Imagen: creación de Kateryna Gritseva
Entrevista a las militantes Aleksandra Aroshvili y Mariam Shengelia*
Commons, 6-8-2024
Traducción de Correspondencia de Prensa, 9-8-2024
En abril y mayo de 2024, decenas de miles de georgianos salieron a las calles para protestar contra la nueva «Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera», que fue finalmente aprobada por el parlamento el 28 de mayo, anulando el veto presidencial. Esta ley exige a las ONG que reciben más del 20% de su financiación del extranjero que se declaren «agentes extranjeros». ¿Por qué la propuesta de esta ley causó manifestaciones tan masivas? ¿Cuáles son las cuestiones sociales y políticas que están en juego detrás del enfrentamiento entre el sector de las ONG y el Estado georgiano? ¿Cómo se refleja en el contexto local la competencia geopolítica entre Rusia y Occidente, y en qué medida las protestas georgianas son algo comparables al Maidán Ucraniano?
Commons habló con dos militantes georgianos. Aleksandra Aroshvili es una investigadora independiente y activista que vive en Tiflis. Es autora de múltiples publicaciones sobre política social, economía política, las diversas formas de desigualdad, trabajo informal y atípico, migración de mujeres, extractivismo y ecología. A lo largo de los años, participó en movimientos sociales y participó en la organización de varias campañas públicas. Mariam Shengelia es doctorante en Filosofía y militante que vive en Francia. Participa en múltiples luchas autoorganizadas, especialmente en movimientos sin fronteras y antiimperialistas.
Durante más de un mes, Georgia se vio sacudida por protestas masivas contra la ley de «influencia extranjera». ¿Podrían decirnos unas palabras sobre el contenido de esta ley y el contexto de su adopción? ¿Por qué provocó tal reacción en la sociedad georgiana?
Aleksandra: La ley sobre «Transparencia de la influencia extranjera», anteriormente conocida como la «Ley de Agentes de Extranjeros», es idéntica a la legislación introducida por el partido gobernante hace un año. Posteriormente se retractó en medio de importantes protestas. A pesar de las garantías de que la ley no volvería a ser presentada, fue reintroducida un año después y finalmente aprobada, a pesar de casi dos meses de manifestaciones generalizadas en abril y mayo de 2024. Incluso pudo superar el veto del Presidente.
Según la ley, toda forma de asociación sin fines de lucro que recibe más del 20% de sus ingresos anuales de una fuente extranjera, ya sea un Estado extranjero, una organización extranjera o un colectivo, o una persona que es ciudadana de un país extranjero está obligada a registrarse como entidad que representa los intereses de una potencia extranjera en el país.
Lo que hay que tener en cuenta es que Georgia es uno de los países más dependientes de las finanzas extranjeras en todos los sectores: sector público, economía, vida política y social. Esto se puede ver, en primer lugar, en el funcionamiento de las estructuras estatales: las reformas y las iniciativas públicas están financiadas en su mayoría por instituciones internacionales, mientras que la economía depende en gran medida de la inversión extranjera directa, lo que provoca una fuga de recursos, empleos mal pagados e inestables y la destrucción del medio ambiente. En segundo lugar, la supervivencia de muchas familias en Georgia depende de las remesas de los emigrantes que han abandonado el país para trabajar. Además, muchas actividades públicas, ya sean educativas, científicas, medios de comunicación independientes, sindicatos, sociedad civil, iniciativas artísticas, iniciativas sanitarias u otros servicios para mujeres y niños, dependen de asociaciones que se ven obligadas a buscar subvenciones extranjeras. Si las organizaciones se niegan a registrarse como «agente extranjero» y a presentar una declaración financiera anual (que en realidad no es sólo financiera, sino que busca controlar el contenido de la actividad), se enfrentan a cuantiosas multas y, eventualmente, a la congelación de sus cuentas y activos, lo que conduce a su liquidación total.
