Los promotores del plebiscito sobre la seguridad social afinan los detalles de la campaña
Y, sin embargo, se mueve
Agustín Büchner
Brecha, 9-8-2024
Correspondencia de Prensa, 9-8-2024
El comando del plebiscito de la seguridad social –la comisión Afirmá tus Derechos– empieza a desplegar sus argumentos técnicos, jurídicos y políticos de cara a la votación en octubre. En las próximas semanas, esperan difundir un documento que dará sustento a la campaña.
A principios de julio, luego de la confirmación de que habría plebiscito, las organizaciones sociales que lo impulsan ingresaron en una nueva etapa. Según dijo a Brecha Sergio Sommaruga, miembro del comando, se trata de una etapa en la que tratarán de transmitirles «a la población en general y a los militantes en particular» los elementos de defensa económica y legal de la propuesta, a la vez que buscan «conformar las comisiones territoriales» que repliquen esta información y, «sobre octubre, repartan las papeletas por el Sí».
La comisión Afirmá tus Derechos está integrada por representantes del movimiento sindical (PIT-CNT), de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Asisten, por ejemplo, el presidente de la convención sindical –Marcelo Abdala–, Enrique Méndez y Flor de Liz Feijoo, de la corriente sindical Gerardo Cuesta (comunista); Karina Sosa, Nathalie Barbé y Juan González en representación de la coordinadora de sindicatos; Gerardo Rodríguez y Manuel Colina, del sindicato de ANCAP en representación de la corriente socialista, y Sergio Sommaruga, de la educación privada. Si bien los dirigentes de las corrientes Articulación y En Lucha tienen la posibilidad de sumarse, han decidido no hacerlo. Por parte de la FEUU, asiste Federico Vassallo (estudiante de Bibliotecología) y, por parte de Fucvam, lo hace Jorge Díaz, su secretario general.
El comando del plebiscito designó una comisión para confeccionar un documento que, según explicó Sommaruga, incluya elementos de «análisis y de juicio» que servirán de posición oficial de la campaña, «para transmitir en los talleres y presentaciones del más diverso tipo». En ella participan, además del propio Sommaruga, Sosa y Barbé, del sindicato de trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS) (la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social). Este documento se nutre de insumos elaborados por el Instituto Cuesta Duarte (ICD), por los economistas Antonio Elías, Jorge Notaro y Carlos Viera, y por el abogado Juan Ceretta. Para el proceso de aprobación orgánico del documento, está previsto que el ICD y los consultores externos lo revisen luego de finalizada «la unificación» y posteriormente deberá tener el visto bueno del comando. Para terminar, pasará por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y por una Mesa Nacional Representativa (la reunión de la mesa se aplazó para el 16).
Anticipos
Sin embargo, algunos elementos que sustentan el referido documento ya empezaron a difundirse. Entre ellos Barbé contó que «hay un estudio de CINVE [Centro de Investigaciones Económicas] que proyecta que para los próximos 15 a 20 años el plebiscito no tiene impacto negativo superior» a lo que tendrían las otras leyes regulatorias, la del 96 y la de 2023. Explicó, a su vez, que hay «1.500 millones de dólares que se transfieren anualmente del Banco de Previsión Social a las AFAP [administradoras de fondos de ahorro previsional], que dejarían de transferirse», por lo cual Rentas Generales no tendría que asistir al BPS durante ese período de tiempo. Agregó que «también hay un ahorro sustancial porque al eliminar las AFAP se va a eliminar también el traspaso que se va a tener que hacer a las cajas paraestatales en el futuro».
El gobierno prevé que para 2060 se van a totalizar más de 5.000 millones de dólares en transferencias a las cajas paraestatales por la inclusión al régimen de ahorro individual. Barbé destacó que, «como está previsto en la ley 20.130, se les va a devolver por Rentas Generales el porcentaje que las cajas paraestatales transfieran de sus afiliados». La dirigente sindical resumió: «Esto significa que hay tres o cuatro gobiernos» que van a poder reglamentar y «ver las formas de que, si luego de ese período hay algún tipo de déficit», puedan «ejercer políticas que lo solucionen». La dirigente sentenció que «sin perder los 5.000 millones de dólares que van a parar con las cajas paraestatales solo hasta 2060», con 1.500 millones de dólares anuales más en las arcas del Estado y, «ni que hablar, con los 24.000 millones de dólares que hoy tienen acumulados en los fondos de ahorro» que van a ir volviendo progresivamente al Estado cuando finalicen los contratos a cargo del fideicomiso, «hay recursos suficientes para financiar la reforma».
