Divergentes, 1-2-2024
Correspondencia de Prensa, 3-2-2024
Las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó en 2022 contra Eniminas, empresa estatal que regula la emisión de concesiones mineras, no están siendo aplicadas, expone un informe del The Oakland Institute. Esto ha permitido que continúe la expansión del negocio minero en el territorio indígena de Nicaragua
El sector minero, especialmente el que se dedica a la exportación de oro, continúa expandiéndose ampliamente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), pese a las sanciones que impuso el Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) en junio de 2022, denuncia el The Oakland Institute en su informe “La Fiebre del Oro en Nicaragua”.
La organización señala que aunque las sanciones contra Eniminas fueron anunciadas hace dos años, estas siguen sin aplicarse, lo que ha permitido la expansión del negocio. Esta cartera estatal controlada directamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está encargada de regular la emisión de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras.
Tampoco se han realizado acciones por parte de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, ente gubernamental norteamericana que desde 2022 también tiene autorización de sancionar a cualquier entidad con conexiones financieras en Estados Unidos y esté involucrada en el sector del oro de Nicaragua.
Por el contrario, las actividades económicas del sector minero en Nicaragua aumentan más que nunca en el país, siendo Estados Unidos el principal importador de oro nicaragüense, seguido por Canadá.
“En junio de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa minera estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), creada en 2017 para regular la emisión de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras”, señala el informe del The Oakland Institute.
“Después de las elecciones presidenciales amañadas de noviembre de 2021, el Departamento del Tesoro acusó al régimen Ortega-Murillo de ‘usar el oro’ y sus ingresos, para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participar en actividades que representan una amenaza a la seguridad del hemisferio”, añade.
Sanciones se ampliaron, pero sin aplicarse
En octubre de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden amplió sustancialmente las sanciones de junio de 2022 mediante una orden ejecutiva, exponiendo a las sanciones a personas y empresas con vínculos financieros con Estados Unidos y que hacen negocios con la industria del oro de Nicaragua.
“Esta fue la primera vez que un sector completo de la economía nicaragüense fue identificado como restringido. Sin embargo, casi dos años después de la firma de la orden ejecutiva, las sanciones aún no se han implementado, lo que permite que el sector del oro continúe expandiéndose y generando enormes ingresos para el régimen de Ortega”, resalta The Oakland Institute.
La investigación destaca que reconocidas firmas de inversión y corporaciones mineras con sede en Estados Unidos y Canadá, son los principales financiadores de las compañías mineras de oro extranjeras en Nicaragua.
A falta de sanciones, el negocio minero sigue en auge
“La falta de implementación de las sanciones por parte de la administración Biden está sosteniendo efectivamente a las empresas mineras estadounidenses e internacionales con inversionistas estadounidenses que operan en Nicaragua, mientras que el costo devastador de esta especulación lo pagan las comunidades indígenas y afrodescendientes”, continúa.
The Oakland Institute recuerda en su informe que las sanciones fueron impuestas debido al desplazamiento forzado, el despojo territorial y la violencia que causa la minería para las comunidades indígenas que viven en las zonas de explotación mineras; y los sustanciales ingresos económicos que recibe la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La organización señala que Estados Unidos es el mayor comprador de oro de Nicaragua, de acuerdo con los datos del Banco Central. Entre enero de 2023 y julio de ese mismo año, el negocio generó un valor de importación de 465 millones de dólares. Esto representó el 73% de todas las exportaciones de oro del país en ese período.
Por su parte, Canadá generó importaciones por 143 millones de dólares en ese periodo de tiempo. Además, las concesiones de tierras para la explotación minera también han aumentado en el país en los últimos tres años. La superficie de tierra bajo concesiones mineras se duplicó, sólo entre junio de 2021 y noviembre de 2023.
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el régimen Ortega-Murillo otorgó 146 concesiones mineras metálicas en junio de 2021, lo cual abarcó 923 681 hectáreas de tierras. Mientras que en diciembre de 2023, el régimen otorgó 153 concesiones mineras metálicas que cubrían 1.8 millones de hectáreas de tierras. Esto representa el 15% de la superficie terrestre del país.
Grandes corporaciones mineras pueden ser alcanzadas por las sanciones
The Oakland Institute reporta que entre las empresas involucradas en este negocio están Calibre Mining Corp, la cual obtuvo nueve de las 14 concesiones que se añadieron en 2022. Estas cubren 336 598 hectáreas de tierras, que representan el 3% de la superficie terrestre de Nicaragua. En total, esta empresa ha recibido 57 concesiones, que cubren más de 1.1 millones de hectáreas.
“Calibre ha buscado agresivamente la extracción y exploración de oro en Nicaragua a través de sus subsidiarias de propiedad total: Calibre Mining Nicaragua, Tritón Minera y Desarrollo Minero de Nicaragua (Desminic)”, expresa el informe.
Muchas de estas concesiones ocupan territorios indígenas y afrodescendientes que son reconocidos y protegidos por el Estado según la ley. Sin embargo, las personas que habitan en estas comunidades no han sido consultadas sobre estos proyectos, lo que viola las leyes del país y las normas internacionales.
Según datos de la misma empresa, Calibre registró ganancias trimestrales “récords” el 11 de agosto de 2023 con la producción de 58 392 onzas de oro, en comparación con las 48 810 onzas de oro producidas en el segundo trimestre de 2022.
“Todas las entidades con vínculos financieros con Estados Unidos involucradas en el sector aurífero de Nicaragua quedaron sujetas a sanciones estadounidenses, incluido el congelamiento de activos estadounidenses. Aunque tiene su sede en Canadá, Calibre es un claro candidato para la designación en virtud de esta orden ejecutiva debido a que posee propiedades mineras en los Estados Unidos a través de sus subsidiarias de propiedad absoluta”, advierte The Oakland Institute.
Otras firmas e inversionistas involucrados en el negocio minero
Además de Calibre, otras empresas de inversión y corporaciones mineras que tienen sede en Estados Unidos y Canadá, son los principales financiadores del negocio del oro en Nicaragua.
Entre las firmas inversoras señalados en el informe se encuentran BlackRock Inc., Van Eck Associates Corp., Invesco Ltd., y Wexford Capital LP; y empresas mineras canadienses como B2Gold Corp., y Agnico Eagle Mines Ltd.
The Oakland Institute también señala que muchos inversores están respaldados por empresas estadounidenses. Entre las más notables están BlackRock Inc., Vanguard Group Inc., Van Eck Associates Corp. y Massachusetts Mutual. Compañía de seguros de vida.
“El costo de esta expansión corre a cargo de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) que enfrentan violencia incesante, masacres y colonización de sus tierras, principalmente para la minería y la ganadería”, denuncia la organización.
“No exigir responsabilidades a estos intereses financieros no sólo permite que continúe la violencia, sino que también pone en peligro la credibilidad de la orden ejecutiva del presidente Biden y la postura de la administración sobre la defensa de los derechos humanos”, destaca el reporte The Oakland Institute.