Román Munguía Huato
Liga de Unidad Socialista, marzo de 2026
Correspondencia de Prensa, 17-3-2026
“Vamos muy bien en nuestra estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos muy bien.” Andrés Manuel López Obrador (octubre, 2019).
1. La mañana del 22 de febrero en Guadalajara parecía un domingo apacible más para la mayoría de sus habitantes, era un día soleado y agradable; pero un rayo en cielo sereno cayó en la gran urbe causando desasosiego febril. El cielo azul en algunos puntos del horizonte citadino se empezaba a nublar por las columnas de las humaredas de los vehículos, locales comerciales y bancos quemados. Aunque hubo enfrentamientos armados entre células del narco y efectivos de la Guardia Nacional y policías, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se apoderó de la ciudad durante todo el día, atemorizando a la población.
La metrópoli de casi 5 millones y medio de habitantes empezó a ser escenario bélico con el estruendo de balaceras por doquier y en algunos lugares se incendiaban locales comerciales y todo tipo de vehículos para provocar narcobloqueos en avenidas importantes. Esta ciudad es la tercera más grande del país después de la zona metropolitana de la ciudad de México y Monterrey. Su área metropolitana, junto con diversos municipios del estado de Jalisco, registra el mayor número de narcobloqueos en el país desde hace 15 años.
2. La población entera entró en zozobra al conocer por la radio y televisión el operativo del Ejército en Tapalpa (municipio de Jalisco a 133 kilómetros de Guadalajara) en contra de Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, jefe del CJNG, y en cuestión de horas la ciudad se paralizó totalmente, pues la mayoría de la gente buscó el resguardo en sus casas. Cierto es que no era la primera vez que en la ciudad sucedía tal calamidad generada por la narcoviolencia–terrorista. Desde el 2011 ha habido narcobloqueos y quema de vehículos realizados por el crimen organizado; en agosto del 2012 hubo 16 bloqueos y el 1 de mayo del 2015 aconteció una de las jornadas más violentas perpetrada por el CJNG incendiando vehículos, autobuses y comercios en diversos lugares, incluyendo el derribo de un helicóptero del Ejército. Otros episodios violentos han ocurrido esporádicamente en años intermedios, caracterizados por el despojo de autos a civiles para prenderles fuego y bloquear vías principales.
3. Los “daños colaterales” por la narcoviolencia–terrorista en Guadalajara y otras ciudades a partir de la captura y muerte de El Mencho fueron: en primer lugar, la muerte de una mujer embarazada frente a sus hijos por balazos de sicarios a un modulo de seguridad policiaco en Zapopan, municipio de Jalisco; desde luego, este hecho es intencional y no un mero accidente en un fuego cruzado sino un vil asesinato dentro de un contexto generado por la violencia desatada por el CJNG; el recuento de víctimas durante el operativo fue por lo menos de 73 personas, incluida la muerte del propio Mencho; 28 efectivos de las Fuerzas Armadas, 3 del Ejército y 25 de la Guardia Nacional, y 34 sicarios del cártel; incendio de camiones de carga, autobuses del transporte público y autos particulares para bloquear carreteras en Jalisco y en tres entidades, y cierre de avenidas principales de la ciudad (se quemaron cerca de 95 vehículos); se reportaron 630 vehículos robados en todo el país, de los cuales 400 son de Jalisco; suspensión parcial de corridas de autobuses foráneos de la ciudad de México a Colima y Monterrey; suspensión casi generalizada del transporte público; aeropuertos cerrados y cancelación parcial de vuelos locales e internacionales en Guadalajara y Puerto Vallarta; mas 200 establecimientos comerciales quemados y vandalizados (88 por ciento; de las empresas en Jalisco sufrieron pérdidas económicas por 2 mil millones de pesos); desabasto de alimentos ocasionando largas filas para adquirir comestibles básicos; incendio de oficinas bancarias públicas (Bancos del Bienestar); suspensión de clases en todos los niveles educativos.
