Junto a las y los agricultores, por la agricultura campesina
Viento Sur, 2-2-2024
Correspondencia de Prensa, 2-2-2024
Junto a las y los agricultores, por la agricultura campesina
La movilización actual del campesinado es la consecuencia de un modelo agrícola productivista que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones y al empobrecimiento de muchos agricultores (de 1,6 millones en 1982 a 400.000 en 2019, 100.000 explotaciones han desaparecido desde 2010, el 18% de agricultores y agricultoras viven por debajo del umbral de pobreza). Entre los responsables de este sistema se encuentran las políticas francesas y europeas, la globalización del comercio y, en particular, los acuerdos de liberalización comercial, así como los representantes mayoritarios del sector [el sindicato FNSEA], cuyos dirigentes han contribuido a transformar la agricultura en un agronegocio en beneficio de unos pocos, y han sabido utilizar muy bien las normas de la Política Agrícola Común (PAC) en su beneficio.
Pero mientras algunos en el agronegocio se enriquecen, la mayoría de las y los agricultores se empobrecen, se endeudan y a menudo experimentan condiciones de trabajo difíciles. Por tanto, su movilización es totalmente legítima, porque al plantear la cuestión de la renta de los agricultores, se está señalando el callejón sin salida de un modelo productivista, el de una agricultura incapaz de suministrar productos sanos y de calidad, incapaz de garantizar la soberanía alimentaria, incapaz de permitir a las y los campesinos vivir de su trabajo, incapaz de respetar la biodiversidad.
Reivindicaciones secuestradas en beneficio del agronegocio
La cuestión [de la supresión] de las normas medioambientales planteada por la FNSEA [para salir de la crisis] es una forma de desviar la atención. Es cierto que existen normas que plantean numerosos problemas (marcado obligatorio de los animales, por ejemplo), pero lo que denuncia la organización mayoritaria es sobre todo la voluntad de reducir la contaminación provocada por la agroindustria. Esta es también la orientación adoptada por el gobierno que, por ejemplo, prevé suprimir las autorizaciones medioambientales para facilitar la construcción macrogranjas industriales ganaderas. Del mismo modo, las políticas europeas siguen siendo muy modestas en lo que se refiere a las limitaciones medioambientales: se ha destripado la ley de restauración de la naturaleza, se ha renovado la autorización del glifosato, el Parlamento Europeo ha rechazado el plan de reducción del uso de pesticidas, se prevé autorizar nuevos OMG, etc.
Rassemblement National [RN, extrema derecha] tampoco es amiga de las y los pequeños agricultores. RN ha votado a pies juntillas, junto a En Marche y los Republicanos, una nueva versión de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 que da la espalda a la emergencia climática y favorece a la agroindustria en detrimento de los miles de agricultores que, cada año, tienen que abandonar su profesión y mantener sus explotaciones a escala humana.
El gobierno no propone nada para mejorar los ingresos
Los anuncios del gobierno [realizados el 26 de enero] no solucionarán nada, sino todo lo contrario. La ideología productivista y neoliberal de este gobierno, compartida con los sindicatos agrarios mayoritarios, está a la vista de todo el mundo. No hay propuestas que permitan vivir dignamente de su trabajo a las y los agricultores, sino un despliegue legislativo ecocida que conduce a la aceleración de proyectos de todo tipo: entre ellos, facilitar la construcción de embalses de ladera y megapiscinas, someter la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) a la supervisión prefectoral, reducir las ambiciones en materia de conservación de los humedales, mantener lagunas fiscales para eliminar el impuesto sobre el gasóleo agrícola, etc. Mientras no haya medidas para mejorar los ingresos de los campesinos y campesinas, o el acceso a las tierras agrícolas, ¿cómo podemos estar satisfechos con las irrisorias propuestas que ha realizado el gobierno? Una ayuda de urgencia de 50 millones de euros para la agricultura ecológica, la oposición al acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR, pero no a los demás tratados, y tres sanciones denominadas «fuertes» contra las empresas que incumplan la ley Egalim.
Frenar la huida hacia delante liberal del agronegocio
Los acuerdos de libre comercio son un ejemplo particular del daño al que se exponen las y los agricultores y consumidores. Los acuerdos negociados recientemente o en proceso de finalización (UE-Nueva Zelanda, ratificado en diciembre de 2023, UE-Chile en proceso de ratificación, UE-Mercosur, en proceso de finalización) supondrán la importación de decenas de miles de toneladas de carne, queso, leche y etanol… Al poner a todos las campesinas y campesinos a competir entre sí en un sistema de globalización neoliberal, sus condiciones de vida y de trabajo se nivelan a la baja, amenazando con acabar con los pequeños agricultores en beneficio de las multinacionales del agronegocio. Estos acuerdos fomentan la agricultura intensiva, que es una de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el 80% de las y los eurodiputados de la UE aprobaron el acuerdo UE-Chile el pasado miércoles, en particular los liberales (incluido Renaissance –partido de Macron–), el Partido Popular Europeo aliado con los republicanos, la extrema derecha (con la ausencia del Rassemblement National) y los socialdemócratas.
