Manifestación contra el Decreta Sicurezza del 31 de mayo en Roma. RED CONTRA EL DECRETO SICUREZZA
Con esta nueva disposición legal, Meloni pone en el foco a los movimientos sociales y las voces políticamente disidentes.
El Salto, 6-6-2025
Correspondencia de Prensa, 9-6-2025
En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni acaba de aprobar el Decreto Sicurezza (Decreto de Seguridad), una reforma del Código Penal italiana que había sido presentada el pasado 17 de noviembre de 2023 por el Consejo de Ministros.
A causa de los numerosos obstáculos encontrados durante el proceso, finalmente el Ejecutivo de Meloni ha seguido adelante no con la proposición de ley, sino con un decreto.
El sábado 31 de mayo se produjo una gran manifestación de protesta contra el paquete legislativo. Hubo manifestaciones en diferentes ciudades italianas, pero la más masiva fue en la capital del país, en Roma, donde más de 100.000 personas acudieron a la convocatoria.
Un decreto para que la ciudadanía esté más “segura”
Para evitar sorpresas, la primera ministra italiana impuso el voto de confianza. Fue así como en pocos días, la nueva disposición legal fue aprobada, primero en la Cámara; y luego en el Senado italiano, gracias a una amplísima mayoría. Tras la aprobación, los líderes de los partidos gobernantes no ocultaron su satisfacción y aseguraron que esta nueva disposición iba a traer “mayor seguridad” a la ciudadanía italiana.
El Decreto Sicurezza es la antesala de una reforma que las derechas del país hace meses que preparan. Para convencer a la población, hace tiempo que se ha puesto en marcha la narrativa del “miedo al migrante” que llega a Italia para “delinquir” y del odio a los que protestan por diferentes motivos que “hacen la vida difícil a los ciudadanos que quieren trabajar”. Para que resulte más atractiva para la opinión pública y confirmar el interés del gobierno por la seguridad de su ciudadanía, la ley endurece también las penas para las “estafas a ancianos” y para quienes utilicen a menores para mendigar.
“A través de un decreto de urgencia que pisotea las prerrogativas del Parlamento y los derechos de la oposición, el Gobierno de Meloni tiene como objetivo silenciar a la disidencia política y perseguir a cualquiera que se movilice contra la represión”, denuncia a El Salto Luca Blasi, uno de los portavoces de la red “No al Decreto Sicurezza” y concejal del área de cultura en uno de los barrios de Roma.
Para Blasi, que aún tiene un ojo cerrado y parte de la cara hinchada después de ser apaleado por los antidisturbios durante otra manifestación organizada en Roma el pasado 26 de mayo, “el Decreto Sicurezza sienta un peligroso precedente en Europa y en el G8, puesto que pisotea la Constitución italiana y acerca Italia a la Hungría de Orbán”.
El portavoz y concejal explica que: “La nueva ley pretende golpear a todos aquellos sujetos políticos y sociales que expresan su disidencia y oposición a las políticas neoliberales y autoritarias”. Y prosigue: “En particular, golpea a los movimientos para el derecho a la vivienda que luchan contra los desahucios y los desalojos de edificios ocupados, en un contexto de ausencia total de medidas que puedan garantizar el derecho a la vivienda a las clases populares. El decreto criminaliza además a los nuevos movimientos ecologistas que luchan contra la inacción de gobiernos y multinacionales frente al cambio climático, y golpea a quienes en las cárceles intentan exigir mejores condiciones de detención, castigando con varios años de cárcel incluso formas de protesta no violentas”.
Contra las luchas sociales y las protestas ecologistas y obreras
La nueva ley abre la puerta a hasta 14 nuevos delitos y agrava las penas de otros nueve que ya figuraban en el Código Penal. En 39 artículos, el Decreto Sicurezza castiga diversas formas de “resistencia pasiva” llevadas a cabo durante manifestaciones, y convierte las infracciones administrativas, que solían ser castigadas con multas, en delitos penales. Un ejemplo de esto último es el bloqueo de carreteras y vías ferroviarias; unas de las formas de lucha utilizadas a menudo por los movimientos contra el cambio climático o por los trabajadores y trabajadoras de fábricas que protestan contra los despidos. A partir de ahora, esta acción puede estar penada con hasta seis años de cárcel.
