Pepe Mejía*
Poder Popular, 4-12-2024
Correspondencia de Prensa, 8-12-2024
A dos años del golpe de Estado en Perú, el 94% de la población rechaza el mandato de Dina Boluarte. Sin embargo, sigue gobernando gracias a su alianza con el fujimorismo, la derecha y ultraderecha en el Congreso, así como operadores fiscales, grandes medios de comunicación, gremios empresariales y Fuerzas Armadas.
Ni por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas, ni por el escándalo de corrupción de los relojes Rolex que habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, ni por la trama de corrupción organizada por su hermano, Nicanor Boluarte, para destinar recursos públicos a la inscripción del partido familiar. A pesar de que la incapacidad de Boluarte es ostentosa, las élites prefieren mantenerla en el poder, aunque su propio futuro electoral sea incierto.
Por otro lado, Boluarte se mantiene en el poder gracias a la complicidad de la llamada “comunidad internacional” que incluye a la Unión Europea (UE) en un contexto de avance de la ultraderecha en América latina y el reciente triunfo de Trump en Estados Unidos.
En este contexto, el gobierno progresista en el estado español no ha expresado su condena a la dictadura. Tampoco ha hecho ningún gesto en favor de las víctimas de la represión. Más de 70 muertos bajo el mandato de Boluarte no es suficiente para que el gobierno de Pedro Sánchez y SUMAR se decidan a denunciar a esta dictadura corrupta. El gobierno progresista está más empeñado en proteger los intereses comerciales de las grandes empresas españolas que la vida de los y las ciudadanas peruanas.
Recordemos que Amnistía Internacional reclama también al Gobierno de Pedro Sánchez que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el uso de las armas españolas en la represión letal de dichas protestas. El Laboratorio de Evidencia de Amnistía Internacional concluyó en su investigación que en la represión de las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se utilizaron proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoors.
En estos dos años de dictadura, Dina Boluarte y sus aliados han copado y alineado a las instituciones del Estado: Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia (a partir de enero 2025), Procuraduría, y avanzan con los órganos electorales. Con la sociedad golpeada, el Ejecutivo controlado y el Congreso como principal punta de lanza, la coalición golpista liderada por el fujimorismo avanza y desarrolla la agenda programática que perdió las elecciones en 2021.
El gobierno puede masacrar, encarcelar, procesar, asaltar universidades, criminalizar la solidaridad y censurar la crítica sin consecuencias. Ni siquiera las denuncias plasmadas en más de una decena de informes de organismos internacionales han hecho mella en el régimen.
La ultraderecha corrupta y asesina ha vaciado todo el contenido de la democracia.
Inseguridad ciudadana
Con Boluarte en la presidencia, aumenta la inseguridad ciudadana a límites alarmantes.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), durante el mandato de Pedro Castillo, el 27,8% de los peruanos señalaban la delincuencia como uno de los principales problemas del país (segundo problema detrás de la corrupción). En 2024, después de dos años de desgobierno de Boluarte, esta cifra alcanza el 39,4%.
Según datos oficiales, los casos de extorsión aumentaron de 4.500 en 2021 a 20.000 en 2023, el primer año de Boluarte al mando.
El aumento de la delincuencia llega cuando el Estado está reducido a su mínima expresión y los poderes públicos están más preocupados en perseguir a la oposición que a los criminales.
En esta tesitura, la crisis de inseguridad ciudadana no fue respondida por los partidos políticos democráticos ni por organizaciones como la Asamblea Nacional Popular (ANP), el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y otras, sino que surgió un nuevo actor social en el escenario: el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, que convocó a 4 huelgas de transportistas en menos de 50 días (26 de setiembre, 10 de octubre, 23 de octubre y 13/14/15 de noviembre).
Así, los y las transportistas se sumaron a otros sectores movilizados contra la dictadura. Un sector, el transportista, que es considerado como “emprendedor” pero que en realidad es el reflejo de la precariedad y la llamada informalidad. A la movilización de transportistas se han sumado asociaciones de mercados y pequeños comerciantes.
Movilizaciones y movimientos sociales
Por otro lado, están las movilizaciones y las organizaciones sociales. La destitución de Castillo provocó el estallido social de diciembre de 2022, enero, febrero y marzo de 2023 con la movilización de miles de ciudadanos y ciudadanas de las regiones del sur andino. Pero en Lima, la capital, no hubo movilizaciones masivas. Hoy en Lima sí hay movilización y los transportistas son uno de los ejes.
A dos años de esas movilizaciones el movimiento social, pese a las masacres en las regiones, mantiene su resistencia y se moviliza. En julio de 2023 se moviliza la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) y surge la Plataforma por la Democracia.
No existe oposición desde los partidos políticos. Sí desde los movimientos populares. Existe una distancia entre partidos y movimientos sociales que muchas veces deriva a una deslegitimación de las precarias instituciones del Estado.