Algunos artículos de la ley son aún más severos. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, basándose en su propia decisión o en una declaración anónima, puede iniciar una investigación contra cualquier organización que, en su opinión, pueda tener más de un 20% de financiación extranjera. Durante dicha investigación, el Ministerio puede solicitar todo tipo de información, incluida información personal y confidencial, a cualquier persona, asociación u organización. Con las enormes herramientas de propaganda del gobierno que chantajean a la gente a diario, no es difícil entender por qué podrían necesitar la información personal de la gente. En los dos últimos años, toda persona que se atreve a criticar al gobierno, incluidos los que luchan contra los desastrosos proyectos económicos y de infraestructuras, condenan la represión en el ámbito cultural o plantean la cuestión de la desigualdad social, ya ha sido declarada «agente» extranjero por el gobierno a través de su propaganda. A partir de ahora, esta represión se institucionaliza.
Otra cuestión es que si existe una asociación popular cuya financiación procede únicamente de donaciones, principalmente de emigrantes, ya puede considerarse financiación extranjera, dado que muchos emigrantes georgianos ya son ciudadanos de otros países. Con esta medida, el gobierno bloquea la única fuente de financiación que no depende de los donantes. Por ejemplo, Salvar el Valle de Rioni, un movimiento público local, sólo existía gracias a las donaciones de la gente, principalmente de los emigrantes. Fue este movimiento el que el gobierno citó más a menudo como justificación para aprobar la ley.
Esta ley es a menudo comparada con la legislación rusa sobre «agentes extranjeros» e incluso tachada de «prorrusa». ¿Es realmente así? ¿Cómo se pueden conciliar estas acusaciones con el compromiso del gobierno con el programa de integración en el euro?
Aleksandra:La introducción de esta ley coincide con la nueva situación geopolítica creada por el inicio de la guerra Rusia-Ucrania y el giro conservador del gobierno georgiano. Anteriormente, el gobierno había consolidado un rumbo prooccidental y había seguido una línea liberal durante los últimos 12 años. Hay que destacar que este gobierno es a su vez tecnocrático, surgido de la clase liberal de las ONG. Calificar la ley de «rusa» está relacionado principalmente con el contenido autoritario de la misma. Pero también hay que señalar que la conexión con Rusia ha sido un tema destacado en la política y en la agenda de los principales medios de comunicación de Georgia durante décadas, con varias facciones culpándose mutuamente de ser prorrusas. Dado que nuestros territorios están ocupados, este tema es especialmente delicado. La Georgia postsoviética, en gran parte bajo la dirección de gobiernos neoliberales e impulsados por la economía, es un país en el que los debates políticos y la información rara vez giran en torno a cuestiones de desarrollo, sino que más bien se centran en la afiliación con actores geopolíticos. En el contexto de esta agenda geopolítica bipolar -Rusia contra Occidente- y de la amenaza de que Georgia pierda su estatuto de candidato a la UE, recibido hace sólo unos meses, la gente de la calle tiende a ver la nueva ley como una señal de que Georgia se aleja de la UE y se acerca a Rusia. Esto se convierte en una cuestión de importancia existencial, ya que la independencia es quizás la única cuestión sobre la que existe un consenso social completo en este estado post-soviético.
Pero la situación es mucho más compleja en realidad. El gobierno busca actualmente un acercamiento con Turquía, China y Azerbaiyán, en el que Georgia sirva potencialmente como futuro corredor comercial y de tránsito entre estos países y la Unión Europea. Importantes proyectos infraestructurales y energéticos forman parte de este plan y la ley persigue explícitamente a los grupos e individuos que «obstruyen los proyectos energéticos», como los militantes locales que se oponen a la construcción de centrales hidroeléctricas (CHP). Una integración política más estrecha con estos países se supone que ayudaría a aplicar los acuerdos económicos. Durante una reunión con el primer ministro turco Erdoğan, el primer ministro de Georgia dijo que Turquía y Azerbaiyán eran formas ejemplares de «gobierno soberano». Dadas las políticas represivas de Turquía en los últimos años, incluida la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Anatolia y la represión de los movimientos que se oponen a esos proyectos, es probable que la nueva ley esté dirigida, entre otras cosas, a silenciar a los actores de Georgia que se oponen a esos planes económicos.
