A l’encontre, 30-9-2024
Traducción de Correspondencia de Prensa, 2-10-2024
El proyecto de ley (DDL) nº 1660 fue presentado a la Cámara de Diputados hace más de ocho meses, el 22 de enero de 2024, por iniciativa conjunta de los ministros Matteo Piantedosi (ministro del Interior), Carlo Nordio (ministro de Justicia) y Guido Crosetto (ministro de Defensa). La autoría de la propuesta es especialmente significativa porque indica que ha sido elaborada a nivel de todo el gobierno y porque implica y compromete a los tres componentes de la coalición de derechas, dado que los tres representan respectivamente a la Lega, Forza Italia y Fratelli d’Italia.
El proyecto de ley (DDL) ha seguido hasta ahora un camino relativamente fluido y sencillo en la Cámara Baja, con algunos meses de debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, antes de ser aprobado por la Asamblea el 18 de septiembre y pasar al Senado, donde lleva el número S1236 y donde debería seguir un trámite bastante breve. Se estima que, salvo imprevistos, el proyecto de ley podría ser aprobado definitivamente en octubre.
El texto de la ley interviene en ámbitos múltiples y diversos, también sin relación entre sí, pero constituye una medida adicional y aún más grave que -basándose en argumentos de seguridad- criminaliza todas las formas de lucha y movilización, incluidas las más pacíficas y a lo Gandhi. Los diferentes artículos reforman puntos importantes del código penal e incluso llegan a agravar el código italiano que, mayoritariamente (a excepción de algunas revisiones en la inmediata posguerra y luego, en los años 70), sigue siendo el redactado en 1930 por el ministro de Justicia del gobierno de Mussolini, Alfredo Rocco (ministro de Justicia de abril de 1929 a enero de 1934).
La disposición es compleja y, para un examen más detallado, sólo podemos remitirnos a determinados artículos para un análisis pormenorizado. Baste, a título de ejemplo, mencionar los artículos siguientes: las presas madres de niños menores de un año, que hasta ahora podían beneficiar de penas diferidas, volverán ahora a la cárcel con sus bebés; el consumo y la venta de cannabis light quedan prohibidos; los cortes de carretera y la resistencia pasiva a las infracciones administrativas se convierten en delitos penales, con penas de hasta dos años; el nuevo delito demotín en prisión, con duras penas (hasta 6 años) para quienes organicen o participen en iniciativas de protesta en cárceles y centros de detención de inmigrantes irregulares, así como el nuevo delito deocupación ilegal de inmuebles destinados a la habitación ajena (contra las ocupaciones de viviendas que hayan quedado descaradamente vacías o de edificios abandonados como consecuencia de la desindustrialización).
El hecho de manifestar de forma irregular contra grandes obras -contra el tren de alta velocidad (TAV – Lyon-Turín), contra el proyecto de puente sobre el estrecho que separa la península de Sicilia, o contra la devastación causada por las turbinas eólicas en Cerdeña, etc.- o cerca de estaciones de trenes o de metro constituirá una circunstancia agravante en relación con las sanciones ya previstas en el código preexistente.
Pero eso no es todo. Los agentes de seguridad pública estarán autorizados a llevar y utilizar, incluso sin licencia, armas de fuego fuera de servicio. Las autoridades policiales podrán ordenar la prohibición de entrar en zonas de infraestructuras de transporte, incluso en ausencia de una orden judicial. Las empresas de telecomunicaciones tienen prohibido vender tarjetas de telefonía móvil (tarjetas SIM) a extranjeros de países no europeos sin un permiso de residencia válido…
La DDL 1660 es pues un compendio represivo y propagandístico (algunos de los 20 nuevos delitos introducidos son de dudosa constitucionalidad), concebido para reavivar el racismo y el apoyo a una parodia de justicia en la base electoral de la derecha dura, en un momento en que las graves dificultades presupuestarias no permiten maniobras demagógicas destinadas a ganar adeptos. Esta iniciativa profundiza además la línea ya experimentada con el Decreto Caivano (septiembre de 2023) -adoptado tras un episodio de violencia sexual cometido por menores en el degradado barrio de Caivano, en las afueras de Nápoles-, junto con el que va en contra de las fiestas rave, el Decreto Cutro (mayo de 2023), adoptado después de que se impidiera el rescate de una embarcación de inmigrantes que se había hundido en una tormenta a pocos metros de la costa de Calabria, lo que provocó la muerte de un centenar de personas.
