Agentes federales y manifestantes frente al edificio federal Whipple, el 8 de enero, en Mineápolis. Foto: Scott Olson, Getty Images, AFP
Operativos de migración: uruguayos en Minnesota y en Los Ángeles analizaron las acciones del ICE
Yamila Silva Carro
La Diaria, 14-2-2026
Correspondencia de Prensa, 14-2-2026
Esta semana la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se reunió con uruguayos por la situación de detenidos por inmigración.
“La operación ha dejado a Minnesota más segura. Es cada vez menos un estado santuario para delincuentes”, dijo el jueves el zar de la frontera, Tom Homan, al anunciar el retiro de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), que terminaron la operación con más de 4.000 detenciones, según el propio Homan.
Además de estas detenciones, que el gobierno de Estados Unidos califica de “éxito”, la operación en el estado del norte del país dejó como resultado los asesinatos de Renée Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses a los que agentes del ICE dispararon y mataron por resistirse a las acciones enmarcadas en un operativo contra inmigrantes.
A pesar del anuncio de Homan, activistas locales muestran su escepticismo. El jueves, un grupo de activistas se concentró ante el Capitolio de Estados Unidos para rechazar las redadas masivas contra inmigrantes y expresaron su desconfianza en cuanto a lo anunciado por el zar fronterizo, según la agencia Efe.
La activista Lisa Erbes que forma parte de la organización progresista Indivisible Twin Cities, señaló que desde diciembre –cuando empezó el operativo del ICE en Minnesota– “ha habido muertos”, por lo que no pueden “simplemente decir que esto ha terminado y olvidar el dolor y el sufrimiento por los que ha pasado la gente de Minnesota”.
El gobierno de Donald Trump calificó a los detenidos como “peligrosos criminales extranjeros ilegales”, aun cuando muchas de estas personas no tenían antecedentes penales y entre ellas había niños y ciudadanos estadounidenses.
“El largo camino hacia la recuperación empieza ahora”, escribió el jueves el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en su cuenta de X. “El impacto en nuestra economía, nuestras escuelas y las vidas de la gente no se revertirá de la noche a la mañana. Ese trabajo empieza hoy”, afirmó.
Los operativos azotaron una ciudad tranquila
Daniel Larumbe, Néstor Sánchez y Raúl Gallegos son tres uruguayos que residen en Minnesota y con los que la diaria conversó en estos últimos días, previo al retiro del ICE. Los tres son ciudadanos legales de Estados Unidos; sin embargo, según relatan, no dejan de tener miedo por lo que pueda pasar.
Larumbe, nacido en el pueblo de Rivera Vichadero, es un exjugador de fútbol que vive en Estados Unidos junto con su esposa desde hace 32 años; estuvieron dos años en Washington y el resto hasta ahora en Minnesota. Viven en un suburbio 30 minutos al norte de Mineápolis, un lugar al que describe como “muy pacífico” y “tranquilo”.
En esa línea de que Mineápolis es un lugar “espectacular” para vivir, Larumbe señaló que en la ciudad sucedieron “dos hechos marcantes”: el asesinato de George Floyd por parte de un policía, durante un arresto, y ahora, el operativo que finalizó, que el uruguayo describe como “limpieza de inmigrantes”.
Hace 15 meses, Larumbe y su esposa abrieron un restaurante en Mineápolis, La Estancia, una parrillada uruguayo-argentina, “la primera en Minnesota, auténtica”, resalta. Desde que empezó el operativo, si bien dice que por razones económicas no pueden “cerrar ni un día”, han tenido que hacerlo durante 15 o 16 días, no solo por ellos y los trabajadores cuya situación legal no es tan sencilla, sino también por los clientes: “Puede llegar un cliente inmigrante con estatus [ciudadano legal] e igual puede ser molestado, no queremos llegar a eso”.
En las últimas semanas, los agentes del ICE fueron tres veces al restaurante. El primer día, que fue un miércoles, lo hicieron “justito antes de abrir el restaurante” y llamaron al establecimiento desde el estacionamiento porque tenían una reserva. “Atendí mirándolos afuera, pero estaba la cortina cerrada. Ellos para acá adentro no veían. Me preguntaron: ‘¿Por qué no van a abrir hoy?’. Y digo, ya está, estos son sospechosos, ahí cerramos todo. No abrimos para nada ese día”.
