Karina Sosa. Foto: Mara Quintero
Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social: votar por el Sí garantiza un sistema más justo y protege a los vulnerables
La Diaria, 14-9-2024
Correspondencia de Prensa, 14-9-2024
La sindicalista aseguró que el plebiscito actúa como una forma de “autodefensa” que busca preservar un piso de derechos mínimos ante los intentos de gobiernos que aplican políticas públicas que priorizan el ahorro a expensas de la calidad de vida de las personas.
En entrevista con la diaria, la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Karina Sosa, puso el acento en las razones por las que los uruguayos y las uruguayas deben votar por el Sí para impedir que se pierdan derechos adquiridos y que no haya que “trabajar más y pagar más”.
¿Cuál es la razón principal por la que se impulsa el plebiscito?
La lucha por la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales, y la consiguiente profundización del ejercicio de las libertades, es una característica distintiva del movimiento social y popular uruguayo. En esa rica tradición se basa la iniciativa democrática para reformar el artículo 67 de la Constitución y consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental.
Creemos que hay que dar señales claras ante coyunturas políticas de cambios en los gobiernos que ordenan sus prioridades en términos económicos. La actual administración decidió que el primer elemento de ahorro pase por el recorte de pensiones, jubilaciones y salarios, por lo que la base social debe accionar para defender un estado de bienestar de todas y todos.
¿Por qué se debe votar por el Sí?
Se debe votar por el Sí porque 60 años es un tope que restablece un derecho adquirido y que nunca se puso sobre la mesa antes de la Ley 20.130. En la reforma del gobierno se establece que la comisión de estudio de la expectativa de vida, con una simple definición del Poder Ejecutivo, puede aumentar la edad jubilatoria sostenidamente sin necesidad de dialogar con las partes. Además, esta reforma del Ejecutivo implica trabajar más y pagar más, por lo que se recorta el porcentaje de jubilación.
Por último, las personas en actividades de mayor riesgo por la naturaleza de las tareas en muchos casos no llegan a los 60 años sin padecer enfermedades profesionales. Nuestra propuesta no obliga a nadie a jubilarse a los 60, ni tampoco impide que los servicios bonificados puedan retirarse antes.
En cuanto a jubilaciones y pensiones menores a 22.268 pesos, creemos que es un tema de justicia real (equiparar las prestaciones al salario mínimo). De haberse continuado la política económica de aumentos de gobiernos anteriores, la diferencia no sería tan distante. Consideramos que no es un esfuerzo fiscal que no se pueda asumir el hecho de eliminar las AFAP y obtener recursos suficientes para contener esos 460 millones de dólares que implica el aumento calculado por nuestro equipo económico, y permite dejar margen para atender otras políticas públicas de forma inmediata.
¿Qué está en juego en esta consulta popular?
Está en juego el futuro de los más jóvenes, sobre todo, por la obligatoriedad compulsiva de su afiliación al sistema de ahorro individual. En 28 años, este sistema ha generado unos 70.000 rentistas que en un 90% cobran en promedio 5.000 pesos por mes, por lo que queda claro que el sistema fracasa de forma concreta.
A eso hay que sumar los recortes a las personas con discapacidad que hoy no tienen la oportunidad de jubilarse por ese mecanismo si tienen causal jubilatoria común, lo que implica un recorte en sus prestaciones y un 20% en la asignación de jubilación al principio y el estudio del suplemento solidario, y en caso de no corresponderle, terminan cobrando una miseria, cuando en realidad antes de la Ley 20.130 cobraban 20% más.
¿Por qué se plantea que es en defensa de los derechos de la ciudadanía?
Porque las cuentas públicas no pueden estar como prioridad por encima del bienestar de la ciudadanía. El plebiscito es una forma de autodefensa ante los intentos de recortar los derechos de la población por parte de un gobierno neoliberal que prioriza el ahorro a expensas de la calidad de vida de las personas.
