Dina Boluarte, durante el Mensaje a la Nación del 11 de diciembre de 2022. / Luis Iparraguirre (Presidencia Perú)
Perú hoy: peor que con Sendero Luminoso
CTXT, 30-2-2025
Correspondencia de Prensa, 2-2-2025
Tras dos años de una dictadura de extrema derecha instaurada en el Perú, sin que nadie votara por opción semejante, el panorama no puede ser más sombrío.
Desde el 12 de diciembre de 2024, en el Perú, si un violador de menores no es descubierto en el preciso momento en que está cometiendo el delito contra un niño o una niña, el juez no está habilitado para pedir su detención preliminar. Eso dice la ley 32181, aprobada por el Congreso de la República y rubricada por la señora Boluarte, que elimina la posibilidad de que un fiscal pida la detención de un investigado que, así, puede huir para obstruir la investigación. Los jueces se ven obligados, hoy, a dejar en libertad a bandas enteras de delincuentes. Tras su aprobación, la presión pública contra esa ley, incluyendo a los medios que suelen apoyar a la dictadura, fue tan intensa, que el Congreso tuvo que derogarla. Pero la señora Boluarte ha devuelto la derogatoria de la ley 32181 al Parlamento, con observaciones. Y, así, los jueces siguen liberando a bandas de delincuentes.
Lo anterior fue una reforma introducida de contrabando en una norma destinada a impedir que los policías sean detenidos o ingresados en prisión preventiva cuando lesionen, maten o hagan uso de sus armas de reglamento. A pesar de que, según fuentes oficiales, hasta 2023 había 750 policías presos, acusados o ya sentenciados por delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas, organización criminal, violación, extorsión, tortura o desaparición forzada. Hay varias leyes destinadas a debilitar a la fiscalía, igualmente.
Ya previamente, el Parlamento había aprobado una ley (32107) que decide la prescripción de delitos de lesa humanidad, por la que se establece que nadie será procesado, condenado ni sancionado por ese tipo de delitos o crímenes de guerra, cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002. Hay escuadrones de la muerte que están pidiendo acogerse a la nueva ley.
Las mencionadas son solo ejemplos, a los que hay que agregar necesariamente la reforma de casi el 60% de la Constitución para crear un poderosísimo Senado que no existía y al que la población había dicho ‘no’ en un referéndum. Un Senado que, a partir de su elección en 2026, concentrará una enorme cantidad de poderes, tantos que el país devendrá en parlamentarista por la vía de los hechos. Y para el cual se preparan a ser electos los congresistas de la mayoría congresal actual. Que, además, ya organizan todo para controlar los órganos electorales.
¿Por qué se dan esas leyes?
Ocurre que los parlamentarios legislan para protegerse ellos mismos, porque una gran mayoría –también sus allegados– tiene acusaciones por delitos graves, y lo que se trata de impedir es la detención de sus cómplices y la suya propia, apenas dejen de estar protegidos por su condición de congresistas.
Parlamentarios que se sienten protegidos por todo. Recientemente, en el colmo de la desvergüenza, se hizo pública la contratación por el Congreso de señoritas sin calificación y con sueldos altos, para brindar servicios sexuales a los parlamentarios. El Congreso canceló una comisión investigadora sobre la denuncia, afirmando que no existía sustento para la misma. Y decidió, como toda consecuencia, prohibir las minifaldas en sus recintos. Felizmente la fiscalía sí está trabajando en el caso.
Toda esta situación ocurre dentro de una sociedad empobrecida hasta el extremo (en medio de la prosperidad macroeconómica), y a la que aqueja otro mal aún mayor. Esos congresistas, y el gobierno títere al que protegen, son cómplices y protectores de una criminalidad creciente que cuenta, incluso, con representantes congresales, que presentan un fingido interés por reprimir las acciones de las bandas organizadas.
Las bandas criminales
Ante el descuido de los gobernantes nacionales y locales, se ha ido incrementando la violencia en las calles. Bandas nacionales, unidas o en disputa con otras venidas de Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, han copado los “negocios” criminales en el Perú. Si bien el fenómeno es continental, se siente mucho más en los países mencionados.
