Aporrea, 21-6-2025
Correspondencia de Prensa, 22-6-2025
La declaratoria de estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro y nuevas protestas contra la ley del seguro signaron la semana que concluye hoy en Panamá.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, la medida con duración de cinco días responde a que en el noroccidental territorio, fronterizo con Costa Rica, la situación se salió de control y grupos delictivos vandalizaron oficinas de instituciones públicas, algo ajeno a las manifestaciones.
Según la Constitución, este tipo de suspensión de garantías constitucionales está contemplada en el artículo 55 de la Carta Magna, en casos de guerra, calamidad pública o grave perturbación del orden.
La medida implica que se podrá limitar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos en el territorio afectado como restricciones a la libertad de tránsito, mayor presencia y acción de fuerzas de seguridad, controles en el ingreso y salida de personas y eventualmente, detenciones sin orden judicial bajo ciertos parámetros legales.
Al respecto, profesionales en materia de leyes discreparon sobre la acción del Ejecutivo para resolver la crisis social en la costa norte del Caribe panameño.
El profesor universitario Alfonso Illueca se opuso al decreto que declaró el estado de emergencia y señaló que viola lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos pues el habeas corpus no puede ser objeto de suspensión alguna,
Por su parte, desde la Asamblea Nacional (parlamento) , la diputada de la coalición independiente Vamos, Yamireliz Chong, realizó un llamado al diálogo y a la paz social.
“Siempre he apostado al diálogo para resolver las tensiones que vive el país, sin embargo, los actos de violencia y vandalismo ocurridos en Bocas del Toro no deben ser tolerados”, indicó.
El convulso clima en Bocas del Toro estuvo acompañado por una marcha popular que partió desde el céntrico parque Urracá, en esta capital, hasta las inmediaciones del Legislativo para exigir la derogación de la polémica norma de pensiones.
En la caminata, la excandidata presidencial independiente en comicios generales de mayo de 2024, Maribel Gordón, dijo a Prensa Latina que al pueblo le asiste la razón al exigir pensiones dignas para sus jubilados.
También indicó que los manifestantes rechazan un memorando suscrito con Estados Unidos lesivo a la soberanía nacional y los intentos del Gobierno por reabrir la mina de cobre de Donoso (Colón), pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que ordenó el cierre de las operaciones.
Denunció además los simulacros de consulta a los moradores de río Indio sobre el proyecto de un embalse para favorecer operaciones del Canal, pero que implica el desalojo de personas de sus comunidades originarias.
La también economista condenó detenciones arbitrarias, la persecución de dirigentes sindicales, compañeros heridos, asesinados, procesos judiciales ilegales, como parte de una política de Gobierno que rechaza el diálogo y al que instó a escuchar al pueblo, al soberano, como establece la Carta Magna.
Por su parte, el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, manifestó su solidaridad con los bocatoreños que resisten la embestida de un Ejecutivo que hace uso de la fuerza, pero será derrotado por el pueblo.
Mientras, gremios docentes anunciaron que mantendrán la huelga indefinida iniciada el pasado 23 de abril debido a que sigue vigente la norma que regula las pensiones.
Este pronunciamiento se dio luego de una reunión entre la Iglesia católica, los maestros y un grupo de delegados del sector empresarial.
Al respecto, el dirigente de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego, indicó que la conducta polarizada del Gobierno va a llevar a este país a una profunda crisis.
El diálogo es la vía y así lo hemos manifestado, comentó, pero la única postura que ha sostenido la administración de José Raúl Mulino es negarse a revisar la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social.
Además, enfatizó que esta lucha no es solo del sector docente, sino que cuenta con el respaldo de padres de familia, estudiantes y movimientos sociales.