Perú – “El régimen de Jerí ya tiene las manos manchadas de sangre”. [Wayka]

_{Foto, Juan Mandamiento, Wayka.}

“El régimen de Jerí ya tiene las manos manchadas de sangre”: CNDDHH y Amnistía Internacional condenan brutal represión en marcha nacional

Wayka, 16-10-2025

Correspondencia de Prensa, 17-10-2025

La jornada de protesta del 15 de octubre contra el régimen de José Jerí ¹ terminó en tragedia: además de un saldo de cien heridos, se confirman el asesinato de un artista, el grave estado de salud de otro joven que fue inducido al coma por una fractura craneal a causa de la represión policial y 11 ataques a periodistas. La Defensoría del Pueblo y los equipos de veeduría exigen investigaciones urgentes e independientes sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial durante las movilizaciones. Por su parte, la Fiscalía ha señalado que el asesinato de Eduardo Ruiz (32 años) se ha dado en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

«Esto es una ejecución extrajudicial»

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que la jornada del 15 de octubre estuvo marcada por una represión policial “desproporcionada e injustificada”, pese a que las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. En declaraciones a Wayka, Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, advirtió que los patrones represivos registrados bajo el actual régimen de José Jerí repiten las mismas prácticas de los regímenes de Dina Boluarte (2022–2023) y Manuel Merino (2020).

“Lo que hemos visto el día de ayer ha sido una marcha multitudinaria y pacífica, salvo eventos muy aislados, y una represión desproporcionada e injustificada por parte de la Policía”, señaló Pérez.

La abogada detalló que se registraron disparos de perdigones al cuerpo y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso en zonas donde había niñas, niños y adultos mayores. “Los gases fueron arrojados directamente al cuerpo, violando la ley, tal como ocurrió en 2023 con Víctor Santiesteban”, precisó, en alusión al manifestante que murió por trauma craneal durante las protestas contra Boluarte.

Pérez confirmó que las dos víctimas más graves son Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, quien murió por un impacto de bala, y Luis Reyes Rodríguez, quien permanece en coma con traumatismo craneoencefálico severo. “Esto constituye una ejecución extrajudicial de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos”, sostuvo.

“El gobierno de José Jerí ya tiene las manos manchadas de sangre. Ha violado el derecho a la protesta pacífica, la integridad de las personas y la libertad de prensa”, denunció.

La víctima mortal fue identificada como Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, conocido en la escena musical urbana como “Trvko”; según reportes de prensa y la Fiscalía, Ruiz Sanz habría recibido un impacto de arma de fuego en la zona del tórax en inmediaciones de la Plaza Francia. Las imágenes, el contexto y testigos revelan que un agente del grupo Terna fue quien disparó contra el joven, quien llegó sin signos vitales al Hospital Loayza. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos asumió la investigación y dispuso diligencias balísticas y peritajes audiovisuales para determinar responsabilidades.

Cerca de 100 heridos y un joven en coma 

Luis Reyes fue ingresado en estado crítico al Hospital Loayza tras recibir un fuerte impacto en la cabeza por un objeto contundente que le provocó una fractura cerebral; según La República, el médico indicó que “tiene una parte del cerebro destruida” y que fue inducido al coma en espera de una operación de emergencia. Los familiares piden apoyo para cubrir los costos médicos y exigen que la Fiscalía esclarezca las circunstancias del hecho.

La familia del joven Luis, solicita apoyo económico a través de sus cuentas. Cuenta Simple Soles Interbank: 898 3393940338 CCI Interbank: 00389801339394033841. A nombre de Luis Roberth Reyes Rodríguez, cuya madre actualmente administra la cuenta.

A su vez, la Defensoría del Pueblo confirmó el ingreso de más de 100 personas heridas a hospitales del Centro de Lima y exigió que las autoridades aclaren la participación de agentes de civil en las intervenciones policiales —una práctica controvertida que, según múltiples testimonios, se observó en el epicentro de la movilización. 

¿Qué pasó con Trvko?

Las versiones de testigos y registros en redes sociales —entre ellos un video de la Municipalidad de Lima difundido por los medios y en las redes— describen escenas de caos en el Centro de Lima: personas persiguiendo a un sujeto por la zona de Quilca, detonaciones y disparos hacia la multitud. 

Diversos testigos presenciaron el asesinato. Un joven afirma: “Todo fue a las 11:30 p.m… la turba de gente que lo perseguía gritaba que era un terna ²  y tenía un arma… mientras yo estaba correteando a punto de agarrarlo, el terna dispara y dispara hacia abajo y me cayó una bala en la mano… Ni siquiera estábamos manifestándonos en ese momento”. Otra testigo remarca: “Probablemente ahora vayan a decir que las cámaras de seguridad no funcionaban, pero es mentira, esas cámaras funcionan”. Un tercer joven muestra a la cámara una pierna herida y reclama: “Nos han estado disparando a diestra y siniestra y nosotros no teníamos nada que ver ahí… ¡Esto no puede quedar impune!”. 

