado fuera de Maracaibo, y solo salimos ahora por esta situación», explicó.
Barrio Reyes fue enfática al negar su involucramiento en manifestaciones contra el gobierno. «Nosotros no nos metemos en eso. El día de la protesta él estaba conmigo en el hospital, tengo un informe médico que lo demuestra, porque yo estaba pasando por un ACV», contó.
La familia recibe poca información de los abogados que llevan el caso. «Solo nos dicen que tenemos que esperar, nada más», declaró Barrio, quien también denunció la falta de apoyo de vecinos y amigos desde que ocurrió la detención.
Denunció que su hijo está privado de libertad desde hace más de dos meses, sin que se le hayan presentado pruebas claras que justifiquen su arresto. «Esto ya es demasiado, el gobierno se ha pasado con todo lo que está pasando», sentenció.
Las detenciones de miles de jóvenes han cambiado bruscamente la dinámica familiar en miles de hogares venezolanos. Algunas madres han tenido que dejar sus empleos por entregarse completamente a demostrar la inocencia de sus seres queridos.