En Venezuela, la persecución política en Venezuela tiene varias expresiones y una de las más aberrantes es la detención de familiares de dirigentes políticos o activistas que son buscados por funcionarios. La práctica no es nueva en el país, pero en menos de una semana ocurrió dos veces.
“No estamos vivos ya, estamos muertos; todos los días arde este lugar. Tengo la espalda completamente quemada. Llegué a las ocho de la mañana y ha pasado un mes desde la última vez que vi un pan”.
El sindicato exige «la abolición total de esta pena inhumana, bajo cualquier pretexto, y la suspensión inmediata de las condenas a muerte injustas dictadas contra Sharifeh Mohammadi, Verisheh Moradi, Pakhshan Azizi y otros militantes sociales».
“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía. Es una afrenta a los miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no impunidad”, dijo Volker Türk.
Tras conocerse su detención, activistas de DDHH de diferentes partes del mundo expresaron su solaridad con Grajales, al tiempo que demandaron su liberación.
Las manifestantes exigían la liberación de sus hijos, presos políticos, cuando un grupo de aproximadamente 70 encapuchados, armados con pistolas y objetos contundentes, las agredió, robó pertenencias y dispersó la protesta.
El Congreso de Perú aprobó una ley de amnistía para militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el período 1980-2000, lapso en que existió en Perú un conflicto armado interno contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú.
¿Cómo logran zafar Bullrich y Gendarmería de su responsabilidad en esa emblemática desaparición seguida de muerte? ¿Qué hicieron por la verdad y la justicia quienes gobernaron entre 2019 y 2023? El cuerpo de Santiago no estuvo siempre en el mismo lugar. Si fue un crimen de Estado, ¿quién atiende el reclamo de la familia? ¿No importa cuándo leas esto?
La jueza en lo penal de 23° turno Isaura Tórtora procesó con prisión a los militares en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira, Raúl Scioscia y Ruben Sosa Tejera por la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros, quien fue secuestrada y recapturada por la dictadura en la embajada de Venezuela en junio de 1976.
Hay un grupo de agentes policiales salvadoreños dedicado a perfilar, vigilar y, si la orden llega, capturar a sus víctimas según lo confirmaron dos oficiales de alto rango en la Policía Nacional Civil y un agente vinculado a la Fiscalía General de la República.
Tribunal dicta sentencia absolutoria a favor del defensor de Derechos Humanos, José Martínez Cruz y resuelve en contra de CNDH por la persecución y criminalización del defensor.
La desaparición forzada de personas -incluidas las de corta duración- habría sido cometida de forma sistemática desde el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Denuncian un "alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales" puestos al servicio de esta práctica.
Tras asesinato del exmayor Roberto Samcam, la CIDH advierte que persecución del régimen Ortega-Murillo trasciende las fronteras nacionales
El acuerdo de “protección recíproca” entre Nicaragua y Rusia otorga “inmunidad absoluta” al copresidente, la copresidenta y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. De igual forma, al presidente de la Federación Rusa, el presidente del Gobierno de la Federación Rusa y el ministro de Asuntos Exteriores.
"Puedo decir sin dudarlo que ningún régimen en la historia ha traicionado tanto a su propio pueblo. Nadie ha llevado tan lejos los límites de la barbarie, la represión y la violencia bruta."
El Foro Penal ha calculado 940 detenidos por razones políticas en todo el país hasta el 30 de junio, de los cuales se desconoce el paradero de 50. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al menos 80 permanecen detenidos en comandos policiales o militares.
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
Cada 200 uruguayos, uno está preso. Eso convierte al país como el Estado de Sudamérica con más encarcelados per cápita, y sitúa a Uruguay como el décimo país en el mundo con la tasa más alta de prisionización.
Esta situación no solo afecta a las activistas -personas que defienden los derechos humanos-, sino también a la labor de promoción y protección de estos derechos en el territorio, así como a la libertad de expresión, la libertad de asociación, la democracia y la lucha contra la corrupción.
Los ataques contra nicaragüenses ocurren en el contexto de la grave crisis de derechos humanos de Nicaragua, con cerca de medio millón de exiliados por la persecución política.
Alguna vez, el expresidente José Mujica dijo que la sociedad iba a superar el dolor de la dictadura cuando se murieran los protagonistas de aquellos años. “Es imposible. Está sucediendo todo lo contrario, por suerte.”
El Ministerio de Relaciones Exteriores digitalizó diez documentos de actos administrativos entre embajadas y ministerios de varios países de la región; entre ellos, se habla sobre la desaparición de Elena Quinteros.
“La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”
Belela encarnó sin estridencias, pero sin concesiones, la rara excepción del que no se somete a la obediencia debida, ya sea de un gobierno, un partido, un cargo de responsabilidad o un vínculo matrimonial. Sin dudas ayudó un rasgo distintivo de su personalidad: su dulzura.
El capítulo ampliado sobre Uruguay parte de una pregunta disparadora: “¿Está Uruguay llegando a un punto de no retorno en materia de derechos humanos?”
El director de la INDDHH Wilder Tayler, recordó que allí funcionó el Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay y que hubo lugares de detención clandestinos.
Los soldados mintieron: afirmaron ser amenazados con armas de fuego, sin embargo, la CNDH evidenció que los ocupantes del vehículo no iban armados.
El zumbido de los drones y los gritos de los heridos resuenan en los oscuros pasillos. “No solo tratamos traumas, sino que los vivimos”, añade Khalil. “Somos heridos tratando a heridos. Pero nos negamos a dejar que nuestra gente muera sola”.