Por los derechos de los agricultores y para salvar el clima, es vital poner fin a este tipo de acuerdos: paralización definitiva de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, moratoria de todos los demás acuerdos comerciales en curso de negociación y revisión de todos los acuerdos existentes.
Pero esto no basta para garantizar unos ingresos decentes y necesitamos, como reclama la Confédération Paysanne, una ley que prohíba la compra de nuestros productos agrícolas por debajo de su precio de coste. Para lograrlo, necesitamos atacar urgentemente la cadena de transformación y distribución, mientras las multinacionales agroalimentarias y las cadenas de supermercados obtienen enormes beneficios.
Además de esta emergencia económica para los agricultores, es necesario transformar radicalmente el actual modelo agrícola y alimentario: garantía de precios justos, freno a la artificialización de las tierras, defensa de las tierras agrícolas que deberían destinarse a la producción alimentaria, redistribución de las subvenciones para hacer frente al agronegocio, creación y apoyo a los circuitos cortos y a las microcadenas de distribución (que son respuestas totalmente viables y adecuadas a las necesidades de productores y consumidores por igual), bifurcación agroecológica para dar prioridad a la instalación de nuevos agricultores…
La cuestión de la agricultura nos concierne a todos y todas. Lo que se produce es lo que comemos cada día. Una remuneración justa para los y las agricultoras significa también repensar los métodos de distribución de los alimentos y la forma en que accedemos a los alimentos ecológicos y de calidad producidos lo más cerca posible del consumidor. A corto plazo, esto significa aumentar los salarios para que la gente pueda alimentarse correctamente y, más allá, significa buscar modelos alternativos de consumo.
Junto a la Confédération Paysanne y, más ampliamente, a los agricultores y agricultoras que se movilizan, Attac pide que se apoyen las reivindicaciones de «una renta digna para todas las y los agricultores», la ruptura con los acuerdos de libre comercio, y que la gente se una a las acciones de defensa de estas reivindicaciones.
¡Alto al esquilme del trabajo de las agricultoras y agricultores y asalariados por las multinacionales!
Laurence Marandola, portavoz de la Confédération paysanne
Sophie Binet, secretaria general de la CGT
Murielle Guilbert y Simon Duteil, coportavoces de Solidaires
Benoît Teste, secretario general de la FSU
Pierre Thomas, presidente del Modef.
La movilización del mundo agrícola está poniendo de relieve un escándalo. Por un lado, cada vez son más en el mundo agrícola los que ya no pueden vivir de su trabajo. Por otro lado, los precios de los alimentos se disparan y cada vez más personas asalariadas tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la riqueza está siendo acaparada por las finanzas, las multinacionales alimentarias y los supermercados, cuyos márgenes están alcanzando niveles récord. Son esas mismas personas, jefes de la industria alimentaria y de los supermercados, las que colaboran para rebajar los salarios de los agricultores y agricultoras y explotar a sus empleados. Las causas del malestar son las mismas y las reivindicaciones son las mismas: vivir dignamente de nuestra profesión. Pedimos a las y los asalariados y a las y los agricultores que se unan para poner fin al robo de su trabajo por las multinacionales y los accionistas.
La movilización de las y los agricultores indignados debe conducir a una revalorización del trabajo. No lo olvidemos: durante Covid, se aplaudía a las personas que trabajaban en los servicios públicos: agricultoras, cuidadoras, basureros, camioneros, cajeras y profesores. ¿Cuál es la situación actual de estas personas? Cada vez es más difícil encontrar vivienda, comida y un nivel de vida digno. Por no hablar de la injusta e inicua reforma de las pensiones, por la que los agricultores y agricultoras se han movilizado junto al resto de trabajadores, aportando alimentos de sus granjas para «alimentar la lucha».
El debate público sobre las condiciones de trabajo y los niveles salariales en el sector agrícola debe permitir reorientar las políticas públicas al servicio del interés general y de quienes trabajan la tierra. Si no hay agricultores que trabajen, no habrá comida en nuestros platos. Y punto. Estos hombres y mujeres que se levantan día tras día y cuidan la tierra y los animales son indispensables para poder realizar las actividades individuales o colectivas de la vida cotidiana.
