Movilización contra el proyecto Neptuno frente a la sede del gobierno (archivo, enero de 2025). Foto: Ernesto Ryan
“Anular este contrato es la única opción”: colectivos socioambientales enviaron una carta abierta a Yamandú Orsi sobre el proyecto Neptuno
La Diaria, 28-4-2025
Correspondencia de Prensa, 29-4-2025
Los firmantes entienden que hay razones de orden legal, ambiental y económico para dejar sin efecto el acuerdo.
“Usted tiene en sus manos tomar la decisión más importante quizás de todo su mandato”, consigna la carta abierta que firmaron 80 organizaciones socioambientales, dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi, para solicitarle que anule el contrato del proyecto Neptuno, que busca construir una planta potabilizadora en Arazatí, San José, para abastecer de agua potable al área metropolitana.
Los colectivos entienden que la firma del contrato, que se concretó el 23 de enero, “no debía haberse realizado bajo ningún concepto por razones de orden legal, ambiental y económicas”, por lo que, según afirman, “debe ser anulado de inmediato”.
“El primer compromiso” y “contrato” es “con la gente”
En cuanto a las razones legales, señalan que rescindir el contrato que firmó el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou “sería realmente un cambio de rumbo en las políticas que se vienen implementando en los últimos 20 años”, ya que durante ese período de tiempo “en muchas instancias no se ha considerado el artículo 47 de la Constitución”, por lo que calificaron la iniciativa de “inconstitucional”. “La modificación de este artículo propuesta y discutida ampliamente por la sociedad civil fue votada en un plebiscito en octubre de 2004 por el 65% de la población, una mayoría que no debe ser desconocida por ningún gobernante de este país”, indican.
Uno de los incisos del artículo 47 establece que el “servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Las organizaciones entienden que “a través de ese contrato se otorga la gestión del agua a un consorcio privado [Aguas de Montevideo] compuesto por empresas nacionales y extranjeras”.
“Usted y sus asesores han expresado en reiteradas ocasiones que los compromisos asumidos por el gobierno deben respetarse. Es por este motivo que queremos reiterarle que el primer compromiso que usted tiene es con la gente y con el cumplimiento de la Constitución, el principal contrato que tiene el país”, subrayan.
Río de la Plata “es inseguro para la salud humana”
En cuanto a los motivos ambientales, las organizaciones destacan que comparten la “preocupación” de Orsi “por encontrar una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana”, por lo que entienden que es “preciso” considerar “las razones por las que este proyecto no constituye una solución, sino, por el contrario, acarrea grandes problemas para el país”.
De esa forma, remarcan que diversos representantes de la academia hicieron llegar documentación “que demuestra que el proyecto Neptuno tendrá perjuicios para el país y demuestran que además es innecesario”.
En ese sentido, argumentan que el Río de la Plata –de donde se extraería el agua– “es una fuente insegura de agua potable”. “Los estudios demuestran que utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización”, profundizan.
Además, remarcan que el río “es inseguro para la salud humana” y que, por otro lado, “Uruguay no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca que se distribuye entre cinco países”. En cambio, proponen que “un buen manejo de la cuenca del río Santa Lucía aseguraría agua para toda la población”.
A su vez, hacen hincapié en que la ubicación de la planta “representa un foco de contaminación para el acuífero Raigón” que constituye “una de las principales reservas de agua dulce del país”. Por eso ubicar la construcción allí “comprometerá la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona”, ya que “es también fuente de riego para este sector”.
En ese marco, apuntan que los sectores agropecuarios y la comunidad pesquera de Arazatí, así como representantes políticos de todos los partidos, organizaciones y sociales y la sociedad en general “alertan sobre el grave impacto negativo que significaría el proyecto para el país”. “Los únicos defensores del proyecto han sido los integrantes del consorcio Aguas de Montevideo, firmantes del contrato y promotores del mismo”, aseveran.
Las organizaciones afirman que “sólo aumentando las tarifas en todo Uruguay se podrá pagar la obra de Neptuno”
En tercer lugar, sobre las razones económicas, alertan que “el altísimo costo” de la iniciativa “representa un nuevo endeudamiento para el país que destinará fondos para una obra que no soluciona el problema de fondo y tampoco contribuye a fortalecer a la población”.
Recuerdan que el actual presidente de OSE (Obras Sanitarias del Estado, empresa pública encargada del abastecimiento de agua potable y del tratamiento de aguas servidas, CdP], Pablo Ferreri, señaló que “el ente está desfinanciado”, y remarcan que “sólo aumentando las tarifas en todo Uruguay se podrá pagar la obra de Neptuno, que tendrá un costo cercano a 1.000 millones de dólares”. “Estamos endeudados por más de 20 años para agregar agua a un sistema que pierde el 40% del agua que circula por la red”, agregan.
“Si se quiere actuar en forma responsable y con soporte científico-técnico, como dice el señor Ferreri, anular este contrato es la única opción”, aseguran y proponen “destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para la reparación de la red sería comenzar por el principio y redirigir la inversión racionalmente en beneficio de la gente”.
Por último, hacen un “llamado urgente” a que Orsi, por su responsabilidad como presidente, anule el contrato. Además, invitan a la ciudadanía a “informarse, debatir y exigir la anulación de este proyecto que afectará a toda la población”.
Asimismo, destacan que “todavía está pendiente lo antes posible una reunión con una delegación de las organizaciones firmantes de esta carta, como anunciara públicamente su secretario”. “Es necesario discutir personalmente nuestros puntos de vista sobre este nefasto proyecto. Queremos ayudar a encontrar caminos de solución sustentables que respeten la Constitución y los intereses de la gente”, concluyen.
Algunas de las organizaciones son: Movimiento por un Uruguay Sustentable, Agrupación Tucu Tucu de San José, Red Unión de la Costa, Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, Cotidiano Mujer, Consejo de la Nación Charrúa, Comunidad Indígena Huéit Guidaí de Santa Rosa, Grupo de Vecinos en Defensa de los Espacios Naturales de Playa Hermosa, entre otros.
-Sobre este tema, ver los artículos publicados en este sitio. El último de ellos: Los contratos inconstitucionales no se deben negociar, se deben anular, 21-4-2025.