Tala de monte nativo en la provincia de Salta, Argentina Afp, Juan Mabromata
Fabián Kovacic desde Buenos Aires
Brecha, 2-2-2024
Correspondencia de Prensa, 2-2-2024
Con Enrique Viale, ambientalista argentino
Las agitadas jornadas del verano parlamentario argentino parecen enfatizar la cuestión económica y financiera del paquete de normas reunido en el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei busca imponer a cualquier costo. Sin embargo, entre los más de 600 artículos, figura un capítulo ambiental a punto de ser removido de un plumazo en favor de intereses empresariales ligados al extractivismo.
Todas las organizaciones ambientales del país rechazaron en un documento consensuado el proyecto de ley. Brecha dialogó con el abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los responsables de defender y reivindicar, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, las normas ambientales logradas en los últimos 20 años en Argentina a fuerza de participación ciudadana contra grandes intereses. Viale es moderadamente optimista sobre la posibilidad de que la eliminación de esas normas no sea sancionada por el Congreso.
—¿Podría dar un breve pantallazo de lo que se puede llamar política ambiental del gobierno de Javier Milei?
—Es una política que nosotros esperamos. Algo de regresión ambiental y con la misma lógica que tenía Donald Trump en Estados Unidos. Entonces escribimos un artículo con la investigadora y ambientalista Maristella Svampa en el que señalábamos que Trump había desarmado varias leyes ambientales. Y lo mismo hizo Jair Bolsonaro en Brasil, al atacar la normativa ambiental regresivamente, cambiando las normas o no cumpliéndolas. Lo que pasa es que en Argentina esto es demasiado. Llevamos apenas un mes y medio de gobierno y ya atacó la columna vertebral de las leyes de protección ambiental a través del proyecto de ley ómnibus, que pretende modificar las leyes de bosques y de glaciares, que son el corazón de la lucha socioambiental en el país.
Estamos ante una situación de fragilidad y de ataque permanente. Milei es un presidente que no solo es negacionista del cambio climático, sino que sigue esa lógica de Trump y la derecha republicana. Una lógica descripta por Naomi Klein, quien ya en sus viejos artículos explica cómo había nacido esa concepción en tiempos de Ronald Reagan, continuada después por George Bush padre e hijo, financiados por las grandes petroleras. Eso se replica en Trump y Bolsonaro. Y Milei, que cataloga al movimiento ambiental como un enemigo y una creación del marxismo cultural, lo cual en América Latina es muy peligroso, porque es la región del planeta donde más se asesina a defensores y defensoras ambientales. Fijate lo que dijo Milei en el encuentro de Davos: nombró para fustigar solo a dos colectivos sociales, el feminismo y el ambientalismo. Mirá la obsesión que tiene con esos dos temas, que los etiqueta como creados por el marxismo internacional. Y nuestro gran miedo es que pueda abrir un capítulo de violación de derechos humanos.
—¿Cuáles son las chances de que la ley ómnibus sea rechazada?
—Todavía es prematuro arriesgar una hipótesis o un resultado. En el dictamen que salió, por lo menos se eliminó la autorización para deforestar. Pero la ley de tierras ya fue atacada por el DNU [decreto de necesidad y urgencia] que está vigente y permite vender tierras a extranjeros sin limitación.
—Más allá de sus signos políticos, todos los gobiernos parecen pelearse con las leyes ambientales. ¿Es así?
—Con Maristella Svampa hemos escrito varios artículos sobre el tema y hablamos del consenso extractivista o de las commodities, que es la aceptación pasiva de ser proveedores de naturaleza como si fuese un destino, y eso rebasa cualquier ideología, porque es un consenso que no se puede cuestionar. Somos los proveedores de materia prima para el consumo del Norte global. Pero hay grandes diferencias entre cada gobierno. No son lo mismo otros gobiernos que Javier Milei. Hoy estamos frente a una persona que considera al movimiento ambiental como un enemigo. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral: no había que votar a Milei. La gran diferencia es que con gobiernos anteriores teníamos discusiones del siglo XXI, y con Milei retrocedimos al siglo XIX. Reclamamos un piso democrático y de debate mínimo. Hoy estamos discutiendo por el derecho a que tres personas puedan reunirse en la vía pública y eso no sea considerado un delito. Retrocedimos siglos.
—¿Cuáles son las opiniones de las diferentes asociaciones ambientalistas argentinas en todo el país frente a estas medidas del gobierno de Milei?