El domingo de esa misma semana, fueron dos veces en un mismo día. Al principio eran tres, a los que Larumbe les preguntó si tenían reserva y los agentes dijeron que no, por lo que el uruguayo les cerró la puerta y se fueron. Dos horas y media más tarde, “aparecieron dos mexicanos del ICE intentando entrar también”, pero no los dejaron. “Hay que estar muy atento, alerta todo el tiempo, es muy estresante.”, apunta. Dice que es su instinto el que lo alerta de las situaciones, ya que los agentes “van como un cliente más”, y que “ahí va en el olfato de uno, en la vibración, en la corazonada”, lo que “ayuda mucho”.
Larumbe remarca que para ingresar a los establecimientos “hay procedimientos” y que si aparecen con una orden de arresto, saldría él mismo afuera a conversar, pero que, de otra forma, “siempre” va a proteger a los trabajadores. “Ese atropello que están haciendo, no solo en restaurantes, no solo en negocios, sino en todos lados, en la calle, en lo que sea”.
“Yo tengo miedo. Soy ciudadano estadounidense, mi señora y mis hijas también, y yo ando en la calle con temor, porque sé que me van a parar, depende de la actitud de esa persona que me pare”, lamenta, y dice que a las personas detenidas las tiran “como bolsa de papa al pavimento frío”, los golpean, maltratan y se los llevan por horas para después preguntarles sobre su situación legal.
Sánchez llegó a Estados Unidos en 1996, vive en la ciudad gemela de Mineápolis, Saint Paul, que es la capital de Minnesota, y trabaja en una compañía de aviación. Si bien destaca que “hace tiempo” que está en el país de forma legal y no tiene “ninguna clase de problemas de este tipo” con los agentes de migración, le preocupa la situación. “Cuando hablo inglés, tengo un acento, entonces se dan cuenta enseguida de que yo no soy de acá. Si uno para la oreja y le da por decir ‘vamos a revisarlo’, primero te meten para adentro y después te preguntan”, cuenta.
Dice que “es una situación muy violenta” la que están atravesando quienes viven en estas ciudades, y que se trata de algo que “no lo había visto nunca, no lo había vivido nunca”, si se excluye a la dictadura cívico-militar de Uruguay. “Yo crecí en Uruguay en los 80, y a mí me pasó: me agarraron, me metieron para adentro y no le pude avisar a mi madre, a nadie; yo tenía 15 años. No me pasó nada, pero no entendía nada”.
En ese marco, en el contexto estadounidense, Sánchez se pregunta si “hay necesidad de tanta violencia”, a lo que responde que cree que no, ya que “estas personas tienen todas las ganas, tienen las armas, el justificativo” para detener a la gente con la excusa de un estatus migratorio ilegal.
Una de las características de la compañía de aviación en la que trabaja Sánchez es que “es de alta seguridad”, por lo que antes de contratar trabajadores “te chequean todo” para ver si hubo problemas con la ley en el pasado. “No quiero decir que eso me vaya a salvar a mí si en algún momento se les antoja [detenerme], pero quiero decir que en ese sentido, en mi trabajo, no he sentido ninguna presión”, expresa.
Sobre el ambiente de la ciudad cuando estaban presentes los agentes del ICE, Sánchez destaca un nerviosismo generalizado por parte de las personas, que miraban “por el espejo retrovisor a ver si las están siguiendo o no”. “Tengo amigos uruguayos que no pueden salir porque no tienen los papeles en regla”, lamenta.
Raúl Gallegos lleva 28 años en Estados Unidos y, al igual que Sánchez, trabaja en una aerolínea, sobre la que dice que para ingresar a trabajar allí hay más revisión de antecedentes que para ser agente del ICE.