La ley también considera “circunstancias agravantes” las protestas o delitos que se produzcan cerca de estaciones o metros, o a bordo de transportes públicos; y prevé agilizar los procedimientos de desalojo de edificios ocupados ilegalmente al introducir el delito de “ocupación arbitraria de inmuebles”, lo que podrá estar castigado con penas de dos a siete años de prisión.
La medida también endurece las penas por el delito de “daños” durante manifestaciones en un lugar público, y en el caso de que las protestas entorpezcan una obra pública o impidan el funcionamiento en una infraestructura estratégica, como los proyectos del tren de alta velocidad de Val Susa o el puente entre Calabria y Sicilia, dos proyectos aún inexistentes pero que no gozan de demasiada popularidad entre la ciudadanía.
Si, durante una iniciativa se “ensucia” un bien público o un edificio destinado a funciones públicas, como ha sucedido en alguna ocasión en monumentos y museos durante las protestas de carácter climático, la ley prevé hasta 18 meses de cárcel y una multa de hasta 3.000 euros.
Endurecimiento de la represión en las cárceles y coto al “cannabis light”
El Gobierno también ha introducido el delito de “motín en el interior de una prisión” y en los centros de detención para la repatriación de migrantes sin la documentación en regla. La nueva disposición legal prevé hasta cinco años de cárcel, aplicables también en casos de resistencia pasiva y desobediencia por parte de los presos y las presas. Además, a partir de ahora ya no será obligatorio aplazar el cumplimiento de la condena para las mujeres embarazadas o con hijos menores de un año.
La nueva ley también prohíbe el cultivo y la venta con fines recreativos del llamado “cannabis light”, es decir, con bajo contenido en THC, que se había permitido en virtud de una ley anterior. La medida condena probablemente al cierre a miles de empresas y tiendas que comercializan este estupefaciente.
Más poder e impunidad para las fuerzas de seguridad
Otra de las medidas destacadas del Decreto Sicurezza consiste en que a partir de ahora, los miembros de las fuerzas de seguridad podrán llevar cámaras corporales para detectar y sancionar más eficazmente a las personas que les amenacen u obstaculicen su trabajo. La incorporación de estos dispositivos no será obligatoria. La ley también reconoce la asignación de fondos públicos, hasta 10.000 euros euros, para cubrir las costas judiciales de los agentes de policía y otros funcionarios públicos investigados o acusados en procesos penales relacionados con su servicio.
Los miembros de las fuerzas de seguridad podrán llevar, a partir de ahora, y sin licencia, armas personales incluso cuando no estén de servicio; también aumentará la pena de aquellas personas que cometan un delito de desobediencia a la autoridad.
Todas estas medidas han sido celebradas con efusividad entre la mayoría de los sindicatos policiales. Según el diputado del Movimiento 5 Estrellas Roberto Scarpinato, todas estas medidas tienen como objetivo dar vía libre e impunidad a los policías violentos.
Justo durante la aprobación de la medida gubernamental, un joven de 30 años con un trastorno mental moría en Pescara debido al uso de una pistola eléctrica por parte de algunos agentes. Hace unos días, Filippo Feri, uno de los pocos funcionarios condenados por violencia policial contra manifestantes en la cumbre del G8 de 2001 en Génova, fue nombrado Jefe de Policía en Monza por el Ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
Paradójicamente, en los últimos días se han producido motines en diferentes centros penitenciarios del país. El primero, en la cárcel de Rebibbia, en Roma; y el segundo, en la de Marassi, en Génova.
La Red contra el Decreto Sicurezza ya ha anunciado la convocatoria de nuevas protestas para mostrar su rechazo contra la que considera un decreto inaceptable.