Simultáneamente a la adopción de esta ley, el partido gobernante emprendió otras acciones legislativas significativas. Entre ellas, la adopción de una ley de offshore, cambios en la ley de jubilaciones acumulativas y la firma de memorandos energéticos y económicos con Turquía y China.
Para quienes llevamos años criticando las políticas de desarrollo de Georgia, la trayectoria que está tomando este país es muy clara. Cabe señalar que esta trayectoria no implica ningún cambio estructural significativo en la economía ni en las relaciones comerciales internacionales, sino que más bien sugiere una expansión del grado, la intensidad y el potencial de saqueo neocolonial de Georgia y de la extracción de sus recursos naturales, así como de la explotación de su pueblo.
¿Cuál es su análisis de la composición social y política de las protestas?
Aleksandra: Estamos hablando de la mayor movilización (aproximadamente 100.000 o más personas en las calles sólo en Tiflis) de la historia reciente de Georgia, en la que participaron estudiantes, profesionales, sindicatos recién formados en las artes, profesores y otros. Sin embargo, no podemos ignorar que esta protesta es principalmente urbana y tiene lugar en Tiflis y otras ciudades. Esto no significa que las protestas sean predominantemente urbanas de clase media, sino que más bien pueden explicarse por la importante migración interna dentro del país. Los pueblos y las pequeñas ciudades, en su mayoría, permanecen desiertos, y los habitantes que quedan trabajan principalmente en la función pública y sus medios de subsistencia dependen en gran medida del gobierno. Algunos de ellos creen que esta ley simplemente busca más transparencia, a menudo acompañada de dos creencias más profundas inculcadas por la propaganda. La primera creencia es que la ley pretende evitar que las potencias occidentales nos arrastren a una guerra con Rusia, mientras que el gobierno es el garante de la paz. La segunda creencia es que el principal problema de Georgia no es la crisis social existente, sino las cuestiones culturalmente «sensibles», como la «propaganda LGBT» y otros temas. En ambos casos, tal y como lo presenta el gobierno, la responsabilidad recae en las ONG financiadas por Occidente. También hay que señalar que antes de su giro conservador, el mismo gobierno colaboraba estrechamente con las ONG, promulgaba leyes liberales y estigmatizaba a quienes se oponían a ellas. Sin embargo, ahora ha empezado a sembrar la división entre el pueblo construyendo una imagen del enemigo interno, adoptando una postura abiertamente autoritaria y represiva. Esto incluye mensajes difamatorios en las casas de la gente, carteles, agresiones físicas, heridos, la movilización de grupos violentos, acusaciones penales ambiguas contra participantes en manifestaciones ordinarias, y mucho más. Aunque la ley pretende destruir cualquier posibilidad de vida asociativa y solidaridad, la descripción de las protestas como exclusivamente de clase media, ignorando la multitud de factores mencionados anteriormente, es una valoración injusta y sesgada.
¿Qué reivindicaciones plantean los manifestantes más allá del retiro de la ley (si es que las hay)? ¿Cuál es su estrategia ahora que se ha aprobado la ley?
Aleksandra:Aunque los partidos de la oposición, en gran parte vinculados al gobierno anterior, intentaron desviar la atención hacia un cambio de régimen, para la mayoría de los manifestantes la principal reivindicación seguía siendo la derogación de la ley. A pesar de la amplia movilización, la ley fue aprobada. Este desprecio de las protestas masivas hace que la organización pacífica sobre cualquier tema sea cada vez más difícil en el futuro.
Algunos depositan ahora sus esperanzas en las elecciones de octubre de 2024. Sin embargo, dado que la clase política existente carece de la simpatía del pueblo y que para muchos de nosotros prácticamente no existen alternativas viables, la situación es calamitosa.
¿Cuál es la perspectiva de la izquierda georgiana sobre estos acontecimientos? ¿Participa en el movimiento? ¿Existen debates o quizás incluso divisiones dentro de la izquierda respecto a la estrategia a adoptar ante las protestas?