Tampoco ha tenido encuentros con el ICE, pero dice que es necesario “estar abierto” a la posibilidad de que “simplemente por protestar o por filmar te pueden llevar detenido”. Gallegos señala que el asesinato de Pretti “ocurrió en la esquina” del trabajo de su pareja. “El tipo estaba simplemente defendiendo a una manifestante que protestaba porque la habían tirado, la habían gaseado. Y la otra [Good] estaba en el auto, y le dijeron que se moviera y empezó a moverse, y vino un tipo y le pegó tres tiros”.
Señaló que el día a día “es complicado” y que hay que “estar pendiente de lo que puede pasar y de ayudar a la gente, a los vecinos, tratar de llevar toda esta situación”.
Larumbe remarca que la situación con el ICE “cambió totalmente” en cuanto a “andar en la calle tranquilo”. “Ya no andamos tranquilos”, afirma. La resistencia de las personas a salir por miedo a que les pase algo está teniendo un impacto económico, coinciden el exfutbolista y Gallegos. En el caso de Larumbe, tiene otro negocio además del restaurante, y se encuentra con que “la gente no quiere salir a trabajar”. “Llaman y dicen: ‘no voy a ir trabajar’, y aunque haya que abrir, hay que apoyarlos, porque hay que entenderlos. El temor es generalizado, el pánico es generalizado”, sostiene.
Grupos de personas se organizaron para monitorear las acciones del ICE
Gallego relata que su pareja, que es estadounidense, está en un grupo que monitorea dónde están los agentes del ICE. A estas personas organizadas se les llama observers y surgieron en respuesta al asesinato de Good para defender a los inmigrantes de Minnesota. El número de las personas que se inscribieron para convertirse en observadores triplicó su cantidad, según CNN.
Ryan Pérez, director de liderazgo y organización del grupo de defensa Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina, declaró que decir que la muerte de Good “encendió la comunidad sería quedarse corto”, y describió como “un momento memorable” que haya 5.000 civiles capacitados para monitorear la aplicación de la ley migratoria.
Estos voluntarios se encargan de documentar los arrestos, seguir a los agentes del ICE en vehículos, y hacen sonar silbatos para advertir a los integrantes de la comunidad cuando hay agentes cerca. “Tenemos muchas madres, tenemos muchos jubilados, gente que se ofrecería como voluntaria en las urnas”, dijo Pérez sobre estas personas.
Hace una semana, minutos antes de la entrevista con la diaria, Gallegos recibió un mensaje de que los agentes estaban a unas cuadras de su casa.
“La gente es solidaria, hay grupos. Se están haciendo cantidad de colectas de comida, de elementos esenciales para donar a gente que ya tiene miedo de salir”, dice, y agrega que aunque hay migrantes con ciudadanía estadounidense que protestan contra el ICE, la mayoría de los manifestantes son ciudadanos naturales.
Larumbe describe a los voluntarios como “muy valientes”. “¿Saben lo que son 35 grados bajo cero? Esta gente se ha organizado en cada rincón de la ciudad. La tomaron por cuadras y ahí se organizaron lo más rápido que pudieron y empezaron a salir a la calle”, relata. Para él, se trata de un “apoyo impresionante”, y se trata de personas “que tienen su día de trabajo y llegan, se cambian de ropa y van a apoyar”.
“Esta historia la viví” en Uruguay “y la vengo a vivir acá”
Los tres uruguayos entrevistados resaltaron su ciudadanía legal y, por lo tanto, una menor posibilidad de que les suceda algo, aunque ese riesgo siempre esté latente. Pero la situación no es la misma para todos los migrantes. Victoria Acevedo –cuyo nombre real es otro– es una uruguaya que se fue de su ciudad natal a fines de la década de los 90. Su primer destino fue México y luego, en 2001, antes de la caída de las Torres Gemelas, entró a Estados Unidos con un permiso especial, la visa Waiver. Hoy no tiene documentos legales y no ha podido obtener la ciudadanía.
Bajo ese programa de exención de visa, no necesitaba nada para ingresar a Estados Unidos. Dice que entró “como por la puerta grande” y ahí le dieron “cierta cantidad de tiempo” para regularizar su situación.
En 2003, a raíz de la crisis económica de 2002 y el aumento de personas que se quedaban más del tiempo permitido, Estados Unidos eliminó a Uruguay del programa, y quienes quisieran ingresar necesitaban visa.
