Foto: Tomada del Facebook de la UNAN-Managua
Iván Olivares
Confidencial, 6-2-2026
Correspondencia de Prensa, 6-2-2026
El presupuesto asignado a las universidades públicas de Nicaragua se ha convertido en un “jugoso botín” del que se lucran ciudadanos y empresarios afines al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El aprovechamiento del presupuesto universitario se da a través de emplear a militantes fieles al partido, así como por la asignación de contratos a empresas “cercanas” a la dictadura Ortega-Murillo.
La historia de Luis, un exmilitar y pequeño empresario del sector alimenticio, ligado al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es prueba de ello. Durante varios años trabajó con un colega suyo ofreciendo servicios a pequeñas empresas de su sector, hasta que decidió que ya era tiempo de independizarse.
Mientras buscaba cimentar su propia lista de clientes, se enteró que una de las universidades confiscadas por el régimen requería el tipo de servicios que él ofrecía. Su siguiente paso fue iniciar el proceso de registro en la Oficina de Proveedores del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También cumplió los requisitos impuestos por medio de la Asamblea Nacional que, básicamente, mandó a crear un registro paralelo.
Al ver que había tanto papeleo, se asesoró con alguien que conocía cómo funcionaba el sistema. Cuando creyó que estaba listo, se esforzó por presentar la oferta más atractiva posible “para ganar la licitación, pero no me eligieron en ese primer intento”. Él creyó que había perdido “por mi novatada”, relata.
Luego supo que el contrato había sido asignado a un militar retirado, “y eso me llamó la atención, porque yo también lo soy. Al ver que eso daba un plus a la hora de licitar, me encargué de publicitar mi condición de militar retirado”, añade. Y le funcionó.
Al mencionar que había sido militar, y que era parte orgánica del partido, lo llamaron para confirmar qué tan cercana era su relación con las estructuras partidarias. Les dijo que lo era, pero que él no sabía que eso fuera importante a la hora de licitar, porque le habían dicho que todo el proceso era muy técnico.
No son coimas… son aportes
Cuando reveló su pasado como militar, entendió que eso le daba una ventaja que pudo confirmar en los siguientes meses, cuando le asignaron su primer contrato. Después comenzó a ganar otros, “siempre bajo la lógica de que hay que mantenerse fiel a la base programática del partido, fiel al liderazgo, y fiel y versátil a la hora de descubrir todo aquello que atente contra este estado de bienestar que beneficia incluso a los que somos proveedores del Estado”, explica.
Aunque le resulta incómodo admitir que tuvo que hacer pagos al partido, lo justifica diciendo que “se tienen que hacer aportes destinados a la militancia que maneja la burocracia, porque ellos no tienen acceso a este tipo de contratos y a los beneficios que puede tener un proveedor del Estado”.
Luis está convencido de que “esto no es una coima o un pago, sino un aporte”. Lo ve como “una transferencia de recursos… para que los compañeros que conforman las estructuras del partido mejoren su situación económica, mejoren su realidad, y eleven su bienestar, de modo que la revolución también tenga significado para ellos”.
Una práctica común en el Estado
“Esa práctica de otorgar contratos a empresas de gente vinculada al régimen no es un hecho aislado en Nicaragua. La vamos a encontrar en todos los ámbitos, no solo en el de la educación”, asegura el académico Adrián Meza Soza.
Agrega que “precisamente uno de los componentes de estabilización y mantenimiento del régimen son las lealtades, y las lealtades a un régimen corrupto, obviamente tienen que ser lealtades de corrupción”.
En 2025, las universidades públicas recibieron una asignación de 9523.8 millones de córdobas. Esa partida se elevó en 2026, hasta alcanzar 9636.1 millones. Si bien la reforma presupuestaria del 1 de diciembre de 2025 cercenó 1932 millones a la educación superior, el monto de recursos que se mantuvo como parte de la asignación para las universidades, es un incentivo poderoso para mantenerlo como parte de un sistema de prebendas. Sus principales beneficiarios son operadores políticos y empresarios cercanos al régimen.
“Esa práctica está contemplada en la literatura, y se denomina patrimonialismo económico”, explica el economista y abogado especializado en desarrollo económico, Marco Aurelio Peña.
Añade que “en donde hay este patrimonialismo económico, el Estado es capturado por grupos y familias con poder político y por empresarios prebendarios que hacen fortuna gracias a sus conexiones con el poder político”.
Como en Nicaragua, donde “el Frente Sandinista y la familia Ortega Murillo han perfeccionado estos mecanismos de patrimonialismo económico, a lo que también se le ha llamado Estado botín”, dice Peña. Agrega que para quienes detentan el poder, el presupuesto nacional es como una presa a destazar para repartirla entre ellos.
