Foto: Héctor Piastri
El futuro del barrio. Una mirada a la periferia montevideana.
Brecha, 6-6-2025
Correspondencia de Prensa, 7-6-2025
Las bandas criminales, las amenazas para abandonar el barrio, la falta de vivienda y la incertidumbre laboral marcan el día a día de quienes sobreviven en la periferia montevideana. Brecha conversó con referentes sociales y barriales que buscan posibles caminos de salida para la exclusión.
En febrero, el influencer argentino Joaco Santos –conocido por recorrer y documentar «zonas peligrosas» en distintas ciudades del mundo– visitó algunos asentamientos de Montevideo. El video que registra su paso por (el barrio de) Malvín Norte muestra, entre otras cosas, a niños y adolescentes que admiten haber participado de delitos. Se titula «Los “niños piraña” de Malvín Norte: “Al que entra le robamos”».
La expresión niños piraña es utilizada por la Policía para describir a los menores de edad que cometen robos en grupo y escapan rápidamente. Aquellas imágenes de niños sin blurear, además de plantear un debate ético, volvieron a resaltar lo que ocurre en la periferia montevideana.
«Es una de las manifestaciones más duras de la pobreza», decía en mayo un comunicado de Gurises Unidos. La organización, a través de su programa Revuelos, trabaja cada año con aproximadamente 300 niños, niñas y adolescentes de Montevideo que viven o vivieron en situación de calle.
Revuelos comenzó en 2009 y es producto de una cogestión entre Gurises Unidos y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. El programa tiene varias duplas de trabajadores desplegadas en zonas críticas de la ciudad y atiende principalmente a infancias y adolescencias que están por fuera del sistema educativo. Pablo Bassi, coordinador del proyecto, contó a Brechaque esta población permanece la mayor parte del tiempo en la calle, «desarrollando prácticas de supervivencia para satisfacer sus necesidades básicas».
Bassi explica que, a diferencia de lo que ocurría durante la crisis de 2001, cuando era habitual verlos en la calle lavando vidrios, vendiendo o durmiendo en las principales avenidas de la ciudad, hoy los niños, las niñas y los adolescentes en situación de calle están en sus barrios. «Donde crecieron, donde tienen vínculos familiares y ciertos niveles de protección, pero también modelos de identificación complejos», señala.
Uruguay no tiene datos actualizados sobre cuántos son en total. Las últimas cifras son de 2007. Bassi asegura que esta realidad ha recrudecido. «Es una situación difícil, porque se trata de circuitos donde la presencia institucional también se ha visto reducida como consecuencia de la pandemia y de cambios en los programas», explica.
Sobrevivir en los márgenes
Según datos de la Administración Nacional de Educación Pública, más de 21 mil estudiantes se desvincularon del sistema educativo en la pandemia, principalmente los más pobres. Algunos programas que buscaban la reinserción educativa, como Aulas Comunitarias, de Secundaria, dejaron de funcionar en 2021. «La deserción y la falta de propuestas socioeducativas vinculan a los gurises a situaciones de extrema vulnerabilidad, como la explotación sexual», dice Bassi, y agrega: «No solamente por un tema económico, sino muchas veces por un tema de inseguridad, de estar sobreviviendo».
El educador social distingue otra diferencia con el pasado: ahora, dice, el deterioro físico no es tan visible en niños, niñas y adolescentes, pero sí hay una extrema vulnerabilidad desde el punto de vista cognitivo, relacional y social: «Existe un grado muy alto de analfabetismo, con muchísimas dificultades del desarrollo de competencias básicas, de lectoescritura, de cálculo, de lenguaje».
Señala, además, que el aumento de la población privada de libertad es una de las realidades que afectan a las familias de las zonas más vulnerables. No solo por la pérdida de referentes, sino porque los adolescentes, por identificación u obligación, permanecen en el circuito delictivo. Para Bassi, «cada vez hay más gurises que comienzan a ser parte del crimen organizado y son heridos de bala o muertos. Los que no son parte muchas veces terminan amenazados y desterrados».