Aleksandra: De hecho, la izquierda en Georgia es una fuerza pequeña, fragmentada y carente de integración, lo que dificulta su capacidad para presentar una posición unificada o un frente en las protestas con un programa coherente. Varios movimientos individuales, trabajadores, personas de izquierdas y sindicalistas han participado en las protestas. Al mismo tiempo, algunos segmentos de la izquierda o de la antigua izquierda parecen estar alineándose más estrechamente con la narrativa conservadora del Estado y respaldando las acciones del gobierno.
Hay que mencionar que Georgia sólo cuenta con un medio de comunicación online independiente de izquierda, con una cobertura relativamente reducida. Del mismo modo, los grupos de izquierda que participan en las protestas no tienen poder para influir en la narración de las mismas. Pero los militantes de izquierda que, en los últimos años, han participado activamente en enfrentamientos físicos con la policía, han defendido el medio ambiente, han participado en huelgas masivas, han luchado contra los desalojos o han luchado por iniciativas sociales progresistas, ven la ley como una institucionalización de la violencia. A pesar de la estrechez de la narrativa dominante, que se centra únicamente en el lema «no a la ley rusa», ellos mantuvieron su presencia en las calles.
Algunos, en la izquierda, insinúan que las protestas están impulsadas y dominadas por ONG liberales encargadas de promover las políticas de austeridad y que, por lo tanto, la clase trabajadora tiene poco interés en participar en ellas. ¿Están de acuerdo con esta visión de la situación? ¿Cómo valoran el potencial político progresista de las protestas?
Aleksandra: Sí, algunos izquierdistas de la prensa internacional se alinearon con la retórica del gobierno e intentaron reducir la crisis económica y democrática del país que desembocó en esta protesta a un problema de las ONG liberales, sin comprender el contexto ni proponer una perspectiva verdaderamente crítica. Pero la responsabilidad principal de la consolidación de las políticas de austeridad y del fomento de una economía neoliberal cada vez más salvaje en Georgia recae sobre el gobierno georgiano. No sólo han perpetuado sino que han exagerado el enfoque económico capitalista libertario de la administración anterior. La mayoría de las ONG influyentes de Georgia durante este periodo apoyaron estas políticas económicas, pero hubo unas pocas organizaciones que se comprometieron activamente a apoyar huelgas, protestas ecologistas y medioambientales, a los científicos críticos y contribuyeron a la aparición de una tradición intelectual de izquierda. Es evidente que la retórica sobre las «ONG influyentes» pretende acallar estas voces discrepantes, entre las que se incluyen las de los trabajadores, los movimientos contra el extractivismo y la explotación, los ecomigrantes, los inquilinos que se enfrentan a un desalojo y otros.
Para continuar con la pregunta anterior: ¿qué significa la aprobación de esta ley para las luchas progresistas y, más concretamente, obreras en Georgia?
Aleksandra: Georgia no tiene una clase obrera fuerte. Su economía, salvo en algunas ciudades industriales, se basa en empleos precarios. El desempleo sigue siendo elevado y un gran número de nuestros ciudadanos trabajan en el extranjero, legal o ilegalmente. Las huelgas rara vez obtienen victorias importantes para los trabajadores. En los últimos años, las luchas progresistas han tenido más éxito en sus combates para preservar el marco de vida, contra las grandes centrales hidroeléctricas y la privatización de los bosques. El hecho de que estos movimientos consiguieran organizarse mejor que los trabajadores es también un hecho estructural y está relacionado con los regímenes de acumulación económica dominantes en Georgia. En la década anterior, la acumulación se basaba sobre todo en la privatización y la desregulación, que privaban completamente de poder a los trabajadores. Hoy, el modo de acumulación se ha desplazado hacia lógicas de desposesión, llevando al máximo la explotación del medio ambiente, como el agua, los bosques y las tierras. Privada de su entorno vital, la gente no tiene más remedio que resistir.