4. El gobierno de Jalisco activó el Código Rojo a partir de las 9 horas de la mañana del domingo y fue levantado el 24 de febrero de 2026. Dicho Código es la alerta máxima para la seguridad ciudadana e instaron a la población a no salir de sus casas. Aunque las cifras oficiales no coinciden, se dice que en el operativo en Tapalpa para capturar al capo di tutti i capi participaron entre 2 mil 500 y 10 mil efectivos de las fuerzas armadas. Cual haya sido la cifra, el hecho es que en Guadalajara hubo poca presencia de fuertes destacamentos militares y policiacos, quedando la ciudad prácticamente a merced de los ataques de los grupos armados de los sicarios del CJNG. Nunca hubo ningún retén militar ni policiaco en las principales carreteras de acceso a Guadalajara para detener el ingreso de estos grupos de sicarios que se desplazaron en autos, camionetas y motos para causar los disturbios. Según el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, hubo 37 enfrentamientos con civiles armados, 22 en el área metropolitana y 15 en otros municipios.
El Gobierno Federal dispone de un Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), órgano superior del Sistema de Seguridad Pública (SNSP), presidido por la titular del Poder Ejecutivo (Claudia Sheinbaum), e integrado por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (Omar García Harfuch), Gobernación (Rosa Ícela Rodríguez), Defensa Nacional (General Ricardo Trevilla Trejo), Marina (Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles), la Fiscalía General de la República (Ernestina Godoy Ramos) y gobernadores de las entidades federales, entre los principales miembros. Este CNSP, creado en 1995 durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce, es una formalidad política–burocrática, pues en los hechos prácticos es totalmente ineficiente; a su vez, el SNSP no tiene ninguna verdadera estrategia para atenuar el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana: La hiperviolencia social con las desapariciones y crímenes se ha agudizado en las últimas décadas, especialmente durante el pasado sexenio y el actual. Un ejemplo de la ineptitud del CNSP es lo acontecido dramáticamente en Guadalajara, pues a pesar de que conocía la inminente reacción violenta del CJNG con el operativo militar, nunca se estableció ninguna medida preventiva para la protección de la población, especialmente la de la zona metropolitana, epicentro de la narcoviolencia desatada ¿Por qué se dejaron las manos libres al CJNG acorde a la política neoliberal gubernamental de dejar hacer y dejar pasar (laissez faire, laissez passer) las actividades criminales de los cárteles de la droga? ¿Hay un propósito perverso de causar deliberadamente un shock a la población para que acepte el proceso de militarización creciente del país a partir de 2019? ¿Por qué tardó el gobierno federal 15 años en realizar el operativo pese a que el líder criminal tenía orden de aprehensión desde el 2012 por delincuencia organizada y secuestro? ¿También surge la pregunta de si hay un cambio radical de estrategia del gobierno federal en su política frente a las organizaciones narcotraficantes con el operativo en Tapalpa? Es decir, ¿“los abrazos y no balazos” se sustituyen por balazos y no abrazos? Consideramos que eso se verá en el futuro inmediato, pues el operativo del Ejército por el momento es un hecho aislado y tendría que haber muchas más acciones antinarcos y, sobre todo, si se configura realmente una estrategia de protección ciudadana, cuestión inexistente hasta el momento.
El 6 de marzo la presidenta Sheinbaum en Guadalajara realizó una reunión con su gabinete de seguridad y declaró que “estamos aquí para decirles a todos los jaliscienses que estamos trabajando juntos por la paz y seguridad de los habitantes de la entidad”. Aunque en realidad la reunión fue para que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expusiera que el Mundial de futbol a realizarse en junio será blindado con casi 100 mil efectivos como parte del Plan Kukulkán. Queda claro que la prioridad política no es la protección ciudadana sino proteger el negocio multimillonario de la FIFA y los socios empresarios.
5. El operativo militar: Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera “informativa” el 4 de marzo, asegura que la decisión de realizar el operativo para la detención del Mencho fue del Gobierno Federal, “una decisión soberana y responsable”, y no por la presión del gobierno de Estados Unidos; lo cierto es que la decisión fundamental fue del propio Donald Trump. En enero de este año, Trump exigió a Sheinbaum el desmantelamiento de la protección política que tienen los cárteles, amenazando con invadir con tropas militares o fuerzas especiales la frontera mexicana. En definitiva, hubo un ultimátum de Trump a Sheinbaum: ¡O te sometes o te invado! Además, el gobierno de Estados Unidos tiene una larga lista de operadores y políticos que han dado o dan protección a la mafia mexicana y eso esta haciendo temblar a políticos de las altas esferas gubernamentales. Entonces, la dimensión política prevaleció para dar luz verde al operativo instrumentado prácticamente por los altos mandos militares, en el que participaron asesores militares del Pentágono a través del Comando Norte y su brazo operativo: Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticártel (JIATF-CC, por sus siglas en inglés).
