Poder corporativo que tensiona los derechos de la población, concentración patrimonial sin precedentes, opacidad financiera que limita el control y un régimen tributario que favorece al capital fueron algunos de los conceptos vertidos el pasado viernes en la actividad sobre desigualdad organizada por Brecha.
“La democracia no puede reducirse a votar cada cinco años mientras las decisiones fundamentales se toman lejos del pueblo. La democracia real se mide en la garantía de derechos y en la participación efectiva del pueblo”. “Cuando la democracia no asegura condiciones de vida dignas para las mayorías, nacen los monstruos y avanza el fascismo”.
(Los políticos) dialogan y discuten el Presupuesto Nacional en el Parlamento en un plano de abstracción tan enorme, cobrándose un día sí y otro también facturas viejas, lo que muy poco tiene que ver con la urgencia que se vive en los barrios más humildes, en los hogares monoparentales, en las casas precarias y de piso de barro, en las residencias para ancianos o en los hogares donde un jubilado debe elegir entre comer o comprar medicamentos.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone (Frente Amplio), puso en duda la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto del 1% al 1% más rico del país para financiar un plan de erradicación de la pobreza infantil. Desde la central sindical, Sergio Sommaruga lamentó la negativa.
En una perspectiva de acumulación en un sentido de transformación social, nos interesa en particular como ha sido ese proceso molecular de recomposición social que llevó a la derrota de la coalición de gobierno, que los analistas definen como “capacidad de movilización”.
Para Oddone, futuro ministro de economía en caso de victoria del FA el 24 de noviembre, “el manejo profesional del fondo de ahorro previsional y con base en un mecanismo de asignación competitivo se mantiene vigente”. Y agregó “No entiendo muy bien lo que quiere decir nacionalizar las AFAP…”
En referencia a la estigmatización que enfrentó el movimiento sindical durante la campaña electoral, Sommaruga afirmó que este es uno de los elementos “más fuertes del pensamiento conservador que tiene clivajes esenciales como el caos frente al orden..."
A través de la Ley 20.130 se impuso a los trabajadores cinco años más de labor para poder acceder a la causal jubilatoria lo que definió como una “confiscación de tiempo de libertad”, y también hubo una “confiscación económica, porque se debe trabajar cinco años más para cobrar un 10% menos de promedio jubilatorio. Se pasa de 55 a 45%”.
Se focalizó en que la idea central de la iniciativa tiene que ver con convertir la seguridad social en un “derecho humano fundamental” a través de la serie de preceptos que quedarán asentados en la Constitución.
Según la mirada de la dirigencia sindical, la consulta popular se destaca por ser una propuesta “de fondo” en “un contexto electoral caracterizado por la escasa densidad programática”. El plebiscito, sostiene, “reconfigura el enfoque hacia la redistribución de la riqueza como objetivo primordial de las políticas públicas”.
Sin ninguna duda, el hecho más importante desde la perspectiva de los trabajadores y jubilados es el plebiscito de la Seguridad Social, impulsado por la central de trabajadores PIT-CNT, FUCVAM, FEUU y otras organizaciones porque, en definitiva, no hay en el escenario electoral una disputa por proyectos políticos y de sociedad diferentes.
El plebiscito actúa como una forma de “autodefensa” que busca preservar un piso de derechos mínimos ante los intentos de gobiernos que aplican políticas públicas que priorizan el ahorro a expensas de la calidad de vida de las personas.
El ahorro individual obligatorio de las AFAP no cumple con el principio de solidaridad social y de género, no proporciona la rentabilidad prometida, presenta altísimos costos de transición y brinda prestaciones insuficientes.
El plebiscito impulsado por el PIT-CNT y varios grupos de izquierda propone restablecer la edad mínima de retiro a 60 años, igualar las pasividades mínimas al salario mínimo nacional y eliminar el “lucro” del sistema previsional y, por tanto, las AFAP.
Miedo: Para Ángel Urraburu, corredor y presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. “Esto altera todas las normas de convivencia y propiedad, contratos, compromisos y sistemas...”.
“Nosotros estamos comprometidos como movimiento sindical en llevar adelante una campaña que va a ser puerta a puerta, casa por casa, hablando con los trabajadores y trabajadoras [sobre] cómo defendemos los intereses de los trabajadores”.
Para Manuel Colina, del sindicato Federación ANCAP, la única forma que el gobierno ve para resolver el eventual gasto incremental es «aumentando el IVA y el aporte de los trabajadores», porque la concepción ideológica detrás es «que el trabajador es un bien más dentro de la estructura del mercado».
Superando ampliamente el umbral mínimo, 430.000 firmas fueron presentadas por el PIT-CNT para habilitar el plebiscito sobre la seguridad social.
La contundencia en el resultado de la recolección de firmas, que superó ampliamente el requisito legal establecido en tiempo récord, fortalece la hazaña de un movimiento social organizado con apoyo popular frente a las iniciativas que se propone y ejerce una presión importante hacia el FA a tomar una determinación, hasta ahora esquiva.
Pese a que el algunas veces admirado Pepe Mujica haya dicho que es un “terremoto cambiar la Constitución”, la central sindical Pit-Cnt, estudiantes y Fucvam lograron juntar las firmas necesarias.
“Estamos acá para gritar junto a los pueblos del mundo: ¡Basta de genocidio, detengan esta masacre!”
Los datos no son suficientes ni están actualizados; mucho menos hacen referencia al factor del clima. Los sindicatos tampoco llevan números. Ni el asesor de la Comisión de Salud Laboral del PIT-CNT ni el dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) conocen cifras exactas.
La cantidad de trabajadores con nivel “insuficiente” de ingresos aumentó en los últimos dos años. Mientras que uno de cada cinco hogares con menores de 6 años sufre “inseguridad alimentaria” moderada y grave.
Gremios y sindicatos de la educación también se movilizaron en contra de la “transformación educativa” en secundaria y del reconocimiento universitario de títulos de formación docente.
La derecha volvió a ganar. Esa manoseada “voluntad popular” que cada tanto emite su juicio a través de las urnas, lo acaba de certificar. Esta vez, mediante un referéndum, el pasado 27 de marzo.
Organizaciones sociales afirman que los “promotores ideológicos de la impunidad” pretenden hacer una “reinterpretación” de la historia y “justificar” los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado para consagrar la “cultura de la impunidad”.
Un estudio del Instituto Cuesta Duarte y la Organización Internacional del Trabajo sobre las consecuencias de la pandemia concluye que “el impacto de la crisis se concentró con mayor intensidad entre los trabajadores más jóvenes”.
La mayoría de los casos son situaciones de violencia psicológica, agresión verbal y acoso sexual.