No es de extrañar que el gobierno intente suprimir las organizaciones y movimientos que trabajan en cuestiones sociales y medioambientales, así como la solidaridad existente entre ellos. Basándome en mi experiencia de participación en las luchas locales de los últimos años, creo que hoy en día la izquierda progresista de Georgia se enfrenta principalmente a proyectos económicos y de infraestructuras antisoberanos y antidemocráticos. En este sentido, esta ley significa no sólo la represión contra las ONG, sino también contra las poblaciones locales y los trabajadores aliados con ellas, contra los científicos cuyos conocimientos requieren estos procesos, y la desintegración de la unidad, lo que implica un daño vital para mantener los vínculos entre ellos.
El destino histórico de Georgia se ha comparado a menudo con el de Ucrania: en la década de 2000, ambos países protagonizaron «revoluciones de colores»; incluso antes que Ucrania, en 2008, Georgia tuvo que hacer frente a la guerra con Rusia, que apoyó y reconoció a la autoproclamada República de Abjasia. Actualmente, se plantean comparaciones similares entre las manifestaciones actuales en Georgia y el Maidan ucraniano: protestas pro-UE encabezadas por una alianza liberal-nacionalista frente a un gobierno supuestamente pro-ruso. ¿Hasta qué punto dirían ustedes que son correctos estos paralelismos? ¿Nos ayudan o dificultan nuestra comprensión de los acontecimientos en Georgia?
Mariam: La sociedad georgiana debe ser considerada dentro de su contexto y geografía y geografía caucásica específica. Sin embargo, se podrían trazar muchos paralelismos entre las situaciones geopolíticas y económicas de Ucrania postsoviética y Georgia. En primer lugar, durante siglos Georgia y Ucrania han compartido el mismo yugo imperial ruso: primero zarista, luego soviético y actualmente Putinista. Desde las revoluciones de color, apoyadas por los EE.UU., ambos países han sido sometidos a una nueva forma de dominación, la del poder blando de la hegemonía neoliberal euroatlántica. Aunque el Maidán y las protestas actuales en Georgia no pueden reducirse a los juegos manipuladores del imperialismo ruso territorial y la hegemonía neocolonial occidental, también hay que entender los intereses geopolíticos subyacentes en juego.
En Georgia y Ucrania, los gobiernos «revolucionarios» de Saakashvili y Yushchenko introdujeron regímenes vasallos en el bloque euroatlántico, regido por principios neoliberales. Sin embargo, el giro prorruso a nivel estatal ocurrió en Ucrania bajo la gobernabilidad de Yanukóvich, mientras que, en Georgia, el orden neoliberal y estatal policial de Saakashvili todavía estaba en pleno apoyamiento, gracias a un régimen represivo y sangriento sin igual. El actual movimiento de protesta en Georgia recuerda a Maidan en el sentido de que se opone a la subordinación al régimen imperial ruso, mientras estalla desde su propio anclaje económico, social y cultural local, como una expresión radical de descontento, ira y desconfianza de las instituciones estatales autoritarias por parte de los jóvenes y las masas insurgentes.
Estas insurrecciones, que muestran banderas nacionales y europeas como en Maidán, también cuentan con danzas etnográficas tradicionales y canciones en espacios públicos, expresando un sentido más amplio de ser históricamente suprimido por fuerzas externas coloniales. Es una forma de conmemoración, en particular de la historia colectiva de subyuga al zarismo, la anexión de la República Democrática de Georgia por el ejército soviético en 1921, y finalmente, la historia reciente de luchas tumultuosas por la independencia de la URSS y guerras sin sentido, donde Rusia, al igual que en Ucrania, se presentó como el «salario de las minorías étnicas oprimidas». Así pues, el reconocimiento de la autoproclamada República de Abjasia en 2008 no completa la estrategia iniciada desde el comienzo de la guerra abjasio (1991-1993, siguiendo el antiguo esquema de división et impera, para consolidar su control territorial.
Hoy en día, todavía estamos digiriendo los traumas de guerra colectivas – masacres de osetios y abjasios, limpieza étnica de georgianos y desplazamientos forzados, rompiendo lazos interétnicos e incluso familiares – al mismo tiempo que tratamos de avanzar, más allá del mismo régimen asesino.