Endeudadas e inseguras
Sin embargo, una parte importante de las y los agricultores vive por debajo del umbral de la pobreza, endeudada y dependiente de un sistema económico inhumano. En cuanto a las y los trabajadores agrícolas y temporeros, combinan inseguridad, salarios bajos y trabajo duro. El mundo agrícola está en cierto modo apartado, porque los derechos sociales concedidos a esta profesión son muy exiguos: ningún derecho al descanso, pensiones miserables, sobre todo para las mujeres agricultoras, un dramático declive de los servicios públicos en nuestro campo… ¡Es un escándalo! La única respuesta que obtienen es una carrera al gigantismo [productivo]. Para intentar obtener unos ingresos decentes, tienen que producir cada vez más, expandirse y endeudarse. Como resultado, las y los agricultores se encuentran dependientes de la agroindustria, con las manos y los pies atados, transformándose en agrogestores con una lógica de agrobussines.
¿Estamos preparados para ver cómo el mundo de la agricultura sigue pereciendo ante nuestros ojos, con el objetivo último de deslocalizar la explotación francesa? En los últimos cincuenta años, la superficie de las explotaciones se ha cuadruplicado y el número de agricultores se ha multiplicado por cuatro. ¿Qué sentido tiene esta carrera hacia el gigantismo? ¿Qué sentido tiene obligar a las y los agricultores franceses a producir cada vez más para inundar los países emergentes de pollos en batería y leche en polvo?
La historia comenzó con esta lógica de liberalización preconizada por la OMC. La industria francesa fue incapaz de resistir el dumping social y medioambiental. La fábrica francesa fue deslocalizada. Los trabajadores y trabajadoras han pagado el precio. Y las y los agricultores ya han pagado un alto precio. Es hora de romper con el dogma del libre comercio que está asfixiando el sistema agrícola y alimentario y a los y las agricultoras, enfrentando a las y los trabajadores de todo el mundo y arrasando los derechos sociales y medioambientales.
Imponer un precio mínimo para proteger a las y los agricultores
La respuesta a la movilización pasa por reconocer el trabajo y poner fin a la mercantilización de la agricultura. Hay que imponer un precio mínimo para proteger a las y los agricultores de las multinacionales. Es hora de condicionar la entrada de materias primas y mercancías en el mercado europeo al cumplimiento de normas medioambientales y sociales. Es hora de armonizar [por arriba] los derechos sociales y medioambientales en toda Europa.
En cambio, para evitar cuestionar las rentas de la agroindustria, el gobierno y los grandes patrones agrícolas están desviando el debate hacia las normas medioambientales. Ponerlas en tela de juicio supondría un dramático paso atrás. Con su trabajo, las y los agricultores tienen un impacto directo en la mitad de la superficie de Francia, en nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra agua… en definitiva, en nuestra vida cotidiana. Duramente golpeados por el creciente número de catástrofes naturales, también están pagando un alto precio por la contaminación: el cáncer es la principal causa de muerte entre los agricultores y agricultoras.
Al igual que quienes trabajan en el automóvil sufren la deslocalización de su industria con el pretexto del cambio climático, las y los campesinos tienen que hacer frente a la proliferación de normas medioambientales, que consideran un estorbo para su ya difícil vida cotidiana. Enfrentar las cuestiones sociales y medioambientales es el callejón sin salida en el que prosperan la extrema derecha y las políticas neoliberales. ¿Cómo podemos superar esto y abordar juntos la emergencia social y climática? ¡Teniendo el coraje de enfrentarnos al capital!
Cada vez más franceses y francesas quieren comer alimentos de calidad, pero no pueden permitírselos. Cada vez más agricultores y agricultoras quieren cambiar su forma de producir adoptando prácticas agroecológicas, pero no cuentan con el apoyo suficiente para realizar esta costosa transición. Necesitamos aumentar los salarios y el valor del trabajo, revisar la distribución de las subvenciones y llevar a cabo una profunda revisión del modelo agrícola. Éstas son las cuestiones que debemos abordar si queremos que todo el mundo pueda vivir de su trabajo y comer alimentos de calidad producidos localmente.
1/02/2024
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La agricultura francesa, una fotografía en alta resolución de la crisis del capitalismo
El sector agrícola es, ante todo, un sector capitalista que se enfrenta a una presión a la baja sobre su rentabilidad y tiene que hacer frente a la doble crisis ecológica y económica. La salida hacia adelante basada en la lógica productivista solo los llevará a un desastre más seguro.
Romaric Godin y Redacción de infoLibre
Mediapart, 31-1-2024
En el imaginario colectivo francés, la agricultura es vista como una actividad aparte, una actividad verdadera, noble y artesanal, que sufre los embistes de la industria del mismo modo que antaño tuvo que ceder sus excedentes a la aristocracia ociosa. Esta imagen en el inconsciente colectivo, que podría plasmarse en el Angelus de Millet, cuadro presentado en 1865, echa en falta una parte esencial de la reciente evolución del sector.