A finales de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el mérito del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presentándolo como un éxito directo de su estrategia de seguridad. Aunque es cierto que la coordinación logística del operativo en Tapalpa recayó en la responsabilidad de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la decisión política corresponde a Washington. Según la versión del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, un grupo de la Inteligencia Militar Central siguió el 20 de febrero a un «hombre de confianza» de una pareja de Oseguera Cervantes que llevó a esa mujer a Tapalpa para reunirse con el líder del CJNG. Los militares organizaron una operación con grupos especiales de operaciones por tierra y aire, que incluyó seis helicópteros. El grupo terrestre, continuó el secretario, llegó al lugar para detener al narcotraficante, pero su cuerpo de seguridad abrió fuego de inmediato. «Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada», aseguró. Al repeler el fuego, el Ejército abatió a ocho miembros del CJNG. «El Mencho» y parte de sus hombres intentaron huir a una zona boscosa. «Lo ubicaron entre la maleza. Ellos abrieron fuego contra las fuerzas especiales», dijo el general. Oseguera Cervantes fue alcanzado por el fuego del Ejército, al igual que dos de sus escoltas, quienes resultaron «gravemente heridos». Fueron trasladados en un helicóptero hacia una instalación militar en Jalisco, pero “murieron en el trayecto», aseguró Trevilla Trejo.
Trump está desesperado por ganar en noviembre próximo las elecciones intermedias en la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que la escalada bélica en el Medio Oriente, lo sucedido en Venezuela, al igual que las amenazas a Cuba, forman parte de una estrategia de campaña; es ahí donde entra su intención principal de aparecer como quien logra detener la amenaza migratoria con el ICE y resolver el problema del tráfico del fentanilo y su consumo letal. Por supuesto, está incluida la cuestión política de limpiar cualquier amenaza “terrorista” que obstaculice el gran negocio del Mundial de futbol, especialmente en México. Desde hace buen tiempo, Trump viene afirmando que los grupos del crimen organizado y narcotraficantes son asociaciones terroristas, lo cual es muy cierto, colocó a la organización criminal mexicana entre “las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo”, pero si algo sabemos es que Estados Unidos, su gobierno imperialista, es el más grande Estado terrorista de la historia moderna mundial desde 1945, de ahí su apoyo económico, político y militar al sionismo genocida en Gaza y la actual conflagración bélica contra Irán y Líbano. Más aún, la mayoría del armamento de los cárteles mexicanos provienen de Estados Unidos, de su industria fabricante de armas de fuego (pistolas, rifles y escopetas) que obtuvo ganancias, en 2025, arriba de 91 mil millones de dólares anuales, empleando casi 400 mil operarios.
6. El cártel más poderoso: El Cártel Jalisco Nueva Generación representa la fase superior del narcocapitalismo mexicano. Es una organización criminal que creció a la sombra del Estado como tantas otras con base a las redes de complicidad y protección para la impunidad. Como todo grupo mafioso, el CJNG tiene su propia historia, una verdadera historia sanguinaria y terrorista desde el 2007 hasta el presente. Dentro de los principales grupos de narcos sobresale el de Jalisco por su poderío económico y su estructura paramilitar. Se le considera el cártel más peligroso de México.
En febrero del año pasado, el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, señalaba a seis organizaciones narcotraficantes como grupos terroristas: Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noroeste (CDN), el Cártel del Golfo (CDG), la Nueva Familia Michoacana (LNFM) y Cárteles Unidos (CU); desde entonces todos están en la mira de este gobierno y el que ha sufrido el golpe más fuerte es el de la Nueva Generación con el abatimiento de su capo.
Se considera que el poder económico del CJNG se extiende a 40 países, según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés, creada en 1973); sus redes se expanden a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia, y dispone de un ejército de casi 20 mil miembros. Inició como brazo armado bajo el nombre de Los Mata Zetas siendo su líder El Mencho (1966–2026), hasta el 22 de febrero pasado que fue asesinado. Traficó a Estados Unidos fentanilo, metanfetaminas y otros estupefacientes.