Otro video difundido en redes recoge el relato de un amigo de Mauricio: “Nosotros estábamos conversando en Plaza Francia, tranquilamente y estábamos por desplegarnos y luego de la nada aparece un policía vestido de civil… y cuando nos dispersamos el policía nos vio y nos disparó a quemarropa. Mi hermano (Eduardo) no tenía ni un cuchillo, ni un palo, ni un arma… el terna empezó a disparar y a mi hermano le cayó una bala perdida, pero él no hizo nada y el policía se fue corriendo. El impacto de bala pasó a las 11 de la noche, hay una cámara en Plaza Francia, el policía disparó en Plaza Francia… su niño de 9 años va a preguntar por su papá.” 

Durante la manifestación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que desplegó veeduría en el terreno, confirmó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz y denunció que, según testimonios, el disparo que acabó con su vida habría sido efectuado por un efectivo policial vestido de civil (grupo “Terna”). En su comunicado la CNDDHH exigió “una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades”, y recordó que el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de quienes ejercen el derecho a la protesta. 

Por su parte, la Municipalidad de Lima informó que ya entregó todas las imágenes sin editar a la Fiscalía para que investigue.

Represión a la prensa 

A su vez, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) emitió un reporte preliminar en el que registró 11 ataques contra periodistas, entre heridos por proyectil de arma de fuego y violentados, durante su trabajo de cobertura informativa de la protesta en Lima contra José Jerí y el Congreso. Son 6 comunicadores que fueron atacados con proyectiles, entre los que figura nuestra reportera Valia Aguirre, quien recibió 5 perdigones en la pierna. Además, el fotoperiodista independiente Juan Mandamiento reportó el impacto de un proyectil en el cuello. Otros 4 periodistas fueron empujados y golpeados por miembros de la Policía, y uno fue afectado por el impacto de una bomba lacrimógena.

La CNDDHH también reportó agresiones a periodistas, controles de identidad arbitrarios y operativos policiales que impidieron el acceso de manifestantes a Lima, hechos que remiten a los patrones de hostigamiento observados en 2022 y 2023. “La Policía se ha convertido en el brazo armado del régimen. El presidente, el premier y el ministro del Interior tienen una responsabilidad directa sobre los hechos ocurridos”, concluyó Pérez.

La brutalidad policial no es una novedad en el país. Durante las masivas protestas contra Dina Boluarte en 2022 y 2023, también hubo ejecuciones extrajudiciales y heridas graves bajo la acción estatal. En enero de 2023, el primer manifestante muerto en Lima fue Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, quien murió por un impacto severo que recibió durante la represión policial. Su familia y medios documentaron que la causa del fallecimiento fue “contusión y laceración encefálica”, una fractura craneal severa, derivada de un elemento contundente disparado desde corta distancia.

Otro caso emblemático de Lima es el de Renato Sebastián Murillo Reyes quien resultó herido en las manifestaciones de diciembre de 2022 al ser impactado por una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en estado de coma por 12 días. Aunque las versiones oficiales intentaron minimizar el hecho como un accidente, la prensa y defensores de derechos humanos denunciaron que fue parte del uso indiscriminado de armas no letales con potencial letal.

Ese mismo patrón se repite ahora: un manifestante muere por disparo directo en las marchas bajo un gobierno que reclama legitimidad ante el pueblo. Lo que antes se vio en 2023 —cincuenta muertos y cientos de heridos— parece reproducirse en 2025 con Mauricio y el joven en coma. 

Las organizaciones como Amnistía Internacional, Flora Tristán, DEMUS, entre otras, reclaman investigación independiente, identificación y sanción de los agentes responsables, protocolos claros y transparencia en las diligencias forenses y balísticas; además, la CNDDHH y colectivos exigen que se garantice la protección de manifestantes y el fin del uso de agentes de civil en operativos. Mientras tanto, compañeros y familiares de los heridos y fallecido convocan a mantener la movilización y a exigir justicia.

Finalmente, Amnistía Internacional exhortó al gobierno de José Jerí a “escuchar las demandas de la población y no deslegitimarlas con discursos estigmatizantes”, garantizando el derecho a la protesta pacífica y deteniendo la represión social. La ciudadanía ha convocado a una vigilia para hoy a las 5:00 p.m. en la Plaza Francia, a fin de exigir justicia para el joven artista ‘Trvco’. 

La muerte y las heridas graves elevan la tensión política: colectivos sociales y convocantes de la marcha anunciaron que las movilizaciones continuarán y exigieron sanciones inmediatas contra los responsables. El presidente José Jerí emitió un mensaje de pesar y pidió que las investigaciones “determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, pero la exigencia ciudadana apunta hoy a una investigación que no dependa únicamente de las mismas instancias señaladas como parte del aparato de control durante las protestas. 

Notas de Correspondencia de Prensa