Cuando a Victoria se le venció el permiso especial, consultó con un abogado que le recomendó que saliera y volviera a entrar, pero el problema era que no tenía garantías de que se lo permitieran nuevamente.
Otra opción era obtener la ciudadanía por medio del matrimonio, pero ella nunca lo quiso hacer, porque quería que “las cosas vinieran de una manera legal”. “En tres diferentes oportunidades en estos años, tres familias con las que trabajé intentaron hacerlo por la vía del trabajo”, cuenta. Pero los abogados le decían que si se iba, no había garantías de que pudiera volver, “y era un proceso largo”.
“Tomé la decisión de quedarme ahí y a partir de entonces pasé a estar en un estatus indocumentado”, dice. “Yo estaba teniendo una buena vida, no estaba pasando necesidades. Ya había formado mi hogar, mi casa. Tenía mis redes de contacto, nunca me había faltado trabajo, había estudiado inglés, porque llegué acá sin saber nada de inglés”.
Victoria vive en Los Ángeles, en el estado de California, que, como Minnesota, es un estado gobernado por demócratas, la oposición a la administración Trump. Señala que California “es un estado muy diferente al resto” y que Los Ángeles “fue la primera ciudad declarada ciudad santuario”, esto es que impone limitaciones o negaciones a cooperar con el gobierno nacional en la aplicación de la ley de inmigración, por lo que “no hay ninguna injerencia de [el Servicio de] Inmigración dentro de la ciudad”.
“Tú puedes no tener un permiso de residencia o una ciudadanía, puedes incluso no tener un permiso de trabajo ni una visa de trabajo y comprarte una casa, por ejemplo, o trabajar”, explica. “Yo pertenezco a esa población que hizo una vida sin esa garantía u obligación que en otros estados tenías que tener”, apunta, y pone como ejemplo que en otras ciudades, que no son santuario, no están estos beneficios y aumentan las posibilidades de persecución. “Nosotros pagamos impuestos. Entonces, tenemos obligaciones, pero no tenemos derechos. Y de eso se ha alimentado este país”, afirma.
Esa “buena vida” que describía se fue fragmentando a partir del endurecimiento de las políticas antimigratorias. “Ahora yo a veces paso encerrada en mi casa, llevo meses sin trabajar. Nunca en mi vida estuve tanto tiempo sin tener un trabajo estable. A veces agarro trabajitos para hacer en mi casa, pero ya no tengo 20 años, no soy de la generación tech, que trabajan a través de la computadora”, dice.
Según sus propias palabras, ella es una privilegiada porque vive en un barrio en el que la mayoría de la gente no es latina, por lo que está “camuflada”, y además el edificio donde reside está ocupado, sobre todo, por blancos y asiáticos. “Los latinos son los que están limpiando el edificio”, acota. A pesar de esa situación de privilegio que menciona, está en “total vulnerabilidad” porque no sabe si los agentes del ICE van a llegar a golpearle la puerta.
“Lo que pasó en Minnesota ya había pasado en Los Ángeles. Nosotros tuvimos la guardia civil, y para mí fue un déjà vu, porque yo viví la dictadura militar” en Uruguay. “Vi los tanques de guerra en las calles de Montevideo, manifesté, fui militante de la izquierda cuando estaba estudiando en Montevideo. Cuando veo la Guardia Nacional en las calles de la que es ahora mi ciudad, no te puedo explicar lo que pasa por mi mente. Esta historia yo la viví y la vengo a vivir acá”, dice.
Consultada sobre si ha tenido contacto con la embajada uruguaya en Estados Unidos, Victoria asegura que no y que sus relaciones con la política uruguaya desde que migró “no son muy buenas porque no existen”. “No hay una política consular como la que veo en otros países”, critica.
Según supo la diaria, esta semana la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se reunió con uruguayos en el consulado ubicado en Nueva York y, entre otros temas, se conversó sobre la situación de los detenidos por inmigración. Además, otros uruguayos organizados estaban haciendo averiguaciones para saber si existe algún protocolo de la cancillería para los uruguayos que son deportados y que no tienen vínculos o apoyo en el país natal.