Es necesario comenzar a gobernar de manera equitativa, en la que el que más tiene pague más, a través de herramientas como la seguridad social, que permite redistribuir la riqueza de forma justa.
Los que promueven el No dicen que con esta propuesta se pone en riesgo la sostenibilidad del país por el impacto fiscal que conlleva. ¿Qué piensa sobre esto?
El presunto déficit fiscal que llevaría el IVA al alza –suelen decir que crecería un 35%– sería recién para 2045. Esto deja claras dos cosas: la primera es que sin derogar el régimen de AFAP los famosos recursos para atender la pobreza infantil quedarían disponibles dentro de 50 años, mientras que la papeleta los hace disponibles de inmediato. Para el próximo gobierno, lejos de ser un problema, es una oportunidad.
Y la segunda es que es irracional que el país esté ahorrando 1.400 millones de dólares presionando al alza el déficit fiscal y el endeudamiento externo. Es mayor el gasto público por la mayor asistencia al BPS [Banco de Previsión Social], y entonces, sin subir el techo del espacio fiscal, no se pensaron fuentes de financiación más que el aumento de impuestos a los trabajadores, y nunca hay recursos para atender la pobreza, pero sí para exonerar grandes superficies (que no generan empleo), ni tampoco se valora otro mecanismo. Debemos saber entonces que, para los gobernantes, las prioridades de atención están ordenadas de tal forma que no alcanza ni al jubilado, ni al asalariado, ni al niño, ni a la niña, ni al adolescente.
Los que promueven el No aseguran que la reforma no resuelve los problemas y genera “inequidades”. ¿Cuál es su respuesta a esto?
La papeleta no se vota para resolver todo el sistema, se ponen tres puntos iniciales para dialogar cómo se reglamentarán teniendo presente que la Ley 20.130 está vigente y es la actual forma de calcular todo un sistema que hace converger cajas paraestatales y los servicios policial y militar. El próximo gobierno tendrá necesariamente que acoplar ambas cuestiones, dar respuesta inmediata al jubilado más pobre y, sobre todo, resolver cómo controla el Estado [Ministerio de Seguridad Social-BPS] la formalidad para generar causal jubilatoria, porque la gente trabaja, pero no hay controles de estas irregularidades.
El 70 % de las jubilaciones mínimas están en el interior del país, no en Montevideo, donde los controles son más exhaustivos. En el interior la evasión es inmensamente mayor que en la capital. En cuanto a las mencionadas inequidades, el BPS siempre tuvo, y de hecho tiene, un mecanismo de control para abatir estas situaciones y hacer los ajustes necesarios para no generar desigualdades.
En caso de que pierda el Sí, ¿se podría impulsar una tercera opción?
El movimiento sindical seguirá luchando por no perder derechos en cada reforma, los gobernantes deberían dejar de endeudarnos con base en nuestros ahorros; los usan de garantía, nos culpan de querer eliminar el lucro, todo ello para sostener un sistema de préstamos que jamás se cristaliza en mejores condiciones ni de salario ni de empleo.
Deben aprender a gobernar sin el bolsillo de la gente, si no tienen la capacidad de conducir los destinos del país sin más respaldo económico que nuestro aporte, deberían pensar seriamente en cambiar de carrera. La tercera opción sería aceptar la derrota, pero no dejar de luchar.
¿Qué aspectos deberían ser analizados en un diálogo social sobre este tema?
Hay varios aspectos a considerar. Por ejemplo: ¿son suficientes las prestaciones al quedar [una persona] sin trabajo? ¿Al enfermarse, es justo que los legisladores gocen de un subsidio por un año del 100%, cuando el trabajador recibe uno por seis meses del 50%? ¿Puede ser el aporte de la gente la garantía de un país para pedir préstamos que terminamos pagando nosotros mismos?
¿La pobreza infantil no será porque los padres de esos niños no tienen empleo digno?
En el caso de un trabajador joven enfermo que no llega al baremo para una prestación, ¿no debería existir alguna prestación para asegurarle alimentación y atención médica?