Homenaje de periodistas al camarógrafo muerto por una bomba de gas lanzada por la policía en una protesta callejera en Río de Janeiro en 2014. Foto: Luis Macedo / Cámara de Diputados
El acoso judicial, una creciente amenaza para el periodismo en Brasil
Mario Osava, desde Río de Janeiro
IPS noticias, 20-3-2025
Correspondencia de Prensa, 22-3-2025
Marcelo Auler se quedó solo con 160 reales (27 dólares) en su bolsillo. El 14 de enero de 2025 un juez bloqueó los casi 21 000 reales (3500 dólares) que tenía en sus tres cuentas bancarias, en una de las cuales recibe su jubilación como periodista asalariado.
Las otras dos sirven para manejar la remuneración de su trabajo actual como periodista autónomo y las contribuciones a su propio blog. Sin dinero para pagar las tarjetas de crédito, cuya deuda vencía pocos días despues, escapó del hambre gracias a préstamos y la ayuda de amigos.
Por suerte solo le congelaron lo que tenía en los bancos, no sus ingresos posteriores. Así pudo recomponer su vida financiera a partir de febrero, pero condenado a pagar 76 119 reales (13 470 dólares) a una jueza del meridional estado de Paraná que se declaró ofendida en su honor por un reportaje de Auler, publicado en julio de 2018.
Esta es una de las numerosas actuaciones judiciales que enturbian la actividad periodística en Brasil, ya en crisis por la pérdida de audiencia y de fuentes de financiación.
La sociedad de abogados Flora, Matheus & Mangabeira, com sede en Río de Janeiro, atiende a cerca de 300 causas contra periodistas y médios de comunicación.
“Algunos de esos casos los atendemos junto con la red de protección de periodistas y comunicadores, organizada por el Instituto Wladimir Herzog, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras e Intervozes”, dijo a IPS el abogado André Matheus, uno de los socios de ese bufete.
Las organizaciones no gubernamentales que citó defienden los derechos humanos, la libertad de expresión y la democratización de la comunicación. Herzog fue un periodista asesinado bajo tortura en 1975 por la dictadura militar brasileña, entre 1964 y 1985.
Censurar por el bolsillo
Reclamar indemnizaciones por daños morales se convirtió en una estrategia de censura, para silenciar periodistas y medios, según Matheus. La Constitución brasileña de 1988, al detallar derechos personales y civiles, ofrece instrumentos para reaccionar, acotó.
“Hemos tenido éxito en 95 % de los procesos con el arma de la demanda constitucional ante el Supremo Tribunal Federal (STF)”, celebró el abogado que actualmente cursa también un doctorado sobre ese mismo tema.
Fallos del STF en los últimos años, que aseguran la libertad de expresión y de prensa y condenan artimañas que las suprimen, como el acoso judicial, favorecen la defensa de los periodistas, pero no evitan la pérdida de tiempo, la autocensura, costos financieros y a veces privaciones, como le ocurrió a Auler. Y también el fin o el recorte de la carrera.
Elvira Lobato, una conocida periodista del diario Folha de São Paulo, dijo haber anticipado su jubilación, tras el estrés que le provocó el primer gran caso conocido de acoso masivo.
Uno de sus reportajes sobre los múltiples negocios de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), publicado el 15 de diciembre de 2007, provocó una reacción airada de ese imperio neopentecostal, traducida en 111 acciones judiciales dispersas por muchas ciudades del país en los meses siguientes.
Ella y su diario ganaron todas las batallas judiciales, pero la periodista reconoció en una entrevista a la TV Cultura, de São Paulo, el 17 de diciembre de 2020, que la Iglesia Universal logró su objetivo de silenciar un medio que informaba sistemáticamente sobre su explotación empresarial de la religión.
Ella misma dejó de escribir sobre la IURD, por haber perdido la imparcialidad al serle impuesta la condición de contraparte judicial.
Broma fatal
Otro caso de gran repercusión, incoado por la misma iglesia, tuvo como víctima al periodista y escritor João Paulo Cuenca, por haber publicado en la red social Twitter, hoy X, el 16 de junio de 2020, la frase “Brasil solo será libre cuando el último Bolsonaro sea ahorcado en las tripas del último pastor de la Iglesia Universal”.
Era una paráfrasis del dictado del sacerdote francés Jean Meslier, que vivió en el siglo XVIII y que hablaba de ahorcar al último rey en las tripas del último cura. El ultraderechista Jair Bolsonaro fue presidente de Brasil de 2019 a 2022.
El chiste le costó a Cuenca el infierno de 144 demandas en tribunales de 18 de los 26 estados brasileños y en el distrito federal de Brasilia, con pedidos de indemnizaciones que sumaban 3,3 millones de reales (645 000 dólares), la pérdida de la corresponsalía de la agencia alemana Deutsch Welle, de radio y televisión, y muchas amenazas de muerte.
Cuenca logró el rechazo de las demandas, con la ayuda de Media Defence, una organización internacional basada en Londres, de apoyo legal a periodistas y medios independientes en el mundo, cuyo último informe anual, de 2023, habla de 595 casos asistidos en más de 70 países.
Además, su proceso se volvió contra sus acusadores. El Ministerio Público Federal (la fiscalía nacional) inició el 3 de febrero de 2025 una acción contra la Iglesia Universal, en que pide su condena a una indemnización de cinco millones de reales (880 000 dólares) por daños morales colectivos, al promover el acoso judicial a Cuenca.