—Todos estamos en un estado de nerviosismo y de alerta permanente. Vemos que esta ley ómnibus va avanzando sobre nuestros derechos. Todo se hace muy difícil porque el ataque es muy grande. Y estamos ante el gran desafío del momento. Hay preocupación por lo que pueda pasar con la minería en Esquel, por ejemplo. Ese proyecto minero lo compró el empresario Eduardo Elsztain, el padrino de Milei, el que lo vinculó con los sectores más ortodoxos del judaísmo en Estados Unidos. Poca gente recuerda que Elsztain es dueño de media Argentina. Nosotros lo denunciamos por estar detrás de la modificación de la ley de bosques. Y él suele comprar proyectos de todo tipo, incluso inmobiliarios, pero siempre con conflictividad social. Los compra mucho más baratos, después destraba los conflictos y genera el gran negocio. Es seguro que lo mismo hará en Esquel. No nos olvidemos de que es propietario del hotel Libertador, donde Milei tuvo su centro de campaña y vivió hasta hace pocos días antes de mudarse a la residencia oficial en Olivos. Elsztain siempre fue un empresario cercano al poder de turno, pero ahora encontró su gran oportunidad.
—¿Quiénes pueden ser los núcleos empresarios más beneficiados con este modelo propuesto por Milei?
—Elsztain es uno de ellos, porque es el dueño de las mayores extensiones de tierra en el país. Tiene inversiones en empresas mineras y en algunas petroleras. Y después, como beneficiarias, todas las multinacionales semilleras, petroleras y mineras. Están Monsanto y la multinacional china Syngenta. No hay ningún legislador ni legisladora que defienda los bosques y los glaciares, por ejemplo. Tampoco es tema de interés para los gobernadores. Por eso, cuando hablé la semana pasada en el plenario de comisiones del parlamento, traté de que mis palabras fueran duras para llamar la atención.
—¿Y cómo resultó su intervención en el parlamento?
—Hay un capítulo ambiental dentro del proyecto de ley ómnibus del que nadie habla. El ambientalismo no tiene el grado de representatividad que tienen otros temas. Quiero decir, la cuestión laboral tiene una central sindical como la CGT para defender esos intereses y, de hecho, las denuncias sindicales frenaron en la Justicia seis artículos del proyecto de ley porque son considerados inconstitucionales. Y otros colectivos tienen sus defensores concretos. En cambio, el medioambiente no. Muchos legisladores dependen de sus gobernadores y votan con mandato. Hace tiempo que los gobernadores del norte argentino quieren cambiar la ley de bosques porque les molesta para sus negocios. Los mandatarios provinciales de la cordillera quieren también modificar la ley de glaciares, así que no ven todo con tan malos ojos. Tengamos en cuenta, además, que hay una mediocridad impresionante en el parlamento, tanto en el oficialismo como en la oposición –que, en realidad, es una falsa oposición, porque también piensa solo en sus negocios–. Mi intervención en la comisión fue después de un representante de los farmacéuticos, antes de un jubilado. Cada uno tuvo cinco minutos para exponer mientras dentro del recinto los legisladores hablaban, se paraban, consultaban sus celulares. Eran intervenciones como si se tratara de una máquina de hacer chorizos, donde cada uno hacía lo que quería sin importar lo que se estaba tratando.
—¿Qué hará el movimiento ambiental si se aprueba esta ley?
—Sería un golpe durísimo. Si sale, vamos a llevar nuestra denuncia a la Justicia porque esto implica un retroceso ambiental muy grande. Pero no es suficiente.
—¿Y entonces?
—Hay que frenar esta iniciativa antes de llegar a la Justicia. Tengo fe en que lo vamos a lograr. Si esta ley se aprueba, sería un golpe muy duro a la moral del movimiento ambientalista. De todos modos, sabemos los ambientalistas que estas luchas siempre son muy largas. Norma Giarracca, una socióloga especialista en estudios rurales, decía siempre que en este tema no hay séptimo día de descanso. Y esto lo saben los vecinos de Esquel, por ejemplo. Es una lucha muy cansadora y mucha gente queda en el camino porque tiene su vida personal, sus problemas como cualquier ciudadano.
—¿Hay algún país de la región que haya sufrido lo que pasa hoy en Argentina con la legislación ambiental?