Ucrania y Georgia son ex repúblicas soviéticas que se encuentran en la encrucijada de intereses geopolíticos opuestos. Y aunque el poder duro ruso representa una amenaza constante de conflicto armado y se descongele en el autoritarismo, la influencia del poder blando occidental acelera la desintegración del Estado social y ejerce nuevas presiones sobre las políticas migratorias. ¿Cómo debemos interpretar las demandas de integración de la UE, impulsadas en gran medida por estos movimientos de protesta, en este contexto?
Mariam : En efecto, la demanda de integración en la UE debe entenderse en el contexto de la distribución de poder entre bloques multipolares. Para una parte de la población georgiana, la integración en la UE parece ser una solución milagrosa para la defensa de nuestros territorios y de nuestra integridad. Otra parte de la población, sobre todo los exiliados y emigrantes que han vivido en carne propia numerosos procedimientos ilegales y racistas por parte de las instituciones europeas, sabe que estas esperanzas son ilusorias.
En realidad, el bloque euroatlántico no parece dispuesto a cumplir su promesa de integrar a un país periférico y no fronterizo en la Fortaleza Europa, aunque sí quiere situar a Georgia bajo su zona de influencia. Sin embargo, la UE consigue mantener esta ilusión, gracias a la concesión estratégica del estatus de candidato a la adhesión (en noviembre de 2023), bajo la presión de las protestas en Georgia, tras la negativa inicial de la Comisión Europea. En lugar de convertirnos en un miembro de pleno derecho, la UE prefiere otorgarnos el estatus de perro guardián y auxiliar militar de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). Se trata de las políticas de externalización de fronteras de la UE, una estrategia que avala las medidas de control, de repliegue, de detención y de represión de las poblaciones exiliadas, gracias a mecanismos militares-policiales exorbitantes desplegados en terceros Estados (como los países balcánicos, Turquía, Túnez, Marruecos, etc.).
¿Cómo se maneja la izquierda en este contexto y qué estrategias puede desarrollar para impulsar una política de clases progresista?
Mariam: Frente a las consecuencias del derrumbe económico provocado por la disolución de la URSS, los años de guerras devastadoras y las rapaces políticas neoliberales, resulta especialmente difícil para un puñado de colectivos de izquierda liderar una lucha ofensiva más allá de las estrategias de supervivencia colectiva.
A diferencia de Georgia, en Ucrania la izquierda no institucional es mucho más heterogénea, con una fuerte presencia de grupos antiautoritarios y anarquistas. Sin embargo, en el contexto de la polarización de los bloques imperialistas, tanto en Ucrania como en Georgia, existe una falta de comprensión de las cuestiones neocoloniales, racistas y fascistas de las potencias euroatlánticas. Esto es bastante comprensible, debido a la experiencia del imperialismo ruso frontal y armado.
Ante los ataques de la privatización desenfrenada, las movilizaciones populares regionales y rurales se convierten en actores más eficaces de la resistencia a la opresión tanto local como externa, que los propios colectivos de izquierda. Movimientos como los del valle de Rioni (Represa en el río Roni. Las élites político-económicas buscaron legitimar la política de desarrollo existente y excluir las resistencias, ndr), así como muchas otras movilizaciones en regiones y pueblos periféricos como Tchiantura y Balda, defienden sus espacios vitales, sus recursos naturales y sus condiciones de habitabilidad, desafiando las políticas de explotación depredadora y de extractivismo. La dominación imperial de terceras potencias, ya sea Rusia, Turquía u Occidente, se reconfigura cada vez más en una hegemonía económica extractivista que beneficia a las élites financieras extranjeras y locales. Su nuevo instrumento legislativo, la Ley Offshore, no hará sino acelerar la devastación ecológica, económica y cultural. Lo que estos movimientos han puesto de relieve con sus acciones contundentes, y lo que los movimientos de izquierda no suelen hacer en todo el mundo (con la excepción de los zapatistas y los kurdos), es adoptar una cosmovisión y una visión política más amplias que integren las cuestiones culturales, religiosas y de identidad comunitaria con las esferas de la política, la economía y la ecología, sin comprometer los principios éticos y políticos de la autoorganización.