Solo en las primeras tres semanas de 2025 se produjeron 126 asesinatos, según la misma policía, la mayoría con arma de fuego y, presumiblemente, por sicariato. Las motivaciones son venganzas, incumplimiento o negativa a pagar cupos de “protección”, deudas por préstamos informales, etc. Los “negocios” del crimen se ocupan del tráfico de drogas (cocaína, de la que el Perú es importante productor), trata de personas, extorsión, y similares.
Pero hay otras actividades que se han instalado, incluso con presencia de representantes directos en el Congreso, tales como la minería ilegal que se ha extendido por todo el territorio, y que ha llevado a muchas poblaciones campesinas, sobre todo serranas, ahogadas por la pobreza, a abandonar sus zonas de cultivo para dedicarse a esta actividad. Los ingresos son sustancialmente mayores y los destrozos al territorio también. Y los acopiadores de oro, el mineral más buscado, no faltan.
La tala ilegal de madera, aliada de la minería ilegal a la que le despeja el camino en la Amazonía, se desarrolla por obra de la corrupción extrayendo de zonas no concesionadas e incluso de áreas naturales protegidas, e invadiendo a poblaciones indígenas amazónicas. Lo más grave ocurre cuando, ante la situación de carencia por destrucción del territorio, los pobladores indígenas terminan incorporándose a estas actividades.
Según un estudio de 2021, ya entonces las economías ilegales movían “7.565 millones de dólares al año, de los cuales la mayor parte la generaba la minería ilegal de oro (2.511 millones de dólares) seguida por la trata de personas (1.300 millones de dólares) y el tráfico de terrenos y la usurpación de propiedades (1.100 millones de dólares)”. El estimado en 2024 es de 12.600 millones de dólares, según el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación).
¿Por qué ocurre esto?: un antecedente terrible
El Perú es un invento colonial. Creado para extraer y enviar recursos, riquezas a la metrópoli. Nada nuevo, todas las conquistas son iguales. Y Lima fue el centro de ese proceso. Desde la colonial y muy rica Ciudad de los Reyes, luego Lima, la ciudad con más santos de altar y títulos nobiliarios del continente, se definía todo en Sudamérica (menos Brasil). Y ese todo tenía que ver, sin duda, con las prioridades del que detentaba el poder. La colonia, además – por un sistema de apartheid precursor–, creó la República de Españoles y la República de Indios, con legislaciones particulares.
Ese diseño de gobierno no cambió con la república a inicios del siglo XIX, un proceso político que no varió la situación de la población indígena y la afrodescendiente, e incluso la empeoró. Más aún, aquella mayoría postergada ni se enteró del cambio de régimen.
El Perú se mantiene hasta el día de hoy bajo un régimen excesivamente centralista. Para muestra unas cifras: la ciudad de Lima congrega a más de 11 millones de habitantes, que son el 34% de la población total del Perú que tiene, a su vez, 34,3 millones de habitantes. El Perú tiene una extensión de 1,2 millones de km² y Lima ocupa unos 2,8 km²; es decir, la capital supone apenas el 0,22% del territorio nacional, pero consume el 30% de los alimentos, agua y energía que produce el país.
Esa concentración de todo lo importante y mejor en Lima, es lo que está en el origen de tanta población migrante, que huye de los territorios abandonados por el Estado, si no es para extraer algo. Como esa población “pobre y alegre” que vio la señora Ayuso cuando vino de visita. Donde no hay nada que saquear tampoco hay Estado.
Salvo el breve paso del gobierno militar del general Velasco Alvarado que, con profundo sentido social implementó una reforma agraria muy radical, la recuperación de activos que estaban en manos extranjeras, la participación de los trabajadores en la administración y distribución de beneficios en las empresas, el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y del cooperativismo, etc., al Perú lo gobernaron siempre los sectores ligados a grandes intereses. Antes de Velasco, terratenientes dueños de tierras y vidas, luego de Velasco, el gran capital industrial y financiero ligado sobre todo al extractivismo y a la exportación.
Estas circunstancias crearon las condiciones para la insurgencia de una organización marxista-leninista-maoísta que, a partir de los años ochenta del siglo XX, impuso orden en un mundo campesino en el que no lo había, ajusticiando a cuatreros, por ejemplo, e impartiendo una forma simple de conocer el mundo que parecía un camino hacia la modernidad negada, según hizo notar el antropólogo Carlos Iván Degregori. La justicia promovida por el terror, y el dogmatismo exclusivo, crearon aquella circunstancia mortalmente histórica, que creció precisamente en aquellos lugares en los que la ausencia del Estado les permitió suplantarlo.
