Wayka, 20-6-2025
Correspondencia de Prensa, 22-6-2025
Entre 2022 y 2024 se registraron más de 500 ataques contra defensoras de derechos humanos -mujeres y personas LGTBIQANB+- en Perú. Cerca del 70 % de estas vulneraciones fueron efectuadas por agentes de la Policía Nacional, así los reveló el informe «Activistas bajo ataque en el Perú”.
«En Perú, quien defiende derechos está en riesgo de ser atacado, estigmatizado y criminalizado. La criminalización está ahora mucho más álgida», señaló Yessenia Casani, representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), en la presentación de los informes de investigación sobre ataques, tipos de violencia, feminismos en las regiones y luchas antipatriarcales en Perú.
Asimismo, señaló que esta situación no solo afecta a las activistas -personas que defienden los derechos humanos-, sino también a la labor de promoción y protección de estos derechos en el territorio, así como a la libertad de expresión, la libertad de asociación, la democracia y la lucha contra la corrupción.
Ataques registrados
El informe elaborado por Demus, documenta 563 ataques contra defensores de derechos humanos en Perú entre 2022 y 2024. Este estudio fue elaborado a partir de testimonios de activistas, datos de medios de comunicación, redes sociales y formularios virtuales de denuncia.
Del total de casos, en 2022 se documentaron 71 casos (20,2%), en 2023 se registraron 374 (47,8%) -el año con mayor incidencia, coincidiendo con las protestas sociales reprimidas con violencia estatal- y en 2024 se reportaron 118 (32%).
Según los resultados, el 66,5% de las agresiones ocurrieron en contextos de defensa del derecho a la protesta. El 67,8% fueron perpetradas por agentes de la Policía Nacional del Perú y el 92% consistieron en ataques personales dirigidos específicamente contra las activistas con la intención de aislarlas y quebrantarlas emocionalmente.
«Las autoridades deshumanizan a las mujeres indígenas. Cuando vimos a una hermana aymara cargando a su wawa (bebé), el ministro de Educación (Óscar Becerra), llegó a decir que ‘ningún animal haría eso’», expresó Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y excongresista. También recalcó que la normalización de estos ataques por parte de las autoridades se sigue dando.
Activistas levantan su voz
Otros derechos frecuentemente vulnerados fueron la defensa del territorio y medio ambiente (11,6%) y la igualdad de género junto con los derechos sexuales y reproductivos (6,7%). Pese a la situación compleja, las activistas siguen denunciando problemas en sus localidades.
Entre 2010 y 2024 se registraron 524 denuncias por presunta violencia sexual contra estudiantes indígenas en Condorcanqui (Amazonas), según la Defensoría del Pueblo. Las lideresas de la zona evidenciaron estos hechos; sin embargo, lejos de contar con el apoyo de los líderes de su comunidad fueron cuestionadas.
“Cuando hacemos una demanda, nos indican como una mujer chismosa (…) Por las violaciones y el contagio de VIH que tenemos en Amazonas, en unos 10 años ya no va a haber representantes Awajún. Ya se va a terminar el Awajún”, expresó con preocupación una representante del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, que asistió a la presentación pero prefirió guardar el anonimato por temor a represalias de los apus de su comunidad.
Otra problemática persistente es la dificultad para acceder al aborto terapéutico -legal desde 1924 y con protocolo establecido desde 2014-. «El acceso es casi nulo. Ni siquiera se plantea como opción para las menores de edad», explica Yesmi Dana Solano, de la colectiva Diversidad Ucayali.
Además, persiste la criminalización de quienes buscan este procedimiento: «Las mujeres procesadas son quechuhablantes, en situación de pobreza y sin información adecuada», señaló Yesmi Navarro, del colectivo Feminista Diverso de Apurímac. Según el estudio de Proyecta Igualdad, las mujeres quechuahablantes son las más vulnerables a ser criminalizadas.
Resistencias
Frente a este contexto, surge la Plataforma de Defensa de la Igualdad de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos -integrada por colectivas feministas, LGTBIQ, defensoras indígenas y otras personas que protegen los derechos humanos- articula esfuerzos a nivel nacional para denunciar los ataques contra estos grupos
Durante sus jornadas de trabajo, identificaron patrones de violencia específicos en cada territorio y desarrollaron estrategias para contrarrestarlos. «Aunque el panorama parezca oscuro, mantenemos la luz de la esperanza», afirmó Lila Jaramillo, representante de Mochicas Diversas de Lambayeque.