Contre Attaque, 21-2-2025
Traducción de Correspondencia de Prensa, 26-2-2025
Disolución del colectivo Palestina Vencerá
Un ataque gravísimo contra la causa palestina y la libertad de expresión
El jueves 20 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo de Francia, dictó la disolución del colectivo «Palestina Vencerá». Es el epílogo de casi tres años de procedimiento.
El 24 de febrero de 2022, el entonces primer ministro Jean Castex anunció, con motivo de la cena del CRIF (Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia), y después de retomar las palabras de Trump al calificar a Jerusalén de «capital eterna del pueblo judío», la disolución del Colectivo Palestina Vencerá, una estructura de apoyo a la causa palestina con sede en la ciudad de Toulouse. En ese momento, la macronista Aurore Bergé incluso echó leña al fuego, aludiendo directamente a una posible «desmantelación» de Amnistía Internacional, una de las principales ONG que trabajan por las libertades en el mundo, cuya labor de documentación del apartheid israelí es esencial.
En 2022, Gérald Darmanin era titular del Ministerio del Interior y se encargó de desarrollar los argumentos para disolver este colectivo: «con el pretexto de defender la causa palestina», escribió, Palestine Vaincra cultiva «el sentimiento de opresión de los pueblos musulmanes (…) con el objetivo de difundir la idea de una islamofobia a escala internacional». ¿Un «sentimiento» de opresión? Hoy en día, todo el mundo ha podido constatar que la colonización, los bombardeos y las políticas genocidas aplicadas contra el pueblo palestino no son en absoluto una simple sensación.
El Ministerio del Interior también le reprochaba al grupo haber hecho un llamamiento a «la discriminación y el odio hacia Israel y los israelíes» a través de campañas de boicot. El boicot es el arma pacifista por excelencia, que se utilizó contra el apartheid en Sudáfrica en la década de 1980. Pero vivimos en una época tan autoritaria que incluso negarse a comprar productos procedentes de un país responsable de crímenes contra la humanidad está penalizado.
En abril de 2022, la disolución de Palestine Vaincra fue suspendida. El Consejo de Estado mencionó entonces una «grave violación de la libertad de expresión» y denunció la «posición política» del Ministerio del Interior, que equiparaba antisionismo y antisemitismo. El tribunal consideró que no había urgencia alguna para disolver el Colectivo Palestina Vaincra. Fue un triunfo muy magro, ya que hubo que esperar el recurso sobre el fondo. Paralelamente, una petición había recogido miles de firmas y numerosas manifestaciones y acciones habían denunciado este procedimiento.
El 27 de enero de 2025, tuvo lugar la audiencia decisiva en el Consejo de Estado. Más de dos años y medio después del inicio del procedimiento. La ponente reconoció en primer lugar que Palestine Vaincra se expresaba en el marco de la libertad de expresión… PERO que los comentarios «odiosos» no habían sido moderados en las redes sociales. En otras palabras, se considera al colectivo responsable de palabras que no había escrito, pero que no había suprimido a tiempo.
Es un argumento extremadamente grave, porque en este caso también habría que cerrar todos los medios de comunicación de masas. LCI, Cnews o BFM, cuyas páginas en las redes sociales están llenas de comentarios racistas, sexistas y violentos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cuenta de Twitter de Bruno Retailleau (actual ministro del Interior, ndr), en la que cada publicación incluye comentarios de odio, y también con todas las cuentas de extrema derecha.
Con este tipo de argumentación, se puede acusar y disolver cualquier medio de comunicación y cualquier página web. Hacer responsable a un colectivo de hechos que no ha cometido y de declaraciones que no ha pronunciado es un procedimiento digno de la Inquisición. Sobre todo porque el Colectivo Palestina Vencerá lo dice sin ambigüedades: «Condenamos estos comentarios que han escapado a nuestra vigilancia en nuestras plataformas seguidas por decenas de miles de personas».
Otro argumento es que la relatora pública consideró que existe «un vínculo entre la expresión de solidaridad con la resistencia del pueblo palestino y el desarrollo del antisemitismo en Francia». De nuevo, declaraciones gravísimas destinadas a criminalizar las opiniones anticolonialistas. Sobre todo cuando en Francia hay partidos que apoyan a Elon Musk, que hace saludos nazis y multiplica las declaraciones supremacistas. La hipocresía es absoluta.
Unas semanas después de esta audiencia, el 20 de febrero de 2025, la disolución fue confirmada. Esta represión está permitida por la ley «separatismo», que amplía el procedimiento de disolución mucho más allá de su marco inicial. Esto significa que mañana cualquier grupo de oposición puede ser golpeado con los mismos argumentos: sindicatos, partidos de izquierda, colectivos contra el racismo, medios de comunicación independientes…
Históricamente, una disolución es una medida excepcional: permite desmantelar un grupo o asociación de manera extrajudicial, por decisión del Primer Ministro. Las «disoluciones administrativas» aparecen en la década de 1930, en un contexto de auge del fascismo en toda Europa. Mientras Hitler está en el poder en Alemania y Mussolini en Italia, la extrema derecha francesa no oculta su intención de derrocar la República. El 6 de febrero de 1934, las Ligas Fascistas atacan el Parlamento. El motín provoca varias muertes. Unos días más tarde, se celebra una manifestación antifascista, que también es reprimida, con nuevas muertes.
