Foto: Sergio Lima y Evaristo SA / AFP
Aldo Cordeiro Sauda*
Jacobin, 6-10-2026
Correspondencia de Prensa, 8-10-2026
Flávio Bolsonaro terminó por delante de Lula en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, favorecido por la intervención estadounidense y por un PT excesivamente moderado. Para ganar la segunda vuelta, Lula necesita darles a los trabajadores una razón para tener esperanza.
La primera vuelta de las elecciones brasileñas asestó un duro golpe al Partido de los Trabajadores (PT) y, más ampliamente, a la causa de la democracia en América Latina. En 2022, Luiz Inácio Lula da Silva terminó la primera vuelta unos seis millones de votos por delante de Jair Bolsonaro, una diferencia que se redujo a cerca de dos millones en el segundo turno. Esta vez, Flávio Bolsonaro terminó 2,2 millones de votos por delante de Lula, con una ventaja de tres puntos porcentuales.
Esto vuelve especialmente difícil para Lula y la izquierda brasileña la segunda vuelta del 25 de octubre. Los candidatos que quedaron detrás de los dos primeros, y que en conjunto obtuvieron alrededor de seis millones de votos (aproximadamente el 6%), pertenecen todos a la derecha o la extrema derecha. Apoyaron el gobierno de Jair Bolsonaro y se opusieron al de Lula, por lo que es probable que en el balotaje se forme un amplio frente contra él. Existe una posibilidad real de que la familia Bolsonaro regrese a la presidencia.
Impulso de la derecha
La misma dinámica se manifestó en las elecciones legislativas. En el Senado, el Partido Liberal (PL) de extrema derecha de Bolsonaro pasó de quince a veintiocho bancas, mientras que el PT se mantuvo en nueve (sobre un total de ochenta y una). Tampoco se concretaron las expectativas de una mayor presencia femenina en el Congreso.
Las elecciones para gobernador mostraron una tendencia similar. Sergio Moro, el senador de extrema derecha que encarceló a Lula tras el golpe parlamentario y judicial contra Dilma Rousseff, ganó la gobernación de Paraná en primera vuelta. La extrema derecha también se impuso directamente en estados ricos como Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
En la Cámara de Diputados, la cámara baja de Brasil, al PT le fue especialmente mal en el estado de São Paulo, donde figuras históricas del partido como Paulo Teixeira, Nabil Bonduki y José Dirceu no lograron obtener bancas. La candidata más votada del PT en el estado, Luana Zaratini, recibió 230.000 votos, mientras que el candidato más votado del PL, Luciano Pavanato, obtuvo tres millones.
A nivel nacional, los partidos de izquierda con representación parlamentaria —el PT, el Partido Socialismo y Libertad, Rede y el Partido Comunista— pasaron de ochenta y ocho a noventa y seis diputados. Pero quedaron muy por detrás del crecimiento del PL de Bolsonaro, que saltó de noventa y nueve a 120 bancas (sobre un total de 513).
Cuando Bolsonaro fue electo por primera vez, en 2018, el clima general era de rebelión. La extrema derecha llegó al gobierno impulsada por un movimiento entusiasta desde abajo, que llenaba las calles. Eso no ocurrió este año con Flávio. Pese al éxito electoral del PL y a la fuerza del bolsonarismo en las urnas, las calles se mantienen tibias. Las promesas se parecen menos a un plan para trastocarlo todo, como en la campaña anterior, y más a uno para retomar el trabajo inconcluso de la derecha, especialmente la amnistía para la familia y la revancha contra el Supremo Tribunal Federal. El movimiento que ahora viene desde arriba podría ser más peligroso que el que venía desde abajo.
Interferencia estadounidense
Contra lo que se esperaba, la intervención estadounidense no adoptó la forma de una intromisión estridente de Donald Trump y sus aliados. Parece haber operado, en cambio, mediante una eficaz presión entre bastidores sobre la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal, que se convirtió en el centro del debate político.
Esto resultó particularmente perjudicial. En lugar de debatir cuestiones de política y programa, la campaña giró en torno a la corrupción, el terreno predilecto de la extrema derecha. Y esta vez el debate se concentró más en el Supremo Tribunal Federal que en la presidencia.
Lo primero que hizo Washington después de la detención de Jair Bolsonaro fue aplicar la Ley Magnitsky e imponer sanciones al magistrado responsable del caso, Alexandre de Moraes, como castigo por haber actuado contra el principal aliado de Trump en el continente. Desde entonces, la presión sobre el sistema judicial brasileño ha continuado, de manera menos visible pero más agresiva.