El CJNG, a diferencia de otros grupos, ha modernizado una gran estructura corporativa económica–financiera en inversiones y lavado de dinero. El funcionamiento del cártel se sustenta en “Los Cuinis”, quienes son sus operadores financieros. El poderío reside en su capacidad operativa financiera multimillonaria que abarca a más de 90 organizaciones, lo que constituye la organización delictiva criminal más grande de México, con un portafolio diversificado de negocios nacionales y multinacionales: narcotráfico al menudeo y mayoreo, robo de combustible, trata de personas, tráfico de armas (especialmente de armas estadounidenses), robo de transportistas, contrabando, fraudes inmobiliarios, lavado de dinero, actos de terrorismo, vandalismo, extorsión, tala clandestina, robo a comercios y de vehículos, autogobierno penitenciario, robo a casas habitación, etcétera. Tiene alianzas con 70 grupos nacionales para negocios mercantiles y servicios, también con 62 grupos subordinados: bandas regionales que reciben ordenes y operan diversos negocios.
El historial delictivo del Mencho obviamente está asociado al cártel y está llena de atrocidades criminales lo que lo hizo el hombre más buscado en México y Estados Unidos.
De acuerdo con el Programa de Datos sobre Conflictos, adscrito al Departamento de Investigación sobre Paz de la Universidad de Uppsala, entre 1989 y 2024 han ocurrido en México 139 mil 762 muertes asociadas a la violencia no estatal. De ese total, en 73 mil 315 casos estuvo vinculado el CJNG, lo que equivale a un 54 por ciento de todas las muertes ocurridas por delincuencia organizada, grupos subversivos y demás agentes no estatales. Una comparativa: En la dictadura militar el fascismo de Pinochet arrojó 3 mil víctimas; con la dictadura militar en Argentina se estima entre 30 mil víctimas entre desaparecidos y asesinados.
Según las estadísticas definitivas y preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, la cantidad total acumulada de homicidios registrados en el país desde 1990 hasta el cierre de 2024 supera las 800,000 víctimas. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (diciembre 2018–2024) ha sido calificado como el más letal en la historia reciente, acumulando más de 200,000 víctimas en ese periodo.
El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura y el mexicano ofreció 300 millones de pesos. El nombre de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, se suma a una larga lista negra de poderosos capos de las últimas décadas, algunos muertos otros encarcelados y otros que siguen vivos: Héctor Beltrán Leyva (cártel de los Beltrán Leyva o cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico Sur); Joaquín “El Chapo” Guzmán (cártel de Sinaloa); Miguel Ángel y Omar Treviño (cártel de los Zetas); Mario Cárdenas Guillén (cártel del Golfo); Vicente Carrillo Fuentes /cártel de Juárez); los hermanos Arellano Felix (cártel de Tijuana); Ismael “el Mayo” Zambada (cártel de Sinaloa); Amado Carrillo Fuentes (cártel de Juárez); Rafael Caro Quintero (cártel de Guadalajara); Miguel Ángel Felix Gallardo (cártel de Guadalajara), entre otros.
7. Política gubernamental “contra” el narcotráfico: En diciembre del 2006 Felipe Calderón inició la “Guerra contra el narcotráfico”. El 11 de diciembre de 2006, se enviaron 6 mil 500 efectivos militares a Michoacán, marcando el inicio de la confrontación directa. El gobierno buscaba desmantelar las organizaciones criminales, especialmente el Cártel del Milenio, La Familia Michoacana y Los Zetas. La estrategia llevó a numerosas detenciones, pero también a una escalada en los homicidios y enfrentamientos en todo el país. Hubo entre 50 mil y 70 mil muertos durante esta “guerra”.El responsable de la seguridad pública Gerardo García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada.
Vicente Fox liberó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, el 18 de enero de 2000, a mes y medio de haber tomado posesión como presidente de México, y Felipe Calderón dejó libre a Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 27 de agosto de 2012, a tres meses de dejar el cargo, ambos casos en Jalisco, sede de cárteles y donde se instaló el horror. También Andrés Manuel López Obrador soltó en Sinaloa a Ovidio “El Ratón” Guzmán, el 17 de octubre de 2019, a quien después recapturó y extraditó. Enrique Peña Nieto continuó con la política de Calderón y la “seguridad pública” estuvo a cargo del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La política gubernamental contra el narcotráfico y la inseguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) consistió en una retórica de no confrontación con los grupos del crimen organizado, caracterizándose por la consigna de “abrazos, no balazos”, la creación de la Guardia Nacional, regida por la Secretaría de la Defensa Nacional e impulsando un proceso de militarización de la seguridad pública. A pesar de las promesas de campaña de regresar al ejército a los cuarteles, el gobierno de AMLO incrementó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, construcción de infraestructura y control de aduanas. El sexenio obradorista ha sido señalado por registrar altas cifras de homicidios dolosos y desapariciones, a pesar de las afirmaciones oficiales sobre una disminución de delitos de alto impacto. Los “abrazos y no balazos” fue un fracaso, pues permitió el fortalecimiento y la expansión de los grupos criminales en diversas zonas del país y el incremento en violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza.
