Maylen Díaz Delgado, del 11J al I220A: «En Cuba fui una heroína y aquí soy un estorbo»
Roberto Céspedes
El Estornudo, 15-6-2026
Correspondencia de Prensa, 17-6-2026
Clamó por la libertad bandera en mano el 11 de Julio del 2021 en Camagüey, pero terminó ocultándose de los agentes de ICE en el maletero de un auto en Texas. Esta es la historia de Maylen Díaz Delgado, una de los cientos de miles de personas atrapadas en el limbo migratorio del I-220A, quienes enfrentan hoy el peligro de una deportación a Cuba.
El 11 de julio de 2021, May se topó en Internet con el estallido de descontento popular en La Habana, a 540 kilómetros de su casa, y en otras regiones de Cuba. En las redes sociales, un opositor local convocaba a una protesta masiva en la Plaza de la Revolución de Camagüey. Sin pensarlo, se puso un par de tenis, agarró una bandera cubana y salió a la calle. Tenía miedo. Nunca antes había expresado una crítica pública al régimen, pero en ese instante sintió que algo se rompía dentro de ella: una fuerza que terminó siendo más poderosa que el instinto natural.
Lo que sucedió minutos después se convertiría en el prólogo de una saga interminable: represión, interrogatorios, fuga, exilio, cárceles migratorias, pánico, y un desencanto que ya dura cinco años y que ella arrastra como una deuda que no le corresponde.
Maylen Díaz Delgado nació en Camagüey en 1989. La llaman «May», con «a», en español. De ojos verdes y figura menuda, estudió para instructora de arte en la especialidad de Música hasta que en cuarto año abandonó la carrera. Hoy, como cientos de miles de refugiados cubanos en el limbo del I-220A, no sabe qué será de su vida.
El gobierno cubano la considera una enemiga fastidiosa. En Estados Unidos le negaron el asilo, le suspendieron el permiso de trabajo, y con él la posibilidad de sostenerse. Ya no tiene fe en el futuro. Recibe tratamiento médico por depresión y ansiedad. No hay rabia en su voz, ni siquiera amargura; solo una tristeza que se ha vuelto costumbre. Lo que más le duele, dice, es la «estigmatización» que sufren los nuevos refugiados.
«En Cuba fui una heroína y aquí soy un estorbo», lamenta. «Siento que me gritan en la cara como hacía Fidel: “No los queremos, no los necesitamos”».
Al dolor de casi cinco años de separación de su hija y sus padres se suma ahora la más sofocante incertidumbre. Teme que en cualquier momento la encierren en un centro de detención de ICE, donde los reclusos sufren «toda clase de abusos». O que la deporten «de regreso al comunismo» y su primera escala sea en la Granja 5 —como se le conoce oficialmente a la infame Prisión de Mujeres Kilo 5, en Camagüey.
«El destino de personas como yo, si mañana nos envían a Cuba, recaerá sobre la conciencia de los políticos de este país y de la comunidad cubana», dice, mientras expone su disyuntiva con frialdad quirúrgica. «Si termino en la Granja 5 no quiero enterarme después de que alguien esté poniendo aquí cartelitos de solidaridad tras mi encarcelamiento. Que no se les vaya a ocurrir: es aquí y ahora donde los cubanos necesitamos apoyarnos».
Cuba es, para ella, «la madrastra maltratadora» a cuyo seno no puede regresar, mientras que Estados Unidos le ha dado la espalda. Sin recursos por falta de trabajo, no puede pensar siquiera en reiniciar su vida en un tercer país. Algunos amigos la apoyan, pero cada tarde se siente como una criatura acorralada. El aumento de las deportaciones de otros cubanos con I-220A no hace más que profundizar la herida.
«¿Qué ser humano puede pensar en un futuro cuando no tiene presente? Yo no tengo pasado, por todo lo que ocurrió en una Cuba que no me abraza y a la que no abrazo. Y aquí, en Estados Unidos, tampoco tengo presente, y mucho menos un futuro».
11J
El primer encontronazo con las fuerzas del orden, aquel 11 de julio de apagón interminable, ocurrió en la calle Artola. May y su padre, de 64 años, avanzaban junto a un grupo de personas sorteando los bloqueos de las avenidas principales. En los videos de la época se aprecia a una mujer policía particularmente agresiva con los manifestantes. Lo primero que hizo fue arrebatarle la bandera cubana que enarbolaba. May la encaró: «Chica, quédate con la bandera, que yo la llevo en el alma».
