Protesta por la falta de acceso a agua potable, en el centro de Montevideo, en mayo de 2023. Matilde Campodonico (AP)
Descarte del proyecto Neptuno: “Gran triunfo” para organizaciones sociales aunque plantean dudas sobre contrato con el consorcio privado
Yamila Silva Carro
La Diaria, 17-7-2025
Correspondencia de Prensa, 19-7-2025
El diputado colorado Walter Cervini convocó al Parlamento al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que dé explicaciones sobre la decisión y marque “una hoja de ruta” sobre futuras obras.
Luego de 90 días de negociación entre el Poder Ejecutivo y el Consorcio Aguas de Montevideo, el gobierno definió no llevar a cabo el proyecto Neptuno, que buscaba construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí, en el departamento de San José, que tomaría agua del Río de la Plata. En su lugar, fuentes de la negociación señalaron a este medio, luego de la reunión, que el gobierno propuso a los privados la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes, que produzca 200.000 metros cúbicos de agua potable por día.
Este anuncio causó celebraciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, críticas y también algunas dudas sobre el futuro de estas obras. El senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, dijo este jueves que la decisión “llama la atención”. A su vez, sus correligionarios, el diputado Walter Cervini y el exministro de Ambiente Robert Bouvier -ambos del sector Vamos Uruguay- emitieron un comunicado en el que lamentan la decisión del gobierno, que a su juicio “representaba una solución concreta, planificada y aprobada para asegurar el abastecimiento de agua potable en el país”.
En su cuenta de X, Cervini apuntó que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio (FA) “no hicieron nada para tener un rumbo con el agua potable”. “Dejamos una solución pronta y posible, volvieron al gobierno y otra vez estamos en foja cero. Tomemos en serio las consecuencias del cambio climático”, expresó.
Bouvier consideró que la solución propuesta por el gobierno “es una incógnita” y “se enmarcaría en una propuesta global que nadie conoce”. “Tranquilidad de conciencia por haber dejado una solución pronta y posible”, destacó.
Estas críticas derivaron en una convocatoria de Cervini al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes para el 4 de agosto. Consultado por la diaria, señaló que la citación es para que el secretario de Estado explique el “rumbo que van a tomar”, y que la intención es que “se defina si van a tener una hoja de ruta para seguir con el agua potable”. Apuntó que tienen “dudas” sobre el cumplimiento del contrato en lo vinculado a lo jurídico.
El diputado dijo que quieren conocer sobre “el proceso, el contrato y las negociaciones” que se mantuvieron con el grupo de privados en estos meses, e indicó que no descartan volver a citar a comisión “si no hay explicaciones suficientes o si los planteos no son claros”.
“No se construiría la planta en Arazatí, pero parece ser que se mantiene con vida el contrato”
En abril, 80 organizaciones socioambientales enviaron una carta a Orsi para solicitarle que anule el contrato del proyecto Neptuno, pedido que se arrastra desde el período de gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando comenzaron las negociaciones con el consorcio privado. La Agrupación Tucu Tucu de San José expresó a través de un comunicado en sus redes sociales su “inmensa alegría” y agradeció “a cada persona, organización social y sindical, a la academia” que “desde un inicio se mostraron preocupados por el proyecto Neptuno, aportando investigación acompañada de charlas informativa”. “Saludamos cada movimiento que se negó al proyecto, siendo tolerantes con las diferentes formas de pensar y siempre respetando la autonomía de los grupos”, concluyeron.
Once días antes de enviada esa carta al presidente, este colectivo y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) anunciaron que presentarían una nueva acción judicial de nulidad contra la iniciativa. María Selva Ortiz, referente de CNDAD y de Redes-Amigos de la Tierra, dijo a la diaria que la decisión del gobierno de dejar sin efecto las obras en Arazatí “es un gran triunfo popular” y “de toda la resistencia que se ha venido haciendo durante todos estos años”.
Sin embargo, resaltó que desde el colectivo están en “alerta” debido a la “preocupación” de lo que se negocie con el consorcio. “Eso no queda claro, nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial, ni en lo que se filtró a la prensa en el día de ayer surge nada con respecto a eso”, dijo, y por eso están “expectantes”.
Lo mismo entiende Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que también emitió un comunicado en el que expresa que ven con “beneplácito” la noticia de que no se tome agua del Río de la Plata, “en especial en la zona de Arazatí técnicamente cuestionada por temas de salinidad y contaminación”. En diálogo con la diaria destacó que “se dice que no se construiría la planta en Arazatí pero parece ser que se mantiene con vida el contrato, y ahí nosotros nos encontramos con un problema”.