Cierto es que algunos capos importantes en las últimas décadas han sido detenidos, encarcelados, enviados a Estados Unidos, pero, así como han sido detenidos han sido liberados o se han escapado de la prisión. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mediados de su sexenio (2021), habría ubicado el paradero del Mencho, pero el presidente frenó su captura. En el caso de Ovidio Guzmán, quien fue detenido y apresado en octubre de 2019, López Obrador admitió y defendió haber ordenado esa liberación para evitar un mayor derramamiento de sangre tras la reacción violenta del Cártel de Sinaloa (El “Culiacanazo”).
La narcoviolencia sucedida el domingo 22 de febrero en Guadalajara es una consecuencia directísima de la política de Andrés Manuel López Obrador y de su continuidad con Claudia Sheinbaum Pardo. Haber abatido al Mencho no acaba con el CJNG y todas sus atrocidades; el negocio seguirá con toda su secuela de violencia en tiempos turbulentos.
Conclusiones: Nuestra sociedad entera vive una barbarie civilizada. Dicho de otro modo, vivimos una civilización de barbarie social. La violencia generada por el capital penetra todos los poros de la sociedad. La violencia social, en todas sus manifestaciones y magnitud, forma parte inherente del funcionamiento económico y político del capital. El capitalismo, como régimen social, no puede existir sin las contradicciones violentas de diversa naturaleza. El Estado, como superestructura ideológica y política, es la manifestación más elevada del poder político del capital y de su violencia orgánica; además, en su naturaleza política misma está pletórico de corrupción hasta el tuétano.
La mafia moderna, los cárteles del narco, nació del propio desarrollo histórico del capital. La violencia se engendra en la producción económica misma, de las relaciones económicas, porque la producción de valores económicos, las ganancias capitalistas, requiere de la explotación del trabajo y eso es violencia económica inmediata sobre la fuerza de trabajo asalariada, desplegándose incesantemente por todas las esferas sociales. Hoy día, desde hace por lo menos un siglo, el narcocapitalismo forma parte estructural del sistema económico, cuya maquinaria es aceitada por la corrupción política. El lavado de dinero está en la industria, sus factorías; como capital inmobiliario, en la industria de la construcción, una de las ramas económicas por excelencia del lavado del narcocapital. La dinámica del sistema financiero en el mundo entero, del capitalismo financiero, es imposible de explicar sin las cuantiosas inversiones. El dinero del narco está metido en todas las formas económicas del capital habidas y por haber; pero esa reproducción inmediata o ampliada requiere de violencia, entre otras cosas porque la competencia entre estos capitales es extremadamente violenta o hiperviolenta al requerir dominio y control sobre el territorio de producción y de mercado.
Los cárteles del narcotráfico son empresas capitalistas. La única diferencia es que son consideradas como ilegales porque son organizaciones del crimen organizado como mafias constituidas, pero funcionan como cualquier otra empresa capitalista. Los carteles de la droga son considerados ilegales y criminales porque sus actividades fundamentales “violan” las leyes nacionales e internacionales, “amenazan” la seguridad del Estado y cometen graves abusos contra los derechos humanos. No son organizaciones empresariales “legítimas”, sino redes delictivas organizadas: Tráfico y producción de sustancias ilícitas: La actividad base de los carteles es la producción, distribución y venta de drogas ilegales (cocaína, metanfetaminas, fentanilo, etc.), lo cual está prohibido por las leyes de la mayoría de los países y tratados internacionales; Violencia y delincuencia organizada: Para proteger sus rutas y negocios, los carteles utilizan la violencia extrema, incluyendo asesinatos, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas. Estas acciones son crímenes graves. Lavado de dinero: Utilizan mecanismos financieros ilegales para introducir dinero ilícito en la economía formal, lo que constituye un delito financiero grave. Corrupción de funcionarios: Para operar, los carteles suelen sobornar a policías, militares, jueces y políticos, socavando el estado de derecho, las instituciones gubernamentales y la seguridad nacional. Tráfico de armas: Suelen traficar armas de alto calibre ilegalmente, lo que incrementa la violencia en las regiones donde operan. En resumen, los carteles son ilegales porque operan al margen de la ley, utilizando el terror y la criminalidad para obtener ganancias económicas, lo que representa una amenaza directa a la paz, la seguridad y la salud pública. El CJNG tiene todas las características anteriores.