De otorgare esa suma, se destinaría a proyectos de combate a la violencia contra periodistas.
Supremo protector
El STF condenó explícitamente el 22 de mayo de 2024, como acoso judicial, la práctica de multiplicar acciones simultaneas en tribunales alejados entre sí para dificultar la defensa de la expresión y actuación periodística.
Los abusos de demandas por supuestos daños morales aumentaron con el ascenso político de la extrema derecha en el país, en guerra abierta contra el periodismo independiente.
El empresario Luciano Hang, dueño de una red de tiendas comerciales y allegado a Bolsonaro, es el campeón individual de esos intentos de intimidar a los periodistas.
Entre 2008 y marzo de 2024 impulsó 53 acciones catalogadas como abusivas, según el informe de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), que puso en marcha el Monitor de Acoso Judicial contra Periodistas, un proyecto que recoge sistemáticamente datos sobre ese tipo de atropellos.
Para eso cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
También el gobernador de centro-occidental estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, del derechista partido Unión Brasil, acumula procesos contra periodistas que critican su gestión o negocios de sus familiares sospechosos de favorecimiento político, destacó el abogado Matheus.
La diputada nacional Julia Zanatta, del Partido Liberal en que se concentra la extrema derecha, incluido Bolsonaro, es la campeona entre los legisladores, con 12 procesos contra periodistas, según el informe de Abraji.
“El uso abusivo de la justicia, alegando delitos contra el honor, es el nuevo estándar del acoso para acallar la prensa, al basarse en criterios subjetivos, no en errores de información o falta de chequeo. Eso tiene efectos devastadores”, sostuvo Samira de Castro, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj).
El gobernador Mendes, que ha llevado a juicio a 16 periodistas, usa la policía para presionarlos y denuncia como “organización criminal” a periodistas que comparten noticias que le son negativas.
La Fenaj está requiriendo su inhabilitación política ante el Supremo Tribunal Federal, por esos desmanes, dijo Castro a IPS, por teléfono desde Fortaleza, una de las capitales de la región del Nordeste brasileño.
Jueces, también verdugos
Además de la extrema derecha, en la acción contra los periodistas destacan también jueces que reaccionan a críticas a su poder.
Cinco periodistas del diario Gazeta do Povo tuvieron que defenderse en 45 procesos por daños morales dispersos en su estado de Paraná en 2016, por publicar un reportaje sobre los salarios de los jueces locales, superiores al límite constitucional y que se acrecentaban además con beneficios cuestionables.
Fue una jueza de Paraná, de un juzgado para la infancia, quien enjuició a Auler, por un reportaje de 2018 en que la denunció por el intento de devolver dos niños haitianos refugiados a su país de origen, contra el deseo de los mismos y sin cumplir las normas establecidas.
La jueza alegó en su demanda que el reportaje no corresponde a la verdad y la expuso a riesgos al identificarla con el nombre completo, al requerir indemnización por daños morales y la retirada del reportaje en los medios digitales que lo publicaron. El fallo de otros dos jueces le fue favorable.
“No inventé la historia”, contrarrestó el periodista a IPS, añadiendo que se basó en hechos comprobados y testimonios de actores del caso, pero cree más probable que tendrá que pagar la indemnización, pese a haber recurrido al STF.
Un miembro de ese mismo máximo tribunal, Gilmar Mendes, decano de los 11 jueces que lo componen y se denominan ministros, es autor de varios procesos contra periodistas.
Rubens Valente, un premiado reportero de grandes diarios, hoy en la agencia Pública, de periodismo investigativo, tuvo que pagarle 319 000 reales (64 000 dólares) en 2022 a Mendes, que consideró difamatoria la forma como aparece en el libro “Operação Banqueiro (Operación Banquero)”, del que es autor el periodista y aborda un escándalo financiero.
Valente, absuelto en la primera instancia y condenado en dos tribunales superiores, recurrió a una campaña de donaciones en que más de 2400 personas participaron para reunir la suma debida.
El caso fue un trauma para el periodismo brasileño.
El mismo Mendes demandó a Octávio Costa, hoy presidente de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), y Tábata Viapiana, una indemnización que Costa estima que puede alcanzar hoy más de 200 000 reales (35 500 dólares), con los intereses y correcciones monetarias.
Es la consecuencia de un fallo judicial sobre un reportaje de portada de la revista Isto É, del 15 de diciembre de 2017, sobre la venta presuntamente irregular de una universidad de la que Mendes era propietario, al gobierno del estado de Mato Grosso.
Costa, entonces jefe de la sucursal de la revista en Brasilia, y la reportera ganaron en las dos primeras instancias, que rechazaron las acusaciones. La instancia siguiente, el Superior Tribunal de Justicia, concordó con esos fallos e incluso no acogió el recurso de Mendes en 2019.
Ese tribunal es nacional y representa la penúltima instancia de la justicia brasileña, solo por debajo del Supremo Tribunal Federal, que en este país aglutina la máxima instancia en todas las causas y funciona también como corte constitucional.
Pero el caso contra Costa y Viapiana volvió a la vida cuando otro juez del Superior Tribunal lo retomó ahora, por “peculiaridades del proceso” y acogió un recurso de Mendes para un nuevo juicio contra los dos periodistas en esa instancia judicial.
“Es insólito, una voltereta inusual en el STJ”, comentó Costa a IPS, con pocas esperanzas de una revisión de esa decisión en el máximo tribunal, donde Mendes es el decano.