En 1936, la izquierda llega al poder con la victoria del Frente Popular. Las primeras disoluciones administrativas se utilizan con este fin: su objetivo es «proteger la República» de las amenazas de las «milicias armadas» de extrema derecha. Las Ligas son disueltas. Pero muy rápidamente, la medida se utiliza mucho más allá de la amenaza fascista: a su vez, colectivos anticolonialistas, especialmente argelinos, son disueltos a partir de 1937. Luego, estos procedimientos afectarán a colectivos independentistas vascos, bretones y canacos, a asociaciones kurdas, pero también a grupos de extrema derecha. Sin embargo, seguirán siendo excepcionales y poco frecuentes.
Casi un siglo después, todo cambia en 2021 cuando Darmanin hace aprobar la «Ley contra el separatismo». Esta ley es un gran retroceso para las libertades públicas y un ataque frontal contra los derechos asociativos. Permite disolver no sólo las asociaciones que «amenacen a la República» o que sean «milicias de combate», sino cualquier agrupación que «incite a la violencia contra bienes y personas». Lo cual no quiere decir nada: ¿es una incitación convocar a una manifestación? ¿Es una incitación denunciar la violencia policial? En realidad, la «Ley separatismo» amplía enormemente la posibilidad de disolver cualquier asociación que resulte molesta para el gobierno.
Esta medida afectó inmediatamente a varios colectivos musulmanes, en particular al CCIF (Comité contra la Islamofobia en Francia) y al CRI (Comité contra el Racismo y la Islamofobia). El decreto de disolución explicaba que un representante de esta asociación había hecho «declaraciones que incitaban a los jóvenes de los barrios populares a rebelarse» durante una «manifestación pública destinada a denunciar la parcialidad de las fuerzas del orden, del municipio y de los jueces presentados como islamófobos».
Denunciar el racismo, la islamofobia o llamar a la rebelión justifica la disolución administrativa de una asociación. Lejos, muy lejos de la amenaza de golpe de Estado fascista de 1934. El procedimiento se ha convertido en un arma para amordazar a los enemigos internos, especialmente a las minorías y a los disidentes. Una espada de Damocles sobre cualquier colectivo que moleste.
Por lo tanto, la cantidad de disoluciones ha aumentado enormemente en los últimos años: Macron disolvió más asociaciones y agrupaciones que todos sus predecesores desde el comienzo de la Quinta República. No sólo han sido atacados colectivos de defensa de Palestina, sino también colectivos antifascistas, como el GALE en Lyon, por supuestas «provocaciones» en Internet, es decir, un delito de opinión; asociaciones anticapitalistas, como el Bloc Lorrain; e incluso nuestro propio medio de comunicación en 2022, que entonces se llamaba Nantes Révoltée.
Ante la movilización, el gobierno a veces ha tenido que retroceder. Este fue el caso de Nantes Révoltée, que había recibido un apoyo popular masivo. Pero otros grupos han sido disueltos y se enfrentan a amenazas de juicio y arresto en caso de «reconstitución de la liga disuelta». A partir de ahora, este será el caso del Colectivo Palestina Vencerá.
En 2023, tuvo lugar una ofensiva sin precedentes con el intento de disolver Les Soulèvements de la Terre: por primera vez, las autoridades utilizaban este procedimiento de excepción contra una coalición ecologista que reunía a cientos de colectivos y decenas de miles de miembros. La disolución fue invalidada por el Consejo de Estado, pero fue un triunfo a medias. Los magistrados consideraron que el decreto de disolución de Darmanin no estaba lo suficientemente fundamentado por el momento, dando a entender que podría validarse en otro procedimiento más completo y detallado… En cierto modo, una suspensión.
Desde el 7 de octubre, el gobierno y los diputados de derecha amenazan con disolver numerosos colectivos de apoyo a Palestina, pero también a Francia Insumisa, al NPA, e incluso han intentado intimidar a las asociaciones feministas para que les retiren las subvenciones si desobedecen a la narrativa oficial sobre Gaza.
C’est dans ce contexte que Palestine Vaincra vient de rejoindre la longue liste des associations dissoutes par le pouvoir.
À l’appel de 60 organisations politiques, syndicales et associatives, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Toulouse au début du mois de février contre la dissolution du Collectif Palestine Vaincra. Cela n’a pas suffi. Mais face au démantèlement de tous les contre-pouvoirs par un régime autoritaire installé par la force, il ne restera bientôt que la rue.