Para estas fuerzas políticas, no se trata sólo de buscar apoyos fáciles para ocultar los verdaderos problemas e inventar nuevos enemigos. La idea que cultiva la extrema derecha (y que de hecho comparte la derecha liberal) es la de ajustar cuentas con la sociedad y con quienes viven en ella, con los conflictos que la hacen vivir y sobrevivir. Y lo hace utilizando medidas ultrarrepresivas para golpear cualquier forma de solidaridad: piquetes antidesahucios, piquetes frente a una fábrica amenazada de cierre, piquetes frente a un centro de detención con condiciones inhumanas). Se trata de un verdadero programa político, no sólo de represión.
La línea adoptada por la mayoría de esta derecha queda bien en claro en la medida en que, al mismo tiempo que aprobaba el DDL 1660, la Cámara también adoptaba un orden del día que comprometía al gobierno a crear una comisión técnica para estudiar la introducción de la castración química en el caso de delitos de violencia sexual o en todos los demás casos con motivos sexuales.
No hay que olvidar las responsabilidades en este ámbito de los llamados gobiernos de centro-izquierda, que introdujeron -por ejemplo, bajo los gobiernos de Paolo Gentiloni y Marco Minniti- ciertas medidas que ahora son agravadas por las nuevas normativas de esta derecha. Y no es sólo una cuestión de responsabilidades pasadas. La oposición parlamentaria parece haber tomado conciencia de la gravedad del proyecto de ley sólo en los últimos días, y sólo gracias a la difusión de las iniciativas puestas en marcha por la Rete libere/i di lottare (véase el llamamiento más abajo) y, a veces, por otras organizaciones. En el momento de la votación final en el hemiciclo, sólo 91 diputados de la oposición (de un total aproximado de 160) estaban presentes. Y sobre todo, esta oposición no tuvo ninguna vergüenza en presentar una serie de propuestas (aceptadas sin sorpresa por el gobierno) que comprometían a este último a aumentar los gastos para la contratación de nuevos policías y guardias de prisiones, lo que demuestra que la opción represiva concierne al conjunto del mundo institucional.
El PD (Partido Demócrata), 5 Estrellas y los sindicatos CGIL y UIL, tras un largo silencio entre enero y septiembre, parecen por fin tomar conciencia de la gravedad de la situación. Además, las medidas represivas no sólo se dirigen contra las luchas radicales, sino contra todas las luchas, incluidas las basadas en la resistencia pasiva. Por supuesto, sólo parecen darse cuenta de ello unas semanas antes de la aprobación, pero más vale tarde que nunca. El problema ahora es construir, en un corto espacio de tiempo -mientras el DDL 1660 es presentado al Senado- una unidad lo más amplia posible.
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El Manifiesto de Rete Liberi/e di lottare Insieme, fermiamo il DDL 1660″ (Libres de luchar – Detengamos juntos el DDL 1660)
Desde hace años, con los pretextos más variados, gobiernos de diversos colores han introducido leyes destinadas a restringir la libertad de huelga, de lucha y de manifestación.
El gobierno de Meloni está decidido a continuar esta operación, dando un salto cualitativo y cuantitativo con respecto a los gobiernos anteriores mediante el proyecto de ley 1660 (DDL 1660), que se presentará al Parlamento para su debate y aprobación el 10 de septiembre (el 18 de septiembre fue aprobado por 162 votos a favor, 91 en contra y 3 abstenciones).
