Cárcel Comcar (archivo). Foto: Alessandro Maradei
Amnistía Internacional advierte por “signos de debilitamiento del sistema de garantías de derechos” en Uruguay
La Diaria, 29-4-2025
Correspondencia de Prensa, 3-5-2025
En el ámbito carcelario persisten las condiciones de deterioro sin que se avance hacia una política sólida de rehabilitación para las personas privadas de libertad, destacó.
Un año más, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, basado en la evaluación de 150 países. El capítulo ampliado sobre Uruguay parte de una pregunta disparadora: “¿Está Uruguay llegando a un punto de no retorno en materia de derechos humanos?”.
La edición 2025 del informe de AI y su capítulo dedicado a la realidad uruguaya adquiere una relevancia especial, enmarcada en el 40º aniversario del retorno de la democracia, que coincide además con los “40 años ininterrumpidos de presencia de AI en Uruguay”. La organización evaluó las situaciones en torno a la libertad de expresión, las personas privadas de libertad, la impunidad por crímenes del pasado reciente, los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la violencia basada en género y los derechos al cuidado, la salud y a un medioambiente saludable.
El informe sostiene que, durante 2024, se continuaron detectando signos de debilitamiento del sistema de garantías de derechos en Uruguay, como se viene afirmando desde hace varios informes. Es el resultado, entre muchas cosas, de un aumento “exponencial” sostenido del número de personas privadas de libertad, así como del deterioro de las condiciones penitenciarias; de los magros avances en el “esclarecimiento de la suerte corrida por las personas desaparecidas” en la última dictadura militar; de la persistencia de las cifras altas de denuncias de violencia de género contra las mujeres y el registro de “casos de vulneraciones de derechos de niñas y adolescentes institucionalizadas que se encuentran bajo la tutela del Estado”.
AI da cuenta del proceso para la elección de un nuevo gobierno nacional en 2024, un contexto “propicio para recordar al sistema político su responsabilidad en el marco de garantizar que el sistema de garantías de derechos de Uruguay no se debilite ni presente vulneraciones”. Sin embargo, afirma que en 2024 “se han evidenciado situaciones de uso indebido del aparato del Estado por parte de autoridades o personas con cargos de responsabilidad, como casos de vigilancia ilegal e identificación de víctimas denunciantes”, a la vez que observa con preocupación “fallas en las capacidades estatales para atender adecuadamente algunas situaciones urgentes”.
Libertad de expresión y acceso a la información pública
La organización sostiene que a 16 años de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública, “aún persisten obstáculos que impiden avanzar hacia una cultura plena de transparencia en el país”. Además, aunque el país mejoró su posición en el ranking de Reporteros sin Fronteras en materia de libertad de expresión, “aún se considera que este derecho enfrenta problemas significativos en el país”.
“Amnistía Internacional ha enfrentado diversos obstáculos en este sentido al elaborar el presente informe, sin poder acceder a información pública de calidad y actualizada referida a 2024, y que tenía por objetivo evaluar el impacto efectivo de la implementación de las políticas públicas que deben brindar garantías para el ejercicio de los derechos humanos de la población”, afirmó la organización al referirse a los obstáculos al acceso a la información pública.
AI recordó que el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) registró, entre el 1° de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, 59 casos de restricciones y amenazas a la libertad de expresión de periodistas, al tiempo que “continuaron aumentando los ataques y agresiones a periodistas, duplicándose respecto del año anterior, alcanzando 13 episodios”.
Asimismo, el informe llama a las autoridades y a la población a “prestar atención” a las acciones legislativas que “podrían afectar el pluralismo y la diversidad de medios en el país”, como la Ley de Medios, a la que se introdujeron modificaciones en 2024 y fue reglamentada por el presidente Luis Lacalle Pou a dos semanas de traspasar el mando; posteriormente fue suspendida por el nuevo gobierno.
Personas privadas de libertad
En materia de la situación de las personas privadas de libertad, la organización afirma que en 2024 “las deficientes condiciones carcelarias denunciadas en años anteriores persistieron sin que se vislumbrase el avance hacia una política robusta de rehabilitación de personas privadas de libertad”.
El aumento de 15.000 personas privadas de libertad en 2023 a 16.118 a finales de año, según la información de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, “visibiliza las condiciones de hacinamiento que continúa experimentando el sistema penitenciario”, condiciones que además se evidencian con los casos de muertes por incendio en las unidades penitenciarias. AI recordó el fallecimiento de seis personas privadas de libertad en un incendio intencional en el módulo 4 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), en setiembre de 2024, y de otras seis en diciembre de 2023 en el mismo módulo y por el mismo motivo.