En ese sentido, subrayó que si la iniciativa no se realiza en Arazatí, y que “sólo con cambiarlo de lugar”, esta “ya deja de ser la iniciativa privada del consorcio y pasa a ser otra cosa”. “No entendemos cómo una empresa que supuestamente tenía para hacer una determinada obra terminaría haciendo otra que se le asignaría directamente, sin licitación; entendemos que no es aceptable”, remarcó.
El comunicado de Movus también subrayó que “nada de esto hubiera sucedido sin la movilización social que, con apoyo técnico y académico, puso en evidencia los problemas legales, ambientales, sociales y económicos del proyecto”.
Por su parte, el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Carlos Larrosa, dijo a la diaria que, en primer lugar, la decisión “es un gran triunfo” para el sindicato y el resto de las organizaciones sociales. De todas formas, apuntó que “hay dudas sobre las obras” y que “falta la información de hacia dónde se reorientarían las obras, por lo menos en forma oficial y bajo qué modalidad de contrato”.
“Hoy festejamos, pero mañana ya nos vamos a poner celosos del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que es que no impliquen estos nuevos contratos nuevas formas de privatización, que cambie también el modelo económico”, enfatizó.
“Estamos volviendo al curso que las cosas tienen que tener en Uruguay”, dijo Cosse
La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se refirió al tema en rueda de prensa este jueves y dijo estar satisfecha con la decisión. Además, habló sobre la construcción de la represa en Casupá y señaló que “es un compromiso que se ha expresado más de una vez”, y que de esa forma se queda “mucho más tranquila”.
Afirmó que la resolución tiene que ver con “lo natural en el decurso de lo que ha sido la política con respecto a los recursos naturales y el agua del Uruguay”, y destacó que “lo que pasó fue algo que se salió de eso y estamos volviendo al curso que las cosas tienen que tener en Uruguay”.
En la misma línea, el presidente del FA, Fernando Pereira, señaló a la prensa que tomar agua del Río de la Plata “había sido la última posibilidad”, con base en “todas las investigaciones que había hecho OSE sobre cuáles eran las mejores formas de contribuir al agua en el área metropolitana. “Estábamos convencidos de que este no era el camino; el gobierno decidió descartar, no va a haber plan Neptuno y siguen las negociaciones en estas horas para obras alternativas que garanticen el agua potable”, remarcó.
Manini sobre Neptuno: “Nació herido” y “no cabe duda que si no hacemos algo, tarde o temprano vamos a colapsar”
Este jueves, el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue consultado sobre la decisión del gobierno de poner fin al proyecto Neptuno, y consideró que “nació herido [y] cuestionado por buena parte de la sociedad”. “Supongo yo que los estudios habrán arrojado que es conveniente dejarlos sin efecto e ir por otro proyecto”, evaluó, aunque dijo carecer de “los elementos para decir si era lo mejor para el Uruguay o no”.
De todas formas, remarcó que “no cabe duda que si no hacemos algo en materia de agua potable para el agua metropolitana, tarde o temprano vamos a colapsar, y va a ser gravísimo para todos”. “Creo yo que no podemos seguir en discusiones porque tarde o temprano, la naturaleza nos va a pasar la factura”, concluyó.
Respecto a si entiende que fue conveniente que la administración pasada haya optado por concretar el proyecto a meses de finalizar el período de gobierno, valoró: “Si ahora se cancela y genera algún tipo de multa al Uruguay, uno puede decir que no fue oportuno”.
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Gobierno confirmó que en lugar del proyecto Neptuno se construirá otra planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía
La Diaria, 18-7-2025
Después de casi tres meses de negociación, se llegó a un acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo por la modificación del contrato con obras en Arazatí.
Tras más de cuatro años de movilizaciones socioambientales, sindicales, análisis académicos, técnicos y acciones jurídicas, el gobierno de Yamandú Orsi descartó el proyecto Neptuno-Arazatí, iniciativa promovida por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo–. En este contexto, en un día movido, en el que el gobierno también convocó a una reunión tripartita por la situación de la pesca, en la noche de este viernes también hubo una conferencia de prensa para dar a conocer, de manera oficial, el descarte del proyecto Neptuno.
La conferencia estuvo encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el representante del consorcio, Alejandro Ruibal.