Si las protestas actuales desestabilizan el orden existente mediante la ocupación masiva de espacios públicos, esta irrupción debe alimentarse de prácticas de autoorganización y organización política cotidiana arraigadas en el tiempo. Para que el movimiento articule lo que la gente quiere más allá de rechazar las políticas actuales, es crucial encontrar formas de crear fuertes lazos de solidaridad y alianzas políticas entre los manifestantes de las zonas urbanas, las movilizaciones periféricas, las clases populares sobreendeudadas, los trabajadores inmigrantes y las comunidades queer.
¿Cómo valoran las reacciones de la izquierda internacional ante las protestas en Georgia? ¿Cómo puede construirse la solidaridad internacional en un mundo multipolar, donde los levantamientos en la periferia suelen estar marcados por dinámicas sociales contradictorias y donde el conflicto de clases tiende a camuflarse tras las luchas geopolíticas?
Mariam: Con la excepción de algunos colectivos internacionalistas, la extrema izquierda, especialmente en Europa Occidental, lucha por desarrollar posiciones de solidaridad antiimperialista que no reproduzcan el dualismo divisionista del campismo. Esta débil presencia del antiimperialismo radical está, por supuesto, vinculada a la herencia colonial occidental, así como a la creciente influencia de los poderes de extrema derecha y neofascistas en la UE, que intensifican la militarización de las fronteras, las políticas antiinmigración y la violencia policial, en particular contra las personas racializadas.
La cuestión no es tanto una falta de comprensión como una posición ideológica que critica el colonialismo occidental al tiempo que pasa por alto la historia y las experiencias actuales de otras formas de imperialismo periférico y colonización territorial. Esta posición es intrínsecamente eurocéntrica y perpetúa la noción de que Occidente es el único actor real de la distribución del poder.
Sin embargo, podemos mencionar los movimientos sin fronteras, los grupos autoorganizados de solidaridad y antirracistas, así como los movimientos okupas, que crean dinámicas de solidaridad y ayuda mutua con los exiliados, como ejemplos de espacios que consiguen superar la esterilidad de las posturas ideológicas formuladas desde el punto de vista del centro.
Sobre todo, la esperanza reside en construir alianzas y convergencias entre los pueblos y culturas oprimidos de las regiones periféricas, desde el Cáucaso hasta Ucrania y Palestina. Estas solidaridades son evidentes en las alianzas entre movimientos sociales y acciones de solidaridad con Palestina, y en la presencia de armenios y azerbaiyanos en las manifestaciones de Tiflis. Ciertos colectivos internacionalistas de Europa crean espacios en los que se comparten experiencias de levantamientos y resistencias populares de Siria, el Kurdistán o México.
Pero cuando nos enfrentamos a poderes imperiales, que son como una hidra de mil cabezas, necesitamos emprender una acción coherente y continua. Al hacerlo, podemos reconocer que el pueblo mapuche y los guardianes del valle de Rioni luchan contra las mismas políticas de acaparamiento de recursos naturales, que la misma empresa noruega, Clean Energy Group, participó en grandes proyectos de infraestructuras hidroeléctricas en Georgia y Chile. Que el poder capitalista, responsable del empobrecimiento y la desposesión de tierras, el neocolonialismo y el extractivismo, es el enemigo común contra el que luchamos. Esa comprensión constituye la base para construir solidaridades.
*Aleksandra Aroshvili: Investigadora independiente y militante que vive en Tiflis. Es autora de múltiples publicaciones sobre política social, economía política, diversas formas de desigualdad, trabajo informal y atípico, migración femenina, extractivismo y ecología. A lo largo de los años, ha participado en movimientos sociales y ha sido fundadora de varias campañas públicas.
*Mariam Shengelia: Estudiante de doctorado en Filosofía y militante instalada en Francia, que participa en múltiples luchas autoorganizadas, en particular en movimientos sin fronteras y antiimperialistas.