Con esta ley cachiporra, el gobierno quiere ajustar las cuentas con todas las realidades y experiencias de las luchas actuales y crear los instrumentos jurídicos necesarios para cortar de raíz los futuros e inevitables conflictos sociales. La tendencia cada vez más pronunciada hacia la guerra en el frente exterior requiere un contexto social pacificado en el frente interior, y a eso están abocados todos los aparatos del Estado.
Al introducir nuevos delitos y agravar las penas, el DDL 1660 ataca las manifestaciones contra las guerras, empezando por las que se oponen al genocidio en Gaza, y las que se oponen a la construcción de nuevos asentamientos militares; los piquetes/barricadas de trabajadores; las protestas contra las grandes obras, el desastre ecológico, la especulación energética; las formas de lucha que estos movimientos utilizan para aumentar su eficacia, como los bloqueos de carreteras y vías férreas; las ocupaciones de viviendas vacías. El decreto también contiene disposiciones muy severas contra cualquier forma de protesta y resistencia, incluso pasiva, en las cárceles y centros de detención de inmigrantes indocumentados, incluso contra las protestas de sus familiares y simpatizantes que los apoyan.
El DDL 1660 va hasta el punto de sancionar también el terrorismo de la palabra, es decir, la posesión de escritos que elogien la lucha, porque detrás de la utilización de la categoría terrorismo, deliberadamente utilizada para crear miedo, no se esconde otra cosa que la lucha de clases y las luchas sociales y ecológicas.
El DDL 1660, al mismo tiempo que criminaliza todas las formas de disidencia, prevé una impunidad total a las fuerzas del orden, que estarán aún más protegidas en los casos cada vez más frecuentes de uso indebido del uniforme y podrán llevar armas incluso cuando estén fuera de servicio: máxima restricción de la libertad de lucha para todos por un lado, máxima extensión del poder de reprimir, golpear y sancionar para las fuerzas del orden, al abrigo de toda responsabilidad por su comportamiento.
Este proyecto de ley forma parte del programa reaccionario más general del gobierno Meloni (Dios, patria, familia) y es funcional a la economía de guerra, a la carrera armamentista y a una nueva guerra de carácter general. Fue redactado bajo el dictado de las potencias militares italianas, europeas y de la OTAN, y en consonancia con la restricción de las libertades políticas que se perfila en todos los países del viejo continente: fue firmado conjuntamente, y no por casualidad, por los tres ministros del Interior, de la Defensa y de la Justicia (Piantedosi, Crosetto, Nordio).
¡Una ley liberticida, esclavizante y policial con la que hay que acabar absolutamente!
Queremos unir nuestras fuerzas para rechazar este proyecto político y afirmar que nos sentimos libres para continuar la lucha.
Este DDL 1660 debe ser rechazado: pero ciertamente no la detendrán las oposiciones parlamentarias, las que en los últimos años han aprobado los decretos Minniti (ministro del Interior de diciembre de 2016 al 1° de junio de 2018] y Salvini (entre otros sobre inmigración, en octubre de 2020); las que apoyan ferozmente la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania; las que no han movido un dedo contra el genocidio en Palestina porque siempre se han puesto del lado de la opresión colonial y racista del sionismo contra las masas palestinas.
Sólo la reanudación de las luchas proletarias, sociales, ecológicas y contra la guerra, sólo un gran movimiento unido contra este DDL en los lugares de trabajo, en los talleres y en las plazas, podrá impedir la adopción de la ley y, si se adopta, oponerse a su aplicación y actuar como un dique contra la represión de la patronal y del Estado. Con esta perspectiva, nuestras asambleas han iniciado un diálogo entre movimientos y experiencias que, en los últimos años, casi siempre se han ignorado mutuamente, mientras todos caían, de una forma u otra, ante los embates de los tribunales, la policía y los carabinieri.