La inseguridad ciudadana, como uno de los más graves males sociales, está íntimamente asociada a la hiperviolencia social. En México, a las desapariciones de cientos de miles de personas y los homicidios también de miles de ellas, contribuye la asociación entre las organizaciones criminales del narcotráfico y los agentes y funcionarios de las instituciones del poder político. Se puede hablar de un sicariato político, es decir, aquellos matones narcos utilizados para asesinar a opositores políticos al poder del Estado. Lacorrupción es inherente a esta asociación. Jalisco tiene el mayor número de personas desaparecidas forzadas: las cifras van desde 15 mil hasta 20 mil desapariciones.
La narcocultura en México tiene carta de naturalización: Narcoestado o Estado narco, narcopolíticos, narcoempresarios, narcomilitares, narcopolicias, narcofosas, narcocorridos, narcofeminicidios, narcoarquitectura, narcoliteratura, narcosectas, etcétera…
A un año de lo sucedido en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, un campo de adiestramiento y exterminio, las autoridades de todos los niveles no arrojan ninguna explicación convincente de esta infamia brutal. Este “rancho” era un lugar de entrenamiento y exterminio del CJNG, aunque la Fiscalía General de la República niega, sin fundamento, que fuese de exterminio. Uno de los jóvenes, reclutado mediante engaños con una oferta para trabajar de jornalero en Guadalajara, Jalisco, declaró a las autoridades que el 80 por ciento de los reclutas no pasaban las pruebas de manejo de armas y eran asesinados. A ese escándalo ahora se viene a sumar el escándalo de Tapalpa y los narcobloqueos del 22 de febrero en Guadalajara.
El concepto de narcoestado es muy controvertido, pero nadie puede negar que las estructuras del poder político dominante en México están vinculadas, directa o indirectamente, con los elementos de complicidad y de corrupción. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo de manera recurrente durante su mandato que en México se vivió un narcoestado, pero durante los gobiernos anteriores, particularmente señalando el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Sin embargo, siendo presidente aseveró que durante su administración (2018-2024) dicha situación dejó de existir. O sea, el Estado narco dejo de existir mágicamente durante su gobierno. En esa retórica autoexculpatoria no hay ninguna responsabilidad de la violencia social desatada por su política de militarización ni de la “tolerancia” política con los grupos del crimen organizado. No obstante, críticos y reportes de seguridad han señalado durante el 2024 y 2025 un aumento en el control territorial de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuestionado la política de “abrazos no balazos”. El escándalo del Estado durante el gobierno de López Obrador y su sucesora Sheinbaum vinculados con el narco son varios (desde los del estado de Tabasco, pasando por los de Sinaloa, Tamaulipas, hasta Jalisco). Bajo la fuerza de la política florece la mafia y bajo la fuerza de la mafia florece la política del poder dominante. Los beneficios del narcotráfico y sus cárteles conllevan a una intensificación, no una atenuación, de los vínculos con la política.
La pobreza y profunda descomposición social de nuestro país no solamente es resultado inmediato de las políticas neoliberales –propias de un capitalismo salvaje– iniciadas a mediados de los años ochenta; también es resultado de un largo proceso de desarrollo capitalista que se remonta, al menos, desde la década de los cuarenta. El lumpendesarrollo es una manifestación muy visible de la crisis civilizatoria, de una barbarie social, cuya deshumanización brutal implica una hiperviolencia social en casi todos los ámbitos de la vida nacional. Hay lumpendesarrollo –el desarrollo del subdesarrollo salvaje– porque tenemos una oligarquía (lumpenburguesía) y un poder político (lumpen–Estado) en acelerado estado de descomposición.
La única posibilidad de que la población mexicana tenga una vida digna y viva con seguridad es el cambio urgente y radical a un nuevo régimen económico, político y cultural fincado en una auténtica democracia construida desde abajo; es decir, desde los propios trabajadores del campo y las ciudades.