Nueva Sociedad, abril de 2026
Traducción, Gustavo Recalde
Correspondencia de Prensa, 9-4-2026
En la isla de Roatán, frente a las costas de Honduras, se erige Próspera, una «ciudad-empresa» creada para atraer inversiones extranjeras y ensayar un modelo ultraliberal con impuestos mínimos y normas propias al margen del Estado. Pero este enclave, presentado como motor de desarrollo, abrió una disputa sobre los límites del Estado hondureño frente al poder del capital transnacional.
A simple vista, la actualidad latinoamericana parece dominada por episodios espectaculares aunque contradictorios: mientras que, a comienzos de enero, Estados Unidos justificaba el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro con acusaciones de narcotráfico en su contra, un mes antes Donald Trump había indultado al ex-presidente conservador de Honduras Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), quien había sido condenado en 2024 por tráfico de drogas a una pena de 45 años de prisión, que cumplía en Virginia Occidental.
Estos acontecimientos, casi concomitantes, revelan sin embargo una trama más discreta pero políticamente significativa, donde se cruzan intereses geopolíticos, estrategias imperiales y experimentos institucionales radicales.
2022-2025: un breve intervalo de izquierda
Honduras ocupa, en esta configuración, una posición estratégica en América central. En la década de 1980, fue la retaguardia de la ofensiva del gobierno de Ronald Reagan contra la Nicaragua sandinista; más recientemente, se ha convertido en un punto de apoyo para las políticas migratorias coercitivas del gobierno de Donald Trump, en particular, las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Constituye también un trasfondo logístico y político de las ambiciones estadounidenses en Caracas y, potencialmente, en Cuba.
En este contexto, algunos observadores han sugerido que poderosos apoyos financieros de Donald Trump ejercieron presiones para que indultara a Hernández y apoyara en las presidenciales del 30 de noviembre de 2025 a Nasry Asfura, ex-alcalde de Tegucigalpa y figura del Partido Nacional. Asfura fue efectivamente elegido presidente, tras superar a los candidatos del Partido Liberal y del Partido Libre, de izquierda.
En las anteriores elecciones presidenciales, celebradas en 2022 tras la destitución de Hernández, Asfura había sido derrotado por la candidata de Libre, Xiomara Castro. Castro había hecho de la abolición de las zonas económicas especiales privadas uno de los ejes centrales de su programa. Consideraba que estos territorios, dotados de reglas propias, no respetaban la Constitución y debilitaban la autoridad del Estado hondureño en su propio territorio.
Luego de su elección, el Congreso hondureño derogó la ley que autorizaba esas zonas, y más tarde la Corte Suprema las declaró inconstitucionales.
La reacción de los inversores fue inmediata: se inició un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado hondureño por un monto de 10.000 millones de dólares (8.600 millones de euros) –es decir, aproximadamente 40% del PIB nacional–, alegando una violación de los compromisos asumidos con los inversores.
Entre 2023 y 2025, el proyecto quedó suspendido en una profunda incertidumbre jurídica, mientras el litigio continuaba y la prensa internacional, así como numerosos investigadores, comenzaban a analizar el caso.
El triunfo de Nasry Asfura a fines de 2025, con el apoyo de Trump, fue percibido como una señal susceptible de tranquilizar a los sectores financieros.
Próspera, una charter city sostenida por inversores de Silicon Valley
En el corazón de las discusiones políticas en Honduras se encuentra el proyecto Próspera, creado en 2017 por una sociedad registrada en Delaware.
Dotado de un capital inicial de alrededor de 120 millones de dólares (103,9 millones de euros), proveniente en particular de inversores de Silicon Valley como Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman, constituye uno de los experimentos contemporáneos más avanzados de la charter city. La propuesta de las charter cities fue formulada en 2009 por el economista Paul Romer, más tarde Premio Nobel (2018), quien planteaba la posibilidad de que países en desarrollo delegaran la administración de territorios poco poblados a regímenes institucionales alternativos con el fin de estimular el crecimiento. Implantado en la isla de Roatán en Honduras, en el marco jurídico de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Próspera aspira a transformar un territorio de aproximadamente el doble de la superficie de Mónaco en una «start-up city» fuertemente desregulada.
El origen institucional de este dispositivo se remonta al golpe de Estado hondureño de 2009, cuando el Ejército y los sectores de negocios obligaron al presidente de izquierda Manuel Zelaya a abandonar el poder y lo reemplazaron por Roberto Micheletti (Partido Liberal). Los gobiernos surgidos de esta ruptura política impulsaron una reflexión sobre nuevos modelos de desarrollo en un país marcado por la debilidad de las instituciones y profundas desigualdades.
En 2013, una ley creó las ZEDE, territorios dotados de una amplia autonomía normativa, fiscal, administrativa y judicial. A partir de 2016, el modelo concitó el interés de círculos tecnológicos y financieros estadounidenses de orientación libertaria. En este contexto, se creó Honduras Próspera Inc., con Erick A. Brimen, financista venezolano, como principal promotor. En 2017, se firmó un acuerdo con el gobierno hondureño para desarrollar una ZEDE cerca de la comunidad afrocaribeña de Crawfish Rock, herencia de la presencia colonial británica.