—Brasil con Bolsonaro lo sufrió. Perdió millones de hectáreas de su Amazonia y eso no se recupera plantando arbolitos. Lo que se pierde se pierde para siempre y no tiene arreglo. Los activistas y los pueblos originarios también padecieron un embate muy fuerte sobre las leyes ambientales. Algo similar a lo que viene ocurriendo acá en Argentina, en la Patagonia con los mapuches, por ejemplo. Ahora mismo con los incendios del Parque Nacional Los Alerces, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, salió a acusar a la RAM [Resistencia Ancestral Mapuche] de ser la que provocó los incendios. Y con ese discurso habilita a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a reprimir y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que odia a los mapuches. Y así se abren otras puertas a la regresión de derechos sociales. El único que dijo algo interesante en ese caso fue el exprecandidato presidencial Juan Grabois, que le respondió a Torres planteando que está creando un enemigo interno para otro ciclo de represión y hambre. Grabois es uno de los pocos políticos que entiende el tema ambiental y lo que conlleva.
En el caso de Chile, esperábamos un poco más con Gabriel Boric en el gobierno, pero tras el fracaso de la nueva Constitución se frenó, pero no hubo retrocesos. Imaginábamos un eje Colombia, Brasil y Chile en este tema, al que se sumaría Argentina. Es muy interesante lo que hizo Lula y hay que seguir sus políticas ambientales. Se reconcilió con su exministra de Ambiente, Marina Silva, con quien se había peleado por el avance del agronegocio. Ahora, en su discurso de apertura de mandato, menciona cuatro veces el tema ambiental. Crea el Ministerio de los Pueblos Indígenas. Lula tiene un discurso interesante sobre el tema en este mandato. No es Petro, de Colombia, que ya apunta al posextractivismo, apunta a la crisis climática, entrega tierras a los pueblos campesinos y busca una salida para el modelo petrolero exportador de Colombia.
—¿Qué funcionario del gobierno actual los contactó?
—Nadie. Colocaron a una exfuncionaria de Carlos Menem, Ana María Vidal de Lamas, como subsecretaria de Ambiente y se reunió con algunas organizaciones tradicionales, como Vida Silvestre, Aves Argentinas y otras, pero no mucho más. Y ahora fue anunciado Daniel Scioli como responsable del área. Veremos.
—¿Hay un lobby empresarial o hay desconocimiento en los funcionarios públicos sobre la cuestión ambiental, que es tan resistida?
—Hay un poco de las dos cosas. Hay una ceguera general en la sociedad que no relaciona eventos climáticos graves con los modelos coloniales de mal desarrollo que nos imponen colonialmente. El humo en Rosario, el año pasado, era producto del humo para los medios, que nunca lo vincularon a los incendios provocados en las islas por ganaderos y pudieron pasar meses sin que ese evento fuera escándalo ni para los funcionarios, ni para la prensa, ni para la sociedad. O los incendios en la provincia de Corrientes, que tuvo un 12 por ciento de su territorio afectado mientras la gente bailaba en el carnaval como si nada. Eso es ceguera ecológica. Los medios se dedican a hacer notas pintorescas sobre la ola de calor, pero no van al fondo del tema. Y, por otro lado, hay analfabetismo ambiental en los funcionarios.
—¿Dentro del Poder Judicial no hay avances en materia de ambientalismo?
—La Justicia tuvo sus momentos muy puntuales, con algunos jueces en casos de interés y mediáticos, pero no ha mostrado grandes avances. Y en especial la Corte Suprema, en los últimos cinco o seis años, tuvo un retroceso en materia ambiental muy grande.
—¿Y las fiscalías ambientales?
—No existen. Puede haber algunas en las provincias, pero no hay fiscalías ambientales nacionales ni fuero federal ambiental. En Neuquén hay fiscalías ambientales, por ejemplo. Pero a veces terminan siendo contraproducentes porque hay un solo fiscal o un solo juez de delitos ambientales en una provincia, que concentra todas las causas y es más fácil de presionar desde el poder o de sobornar. Necesitaríamos un fuero ambiental en la Justicia. Por ahora solo fue creada la Unidad Fiscal de Medio Ambiente, que no tiene obligación de actuar de oficio, y debería funcionar la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 25 años que está vacante y a nadie le preocupa. En el parlamento tampoco hay voluntad de trabajar en las comisiones sobre estos temas. Porque el poder dijo «hasta acá llegamos» en 2010, con la ley de glaciares, que fue lo último que se pudo lograr después que en 2008 saliera la ley de bosques. El otro día, mientras hablaba en la comisión parlamentaria, me acordaba de Pino Solanas cuando lo balearon en tiempos de Menem, en 1991, por denunciar estas cuestiones ambientales y de soberanía. Lo llevaban herido en plena calle y desde la camilla gritaba: «No nos van a callar». ¿Qué haría hoy Pino si viera esto?