Dos cuadras más adelante, May iba a la vanguardia de la protesta y la uniformada atravesó la multitud hasta colocarse justo detrás de ella. Sacó el bastón policial y la golpeó con todas sus fuerzas. «Me dio un tonfazo en la nuca. Yo no esperaba el golpe; mi constitución física es la de una persona pequeña, de poco peso. Quedé como atontada, se me nubló la vista, escuchaba todo de lejos». La agresora intentó arrestarla, pero los manifestantes se interpusieron y respondieron con golpes, piedras y bolsas de basura. En ese instante, se desató la violencia.
En medio de la confusión, dos desconocidos la sujetaron por los brazos y la sacaron del lugar. Poco después, su padre la localizó y, «tras mucho batallar», logró llevarla de regreso a casa. May cuenta que, al recobrar plenamente el sentido, experimentó una indignación tal que intentó volver a la manifestación: «Sentía una rabia tan intensa que afloraron mis peores instintos; quería regresar y acabar con todo». Un hematoma color vino le cruzaba en diagonal la nuca. Por miedo a represalias, nunca se presentó en un hospital para certificar la lesión y, hasta el día de hoy, el frío hace que el dolor reaparezca en la zona cervical.
El 12 de julio, mientras se extinguían los últimos vestigios de las protestas, el régimen desató una cacería masiva de manifestantes a lo largo y ancho de la isla. Dos agentes de la Seguridad del Estado aparecieron en casa de May y la citaron, junto a su padre, para una reunión al día siguiente. Cuando llegaron al lugar, fueron sometidos a un intenso interrogatorio en una especie de tribunal, integrado por «octogenarios con bolígrafos y caras de matones». El papel de «policía bueno» lo desempeñaba un individuo joven que se hacía llamar «capitán Alejandro».
Cuenta May: «Era una especie de acto de intimidación, muy incómodo; tres horas de amenazas sobre lo que podría pasar si me atrevía a respirar. Me preguntaban quién me estaba pagando, quién me había mandado a protestar, cosas personales, sobre mi hija menor de edad. Tuvimos que firmar cartas de advertencia porque en circunstancias como esas la idea es salir vivo de allí».
Horas después, cuando May trató de salir a comprar jugos para su madre convaleciente de una cirugía, un oficial le comunicó que no podía abandonar la vivienda. En total fueron 11 días de encierro bajo el temor constante al arresto y a la posibilidad de un juicio sumario. Cerca de mil 500 personas fueron detenidas durante y después de las manifestaciones; de ellas, 338 permanecían en prisión en abril de este año, según la organización Justicia 11J.
La amenaza de un encarcelamiento activó todas las alarmas. De inmediato, ella trató de salir del país, pero la pandemia había paralizado las operaciones de muchas aerolíneas y resultaba muy difícil conseguir un boleto al extranjero. El 7 de octubre de 2021, May fue la última persona en abordar un vuelo a Cancún. Dos coroneles de la policía política le retuvieron el pasaporte y la sometieron a un riguroso interrogatorio: «Tuve que hacerles un cuento chino: que iba a encontrarme con una amiga que iba a parir y que yo sería la madrina de su hija».
De Cancún viajó en avión a la Ciudad de México, y de allí a Guadalajara, donde tomó un último vuelo con rumbo a Mexicali, Baja California. Todo el trayecto a través de la geografía mexicana lo hizo sola, en apenas seis días, en un sprint final hacia lo que soñaba sería la protección de los Estados Unidos.
A plena luz del día, el 13 de octubre, por algún punto de la barda fronteriza en construcción, May cruzó de manera irregular a Calexico, California, en busca de asilo. A esa hora, numerosos migrantes hacían lo mismo. Acompañada de otra joven cubana, embarazada de ocho meses, se internó en el desierto hasta entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
I-220A
El primer contacto con los oficiales fronterizos no fue su experiencia más edificante. Uno de ellos —hispano, bajito— se quedó mirando atentamente a la joven embarazada y le soltó: «A eso vienen ustedes aquí: a parir». La muchacha no se amedrentó: «Yo vengo aquí buscando la libertad que no tengo en mi país y para darle un futuro mejor a un ser humano».
Seguidamente, fueron llevadas a «La Hielera», como los migrantes llaman indistintamente a los centros de detención temporal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones extremas en esos campos: los detenidos suelen dormir en colchonetas sobre el suelo y solo se les entrega una delgada manta térmica de color plateado. «Hacía un frío insoportable», relata May. En el lugar le tomaron fotos, las huellas, y la interrogaron sobre si había pagado para cruzar y quién la ayudó a hacerlo.
La Hielera de Calexico fue el primero de tres centros de detención por los que pasó en ocho días. De allí la trasladaron a lo que ella describe como «la sucursal del infierno», una instalación donde fue alojada en una pequeña celda con peores condiciones, mujeres hacinadas y «unos burritos asquerosos» por comida.