Sánchez expresó que el acuerdo al que se llegó en estos tres meses de negociación es “cambiar algunos de los términos del contrato” firmado días antes de que el expresidente Luis Lacalle Pou terminara su mandato. Es así que, según explicó, se utilizará ese mismo contrato para construir una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía en la zona de Aguas Corrientes, que procesará hasta 200.000 metros cúbicos de agua, que se sumarían a los 670.000 que la actual planta produce. “Esta nueva potabilizadora va a permitir tener justamente cerca de 900.000 metros cúbicos de producción de agua potable que garantiza el abastecimiento”, detalló.
En ese sentido, destacó que es “clave” poder garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana hasta 2045, ya que “es un factor importante para el bienestar de todos nuestros ciudadanos”. De esa forma, señaló que cuando se inició el proceso de negociación, el “objetivo principal” era garantizar este acceso, en el marco de una rediscusión de un contrato que “oportunamente” firmó el Estado uruguayo con el consorcio, “con los mismos objetivos y en el mismo paraguas”, ya que lo firmado “establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana”.
Además de la construcción de esa planta, Sánchez anunció que el contrato va a implicar la construcción y reparación de cañerías sobre la “quinta línea de bombeo que ya existe”, lo que “garantiza”, “fortalece” y “robustece” el sistema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”. El secretario de Presidencia también destacó que se va a construir una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico, sumado a una “pequeña potabilizadora”. De esa forma, continuó, se podrá “solucionar los problemas de acceso al agua potable de toda la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando”.
Explicó que estos “componentes” formaban parte de los “ejes” incluidos en el contrato original, que estaban centrados en la toma de agua del Río de la Plata, y que, en función de las restricciones fiscales y “necesidades económicas del país”, lograron “realizar estas obras” en el marco de este contrato, con “un costo de dos tercios de lo que estaba planteado”. “Es decir que logramos abaratar un tercio los recursos que estaban disponibles para la construcción de lo que era en aquel momento el proyecto Neptuno”.
Sánchez subrayó que con la incorporación de 200.000 metros cúbicos más de potabilización y la futura construcción de la represa de Casupá “con represamiento de agua potable, de agua bruta”, se da “garantía” y “robustez” al sistema de abastecimiento.
Gestión a cargo de OSE y multas
Otra de las novedades anunciadas por Sánchez, y que tiene que ver con un aspecto que fue un punto central en las discrepancias con este proyecto, es que “la gestión de la potabilizadora de agua potable” va a estar a cargo de OSE y no del consorcio, como en el contrato original. “Salvamos las discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República”, afirmó, en referencia a la disposición de la carta magna de que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Ahora comenzará una etapa “bien importante”, añadió, que implicará modificar las “adendas correspondientes al contrato”, y que este pase al Tribunal de Cuentas, “a efectos de que la cristalinidad, la transparencia y el apego a las normas sea lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones”.
El gobierno firmó una prórroga hasta el 31 de agosto para cambiar las cláusulas del contrato, y también para que el Tribunal de Cuentas “pueda considerar esa revisión” y así el año que viene se pueda comenzar las obras, y “cumplir con el objetivo”, que es garantizar el acceso al agua potable.
Consultado sobre si el Estado tiene que pagar alguna multa por estas modificaciones, Sánchez respondió que no, ya que “lo que prima es la autonomía de las dos partes”. “Si ese contrato no se cumple por una de las partes, obviamente todos los contratos tienen multas, pero en este caso ambas partes hemos acordado modificar oportunamente el contrato, y por tanto no hay ninguna multa”, explicó.
Agregó que “varios de los estudios que están planteados” sobre la cuenca del Santa Lucía indican que se trata de una cuenca que “da garantías de poder justamente cumplir con el abastecimiento”. A su vez, destacó que los terrenos donde se va a construir “son parte de OSE”, por lo que “no hay que expropiar ningún tipo de terreno”.
En cuanto a si para hacer este tipo de obras no correspondía un llamado a licitación, como fue planteado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Sánchez dijo que el camino que se eligió es “ampliar el contrato”, lo cual “sucede en muchas obras públicas donde se amplían los contratos y se incluyen otras obras”. “Es en ese marco y en ese paraguas legal que nosotros lo que estamos haciendo es: el conjunto de obras que estaban localizadas en un lugar, las colocamos en otro lugar y estamos haciendo las mismas obras”, detalló, y agregó que por eso “no es necesario” hacer otro llamado a licitación.