Sommaruga agregó que asistir mediante Rentas Generales al BPS representa entre 400 millones y 500 millones de dólares al año, y explicó por qué discrepan con la hipótesis de máxima que plantean los técnicos del BPS en su proyección actuarial. Opinó que «los técnicos del BPS proyectan 1.038 millones de dólares anuales» para el costo del aumento de la jubilaciones mínimas, «porque ellos calculan que es para todas las prestaciones», es decir, todas las jubilaciones y pensiones, «y no por personas». Defendió que «el costo del aumento es de 460 millones de dólares anuales», que es lo que saldría aumentar al valor del salario mínimo nacional las prestaciones y jubilaciones por persona, según la estimación del impacto financiero del ICD.
El dirigente sindical aclaró que en la papeleta no hay ningún elemento retroactivo que permita afirmar la necesidad de reliquidaciones en las prestaciones, para las cuales «el BPS proyecta un costo de 216 millones de dólares». Sommaruga argumentó que, de aprobarse la reforma constitucional, «esta debe ser reglamentada por el Parlamento en un plazo de hasta 24 meses», y adelantó que propondrán a los partidos políticos que se mantenga el derecho a retirar hasta un 9 por ciento del total de los ahorros individuales; «esto será posible porque con el fideicomiso se consignará en las historias laborales los montos que figuran en los fondos de ahorro».
El dirigente explicó que legislar sobre esta posibilidad «desarma la falacia del discurso confiscatorio», más allá de que «las causales para acceder a ese retiro anticipado son bastante rigurosas». Por otro lado, el comando también propondrá que el dinero que el Estado se ahorre de transferir a través de Rentas Generales, durante 15 o 20 años, sea utilizado para políticas orientadas a las infancias y la adolescencia. Agregó que «así se derrumba la falacia que se nos ha imputado» de que con esta reforma «estamos priorizando la pobreza en la tercera edad en desmedro de la pobreza en la primera infancia».
El gasto incremental
Según Manuel Colina, de Federación ANCAP (FANCAP), el sindicato de ANCAP, la única forma que el gobierno ve para resolver el eventual gasto incremental es «aumentando el IVA y el aporte de los trabajadores», porque la concepción ideológica detrás es «que el trabajador es un bien más dentro de la estructura del mercado». Entonces –dijo a Brecha–, para «hacerle rendir más la plata yo necesito que trabaje más y que termine cobrando lo mismo o menos», por eso «nos dicen que “porque ahora se vive mucho más, entonces, hay que trabajar más”».
Si la tecnología avanza, si las condiciones avanzan, si la salud avanza –se preguntó Colina–, «¿en qué momento el trabajador puede retirarse a gozar de ese avance de la humanidad?, ¿o se trata de que el avance de la humanidad es para unos pocos?». Para el dirigente sindical, «la receta que se está aplicando en seguridad social desde hace 30 años en Uruguay es básicamente la misma»: salvaguardar de la responsabilidad a los que se quedan con la enorme plusvalía del trabajo de la mayoría de los uruguayos. Asimismo, criticó: «¿Cómo puede ser que una persona que se jubila, que aportó la mitad de sus ahorros de previsión social al BPS y la otra mitad los aportó a una AFAP, por el BPS cobre una cifra y por la AFAP cobre menos del 40 o 50 por ciento de esa cifra?».
El dirigente de FANCAP recalcó: «Tienen 15 años para prever cómo se va a solucionar sin expropiar nada a nadie, sin joderle el negocio a nadie, sin trancarle la producción a nadie». Según Colina no se puede decir que en ese tiempo no pueden revisarse tasas de aporte patronales o exoneraciones fiscales, «porque el Estado exonera equiscantidad, pero igualmente se puede terminar facturando 18 veces más de lo que se exonera».