Los desplazamientos, los realojos, el movimiento continuo de dejar un barrio para trasladarse a otro no permiten generar pertenencia o arraigo con el lugar. A la vez, hay diferencias sustanciales entre los barrios que cuentan con un «escenario comunitario», una «identidad territorial» y una «red institucional» con sus respectivos referentes, y los barrios que carecen de esas ventajas. Para Bassi, se requieren «políticas que profundicen la llegada a los territorios de referentes socioeducativos que generen vínculos con los adolescentes, capaces de acompañarlos, de forma particular y paulatina, a espacios de socialización mucho más amplios que por derecho les corresponden».
Dónde jugar a la pelota
«Los medios hablan mucho de esa modalidad [robos pirañas] de los gurises del barrio. Y se corre el riesgo de invisibilizar toda una parte que tiene que ver con el mundo adulto. Los gurises son los que ponen el cuerpo, pero son otros los que les dan las herramientas para que cometan esos delitos», dice a Brecha Leonardo Abella, coordinador del Centro Juvenil Lamistá.
El centro funciona desde 2008 en un edificio ubicado en la intersección de Mallorca y Boix y Merino, dentro del Centro de Referencia Barrial que surgió con la regularización del asentamiento Boix y Merino, uno de los más grandes de Montevideo, en el que hoy viven más de 300 familias (véase «Para después de cortar la cinta», Brecha, 23-VIII-24).
Allí concurren 50 adolescentes de entre 12 y 18 años, que provienen de barrios y asentamientos cercanos, como Aquiles Lanza, el exasentamiento Isla de Gaspar y zonas próximas a Camino Carrasco e Hipólito Irigoyen.
El espacio tiene como objetivo fortalecer las trayectorias de los adolescentes, revinculándolos con el sistema educativo formal o acompañándolos para que no lo abandonen. Además, ofrece una propuesta diaria que incluye actividades deportivas, talleres artísticos y de cocina.
Para Leonardo, el centro es un entorno de seguridad que los adolescentes no encuentran en otro lugar. A pocas cuadras se extiende el parque Idea Vilariño, inaugurado en 2021 sobre el terreno que antes ocupaba el asentamiento Isla de Gaspar. Son 68.500 metros cuadrados de espacio público, fruto de un proceso de relocalización que culminó en setiembre de 2018.
«Es un espacio lindo de estar, pero lo que notamos es que no hay una apropiación por parte de la comunidad. A los gurises les resulta inseguro estar ahí jugando a la pelota», dice Leonardo.
El referente social atribuye la pérdida de la vida comunitaria a la retirada de diversos programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y de la Intendencia de Montevideo. «Antes el parque estaba colmado de actividades. Había un programa de recolección de residuos de la intendencia, que era un programa socioeducativo, con jornadas que convocaban a los vecinos, y era un enganche.»
Según el coordinador del centro juvenil, la pérdida de la vida social en el barrio incrementó la sensación de desolación e inseguridad. Además, la falta de paradas de ómnibus y la existencia de zonas a las que solo se puede acceder por una única calle obligan a los vecinos a desarrollar estrategias de autocuidado, con horarios o lugares vedados.
Leonardo señala que hasta hace pocos meses había zonas a las que directamente no podían ingresar o tenían que coordinar previamente para estar seguros. «En muchos lugares del barrio existe una organización, entre comillas, que cuida que no entren equipos técnicos o propuestas que compitan con el uso de los espacios públicos.»
El coordinador de Lamistá reconoce como otro de los problemas de fondo las dificultades que tienen las familias de encontrar un sustento económico que compita con las actividades delictivas: «Las opciones están vinculadas a empresas de limpieza que no generan beneficios sociales, que hacen una rotación en las contrataciones, que les dan de baja y los vuelven a contratar en 15 días. Son las fragilidades del vínculo laboral que tienen muchos vecinos acá».