Negociación con el consorcio
El secretario destacó la “flexibilidad” de los privados en el proceso de negociación así como “su voluntad de trabajar profesionalmente” para “garantizar ese objetivo central”. “Lo hemos hecho de una manera muy cómoda, muy tranquila, con muchos debates, con varias mesas que estuvieron trabajando los aspectos jurídicos, los aspectos técnicos, los aspectos ambientales, y hemos llegado a esta conclusión que es una muy buena solución para el país”, profundizó.
En ese sentido, Ruibal resaltó que desde el consorcio trabajan para el Estado uruguayo, y que su intención es “que le vaya bien al Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos”. “Eso es una cosa importante, y todo lo que hemos hecho fue con la mejor intención”, remarcó.
Por lo tanto, dijo que estas obras generarán empleo y también ayudarán a “bajarle el riesgo a la compañía de agua OSE, que hoy en día justamente está administrando una situación compleja”.
“Vamos a seguir apoyando, vamos a seguir involucrados, vamos a seguir marcando nuestros puntos cuando no opinemos lo mismo, como lo hemos hecho, pero vamos a seguir apostando al país”, concluyó, y remató con una frase en latín: Roma locuta, causa finita, que significa “Roma ha hablado, el caso está terminado”.
Ministerio de Ambiente: “buena solución para el país”
Por su parte, el ministro Ortuño escribió en su cuenta de X que el acuerdo alcanzado es “una buena solución para el país y para la población. Lo es en tanto con estas obras, junto a la Construcción de la Represa de Casupá, se asegura el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana y la Costa de Oro, se ahorran importantes recursos del Estado y se cumple con lo establecido en la Constitución de la República consagrado en un plebiscito con amplio apoyo ciudadano”.
Además, el ministerio destacó “el aporte de la academia y de las organizaciones sociales en este proceso, así como la oportunidad y la necesidad de avanzar hacia una verdadera Política de Estado sustentada en amplios consensos que tenemos por delante”.
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Adiós al Río de la Plata: gobierno cambia y concentra en el Santa Lucía el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana
Santiago Soravilla
El Observador, 19-7-2025
El gobierno y el consorcio privado confirmaron la construcción de una nueva planta de agua potable en Aguas Corrientes y dejaron de lado Arazatí; también se construirá un embalse y una planta en Solís Chico para abastecer la Costa de Oro.
El gobierno de Yamandú Orsi celebró este viernes haber cumplido uno de sus compromisos: evitar la construcción de la planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José) mediante un cambio en el contrato que supondrá la realización de una planta en Aguas Corrientes y otra en Solís Chico donde también habrá una reserva de agua dulce.
El anuncio fue realizado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri. La mesa la completó el empresario Alejandro Ruibal en representación de Saceem, Berkes y Ciemsa, las tres empresas uruguayas que forman parte del consorcio que había presentado la iniciativa privada y ganado la licitación.
Sánchez y Ruibal, los únicos que hablaron, celebraron la modificación realizada de “mutuo acuerdo” y dijeron que las adendas serán elevadas al Tribunal de Cuentas una vez que estén finalizadas (antes del 31 de agosto).
El secretario de la Presidencia aseguró que las obras permitirían garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana hacia 2045, el objetivo del gobierno. La previsión para esa fecha es que el consumo esté en 835 mil m3 por día (actualmente el sistema puede producir hasta 700 mil m3).
El jerarca señaló que la modificación suponía una disminución de un tercio en el costo, dado que la nueva infraestructura cuesta unos US$ 200 millones (los números no están cerrados aún). El Estado hará pagos por disponibilidad y mantenimiento una vez que esté construida y funcionando.
En el Ejecutivo piensan utilizar el dinero “ahorrado” para la construcción del embalse en Casupá, algo que se hará por fuera del contrato pero que permitirá darle mayor robustez al sistema (supondrá ganar reservas por 120 millones de m3).
El secretario de la Presidencia anunció un cambio en la operación de la toma de agua bruta, que pasará a estar a cargo de OSE (en Arazatí eran los privados), algo que permite despejar las dudas sobre posibles incumplimientos del artículo 47 de la Constitución denunciados. Este artículo dice que «el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».
En el arroyo Solís Chico se construirá una reserva de agua bruta de 6 millones de m3 y una planta con capacidad de potabilizar hasta 24 mil m3 por día que estará destinada a asegurar el abastecimiento en la Costa de Oro desde el arroyo Pando hasta Jaureguiberry.
¿Distinta fuente?
El cambio central en el proyecto será que la toma y la planta estarán en Aguas Corrientes, al lado de la que tiene OSE actualmente, y no en Arazatí sobre el Río de la Plata. Ante una consulta en la conferencia, tras bromear con que no le habían puesto nombre, adelantó que le llamarán “esperanza”. Esperan que las obras comiencen al año que viene.