Una noche la subieron a un autobús para un viaje de varias horas a una nueva cárcel. «En ese recorrido perdí la noción de todo. No tenía idea de dónde estaba. Llegamos como a las 11:30 de la noche y empezaron a procesarnos con toda la calma del mundo. Éramos muchas mujeres y nos tuvieron de pie hasta las cinco de la mañana; ni siquiera nos permitieron agacharnos en el piso. En un momento empecé a sentirme mal y enviaron a una doctora que me recetó arroz con atún porque lo que yo tenía era hambre. Después me pusieron un uniforme naranja y me metieron a una celda horrible con otra nicaragüense; no sabíamos si era de día o de noche, solo nos sacaban a bañarnos», relata.
La última escala del periplo carcelario la llevó a una estación de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona. «Un buen día me sacaron de la celda y un oficial me presentó un documento en inglés y me dijo: “firma aquí, aquí y aquí”». May sostiene que muchas veces pidió a los agentes de inmigración una entrevista sobre «miedo creíble» y que nadie le prestó atención, por lo que firmó aquellos documentos sin saber de qué se trataba.
«Nadie me explicó nada ni yo sabía lo que hacía, ¿qué otra cosa podía hacer?».
Los papeles eran el formulario I-220A (Orden de Libertad Bajo Palabra), que permite a un migrante salir provisionalmente de la cárcel, pero que excluye el «parole» o admisión en la frontera. En el caso de los refugiados cubanos, ese detalle convierte el camino a la Ley de Ajuste Cubano y la residencia legal en un peligroso laberinto. La fórmula se aplicaba desde enero de 2017, bajo el primer mandato de Donald Trump, pero fue durante la administración de Joe Biden cuando se otorgó a entre 400 mil y 500 mil cubanos que llegaron a través de la frontera sur y que hoy viven en un limbo migratorio mientras pelean en las cortes contra la deportación.
Con el I-220A en mano, May fue liberada el 21 de octubre y enviada a un refugio en Tucson. De allí voló a Nueva Jersey con el apoyo de familiares y amigos. Poco después se mudó a Houston, Texas, donde presentó ante USCIS (Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos) una petición de asilo afirmativo por persecución política en Cuba. A través de ese documento logró obtener un permiso de trabajo, licencia de conducción, e inició lo que creía sería una vida nueva y segura.
Y por varios años así fue: trabajó en una tienda en Houston y también, por unos meses, en factorías en Tampa. Ella lo llama un período «muy chévere». Hasta que en 2025 regresaron el miedo y los problemas. En octubre de ese año, USCIS le envió una carta notificándole que su caso de asilo afirmativo había sido desestimado. El gobierno le revocó de inmediato el permiso de trabajo. Aunque por ahora no tiene un proceso de deportación activo y todavía existe la posibilidad de una entrevista de «miedo creíble», el terror a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en algo personal y paralizante, al mismo tiempo que las redadas migratorias se multiplicaban por todo el país.
El 10 de diciembre del 2025, varios agentes encapuchados tocaron a la puerta de su apartamento, según confirman videos en su poder. Había salido a buscar trabajo junto a una amiga cuando ICE cayó sorpresivamente en el vecindario. Vio toda la operación a través de la app de teléfono que conecta a su cámara: «Iban a cada apartamento. Cuando los vi frente al mío caí en estado de pánico, no sabía qué hacer».
El regreso a su casa fue humillante. May se ocultó dentro del maletero del carro de la amiga y solo cuando ICE abandonó la zona salió y corrió a su apartamento. «Me dio por llorar y llorar. Me preguntaba: Señor mío, ¿por qué tengo que estar en el maletero de un carro como una delincuente si yo no he matado a nadie ni estoy huyendo de la justicia? Es la justicia de este país la que no me ha dado la oportunidad de presentarme ante un juez», recuerda hoy.
Lo que sobrevino fue una espiral descendente. Pasó cuatro meses encerrada sin salir de su vivienda. Con las piernas inflamadas, «somatizando el estrés»; terminó bajo tratamiento médico de un psiquiatra porque, dice, «no hay psiquis que aguante esto».
El 10 de marzo del 2026 tomó un vuelo a Miami, donde vive sin esperanzas y en una situación que describe como muy compleja.
«Nosotros no somos ni de allá ni de aquí. Y le tengo el mismo miedo a la autoridad de aquí que a la de Cuba, porque en este país están pasando cosas que no están bien», afirma.
«Allá me decían gusana; aquí nos llaman pan con bisté»
En las últimas semanas aumentaron las deportaciones de cubanos con I-220A: el pasado 21 de mayo, Emilio Nieves y Javier Batista fueron devueltos a Cuba. Ambos estuvieron largos meses en cárceles de ICE pese a no tener antecedentes penales y contar con apelaciones y recursos de habeas corpus pendientes. Sus abogados dicen que el gobierno pasó por encima del sistema legal. En el pasado, participantes en las protestas del 11J fueron expulsados a México.
