Las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021 fueron un test fiable del estado de las estructuras de oposición al Gobierno, o de su endeblez y nula capacidad política para convocar, o al menos intentar de alguna forma capitalizar un acontecimiento de tal magnitud.
Los días 11 y 12 de julio del 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel.
El general en retiro y hermano del dictador Daniel Ortega, Humberto Ortega, exjefe del Ejército, señaló que la muerte del preso político Hugo Torres fue por causa del “cruel encierro” al que fue expuesto en las celdas de El Chipote.
Han pasado sesenta y tres años desde aquel triunfo de enero. El pueblo ha resistido por la Revolución que el gobierno dice representar, aunque hace más de treinta años no ve progreso ni esperanzas; simplemente sobrevive y resiste.
Ortega jura este lunes por cuarta vez consecutiva su cargo tras unas elecciones sin competencia después de encarcelar a sus potenciales oponentes. La mayoría de ellos está en El Chipote, prisión que ha convertido en piedra angular de una represión que suma 170 presos políticos
Esperamos que con el gobierno de Boric las cosas sean distintas, sin no lo hace saldremos a las calles.
A quienes firmamos este texto nos llama la atención el silencio de algunas izquierdas ante la deriva antidemocrática en Nicaragua.
Un fantasma recorre Cuba: el fantasma de la represión. Su brutalidad y torpeza ubica a años luz la posibilidad de que el sueño de una nación «con todos y para el bien de todos», de un proyecto social «de los humildes, por los humildes y para los humildes», se materialice.
Con la farsa electoral Ortega y Murillo se atornillan al poder. Que ellos sigan en el poder significa más pobreza, más miseria, más represión, más desigualdad, más caos para Nicaragua.
La violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas LGBTI+ ha aumentado en los últimos años, pero los activistas perseveran en la lucha por sus derechos.
A finales del 2021, el régimen vive una crisis política de fondo, ante el divorcio paulatino entre el orteguismo empresarial y sus bases sociales empobrecidas.
La resistencia popular tiene que pasar a un periodo de acumular fuerzas para protagonizar nuevas sublevaciones, esta vez con un horizonte mucho más claro”.
Pensar el Diálogo Nacional como mecanismo de concertación política para resolver el conflicto actual de Cuba y empezar a crear un nuevo contrato social es estratégico. Ello requiere examinar el escenario existente e identificar debilidades, fortalezas, posibles amenazas y consensos.
El estudiante universitario fue asesinado el lunes por la tarde en la ciudad de Popayán, presuntamente por sicarios. Mosquera, de 26 años, se convirtió en un símbolo de las luchas sociales en Colombia luego de perder un ojo tras la represión policial a la protesta estudiantil en 2018.
A cuatro días de los acontecimientos y tras un profundo análisis, Comunistas da a conocer su posición oficial acerca de las protestas que tuvieron lugar en Cuba el pasado domingo, 11 de julio. De manera casi simultánea y con mayor o menor intensidad, el domingo 11 de julio Cuba vivió una serie de estallidos sociales que abarcaron al menos a 6 de las 14 provincias que conforman el país.
La académica y activista fue votada por la mayoría de los 155 convencionales que redactarán la nueva carta magna que reemplazará a la de Pinochet Una jornada marcada por su discurso que promete cambiarle el rostro al país e incidentes que obligaron a retrasar la ceremonia.
Surgieron en Argentina hace unos cuatro años y se extendieron luego a Chile y a Brasil. Ahora hay un primer uruguayo que dio el paso. Los familiares de genocidas que se separan de ellos y los denuncian, de a poco, van surgiendo y organizándose.
El director de la organización Tambores, relata como el escuadrón antidisturbios colombiano ataca a manifestantes, viviendas y ollas populares.
Con la represión generalizada de las últimas semanas lo que busca el régimen Ortega-Murillo es generar un clima de terror para evitar el avance de que cualquier candidato crezca en sus posibilidades de derrotarlo y, al mismo tiempo, tener apaciguado a la población por medio del terror.
Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.
No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.
A punto de cumplirse un mes del paro nacional en Colombia, van 58 muertos, 129 desaparecidos, más de 1.000 heridos, una reforma tributaria y otra a la salud suspendidas, una Copa América cancelada, un ministro destituido y un narco-Estado que tiembla tras los muros de sus propios eufemismos. Colombia estalla.
Declaración ante el tribunal del dirigente sindical encarcelado en Hong Kong, Lee Cheuk-yan. Transcribimos el texto completo de la declaración que presentó Lee Cheuk-yan ante el tribunal el lunes 24 de mayo, en el juicio en su contra relacionado con la concentración no autorizada del 1 de octubre de 2019. El veredicto será pronunciado este viernes 28 de mayo. Anteriormente, Lee había sido condenado a 14 meses por otros dos cargos.
La crisis de la sociedad nicaragüense es estructural, hay un estancamiento crónico en la economía. Pero también es política, una crisis de la legitimidad de la dictadura.
En Cali, donde la represión estatal muestra su peor cara, miles de indígenas han llegado desde las zonas rurales a colaborar con la autodefensa de los barrios populares.
Lleva una señal de tráfico del revés a modo de escudo, una máscara antivapor que le prestó un amigo pintor y unas rodilleras de cuero y clavos remendadas con una máquina de coser. Hugo solo tiene 20 años, pero asegura que está dispuesto a morir esta noche por defender su barrio de la policía.
Aunque la población logró el retiro de una impopular reforma tributaria, persisten demandas que siguen sin ser escuchadas. Una de las más urgentes es el reclamo contra la violencia policial, que viene dejando cientos de heridos y 37 jóvenes asesinados por manifestarse.
Las protestas masivas comenzaron el pasado 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria. Fruto de la represión policial al menos 19 personas murieron y más de 800 resultaron heridas. Continúan desaparecidas 89 personas.
Fue la segunda alocución en tres días, en medio de la crisis más aguda de su Gobierno. Al mismo tiempo, en múltiples puntos de decenas de ciudades, había movilizaciones andando. El país cumplió ayer siete días protestando, hoy hay una nueva manifestación nacional convocada por el Comité del Paro.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha decidido sacar a los militares a las calles de las principales ciudades del país para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones ha escalado desde el miércoles, cuando se convocó un paro en todo el país, que ha tenido más seguimiento del esperado, en la medida en que Colombia vive el peor momento de la pandemia.
2021 comenzó con el gobierno de Kyriakos Mitsotakis a la ofensiva. Una nueva ley aceleraba la reforma neoliberal de la Educación Superior y establecía la presencia permanente de fuerzas policiales dentro de los campus. El derecho a protestar ha estado bajo constante presión, ya sea por diversas leyes y decretos o de facto por la represión policial contra los manifestantes.
El movimiento de desobediencia civil de Myanmar contra el régimen militar ha adoptado múltiples formas, como la huelga de funcionarios, las protestas callejeras masivas y el boicot a las empresas vinculadas al ejército (Tatmadaw). Pero en las últimas semanas se ha abierto un nuevo frente en la lucha: una campaña de "castigo social" contra las familias de los altos cargos del régimen.