Silvia Bardales Q.
Wayka, 11-2-2026
Correspondencia de Prensa, 12-2-2026
Mientras la selva norte del Perú enfrenta una crisis de violencia de género el sistema de justicia ha decidido retirarse de estas zonas vulnerables a pesar de que ahí se investigan aproximadamente 800 casos de violación sexual contra niñas y adolescentes en la provincia de Condorcanqui, el Ministerio Público oficializó el 6 de febrero la desactivación de fiscalías especializadas y unidades médico-legales estratégicas, alegando una asfixia presupuestaria.
Desmantelamiento en el epicentro de la violencia
La resolución, firmada por la Junta de Fiscales Supremos bajo la gestión de Tomás Gálvez, dejó sin efecto la continuidad de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer en Río Santiago-Yutupis y Huampami-Cenepa. Según reportó Infobae, esta medida ha provocado el despido de 26 trabajadores CAS que estaban enfocados exclusivamente en delitos de agresión sexual.
El argumento oficial es la falta de habilitación de presupuesto por parte del Ejecutivo. Sin embargo, para las organizaciones indígenas, esto representa una claudicación del Estado. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció que este desmantelamiento ocurre en un sistema que apenas tenía un año de implementación. «La dignidad de nuestras niñas no puede depender de un recorte», enfatizó la lideresa.
Impunidad y crisis sanitaria: El impacto del abandono
La falta de infraestructura judicial tiene consecuencias directas y devastadoras. Según una investigación de Cuarto Poder, la única Cámara Gesell en la provincia opera a niveles mínimos: de 71 citas programadas en enero, solo se concretaron 8. La dispersión geográfica y el costo de los traslados (viajes de hasta 13 horas por río) impiden que las víctimas brinden su testimonio, lo que facilita que los agresores permanezcan en libertad, muchas veces conviviendo a pocos metros de las víctimas.
A la violencia física se suma una tragedia sanitaria. Roberto Rivera, director de la Red de Salud de Condorcanqui, informó a medios locales que 4 de cada 100 personas en la provincia viven con VIH. Solo en 2025 se detectaron 253 nuevos casos, una cifra alarmante que el personal de salud vincula directamente a las agresiones sexuales sistemáticas, incluso en niños de apenas tres años de edad.
La respuesta política y social
La congresista Flor Pablo ha calificado esta situación como un «abandono e impunidad» institucionalizada, exigiendo que se convoque al Consejo de Estado. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que cerrar estas sedes favorece directamente a los perpetradores en un territorio con los índices de violencia más altos del país.
Ante la falta de garantías para la infancia indígena, la comunidad Awajún ha convocado a una marcha pacífica este viernes 13 de febrero. La movilización busca exigir la inmediata restitución de las plazas fiscales y la operatividad de las unidades médico-legales, indispensables para que las pruebas biológicas y psicológicas no se pierdan en el olvido burocrático.
Para las familias en Amazonas, el acceso a la justicia no puede seguir siendo una promesa de papel mientras 800 vidas esperan una respuesta que el presupuesto parece haberles negado.