Repensar Casavalle
En el barrio Casavalle, cerca del arroyo Miguelete, en la esquina de las calles Leandro Gómez y Almeida Pintos, está el Centro Educativo Nueva Vida. Funciona desde 2001 y atiende a aproximadamente 250 personas, distribuidas entre un CAIF, un club de niños y un centro juvenil. «Estamos en una parte del barrio bastante compleja, donde hay mucho asentamiento», dice a BrechaLuis Mayobre, su director.
Mayobre reconoce que, a diferencia de años anteriores, en estos momentos la zona vive una tensa tranquilidad. «Hace unos años, vivíamos con tiros todos los días, gente que pasaba armada en camionetas. Con vecinos a los que les tomaban las casas y se tenían que ir. Y bueno, eso se calmó bastante, pero está claro que esto es algo cíclico.»
En 2018, el Ministerio del Interior intervino Los Palomares, una zona de pasajes muy angostos y viviendas precarias, para desarticular al grupo conocido como Los Chingas, que usurpaba viviendas mediante amenazas y violencia y expulsaba a familias que hacía muchos años vivían allí.
La mayoría fueron obreros de las curtiembres que estaban sobre el arroyo Miguelete, pero también hay familias de zonas rurales que llegaron a Montevideo y pasaron a vivir en la periferia. Según Mayobre, algunas terminaron yéndose del barrio. «Muchas familias con las que trabajábamos se han ido corriendo, primero al Marconi o hacia Malvín Norte, también a asentamientos que se armaron en la zona de Aeroparque, Colonia Nicolich, de Solymar, Lagomar.»
Casavalle es un barrio con un fuerte entramado de redes sociales e institucionales. Desde 2010, el Plan Integral Cuenca Casavalle, impulsado por los vecinos, permitió crear espacios como la plaza Casavalle, el parque lineal Miguelete, la policlínica, el complejo Sacude. Sin embargo, para Mayobre, se necesita volver a tener una mirada enfocada en la infraestructura del barrio.
«La zona de pasajes se ha ido mejorando con el Plan Juntos, pero medio que al tuntún. Parecería que no hubiera un plan más concreto de cómo hacemos para organizar mejor esta parte del barrio», dice.
Nueva Vida está enfocado en la primera infancia y en la población adolescente. Sin embargo, una de las realidades más complejas, según Mayobre, es la atención a los adultos mayores. «Tenemos programas para los más jóvenes, pero no para la población envejecida. Acá el adulto mayor está incorporado a la familia con muchas dificultades, porque generalmente se trata de una familia monoparental, con mujeres a cargo. Y son los más chicos quienes, de alguna manera, terminan haciéndose cargo de sus mayores.»
En Casavalle, el único centro que atiende a adultos mayores es la congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. «Somos una sociedad envejecida, con un montón de gente que ha vivido toda su vida trabajando y que cuando llega a la vejez se encuentra sola. El país necesita ponerse a pensar de qué manera va a atender estos cuidados», concluye.
Atrás de la fortaleza
Beatriz Villalba es referente barrial del Cerro. Participa activamente en el grupo de vecinos del Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas, ubicado entre las calles Ucrania y General Da Costa. «Acá pastaban las vacas antes de ir al matadero, y después funcionó el obrador de la regasificadora», cuenta a Brecha.
Beatriz tiene 60 años y toda su vida transcurrió en el barrio. Su casa está a pocas cuadras del parque, sobre la avenida Profesor Jorge Chebataroff, en una zona de viviendas idénticas construidas para los extrabajadores de los frigoríficos Swift y Nacional.
El Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas funciona desde 2007 y, como indica su nombre, ocupa una extensión de 70 mil metros cuadrados. «Hace poco se inauguró la iluminación de la cancha de fútbol, pero también tenemos patín, tenemos tango. Desde el más chiquitito al más veterano usa el espacio en distintos momentos de la semana», dice Beatriz.