Sánchez anunció que producirá 200 mil m3 por día (lo mismo que la de Arazatí) que se inyectarán al sistema que está funcionando. Dijo que los estudios que tenían a disposición mostraban que el río Santa Lucía era superavitario, lo que significa que tiene caudal suficiente para aportar esa cantidad.
Si bien el jerarca señaló que los 200 mil m3 se aportarán desde una “distinta fuente” a la que hay hoy (el río Santa Lucía en el Paso de las Piedras), eso es incorrecto ya que la toma estará en el mismo lugar que la ya instalada.
Desde el gobierno reconocieron a El Observador que con las obras que se harán en el Santa Lucía habrá potencialmente dos fuentes alternativas (Casupá y Paso Severino) aunque para eso será necesario conectar alguno de esos embalses con la nueva planta, algo que deberá hacerse a futuro.
Al justificar la decisión del traslado desde la “fuente inagotable” del Río de la Plata -como la llamó- a la “superavitaria” Santa Lucía, Sánchez aseguró que había razones ambientales, técnicas y económicas. Habló de que los gobiernos debían “encontrar el óptimo” y, para ellos, esto se lograba “ubicando este conjunto de obras en el Santa Lucía e incorporando Casupá, que le va a dar fortaleza y robustez” al sistema metropolitano.
Si bien tenía la autorización ambiental previa, la planta de Arazatí recibió desde el primer momento cuestionamientos ambientales, técnicos y sociales por afectar al balneario, episodios de salinidad, floraciones de cianobacterias y estar inserta en campos de alta calidad.
Debates políticos y ambientales
La decisión de dejar por el camino Arazatí generará debates políticos ya que el proyecto fue uno de los principales hitos de la administración de Luis Lacalle Pou.
El gobierno pasado argumentaba como principal virtud de la obra que tenía una “fuente infinita” e independiente al Santa Lucía, algo que fue retomado este sábado por el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al mencionar que podría haber sido útil en la sequía del año 2023. Sin conocerse los detalles, Ortuño ya fue convocado al Parlamento por el diputado colorado Walter Cervini. Irá el 4 de agosto.
Pero el cambio también generará discusiones ambientales por la dependencia de una cuenca cuyo estado no es óptimo y reportó problemas en la década pasada.
De hecho, en octubre del año pasado, Ambiente presentó los resultados del último monitoreo del río Santa Lucía, el cual señala que en términos generales todos los cursos de la cuenca mostraron mejores niveles de cumplimiento de la normativa en la cuenca alta, con un gradual deterioro en el tramo medio y hacia la desembocadura.
El informe da cuenta de incumplimientos a la calidad exigida principalmente en dos parámetros. “El Fósforo total (PT) y nitrogenados son los parámetros que presentan mayor irregularidad en la cuenca”, dice y plantea que estos comportamientos están asociados al “aporte de nutrientes de origen difuso desde la cuenca hidrográfica, que se va incrementando por importantes aportes desde fuentes puntuales establecidas en las subcuencas del sistema”.
La vulnerabilidad a la dependencia de una única fuente (ese punto del Santa Lucía) fue mencionada por Mekorot en un informe contratado por la administración pasada, pero también por el BID en una consultoría en 2020. La nota técnica decía que el río está expuesto a eutrofización y contaminación agrícola, y planteaba que la diversificación de fuentes era clave ante la crisis climática y la presión agrícola.
Tras conocerse la noticia del cambio de ubicación, desde la Asociación de Limnología del Uruguay señalaron que era prioritario “proteger las cuencas relacionadas con el uso del agua potable” como la del Santa Lucía.
El planteo forma parte de la agenda del gobierno, ya que el ministro de Ambiente dijo en una entrevista con La Diaria que el objetivo es que “Casupá nazca con un área protegida asociada”. Uno de los temas a determinar será cómo evitar o compensar la tala de 400 hectáreas de monte nativo prevista para construir el embalse.
En el Poder Ejecutivo también apuestan a reforzar los controles y el monitoreo de la calidad de las aguas, al tiempo que señalan que el conjunto de soluciones (las nuevas plantas y la represa de Casupá) dan robustez al abastecimiento de cara al 2045. Para esa fecha, los cálculos indican que el consumo de agua potable en el área llegará a 835 mil metros cúbicos diarios, por lo que era imprescindible aumentar la capacidad de producción.