La propia conducta del tribunal lo convirtió en un blanco fácil. Sus jueces tienen antecedentes de protección de intereses burgueses, y la frontera entre los asuntos públicos y privados está mal delimitada: es habitual que los magistrados se conviertan en abogados multimillonarios después de abandonar el tribunal.
Esta es la historia del escándalo del Banco Master. Jueces y, sobre todo, sus familiares estaban vinculados a contratos multimillonarios, favores, regalos y fiestas al estilo Epstein organizadas por el banquero fraudulento que se encuentra en el centro del mayor delito financiero de la historia de Brasil. Entre ellos estaba la esposa de Moraes, Viviane Moraes. Cinco de los once jueces del tribunal quedaron implicados, pero la crisis giró en torno a Moraes, y la extrema derecha la utilizó para atacar a la figura que había enviado a Bolsonaro a prisión.
La cuestión clave en torno a la revelación de los acuerdos secretos de Viviane Moraes es cómo el juez André Mendonça, un pastor evangélico de extrema derecha estrechamente vinculado con la derecha evangélica estadounidense, consiguió acceder a los documentos confidenciales. La forma, la velocidad y el acceso del que gozó este magistrado nombrado por Bolsonaro sugieren con fuerza que hubo interferencia estadounidense en el proceso.
Durante una acalorada sesión del Supremo Tribunal Federal transmitida en vivo por televisión un mes antes de las elecciones, Moraes afirmó que el informe había sido elaborado en un plazo de setenta y dos horas e insistió en que ese plazo era imposible para un documento de esas características. Según él, los metadatos demostraban que el informe no había sido producido por la Policía Federal, sino por agentes externos, probablemente extranjeros, que simplemente entregaron el producto terminado a la policía.
Moraes insistió en que los metadatos mostraban que la investigación policial había sido abierta y cerrada el mismo día en una computadora de la Policía Federal, lo que significaba que el informe simplemente había sido insertado allí. Describió esto como una prueba de un intento de interferencia extranjera en las elecciones brasileñas.
Mendonça también intervino durante la ofensiva contra Moraes destituyendo al jefe de la Policía Federal, nombrado por Lula y responsable de contener el intento de golpe del 8 de enero de 2023. La probable intervención estadounidense en la controversia en torno al Supremo Tribunal Federal desplazó los términos del debate en beneficio de la derecha brasileña, en contraste con los aranceles punitivos que Trump impuso después del encarcelamiento de Bolsonaro, que simplemente incrementaron el apoyo a Lula. Esta vez, el foco no estuvo puesto en las medidas adoptadas por la administración Trump, sino en las acusaciones de corrupción contra jueces que habían respaldado al gobierno de Lula.
Un gobierno débil
Aunque el foco puesto sobre el Supremo Tribunal Federal sin duda facilitó las cosas para Bolsonaro, es imposible ignorar que el tercer gobierno de Lula ha sido el menos transformador de sus tres mandatos. Esto se explica en parte por la evolución de las instituciones brasileñas desde el golpe contra su sucesora, Dilma Rousseff.
El golpe contra Dilma fue tanto un golpe del Parlamento como un golpe en favor del Parlamento. La derecha conservadora del Congreso la derrocó para instalar en la presidencia a una de sus principales figuras, el vicepresidente Michel Temer. Al mismo tiempo, buscó debilitar al Poder Ejecutivo y fortalecer al Legislativo, mientras que el proceso también reforzó al Supremo Tribunal Federal a expensas de la presidencia.
Como resultado de estos cambios, la capacidad de Lula para gobernar se ha visto considerablemente restringida y depende mucho más del Congreso, incluso en cuestiones como el presupuesto. Bajo Bolsonaro, el Congreso pasó a intervenir institucionalmente de manera directa en la elaboración del presupuesto y a dirigir de manera autónoma el gasto público, de un modo nunca visto hasta entonces, y esa práctica continuó con Lula. Según el politólogo André Singer, Brasil pasó de un sistema presidencial basado en amplias coaliciones parlamentarias a algo más parecido a un régimen semipresidencial surgido después del golpe.
Pero el debilitamiento de la presidencia no explica por sí solo los malos resultados del PT. El gobierno tiene relativamente poco que mostrar en términos de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es cierto que el desempleo se encuentra en su nivel más bajo histórico, mientras que los niveles de hambre se redujeron hasta volver a los parámetros de los anteriores gobiernos de Lula, después de haber aumentado drásticamente bajo Temer y, especialmente, Bolsonaro. Pero aunque la vida ha recuperado en gran medida su forma anterior a la pandemia, las condiciones siguen siendo muy duras para los trabajadores.
