La Italia de 2025, según el estudio al que nos referimos (pero también según la experiencia cotidiana de quienes viven y trabajan políticamente o incluso cívicamente en nuestro país), no es una dictadura declarada, sino cada vez más una democracia en la que sobreviven las libertades formales, pero con restricciones normativas, prácticas intimidatorias e instrumentos represivos generalizados.
Con esta nueva disposición legal, Meloni pone en el foco a los movimientos sociales y las voces políticamente disidentes.
Marine Le Pen y Giorgia Meloni representan un nuevo modelo de marketing político de extrema derecha: presentan el neoliberalismo occidental como un faro de empoderamiento femenino, afirmando que defienden los derechos de las mujeres. Pero omiten que esos derechos solo son válidos para una selecta minoría.
La DDL 1660 es un compendio represivo y propagandístico concebido para reavivar el racismo y el apoyo a una parodia de justicia en la base electoral de la derecha dura, en un momento en que las graves dificultades presupuestarias no permiten maniobras demagógicas destinadas a ganar adeptos.
La mayor parte de la izquierda italiana, incluso la izquierda radical, aunque se declara «heredera» de la Resistencia de 1943-45 y de la Constitución de 1948, siempre ha practicado una línea antifascista simbólica y nostálgica, subestimando los aspectos sociales y democráticos del antifascismo, y es muy poco capaz de hablar a las generaciones más jóvenes y a la desesperación de los suburbios.
El domingo 17 en Lampedusa, la presidenta de la Comisión Europea y la primera ministra italiana aparentaban diferencias en los matices sin salirse de una misma visión de las migraciones como un riesgo para la seguridad y la identidad europeas.
Entre los recién llegados al menos 257 son menores de edad no acompañados y varios desembarcaron en condiciones de salud delicadas.