Por eso, después de las dos reuniones del 21 de julio y del 4 de agosto, y de la reunión convocada por el sindicato SI Cobas el 28 de julio, pusimos en el orden del día la creación de una coordinación permanente entre movimientos, colectivos, organismos, sindicatos, organizaciones políticas y activistas individuales que comparten el objetivo de una movilización unitaria contra el DDL 1660 y la concepción militarista y belicista que expresa, invitando a crear grupos locales de esta Red para promover iniciativas de lucha y sensibilización a gran escala.
Precisamente, hemos llamado Red Liberi/e di lottare – Fermiamo insieme il DDL 1660 (Libres para luchar – Detengamos juntos el DDL 1660) a nuestra coordinación porque es la posibilidad misma de movilizarse contra las guerras en curso, contra la explotación del trabajo, el saqueo de la naturaleza, la propiedad y la especulación energética, el racismo de Estado que discrimina a las poblaciones inmigrantes, los ataques a los derechos adquiridos de las mujeres, la posibilidad de resistir y luchar por parte de los detenidos en los CPR (Centri di permanenza per i rimpatri – Centros de detención administrativa para extranjeros llegados ilegalmente a Italia, a la espera de ser deportados) y en las cárceles, donde cada día mueren personas a causa de la violencia, la tortura y la desesperación.
La Red está abierta a quienes compartan sus objetivos, con sólo tres factores discriminantes (pero ineludibles): estar por el rechazo total del DDL, que no puede ni reformarse ni enmendarse; estar inequívocamente en contra de las guerras en curso y de la economía de guerra, de las que se deriva el DDL; comprometer sus fuerzas en el desarrollo de una movilización unitaria, en otoño y más allá, con la utilización de todos los medios de lucha necesarios, incluidos aquellos que el DDL quiere desterrar a toda costa (Véase más abajo la lista de los comités que participan en la Red].
El verdadero desafío al que nos enfrentamos consiste en utilizar nuestra propaganda y nuestra agitación para llegar a un espacio social mucho más amplio que el que suelen ocupar las manifestaciones y las luchas, formado por trabajadores, desempleados, estudiantes y gente corriente que tal vez intuyen los peligros que denunciamos, pero que aún no han reaccionado. (Manifiesto publicado el 23 de agosto de 2024).
–En este enlace se puede consultar la lista de organizaciones que se han adherido a la Red. Véase aquí, en italiano, un balance de las iniciativas de la Rete y los detalles de la manifestación prevista para el 5 de octubre.
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DDL 1669, otra ley fascista. ¿Por qué constituye la pieza que faltaba en el Estado de Meloni?
Giorgio Cremaschi*
La movilización antifascista contra las tres leyes de contrarreforma constitucional del gobierno Meloni es cada vez mayor, y con razón: el premierato (elección directa del o de la presidente del Consejo), que hace que el parlamento resulte inútil; el nuevo dispositivo de justicia, que somete el poder judicial al control del ejecutivo; y la autonomía diferenciada (constitución de 20 regiones, con un aumento del desarrollo desigual: acaba de realizarse un referéndum abrogatorio con 770.000 firmas y 500.000 en línea], que destruye la República. Estas leyes anulan formalmente toda la estructura de nuestra democracia, cuando ya había sido sustancialmente desvirtuada por la austeridad y la guerra. Si estas contrarreformas autoritarias entraran en vigor, la Constitución nacida de la Resistencia sería suprimida en Italia, lo que evidentemente les convendría a los neofascistas en el gobierno, y la República tendría un régimen similar al de Orban o Milei.
