Colectivos armados agreden a madres en vigilia por presos políticos frente al TSJ
Nicmer Evans
Punto de Corte, 6-8-2025
Correspondencia de Prensa, 7-8-2025
En la noche del 5 de agosto de 2025, colectivos armados atacaron violentamente a unas 50 madres y activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad durante una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Las manifestantes exigían la liberación de sus hijos, presos políticos, cuando un grupo de aproximadamente 70 encapuchados, armados con pistolas y objetos contundentes, las agredió, robó pertenencias y dispersó la protesta, generando indignación en la sociedad venezolana.
Ataque Brutal a Madres y Activistas
Los agresores, identificados como colectivos paramilitares, golpearon a las madres, incluyendo a una con un bebé y a una mujer embarazada. Robaron carteras, teléfonos, documentos, llaves y carpas, arrastrando por el suelo a quienes resistían. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el GAES, presentes en la zona, se retiraron minutos antes del ataque, lo que levantó sospechas de complicidad. Posteriormente, un grupo policial en motos llegó, pero no intervino para detener la violencia, según denuncias de las víctimas.
Exigencia de Justicia por Presos Políticos
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad buscaba visibilizar la situación de los presos políticos, muchos detenidos arbitrariamente tras las elecciones de julio de 2024. La ONG Provea exigió al Ministerio Público investigar el ataque y sancionar a los responsables. La comunidad internacional también condenó el hecho, señalándolo como una violación más a los derechos humanos en Venezuela.
Llamado Urgente a la Acción
Este acto de violencia resalta la represión contra quienes defienden la libertad en Venezuela. Las madres, pese al temor, prometen continuar su lucha. La sociedad civil y organismos internacionales instan a proteger a los activistas y garantizar justicia para los presos políticos, mientras el régimen de Maduro enfrenta creciente presión.
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Activistas exigen al TSJ investigar “complicidad” en agresión de encapuchados contra madres de presos políticos
Versión Final, 6-8-2025
Las mujeres se negaban a retirarse del frente del alto tribunal, pues exigían una respuesta por 300 casos de presos políticos a la espera de revisión. Marino Alvarado, de Provea, argumenta que la «indolencia» de la institución judicial pudo haber propiciado esa agresión. De haber sido atendidas, ellas se hubiesen marchado, agregó.
Alrededor de 50 madres de presos políticos poselectorales permanecían al frente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la noche del martes 5 de agosto, cuando fueron brutalmente agredidas por sujetos encapuchados, justo antes de que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se retiraran del lugar.
Estas madres, que afirmaron no se iban a marchar hasta tanto las autoridades judiciales les dieran respuestas, señalaban que la magistrada (Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ) no las había recibido. Esperaban entregarle un documento a ella, solicitando les respondieran por los 300 casos de presos políticos a la espera de revisión.
“Le quisimos entregar un documento pidiendo una audiencia y la revisión de los casos ya que el fiscal de la República (Tarek William Saab) dio orden de revisión a 2.000 casos y solamente han recibido 1.700 casos. No nos han dado respuesta porque dicen que eso no compete aquí y nos tienen el peloteo de una fiscalía para otra”, señaló Luisa Barrios, una de las madres de los presos políticos, a través de un video que circuló en redes sociales.”
“Si nos recibió el fiscal, por qué ella no nos puede atender. Esta es la cuarta vez que vinimos aquí y no tenemos respuesta alguna de nada”, agregó Barrios delante de las demás madres que posteriormente fueron golpeadas y robadas tras la vigilia que realizaban al frente del alto tribunal.
“Una de las causas de la agresión realizada anoche por un grupo paramilitar pro gobierno contra las madres de los presos políticos es la indolencia de los magistrados del TSJ. Ninguno quiso recibir a las madres. Si se les hubiese atendido las madres se hubiesen retirado”, aseveró Marino Alvarado, activista de Provea.
Considera que estas mujeres “tienen el pleno derecho a exigir de manera pacífica la libertad de sus familiares”.
Piden una investigación
“La directiva del TSJ también debe adelantar una investigación de la posible complicidad del equipo de seguridad de los magistrados con la actuación de los colectivos en coordinación con el Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar)”, enfatizó Alvarado.
Acotó que hace más de un mes un comando de la Dgcim custodia el máximo tribunal.
“¿Por qué no actuaron contra los agresores? ¿Por qué las patrullas de la PNB antiterrorismo se retiraron minutos antes? Todo apunta a una posible coordinación con los funcionarios”, afirmó Alvarado.
También expuso queel Ministerio Público “no tiene excusa” para no identificar a los agresores.
“El lugar está lleno de cámaras, así como son buenos para identificar con las cámaras en las calles a manifestantes, que identifiquen a los paramilitares responsables y precisen la complicidad de funcionarios”, dijo el activista de derechos humanos.
Por otra parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) se refirió a la “inacción de los cuerpos de seguridad del Estado” durante la arremetida contra las madres de los presos políticos.
“La ausencia en el lugar no solo facilitó el ataque, sino que también constituye una omisión grave de su deber de proteger el derecho a la protesta pacífica. Esta falta de resguardo contribuye a un entorno de impunidad que pone en riesgo la vida e integridad de quienes ejercen sus derechos fundamentales”, apuntó la organización.
La JEP lamentó “la indiferencia mostrada por las autoridades del TSJ, que no brindaron atención ni respuesta ante la agresión sufrida por estas mujeres, muchas quienes han sido víctimas directas de violaciones a los derechos humanos y continúan exigiendo justicia”.
Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre si se ordenará investigar la agresión sufrida por las madres de los detenidos por razones políticas, ocurrida en las inmediaciones del TSJ.