En la última encuesta de Quaest antes de las elecciones, los votantes de hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos (unos 620 dólares mensuales) apoyaban a Lula frente a Flávio por un 52% contra un 23%. Este sector vio mejorar sus condiciones de vida a medida que la pobreza extrema descendió después de la pandemia.
Sin embargo, esto no fue suficiente para compensar las pérdidas del PT en otros sectores. Entre los hogares que ganan entre dos y cinco salarios mínimos, Flávio tenía una estrecha ventaja del 36% contra el 35%. Entre quienes ganan más de cinco salarios mínimos, su ventaja era mayor: 42% contra 30%.
Aunque el hambre disminuyó, los precios de los alimentos siguieron aumentando, aunque en menor medida que bajo Bolsonaro. La calidad de la alimentación se deterioró, con un mayor consumo de productos semiindustrializados y precios más altos para la carne y otros alimentos básicos que antes del COVID-19 eran mucho más accesibles. El consumo de carne es particularmente importante: ocupó un lugar central en la campaña de Lula de 2022.
El empleo presenta una historia similar. El desempleo disminuyó, pero trabajar se ha vuelto más difícil. El gobierno de Temer eliminó una serie de derechos laborales, y ninguno de ellos fue restablecido bajo Lula. Los empleos bajo contratos PJ (pessoa jurídica), que abarcan a trabajadores autónomos individuales y propietarios unipersonales, crecieron a expensas del empleo formal, generando una inseguridad mucho mayor. Buena parte del crecimiento del empleo se produjo en sectores de servicios vinculados con aplicaciones y plataformas digitales, donde las malas condiciones laborales y la falta de protección empeoraron la vida de los trabajadores.
Endeudamiento
El endeudamiento constituye un problema particular. El endeudamiento de la clase trabajadora ha crecido, y esto resulta especialmente relevante para el PT y para Lula, porque la estrategia de gobierno del partido se basó en ampliar la capacidad de las familias para endeudarse. En materia de transporte, por ejemplo, la estrategia principal consistió en ampliar mediante el crédito el acceso a la compra de automóviles, en lugar de invertir fuertemente en transporte público.
Hubo una enorme expansión del acceso a la vivienda para quienes ganaban entre uno y cinco salarios mínimos. Pero casi toda ella se produjo mediante el subsidio a la vivienda privada a través del programa Minha Casa, Minha Vida, que amplió el acceso empujando a la población al endeudamiento. Las universidades públicas se expandieron, pero el mayor crecimiento se produjo en las instituciones privadas, mediante becas y sistemas de financiación que también implicaban asumir mayores deudas.
En otras palabras, los avances de los gobiernos de Lula y Dilma se apoyaron en un mayor acceso a bienes como automóviles, vivienda y educación, adquirido a costa de un incremento del endeudamiento de los hogares. Más de dos décadas después de la puesta en marcha de políticas que buscaban integrar a la clase trabajadora en la sociedad de masas a través del consumo, el 80% de las familias soporta actualmente altos niveles de deuda.
La izquierda y los movimientos de masas
Los esfuerzos por evitar conflictos con el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la clase capitalista brasileña también dificultaron que el gobierno de Lula cumpliera sus promesas de campaña. Aunque se redujo la devastación de la selva amazónica, una vez en el gobierno Lula convirtió en una de sus prioridades la explotación petrolera frente a la desembocadura del río Amazonas, lo que supone un grave riesgo de derrames a lo largo de la costa amazónica.
Su gobierno también anunció un plan para incorporar tramos estratégicos de los ríos Madeira, Tapajós y Tocantins al Programa Nacional de Desestatización, con el objetivo de convertirlos en corredores de exportación de soja. Fue la movilización de los movimientos indígenas y estudiantiles durante las protestas de la COP30 en Belém do Pará la que logró detener el proyecto.
Entre los primeros partidarios de este proyecto finalmente frustrado se encontraban Guilherme Boulos, ministro a cargo de la Secretaría General de la Presidencia y de las relaciones con los movimientos sociales, y Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas. Guajajara obtuvo 160.000 votos en las elecciones de 2022; esta vez recibió apenas 54.000.