Pero aún faltaba una pieza en esta construcción reaccionaria: la de las leyes policiales adaptadas al nuevo dispositivo constitucional. Esta última pieza del Estado autoritario y fascista que está construyendo el gobierno de Meloni es el proyecto de ley 1660 (DDL 1660), firmado -no por casualidad- por los ministros Piantedosi, Nordio y Crosetto, más conocido como Decreto de Seguridad. Esta ley emprenderá su periplo parlamentario dentro de unos días, con la intención declarada del gobierno de Meloni de llenar un vacío legislativo en la llamada prevención eficaz de actos, sabotajes y formas de conflicto consideradas subversivas. En un paquete de medidas que van desde la protección de los renegados de la mafia (pentiti] hasta la regulación de los fuegos artificiales, hay verdaderas medidas liberticidas dirigidas contra las huelgas, la disidencia, el descontento social, las manifestaciones y el conjunto de las luchas.
En primer lugar, el proyecto de ley 1660 introduce el neologismo de terrorismo de expresión. Esta ley, que evidentemente sólo afecta a las opiniones, prevé una pena de dos a seis años para quien posea o difunda, de forma escrita u oral, textos susceptibles de incitar a actos o a la resistencia contra las administraciones, las instituciones, los servicios públicos o los bienes de utilidad pública. Está claro que una medida así pretende golpear a quienes están junto a Palestina, a quienes desean la paz y a quienes apoyan las luchas sociales y medioambientales. Se trata de una nueva versión del delito de propaganda subversiva del Código Rocco fascista (de 1930), en virtud del cual los antifascistas eran detenidos bajo simple sospecha. Y es aún más grave considerar este delito de opinión en el contexto de las campañas macartistas de squadrismo (referencia al movimiento paramilitar que atacaba violentamente a los movimientos sociales liderados por socialistas y comunistas tras la Primera Guerra Mundial) en los medios de comunicación, que ya tiene en el punto de mira a intelectuales y militantes que molestan. La tipificación del delito de terrorismo de expresión supone una auténtica maniobra fascista.
El artículo 7 (de la DDL 1660) establece nuevas normas para revocar la ciudadanía, y es fácil imaginar cómo y contra quién serán utilizadas. Algo que se aprecia inmediatamente en el artículo 8, que, en materia de seguridad urbana, prevé modificaciones sustanciales del Código Penal para luchar contra la ocupación arbitraria de propiedades inmobiliarias. Las personas sin hogar, las desalojadas de sus casas y quienes les ayuden a salir de la calle serán castigadas con penas de prisión de entre dos y siete años. Y la policía podrá detenerlas en cualquier momento. Ley y orden en defensa de la propiedad y contra los pobres.
El antiguo delito fascista de bloqueo de carreteras, que sancionaba las marchas y las huelgas, ha sido perfeccionado. El artículo 10 sanciona con una pena de prisión de seis meses a un año a quienes incumplan la prohibición de acercarse o acceder a las instalaciones de transporte ferroviario, mientras que la obstrucción del tráfico por carretera tiene una cláusula agravante especial que prevé una pena de prisión de seis meses a dos años si varias personas bloquean el tráfico de forma coordinada en cualquier vía pública, incluso a las puertas de una fábrica.
Los artículos 12 y 13 expresan todo el odio del gobierno de Meloni hacia los pobres y el conflicto social, que ya se ha manifestado en la abolición del ingreso de ciudadanía. El artículo 12 suprime la suspensión obligatoria de la ejecución para las mujeres embarazadas y las madres de niños durante los tres primeros años tras el nacimiento del niño. Las madres pobres dan a luz en la cárcel, el garantismo (que asegura los derechos y libertades fundamentales contra los abusos de los gobernantes) se aplica a los jefes y a los políticos, no a ellas. El artículo 13 se refiere a los pobres que mendigan, que deben desaparecer para no perturbar el decoro urbano. Los alcaldes también dispondrán de nuevos poderes para eliminar las molestias causadas por la visibilidad de los pobres… ¡siendo que la pobreza está en aumento!