Cuenta que, además del problema de la seguridad, la falta de una política de vivienda es un tema que preocupa a los y las vecinas. Si bien no se han conformado nuevos asentamientos, cada vez surgen más ranchos instalados de forma precaria en distintas calles: «Si mirás desde el puerto de Montevideo hacia el Cerro, de repente no los ves, pero si venís para el lado del memorial de los desaparecidos, hay todo un monte grande detrás de la Fortaleza, donde cada vez que pasás decís: “Mirá, este ranchito no estaba la semana pasada”».
Tampoco la gente en situación de calle. Enfrente a su casa, dice, «hay una capilla de la Iglesia católica, y detrás hay campamentos enteros de gente durmiendo. Personas que vos nunca viste en el barrio, que no sabés de dónde vinieron». De acuerdo con Beatriz, no son familias, son personas «vinculadas al tema adicciones».
El Cerro no cuenta con refugios para personas en situación de calle. Beatriz relata que planteó esta preocupación en el Consejo del Parque Deportivo y Recreativo 7 Hectáreas y en la Junta Local de Drogas. Propuso que se habilitaran los baños para atender a esta población; «un lugar donde la gente pudiera darse una ducha, comer algo, lavar su ropa o lo que fuera», explica.
A su vez, hace cuatro meses, dejó de funcionar la última olla popular que atendía los viernes en la parroquia San Alberto Hurtado. «Mandaron al cura párroco a otro departamento y la olla que era chiquitita desapareció.» Antes había cerrado la olla que atendía la Iglesia evangélica, una que administraba el Movimiento de Participación Popular y otra que organizaban trabajadores de la empresa Tenfield. «Había mucha gente que comía ahí», dice.
Para la población del Cerro, el comedor comunitario más cercano, gestionado por el MIDES, queda en La Teja. Otra opción que tienen los vecinos es recurrir a la canasta de alimentos que se solicita en el centro territorial del MIDES que funciona en el Hospital del Cerro. «Pero es una canasta provisoria para gente que no tiene nada. Yo acompañé una vez a una señora que había quedado viuda. Buscaron su casa en el mapa satelital y le dijeron: “No, señora, si usted vive en esta casa, no tiene derecho”.»
Según Beatriz, la atención a las infancias también es una deuda. «En campaña electoral, vino quien ahora es el ministro de Educación y Cultura, y le dije: “Un debe que tenemos en el barrio es que las escuelas que funcionan en turno de cuatro horas pasen a ser de tiempo completo”.» Actualmente, en el Cerro solo hay dos escuelas con jornada extendida.
«Con eso no solamente te asegurás la alimentación del niño, sino que está protegido y educado. Lo digo con conocimiento, porque a mí me ayudó cuando mis hijos eran chicos. Yo pude terminar de estudiar y seguir trabajando», recuerda.
***
Mides de oficina
Según señalaron los referentes barriales a Brecha, el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) es una de las entidades estatales que más presencia perdió en los territorios. En 2021, dejó de funcionar el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), que contaba con cerca de 40 oficinas solo en Montevideo. De acuerdo con Ana Casteluccio, vocera de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del MIDES (Utmides), el trabajo que realizaba esta unidad fue sustituido por la figura de los técnicos territoriales. «La diferencia es que el SOCAT estaba inserto en la comunidad. Ahora los técnicos, aunque son trabajadores comprometidos, se limitan a tareas de recepción y casi no salen al territorio.» Casteluccio dice que lo mismo ocurrió con otros programas del ministerio, como Jóvenes en Red o los Equipos Territoriales de Atención Familiar, que fueron reformulados, «convirtiéndose en un MIDES de escritorio».
Según dijo a Brecha Mercedes Clara, directora nacional de Gestión Territorial del ministerio, la actual administración no tiene previsto reinstalar los programas que fueron desarticulados, sino que busca evaluar la experiencia acumulada en los últimos 20 años, rescatando las buenas prácticas e identificando las limitaciones que implicó el trabajo en territorio. Clara adelantó que, junto con el fortalecimiento de la presencia territorial, se impulsarán espacios de participación para que las políticas sociales sean cogeneradas con las organizaciones que tienen presencia activa en los barrios.