Aunque todas las protestas coinciden con el rechazo al Congreso y a la violencia del gobierno de Dina Boluarte las principales reivindicaciones pasan por la derogatoria de las leyes en favor del crimen organizado, así como justicia para los deudos de las víctimas del estallido social y la no privatización del agua potable.
A pesar de que hay movilizaciones el campo popular permanece fragmentado y ello fortalece al régimen.
Está por ver si, más adelante, organizaciones y partidos pueden avanzar en unidad política, social y electoral.
Acercamientos y alianzas
Después de las movilizaciones de noviembre empiezan a tejerse acercamientos, a articularse bloques y a perfilarse tímidamente candidatos. Todo ello en un escenario de altísima fragmentación.
En el horizonte de las elecciones de abril del 2026, se cuentan 37 partidos inscritos y no existen incentivos para concretar alianzas; por el contrario, la ley electoral eleva la valla para los partidos que deciden unir fuerzas.
Desde la derecha, el bloque más consolidado es el fujimorismo. Con un exiguo 13% en las encuestas, la fragmentación prácticamente le asegura el pase a segunda vuelta en las presidenciales por ausencia de adversario.
En la ultraderecha, López Aliaga –alcalde de Lima, miembro del Opus Dei y de Renovación Popular- puede atraer partidos más pequeños que evalúen no pasar la valla. Otras fuerzas más tradicionales, como el APRA, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano (PPC) necesitan una mayor articulación y están abocados a fichar figuras que incrementen sus votos.
Por otro lado, en el denominado “centro democrático” está el Partido Morado que coquetea con la candidatura del expresidente Francisco Sagasti, que fue alto ejecutivo del Banco Mundial y ocupó cargos con Velasco Alvarado, Morales Bermúdez y Alan García. Existen partidos nuevos como Primero La Gente que promueve a figuras como Susel Paredes, ex secretaria general del Partido Socialista, y Marisol Pérez Tello (ex del derechista Partido Popular Cristiano). En este ámbito del “centro democrático” se sitúa Ahora Nación, del ex director del Banco Central de Reserva del Perú y actual rector de la Universidad de Ingeniería, Alfonso López Chau, que facilitó el alojamiento de estudiantes en la segunda marcha de los cuatro suyos organizada en contra de Dina Boluarte.
En la izquierda la situación es complicada. No existe un liderazgo articulador y de consenso que lidere una coalición, siendo muy probable que se multipliquen pequeñas candidaturas.
Agrupaciones como Nuevo Perú y el Movimiento de Trabajadores y Emprendedores (MTEP) vinculado a la maoísta Patria Roja, además del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP) en estrecha relación con Patria Roja y la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), se han acercado a López Chau y parecen preferir una alianza de centro izquierda.
Existen otros grupos con inscripción. Juntos por el Perú en donde se incluye al congresista y exministro de Castillo, Roberto Sánchez- y también al congresista y castillista, Guillermo Bermejo, que han buscado acercarse al ex militar y ultranacionalista, Antauro Humala, aunque la reciente inhabilitación de su partido altera el escenario.
No debe olvidarse a Perú Libre, que muy probablemente postule a la Presidencia al prófugo de la justicia por corrupción, Vladimir Cerrón, o a su hermano Waldemar, que comparte mesa directiva en el Congreso con el fujimorismo.
Campo popular
En el campo popular existen organizaciones que reivindican el estallido de diciembre 2022. Las plataformas Renuncia Dina, Cierre del Congreso, Nueva constitución y Libertad/restitución Pedro Castillo entre otras agrupaciones en proceso de inscripción.
Existen otras entidades como Adelante Pueblo Unido (APU). Liderada por el expremier Aníbal Torres, que apoyó a la derecha de Acción Popular (AP) en las elecciones de 2021 y siendo Presidente del Consejo de Ministros de Castillo puso a Adolfo Hitler como modelo de gobierno eficaz.
También está el Movimiento por Unidad de los Pueblos (MUP) del exministro Hernando Cevallos que logró un acuerdo con APU.
También está Todos con el Pueblo, proyecto directamente vinculado a Pedro Castillo. Este bloque tendría arraigo territorial especialmente en el sur, un arraigo que podría garantizar una plataforma suficiente para pasar a segunda vuelta confrontando radicalmente con la derecha.
En definitiva. Seguimos bajo la bota de la dictadura, con una derecha y ultraderecha envalentonada y avanzando en la construcción de una alternativa que vaya más allá del cambio de gobierno. También se percibe el aumento del descontento que si es muy fuerte puede generar un movimiento violento.
*Pepe Mejía, periodista todo terreno. Activista social. Anticapitalista 100×100. Amante de las lecturas, las músicas del mundo y en especial el flamenco. Disponible para subvertir el orden.