Por supuesto, Piantedosi, Nordio y Crosetto, con la bendición de Salvini, se ensañan contra las y los migrantes. El artículo 19 de la ley define nuevas medidas policiales en los centros de detención y acogida, sin distinguir entre las dos categorías (Centri di Accoglienza-CDA para los migrantes que esperan ser identificados para abrir la posibilidad de quedarse; CPR-Centri di permanenza per i rimparti, donde los migrantes llegados irregularmente pueden quedarse hasta 18 meses, antes de ser expulsados).
Desde la ley Bossi-Fini (aprobada el 30 de julio de 2002 para disciplinar y controlar la inmigración y organizar las expulsiones), los inmigrantes son considerados delincuentes a secas. La novedad jurídica es el endurecimiento de las penas para quienes participen en manifestaciones dentro de los centros de detención, con una condena de uno a cuatro años por simple participación, luego hasta ocho años si hubiera circunstancias agravantes y hasta veinte años si hay heridos entre los implicados en un hipotético enfrentamiento.
Toda ley liberticida debe dar más poder e impunidad a la policía. El capítulo 3 de la DDL1660 trata de la protección de la policía, las fuerzas armadas e incluso los bomberos, cada vez más militarizados contra su propia voluntad. La pena se aumenta en un tercio por violencia, amenazas o incluso simple resistencia a un funcionario público. Incluso las faltas menores a juicio de los propios agentes bastan para ser acusados. Una consigna, una mirada considerada amenazadora bastan para ser gravemente acusado. Todos los miembros de la policía podrán entonces poseer y llevar armas privadas, además de las oficiales, sin necesidad de permiso. Cientos de miles de ciudadanos de la República tendrán así derecho a un arma con total libertad, sin tener que cumplir con los permisos a los que están sujetos todos los demás. Una amenaza para la seguridad de todos, una decisión muy seria y violenta, al estilo del Lejano Oeste, por parte del gobierno de Meloni.
Entre las últimas disposiciones figura, por supuesto, el anatema habitual contra los comportamientos contestatarios, en particular de los ecologistas, que utilizan un poco de pintura, muchas veces totalmente borrable. La sanción es más severa si el objetivo es un lugar institucional, lo que constituye un atentado contra el honor y el prestigio de las instituciones. Y la pena aumenta en caso de reincidencia, con penas más severas de hasta tres años y una multa de hasta doce mil euros. Por último, el artículo 23 presta especial atención al refuerzo de los instrumentos de control social, justificado por la necesidad de prevenir el riesgo de subversión del orden democrático. En resumen, control político y espionaje, como en cualquier régimen autoritario que se precie.
En 1925, Mussolini promulgó el conjunto de leyes que instauraron formalmente la dictadura tras el asesinato de Giacomo Matteotti (diputado socialista, asesinado en Roma el 10 de junio de 1924) ordenado por el propio Mussolini. En 1930, el código penal de Rocco le proporcionó una base jurídica completa. En estos últimos años, se han promulgado leyes que afectan a la democracia, la libertad y los derechos, a menudo bajo gobiernos bipartidista. Hoy, el gobierno de Meloni las retoma todas y las endurece, con una batería de nuevas leyes fascistas relativas al gobierno, al sistema judicial y a la autonomía diferenciada, a las que ahora se añade el proyecto de ley 1660, una ley propia de un Estado policial.
El 24 de junio de 2024, estaremos en Piazza Montecitorio y seguiremos luchando. Debemos frenar al gobierno de Meloni antes de que sea demasiado tarde.
–Artículo publicado el 21 de junio de 2024 en Il Fatto Quotidiano
*Giorgio Cremaschi -nacido en 1947- militó en la FIOM de 1977 a 2012, y fue su Secretario General. En 2015, después de abandonar la CGIL (la FIOM formaba parte de la CGIL), se unió al sindicalismo de base, la USB. Actualmente milita en Potere al Popolo y en la Unione Popolare.