La mayor tragedia peruana contemporánea, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, producto de la brutalidad asesina de Sendero Luminoso, sobre todo, y luego por obra de la represión indiscriminada de las fuerzas armadas y policiales, nació así en el seno de poblaciones discriminadas por el racismo y el desprecio.
Costó vencer a aquel monstruo. A Sendero Luminoso lo vencieron el Estado – cuando aplicó inteligencia más que represión y logró cortar la cabeza de aquel monstruo capturando a sus cabezas– y la resistencia del pueblo peruano, con múltiples héroes y heroínas populares, que supieron organizarse y responder. Esas heridas, sin embargo, no han sanado. Porque el abandono, tampoco.
Peor que con Sendero Luminoso
La proliferación y crecimiento de bandas criminales en el territorio peruano se explica, en parte, por el mismo abandono del país que propició la aparición del terrorismo. Pero ahora, como vimos, se trata de criminales que actúan además con ventajas que les otorgan aquellos funcionarios que, al ser ellos mismos delincuentes o fanáticos religiosos, legislan para beneficiarse o en función de sus prejuicios, lo que ha liberado a un monstruo mayor que tiene no una sino decenas de cabezas.
Las bandas criminales organizadas, tanto extranjeras como peruanas, no están centralizadas, sino que son una suma de grupos diversos, todos letales, muchos de ellos al servicio de las actividades extractivas ilegales que actúan respaldadas por las leyes que las favorecen. Al lado de esas actividades extractivas, como la minería, se desarrolla, por ejemplo, la trata de personas con su propia lógica e intereses. Son, así, una multiplicación de nudos delictivos los que se reparten y distribuyen el país.
Mientras que los servicios públicos languidecen, la inversión privada está en lo suyo y lejos de los intereses de la población, más bien acaparando tierras e industrias, y el país sin Estado sigue a la deriva, las actividades ilegales delictivas se convierten, así, también, en importantes proveedoras de empleo. En un país en el que la informalidad ya era el principal proveedor de empleo, la informalidad criminal agudiza el cuadro y lo empeora.
Sumemos: una población que ha perdido casi totalmente su lógica organizativa, destruida por más de treinta años de neoliberalismo y el individualismo extremo y la anomia generalizada instalados por la dictadura fujimorista durante los años noventa, una población convencida de que cada uno tiene que arreglárselas solo, atacada por todos los medios cuando intenta organizarse, en un país donde la educación y la salud de calidad son un privilegio, una población víctima aún de taras como el racismo que ignora los intereses de las comunidades en beneficio de los grandes poderes sobre todo extractivistas, obligada en muchos lugares a sobrevivir de lo que haya, incluyendo actividades ilegales destructivas, en un territorio controlado según intereses particulares por bandas criminales, algunas de ellas en complicidad con la policía.
Sendero Luminoso era una organización terrorista temible, a la que costó mucho descabezar para vencerla. Lo que tenemos hoy es una gran cantidad de bandas delincuenciales y por lo tanto muchas cabezas. Son igualmente criminales, pero no son una sola organización política que recurre a la violencia extrema, sino muchos grupos armados que, en la más extrema lógica de acumulación capitalista, ultraindividualista, se dedican al lucro sin importarles ni la gente ni el cuidado del territorio, sino tan solo lucrarse. Y para alcanzar sus objetivos, están dispuestas a todo.
El Perú vive un momento de desarrollo de violencia similar al de la década de los ochenta del siglo pasado, pero que resulta peor por su composición y posibles consecuencias. Tan solo el vecino Ecuador, al que la indiferencia e incapacidad de sus élites políticas recientes ha arrojado al caos, en manos también de bandas criminales, se parece al inevitable devenir, que puede ser incluso peor en un país como el Perú, que es mucho más extenso, más poblado, más complejo e incomunicado.
El Perú aún está a tiempo de evitar el caos total, pero para salvarse de aquello, deben irse Boluarte y la banda que la sostiene en el Parlamento.