Foto, Poder Popular Asturies.
‘Las seis de La Suiza’: cronología del caso que sacude al sindicalismo español
elDiario.es, 12-7-2025
Correspondencia de Prensa, 15-7-2025
Tras un calvario judicial que ha durado años, seis personas vinculadas al sindicato CNT han entrado en prisión por una sentencia que ha generado una intensa controversia sobre los límites de la acción sindical, la criminalización de la protesta laboral y el papel de la justicia
El caso de Las seis de La Suiza ha removido muchas conciencias: seis personas vinculadas al sindicato CNT han acabado en prisión tras años de proceso judicial, por participar en una campaña de protesta frente a una pastelería de Gijón.
Aunque ya están en régimen abierto —en el centro de inserción social anexo a la cárcel de Asturias— su condena ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar la acción sindical sin enfrentarse a consecuencias penales. Los hechos suceden además en una región cuya identidad se entrelaza profundamente con el movimiento sindical. A continuación, ofrecemos una cronología detallada del conflicto y del proceso judicial que ha culminado con su ingreso en prisión.
2016-2017: El origen del caso
Todo comienza en junio de 2016, cuando una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza, en Gijón, solicita la baja por riesgo de aborto tras un altercado entre su pareja y el empresario. La mujer denuncia acoso laboral y sexual, mientras el dueño del negocio presenta una denuncia contra su pareja por amenazas y daños en el local.
En 2017, la trabajadora contacta con la CNT para que le ayuden a negociar su salida de la empresa. Ante la negativa del empresario a dialogar, el sindicato inicia una campaña de protesta con concentraciones frente al local, reparto de panfletos y difusión de vídeos denunciando la situación laboral.
2021: Primera sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón
En enero de 2021, el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón, dirigido por el magistrado Lino Rubio Mayo, juzga a ocho personas —incluida la trabajadora— por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia. La Fiscalía solicita dos años y medio de prisión para cada acusado y una indemnización de 60.000 euros.
En junio de ese año, el juez dicta sentencia: tres años y medio de prisión para siete de los acusados (dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción), y ocho meses para la octava persona. Además, se impone una indemnización conjunta de 125.428 euros al empresario. El juez considera que las acciones sindicales causaron un daño desproporcionado y fueron determinantes para el cierre del negocio.
2022–2023: Recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo
Nueve meses después, la Audiencia Provincial de Asturias ratifica la condena para seis de los acusados y absuelve a dos. En 2023, la defensa presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.
En junio de 2024, el Supremo confirma la condena. La sentencia del Supremo sostiene que las protestas fueron “coercitivas” y que provocaron el cierre del negocio. El tribunal considera que las acciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la libertad de expresión. Las ya condenados recibieron “con coherencia y dignidad” la sentencia que las ponía a un paso de la cárcel.
Noviembre de 2024: Recurso ante el Constitucional
La defensa presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es desestimado. Con esta decisión, se agotan las vías judiciales en España. La CNT anuncia que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
Junio de 2025: Petición de indulto y rechazo a la suspensión de la condena
22 organizaciones sindicales de todo el Estado han presentado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España una petición de indulto a las seis condenadas, lo que no conlleva arrepentimiento.
Además, el Gobierno del Principado de Asturias aprueba también formalmente la solicitud de indulto, alegando razones humanitarias y personales. El Ayuntamiento de Gijón no debate la petición de indulto por el veto de los partidos de derecha del consistorio: Foro, PP y Vox. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reúne con las condenadas en Oviedo y declara: “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.
Ese mismo mes, el juez Lino Rubio Mayo rechaza la petición de suspensión de la condena, a pesar del respaldo de la Fiscalía. Argumenta que no existe arrepentimiento por parte de las condenadas, ya que fue el sindicato CNT quien abonó la indemnización.
Ingreso en prisión
El 9 de julio, el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gijón decreta el ingreso inmediato en prisión de las seis personas condenadas. Al día siguiente, las seis se presentan voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena. Permanecerán en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel. En un comunicado, afirman: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”.
Este jueves, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró su compromiso de intentar que el indulto llegue cuanto antes.
Reacciones sociales y políticas
La respuesta social ha sido inmediata. En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se han venido manifestando bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto. La última gran manifestación se produjo este mismo jueves.
También han secundado la petición de indulto partidos como Sumar, IU, Podemos, EH Bildu y el PSOE. El colectivo de apoyo Sofitu ha sido rotundo: “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”.
Un caso abierto con impacto nacional
El caso de Las seis de La Suiza ha generado una alianza sindical inédita y ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta laboral. La petición de indulto sigue pendiente de resolución por parte del Gobierno. Mientras tanto, las condenadas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La historia continúa, pero el mensaje ya ha calado: para miles de personas, este caso no solo afecta a seis sindicalistas, sino que pone en cuestión el derecho de toda la clase trabajadora a defenderse.