Algunos antecedentes de charter cities como Shenzhen, en China, ilustran el potencial transformador de las zonas especiales, aunque su éxito depende de condiciones estatales y geopolíticas difícilmente reproducibles. Romer se retiró posteriormente de varias colaboraciones, incluso en Honduras, invocando falta de transparencia y garantías democráticas insuficientes.
Una ciudad-empresa fantasma
Creada formalmente en 2020, Próspera funciona como una ciudad-empresa. La tasa impositiva puede reducirse a 1% del ingreso bruto de las sociedades, frente a aproximadamente 25% a escala n|acional. En caso de desacuerdos, las controversias se resuelven mediante arbitraje privado en lugar de zanjarse en los tribunales estatales. También puede adoptar marcos regulatorios inspirados en 36 ordenamientos jurídicos diferentes o elaborar otros nuevos. Dispone así de un sistema judicial independiente, sin jueces hondureños.
La obtención del estatuto de residente permanente cuesta alrededor de 1.000 dólares (unos 826 euros). Los impuestos recaudados en la zona se reinvierten exclusivamente dentro de su perímetro. La mayoría de las más de 200 empresas registradas operan de manera virtual, a menudo en el sector de las criptomonedas. A pesar de esta autonomía, han ocurrido incidentes. En 2024, se produjo una muerte en una obra; la extracción de piedra de coral habría dañado la costa.
En el plano urbano, la materialización sigue siendo embrionaria. Solo se ha completado la construcción de un edificio residencial. Sin embargo, el proyecto inicial preveía 38.000 habitantes de aquí a 2030 y más de 500 millones de dólares (433 millones de euros) en inversiones a corto plazo. Se anunciaron una fábrica de viviendas modulares diseñadas por Zaha Hadid Architects, un café Bitcoin con un centro educativo, una clínica genética, un centro de buceo y un servicio de entrega mediante drones.
Las tensiones se cristalizan en torno de los proyectos de expansión territorial: representaciones promocionales que muestran la costa transformada en un distrito de rascacielos y marinas han alimentado los temores de expropiación y marginación de las comunidades locales, a pesar de la insistencia de los promotores en el carácter voluntario de la adhesión.
Políticamente, estos proyectos se inscriben en una transformación más amplia de las relaciones entre capital y soberanía. Respaldados por redes financieras e ideológicas vinculadas a Silicon Valley, constituyen no solo experimentos urbanísticos, sino también dispositivos que ponen en tela de juicio el vínculo moderno entre territorio, ciudadanía y Estado.
La ciudad se redefine como una plataforma empresarial, la soberanía como una variable negociable. Balaji Srinivasan, empresario estadounidense y figura del libertarismo tecnológico, propone así que se estructuren comunidades digitales que compitan con los Estados nacionales, reemplazando progresivamente la soberanía territorial por entidades transnacionales gobernadas según lógicas de optimización regulatoria.
Una utopía libertaria emblemática
Sin embargo, esta supuesta negación del Estado sigue siendo paradójica. Próspera y sus proyectos análogos dependen del apoyo de Estados frágiles, de elites políticas dispuestas a ceder fragmentos de soberanía y de contextos de crisis institucional, así como del apoyo implícito o explícito de una potencia hegemónica. Los «tecnobarones» aspiran a liberarse del Estado apoyándose en la protección geopolítica que este garantiza. Esta alianza, inédita e inestable, constituye una contradicción estructural.
Otras limitaciones atañen a la retórica de sus fines virtuosos: el desarrollo, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente. El argumento filantrópico suele ocultar una creciente disociación entre el capital global y los derechos sociales, entre el gobierno algorítmico y la soberanía democrática. Si bien el derecho formal reconoce el salario mínimo y la libertad sindical, desde 2020 algunos habitantes denuncian riesgos de expropiación y de exclusión de los procesos de toma de decisiones. Las desigualdades en el acceso a los servicios, al agua, la infraestructura y el espacio litoral alimentan las tensiones, mientras que los beneficios permanecen concentrados.
Finalmente, Próspera se presenta como «cripto, bio y robótica»: un laboratorio desregulado para las finanzas digitales, la biotecnología, la genética y las tecnologías de prolongación de la vida, con mínimo control público. El experimento urbano aparece así como el vector espacial de una aceleración tecnológica al servicio de una elite transnacional.
Más que un simple litigio jurídico, Próspera constituye un caso ejemplar de una geografía contemporánea hecha de zonas especiales, enclaves y corredores de excepción que estructuran el capitalismo global. Lejos de ser marginal, este modelo participa de una reconfiguración normativa de la ciudad y la soberanía en el siglo XXI, un proceso cuyas implicancias democráticas y antropológicas permanecen abiertas y profundamente controvertidas.
-La versión original de este artículo, en francés, se publicó en The Conversation el 12/03/2026 y está disponible aquí.