Contratan solo a los más fieles
Tomás, un político opositor exiliado en un país de Centroamérica, explica que ese modus operandi no es exclusivo de las universidades, sino de cualquier entidad estatal que reciba recursos del Presupuesto General de la República. La estrategia persigue el fin primordial de que el FSLN pueda beneficiarse del Presupuesto, aunque no sea parte formal de él.
Asignar los contratos por la vía de la contratación directa (para evadir las regulaciones que implica convocar a una licitación) es una parte importante de este esquema de ordeño del presupuesto universitario, pero no es la única. La otra tiene que ver con la sustitución de docentes y personal administrativo con muchos años de experiencia, por otros cuya característica principal es la fidelidad al partido.
A partir de noviembre de 2018, cuando las fuerzas del régimen recuperaron el control de las universidades que habían sido tomadas por los estudiantes durante las protestas, “despidieron al personal que no mostraba sumisión, y montaron una estructura de subordinación total”, asegura Fernando, un antiguo catedrático que tuvo que salir al exilio.
Explica que a todos los profesores, opositores o no, se les impuso un régimen de dominación, que incluye el uso de la pañoleta roja y negra. “Ya no hay ninguna posibilidad de reclamo ni de mostrar algún tipo de pensamiento crítico”, asevera.
Aunque todavía quedan profesores que no son pro gobierno, barrieron con un montón de gente, facultad por facultad. Para sustituirlos, contrataron a antiguos afiliados de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN, subordinada al Gobierno). “Es gente que se graduó con bajas calificaciones, sin asistir a clases, por lo que carecen de una formación académica sólida. ¿Qué tipo de enseñanza podrán ofrecer, si están totalmente adoctrinados, y saben que su rol principal es político? Ahí no hay independencia de criterio, ni visión científica de nada”, reiteró.
Puede más un carnet que un diploma
Denis es un ejemplo de las ventajas que otorga el carnet de militante. Él es un profesional con pocos años de haber egresado de una universidad pública. Poco tiempo después de graduarse, consiguió empleo en una entidad estatal en la que se ha forjado una fama de ser un cuadro fiel al partido. Señala que le interesa la docencia, y que tiene la opción de dar clases en alguna universidad pública, porque cumple el requisito indispensable: su militancia.
Dice estar claro que tiene pocas opciones de enseñar en una universidad privada, pero eso no le angustia porque, aunque una de esas universidades le ofreciera una plaza, no podría aceptarla. “Trabajo para una entidad estatal, así que se cuestionaría mi lealtad al partido”, argumenta.
Sin referirse al caso específico de Denis, el educador Meza Soza explica que los departamentos de Recursos Humanos de las casas de estudios superiores no tienen que bregar demasiado para decidir una contratación, sea docente o administrativa. La razón para el caso de los educadores es que “lo que necesitan es un profesor parlante que repita las premisas y las consignas que constituyen el substrato educativo del régimen, y para eso no se necesita calidad, posgrados ni maestrías”.
Exactamente como los de UNEN, a los que hacía mención Fernando.
Tomás asegura que las universidades prefieren contratar como profesores a profesionales afines al régimen, en detrimento de personas que no son partidarios. Esa política se explica porque “hay una necesidad de adoctrinamiento que se plantea desde la perspectiva del control, porque la primera forma de controlar es adoctrinando”.
Para contratar a una persona así “no se requiere criterio de selección docente. Solo se necesita el filtro de fidelidad al régimen y de fidelidad a las personas que tienen responsabilidades de poder en las universidades públicas. Basta con ser un soldado fiel que repita la grabación que le dieron”, complementa Meza Soza. Y en ese proceso, pierden los nicaragüenses y pierde Nicaragua, añade el educador.
A título personal, pierden aquellos que estudiaron en una de esas universidades, porque “obtuvieron un título en el que nadie cree, porque el mercado laboral en Nicaragua tampoco está ciego. Las empresas saben cuál es la calidad profesional que está saliendo de las universidades públicas”, refiere.
Pierde también Nicaragua porque “la ciencia y la tecnología están proscritas en las universidades”. Eso generará una fisura en el sostén tecnológico y científico que se requiere para que avance el país. Mientras otras sociedades de Centroamérica están incorporando procesos tecnológicos a la producción y a los servicios, el edificio completo del proyecto educativo es un desastre en Nicaragua, porque es un proyecto de propaganda sin ciencia ni tecnología, donde el mérito científico y académico es hasta peligroso, detalló.