El informe también alerta sobre el aumento del número de mujeres privadas de libertad, que en los últimos 20 años se incrementó en un 965%. A diciembre de 2025, 1.344 mujeres se encontraban privadas de libertad y, a su vez, 70 niñas y niños se encontraban bajo custodia junto a sus madres, recoge AI de los datos de la Oficina del Comisionado Parlamentario.
Asimismo, apunta que, como “consecuencia directa de las disposiciones” de la Ley de Urgente Consideración, “alrededor del 50% de las mujeres que se encuentran privadas de libertad es a causa de los delitos asociados al microtráfico” de drogas, lo que resulta “preocupante, dado que el hacinamiento en los centros de reclusión de mujeres se encuentra en estado crítico”.
Impunidad por crímenes del pasado reciente
En 2024 se identificaron los restos de dos desaparecidos de la última dictadura militar: Amelia Sanjurjo en mayo y Luis Eduardo Arigón en setiembre. Más allá de estos hechos, AI considera que “no se han producido avances sustantivos en lo que a las investigaciones sobre personas desaparecidas en este período se refiere” y, por tanto, se mantiene “una impunidad estructural en cuanto al derecho a la justicia, la verdad y la reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad”.
“Es urgente que el sistema político establezca nuevos lineamientos sobre este tema, que permitan tener avances sustantivos en materia de memoria, verdad y justicia, y brinden garantías de no repetición en el país”, afirma.
Derechos de niños, niñas y adolescentes
La organización hace hincapié en el caso de la adolescente de 16 años, institucionalizada bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas, que falleció después de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro.
“La agenda de derechos sexuales y reproductivos sigue teniendo dificultades y obstáculos para la prevención, abordaje y reparación de situaciones de embarazo infantil”, afirma AI, que entiende “menester” que el Estado y sus organizaciones lleven adelante “acciones integrales y articuladas” para dar respuestas específicas sobre la “prevención de la violencia, abuso y maltrato a niños, niñas y adolescentes, para que puedan disfrutar de una vida digna sin violencia ni discriminación”.
AI también destacó que, en el marco del Día Internacional de la Mujer este 2025, se desarchivara en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que establece aumentar la edad para contraer matrimonio de 16 a 18 años, una preocupación reiterada en informes anteriores, en línea con la recomendación de organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Cedaw).
Violencia basada en género
“Uruguay continúa siendo un país hostil para las niñas y mujeres que habitan su territorio”, asevera el informe, que da cuenta de que los delitos basados en violencia de género se han mantenido al alza y vincula la situación con los obstáculos “que aún persisten en la aplicación de la ley de violencia de género (19.580) debido a la falta de asignación de los recursos necesarios para la creación de juzgados polivalentes capaces de tratar todos los asuntos relacionados con la violencia de género”.
“La debilidad de la política pública en esta materia y las carencias de los operadores judiciales y policiales al momento de atender situaciones de violencia de género sitúan a Uruguay como uno de los países, a nivel global, con mayores problemáticas en materia de garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia”.
Derecho al cuidado y a la salud
Sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, AI sostiene que, a nueve años de su creación, su funcionamiento es “deficiente” y su población objetivo “no está pudiendo acceder a la atención determinada en la ley”, por lo que está “siendo vulnerado su derecho humano al cuidado”.
A su vez, la dificultad en el acceso a cuidados de las personas en situación de dependencia severa “impacta directamente en la vida de las mujeres, quienes destinan mayoritariamente su tiempo al trabajo no remunerado”.
“Mientras que el Estado uruguayo no implemente efectivamente el SNIC, no sólo se estarán vulnerando los derechos de las personas en situación de dependencia, sino también los derechos de las mujeres”, afirma el informe.
En cuanto a la salud, AI pone el foco en los obstáculos en el acceso a la salud mental que persisten en Uruguay, donde se registra un promedio de 16 muertes por semana a causa de suicidio, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, dado que el Ministerio de Salud Pública “no contaba con la sistematización del número de suicidios ocurridos en Uruguay durante 2024”, señala Amnistía.
Por último, sostiene que, a siete años de la aprobación de la Ley 19.529 de salud mental, “aún no ha sido reglamentada en su totalidad”. Por ejemplo, aún resta reglamentar “aquellas disposiciones que se refieren al establecimiento de dispositivos alternativos a la manicomialización de las personas usuarias del sistema de salud mental”, por lo que no se ha avanzado en el proceso de desmanicomialización “ni se ha establecido el cronograma de cierre de las instituciones psiquiátricas”, como prevé la ley.