Más reveladora todavía fue la incapacidad, o la falta de voluntad, del gobierno para convertir las luchas de los trabajadores en movilizaciones a su favor. La principal reivindicación de la clase trabajadora desde la elección de Lula ha sido el fin de la jornada 6×1 (seis días de trabajo seguidos de uno de descanso) y la reducción de la semana laboral. Sin embargo, el PT canalizó esta demanda hacia una lucha puramente parlamentaria, sin huelgas ni protestas callejeras que la respaldaran.
La misma lógica desmovilizadora se aplicó a la huelga de los trabajadores de aplicaciones (el breque dos apps), quizá el momento más explosivo de lucha de la clase trabajadora en São Paulo en los últimos años. Mientras el gobierno actuó para desactivar la huelga, la única propuesta que ofreció a estos trabajadores fue crédito para comprar bicicletas.
Política exterior
En materia de política exterior, el gobierno de Lula nunca desarrolló una línea coherente de oposición a las políticas de la administración Trump. No llevó adelante sus amenazas de imponer directamente aranceles a los productos estadounidenses y prefirió negociar con Washington en torno a la aplicación de la Ley Magnitsky.
En relación con Palestina, Lula formuló tempranamente una condena del genocidio israelí, y su gobierno se sumó el año pasado a la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la administración también utilizó al Ministerio de Derechos Humanos como contrapeso en su relación con Tel Aviv. Silvio de Almeida, el ministro de Derechos Humanos que abandonó el cargo en medio de acusaciones de acoso sexual, se negó durante meses a condenar el genocidio, alegando que se trataba de un asunto que correspondía al presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su sucesora, Macaé Evaristo, orientó al ministerio hacia una política de «combate al antisemitismo» que incluyó visitas a instituciones judías, al Museo del Holocausto y a sinagogas sionistas, mientras ignoraba a la comunidad palestina y no adoptaba ninguna posición contra la islamofobia.
La respuesta del gobierno al fallido golpe bolsonarista también fue insuficiente. Apoyó al Supremo Tribunal Federal mientras este se negaba a avanzar contra objetivos importantes como el argentino Fernando Cerimedo, vinculado a redes de interferencia estadounidenses e israelíes en América Latina y excluido de la acusación final de la Fiscalía General, y Jovem Pan, el importante medio de comunicación que llamó a apoyar el intento de golpe.
Ganar la segunda vuelta
Las medidas más populares de Lula en la antesala de las elecciones implicaron modificar las posiciones previas de su gobierno sobre estos temas. Hasta entonces, su administración había intentado únicamente regular el crecimiento de las apuestas en línea, que han golpeado duramente a los hogares de la clase trabajadora, especialmente las apuestas de fútbol. Ahora pasó a prohibirlas por completo. Los pagos del programa Bolsa Família, destinado a reducir la pobreza y el hambre extremo, no habían sido actualizados para compensar la inflación de los tres años anteriores. Esto cambió en vísperas de las elecciones.
El gobierno también comenzó a invertir en salud pública contra la obesidad mediante la compra de tratamientos como Mounjaro, algo que hasta entonces no había hecho. Estos cambios de política aumentaron el apoyo a Lula y pueden incluso haber impedido que Flávio Bolsonaro ganara directamente en primera vuelta.
Si Lula quiere ser reelegido en el balotaje, debe generar expectativas de cambio. Este ha sido el problema central de la izquierda brasileña. Los bancos, las grandes empresas, la mayoría de los políticos y la mayor parte de los medios se inclinan hacia la derecha y, sin embargo, la percepción predominante es que Brasil vive bajo un régimen de izquierda y que el campo bolsonarista representa la alternativa al statu quo.
Lula no ha logrado demostrar que es él, y no la extrema derecha, quien representa el cambio. Esto se debe en parte a que su gobierno no ha sido un gobierno de cambio.
Las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos sumaron en conjunto el 24% del electorado. Solo la abstención alcanzó el 21%, el nivel más alto desde 1998. Para conquistar siquiera a una parte de los antiguos votantes de derecha y antisistema, y para construir una base social propia en lugar de verla abstenerse, el PT necesitará una estrategia más combativa basada en la movilización popular y social. Esa es la única manera de derrotar a la extrema derecha.
*Aldo Cordeiro Sauda: Periodista, abogado y militante del PSOL. Cubrió la Primavera Árabe desde El Cairo y Beirut para O Estado de S. Pauloy Folha de S.Paulo. Es doctorando en Ciencia Política en la Universidad de São Paulo y fundador de Contrabando Editorial