Para Sommaruga, la sostenibilidad financiera a mediano y a largo plazo «depende de cómo va a evolucionar el PBI», es decir, de cómo va a evolucionar el crecimiento económico del país, pero también de «cómo va evolucionar y modernizarse la estructura tributaria de Uruguay, para hacerla más democrática y más eficiente». En Uruguay, argumenta, «exoneramos al gran capital el doble que el promedio de América Latina, es casi el 4 por ciento del PBI y representa 2.000 millones de dólares anuales». El sindicalista se explayó: «Esta es una discusión que no es lineal», en el análisis hay que contemplar la «transición demográfica, la reforma laboral, la matriz productiva, el esquema tributario». Se trata de un debate que «hay que dar en clave estratégica y con perspectiva histórica». Finalizó: «Uruguay tiene espacio fiscal y tiene condiciones económicas para sostener la reforma a largo plazo, hay que dar esta discusión».
¿Y la universidad?
Vassallo, de la FEUU, dijo a Brecha que la Universidad de la República (Udelar) «aún no se ha pronunciado, pero que sí lo ha hecho la Intergremial Universitaria», integrada –además de por los estudiantes– por los sindicatos de docentes, los funcionarios del Hospital de Clínicas y los trabajadores técnicos, de administración y de servicio de la universidad. Han declarado su apoyo al plebiscito, para el cual han juntado firmas y han hecho campaña. El estudiante explicó que «el plebiscito es en defensa de los más postergados de nuestra sociedad» y es con ellos «con quienes nuestros gobernantes tienen que ser responsables, y no con los organismos financieros».
Para el delegado estudiantil hay dos aspectos a tener en cuenta cuando se debate sobre seguridad social: «Un aspecto que es técnico y un aspecto político». Desde la federación de estudiantes resolvieron llevar la discusión a la Asamblea General del Claustro, órgano deliberativo y asesor del cogobierno universitario. Vassallo admitió que la discusión allí «aún está verde», pero que se encuentran trabajando en la fundamentación «de por qué es importante que la universidad realice actividades, debates y se expida». El estudiante detalló que «la FEUU hoy está trabajando en un plan de acción hacia octubre»; les preocupa cómo llegarles a los jóvenes, a los estudiantes, además de cómo dar la discusión dentro de la Udelar. Es por esto que «buscamos que el plebiscito tenga un protagonismo fundamental» en las actividades de cara al «día de los mártires estudiantiles», el 14 de agosto, «porque, en definitiva, hay que acompañar con lucha a la memoria», cerró Vassallo.
Por los barrios
Jorge Díaz, secretario general de Fucvam, explicó que dentro del entramado organizativo de la juntada de firmas, se promovió la integración de estudiantes, trabajadores, cooperativistas, jubilados y pensionistas, en comisiones territoriales. «Nosotros ya tenemos un grupo de militantes, que han sido los referentes, y está abierto a que se sumen más», detalló, ya que la campaña por el Sí «va a ser corta –agosto, setiembre, octubre– y se vota». Díaz recalcó: «Nosotros vamos a distribuir a los referentes por los zonales» para articular con «la sociedad civil, los clubes de baby fútbol, los comedores, las ollas populares, los merenderos, las estructuras del PIT-CNT, estudiantiles, las intersociales». Retomando la difusión, «con mesas redondas, charlas, para poder sumar adherentes», especificó. También agregó que «se hará propaganda con spots publicitarios, que se están trabajando desde el comando central».
El dirigente social remarcó la importancia de «salir a repartir la papeleta, ir a las barriadas» sobre el último mes y medio, ya que el hecho de que algunos sectores no ensobren la papeleta junto con sus listas puede perjudicar al plebiscito. Díaz argumentó que «el último domingo de octubre» cada uno «votará su preferencia partidaria y política», pero lo que le pedimos a la población es que «vote por los derechos de los trabajadores». La papeleta es blanca con un sí en negro, con el texto completo que arranca en el frente y termina al dorso, «para la tranquilidad de la ciudadanía», finalizó Díaz.
Véase también:
– Pit-Cnt recaudó más de 430.000 firmas y habrá plebiscito por seguridad social en octubre. [Dossier]
– La presión popular de un plebiscito que incomoda al Frente Amplio. [Tamara Samudio]
– Habrá plebiscito de la seguridad social: la Corte Electoral validó 276.151 firmas. [La Diaria]