Otros I-220A languidecen en las cárceles de ICE, como Jorge Luis Piloto, quien lleva un año detenido. La familia de Xiomara Companioni ha denunciado la situación de esa abuela y madre de 63 años encarcelada desde hace seis meses en la prisión de El Valle, Texas, pese a sufrir varias afecciones de salud y contar con una petición familiar I-130 aprobada.
A casi cinco años de su arribo a Estados Unidos, May cree que el silencio sobre su situación y la de muchos cubanos en situación irregular no es más una opción, aunque mucha gente prefiera cerrar la boca porque, asegura, «el miedo es transnacional».
«Han salido de una dictadura y están viviendo aquí patrones muy parecidos a lo que ya sufrieron. Hay miedo dentro de los inmigrantes cubanos a expresar y defender sus derechos», sostiene.
En especial, se declara desamparada por los políticos de Miami. «Me siento abandonada por quienes usan todo el tiempo el hambre, la represión, el dolor y el abandono gubernamental que hay dentro de la isla», dice. «Es como si cuando cruzas el Estrecho de la Florida y llegas al lado de acá ya no se habla más de derechos humanos, de los nuestros».
Sus críticas hacen blanco en la representante federal republicana María Elvira Salazar y su proyecto de Ley Dignidad, que busca una tercera vía para la legalización de indocumentados sin contemplar un camino a la ciudadanía. May alega que no puede haber «dignidad» cuando se le niega a una persona la posibilidad de trabajar y ganarse la vida. La propia Salazar escribió en la plataforma X en julio de 2025 un post en inglés apoyando la deportación de todos los inmigrantes o refugiados que llegaron al país «bajo Biden», lo cual, en teoría, contemplaría a cientos de miles de cubanos.
«Una mujer con I-220A en estos momentos, en las condiciones en que estoy yo, lo mismo puede terminar suicidándose, prostituyéndose o pidiendo dinero para sobrevivir», dice. «Que alguien me diga a mí que eso es dignidad. Digno es trabajar para vivir honradamente. Y digno para un gobierno es darle herramientas a un ser humano para que pueda ganarse la vida dignamente».
Pero más que con los funcionarios electos, May se siente decepcionada por la escasa solidaridad mostrada por una parte de la comunidad exiliada —individuos que gratuitamente acusan a las nuevas generaciones de refugiados de no ser suficientemente combativos contra el sistema comunista. Durante años siempre vio a Miami como un enclave que tendía la mano al cubano recién llegado, donde cada oleada migratoria recibía y apoyaba la integración de las siguientes, independientemente de los cambios generacionales o incluso las diferencias culturales. Con los I-220A siente que ese respaldo se quebró.
«Allá me decían gusana; aquí nos llaman pan con bisté», ironiza. «Los cubanos hemos trasplantado a Miami el CDR de Cuba. No puedes venir a decirme que vas a liderar los cambios allá y que velarás por los intereses de todos los cubanos cuando hoy no eres capaz de hacerlo por los intereses de medio millón de cubanos que tienes al lado: familias, padres, abuelos, niños…».
Tiene algo claro: «O nos liberamos del odio, o seguiremos desbaratando a Cuba y desbaratándonos a nosotros mismos, porque Cuba somos todos», advierte. «Un país no es un pedazo de tierra en un mapa. Tenemos que empezar a salvarnos con respeto; si no lo hacemos, jamás podremos regresar para salvarla a ella».
Su futuro, por ahora, se muestra incierto. Asegura no sentir confianza en el actual sistema de procesamiento migratorio de Estados Unidos, y teme caer en un campo de detención donde «se están violando los derechos elementales de los seres humanos» y podría «perder los dientes», tal como asegura le pasó a un amigo, o incluso no salir con vida.
Al mismo tiempo, teme que las actuales negociaciones entre La Habana y Washington terminen poniéndole precio a la cabeza de personas como ella. «Por 50 centavos de dólar allá me aceptarían», ilustra con sarcasmo. Y seguidamente reflexiona que ni siquiera haría falta un pago al régimen cubano, porque con la presión que se está poniendo sobre miles de personas en situación irregular ya, de hecho, las están forzando a marcharse.
Cuando Maylen Díaz Delgado cruzó la frontera, en octubre del 2021, confiaba en que, demostrando su condición de perseguida política, el sistema legal estadounidense le haría un lugar como refugiada. En estos años ha experimentado el miedo, la persecución, el sentimiento de que las puertas se han ido cerrando. Excepto una: «La única puerta que hoy día se me puede abrir es la del regreso a Cuba, el sitio de donde salí huyendo. Tristemente, no dudo que me den la estocada final».