Porque la agricultura es ante todo una actividad capitalista, muy industrializada y muy concentrada. Para comprender su crisis actual, hay que analizarla como tal. Sin embargo, la evolución global de este sector es un reflejo casi químicamente puro del impasse del capitalismo contemporáneo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo agrario francés se aceleró, con el apoyo de los poderes públicos deseosos de convertirlo en un sector competitivo en el mercado mundial. Contrariamente a lo que se piensa, el objetivo de la producción agrícola francesa ya no es «alimentar a Francia», sino afianzarse en los mercados mundiales y aumentar los beneficios.
Hasta los años 90, el sector agrícola era uno de los más productivos de la economía francesa. Como consecuencia, la producción era abundante, los agricultores (y los intermediarios) podían confiar en los volúmenes para ganar cada vez más, mientras que los consumidores se beneficiaban de precios más atractivos.
En esas condiciones, la apertura de los mercados internacionales permitió a la agricultura francesa especializarse en los cultivos más rentables y más mecanizados para conquistar los mercados extranjeros, al tiempo que los consumidores podían encontrar productos baratos procedentes de países menos productivos.
Sobre el papel, era el mejor de los mundos, pero todo eso llegó a su fin en la década de 2000. En ese momento, la productividad del sector agrario francés empezó a estancarse o incluso a disminuir, según un documento publicado en 2022 en una revista de las cámaras agrarias francesas. El documento estima que las ganancias de productividad acumuladas entre 1980 y 2022 ascienden a 25.000 millones de euros, pero tres cuartas partes de esta suma se explican por los aumentos de productividad logrados antes de 1995.
El imposible retorno de los aumentos de productividad
Con este giro, la situación del sector agrario ha cambiado por completo, sobre todo porque el sector se enfrenta a vientos en contra: crisis climáticas repetidas, una competencia internacional cada vez más fuerte y un escaso crecimiento de la demanda mundial. Sin un aumento significativo de la productividad, la competitividad en los mercados internacionales lógicamente se deteriora. El sector sigue registrando un superávit comercial, pero Francia ha salido del top 5 mundial y su cuota de mercado se estancó en 2022, a pesar de que el año había sido muy bueno gracias a la crisis de Ucrania.
El resultado es que la presión sobre las ventas no puede compensarse con una mayor eficiencia en la producción. En otras palabras, la presión sobre los beneficios es considerable.
Sin aumento de la productividad, aumentar los beneficios no es tarea fácil. Se pueden reducir los salarios reales por hora o subir los precios, pero ninguno de esos métodos es realmente satisfactorio para el sector agrícola.
Es cierto que los trabajadores agrícolas siguen estando muy explotados, sobre todo los temporeros, que a menudo se encuentran en situación irregular. Pero la mayor parte de los salarios del sector se pagan ahora a las familias de los productores, lo que explica que su parte en el valor añadido se haya estabilizado entre 2010 y 2023, pasando del 19,4% del valor añadido subvencionado al 19,8%. Pero vemos que esta partida no puede compensar la caída de la productividad.
En cuanto a los precios, también son un arma peligrosa. Los acontecimientos de los dos últimos años han mostrado los límites de la subida de precios. En 2022, los beneficios del sector se dispararon gracias a los precios. Los volúmenes aumentaron un 2,8% y los precios un 17%, pero el consumo de alimentos se desplomó al caer los ingresos reales de los hogares. El resultado ha sido que, en 2023, los precios y los volúmenes han caído bruscamente, y el beneficio bruto del sector agrícola en 2023 ha caído casi un 8,5% interanual.
¿Qué otras soluciones quedan? La primera son las ayudas públicas. En 2023, el Estado aportó 8.400 millones de euros en subvenciones, lo que equivale al 21,2% del valor añadido bruto del sector o al 92,4% de los salarios pagados. Se trata de una ayuda considerable, pero se ha estancado desde 2010. Su antigua función de apoyo a la «modernización», es decir, al aumento de la productividad, ha cambiado, ya que ahora compensa la ausencia de aumentos de productividad.
Pero estas subvenciones no garantizan el crecimiento. Lo que queda es una huida hacia delante: «inversiones» financiadas con préstamos para modernizarse una y otra vez con la esperanza de que la productividad vuelva a subir. Desde hace años, la bajada de los tipos ha permitido una disminución considerable de los intereses pagados por el sector. En 2020, el importe de los intereses pagados fue de 381 millones de euros, un 78% menos que en 2007.
Fue un soplo de aire fresco para el sector, pero la fiesta se ha acabado: los intereses pagados en 2023 fueron de 657 millones de euros, lo que supone un aumento del 72% en dos años. Sobre todo, el recurso a la deuda no ha mejorado la productividad.
Una doble crisis…
El núcleo del problema del sector agrícola reside en el estancamiento de su productividad. Entre 2021 y 2023, los beneficios del sector crecieron únicamente gracias a la subida de los precios, pero ahora los precios se están invirtiendo y están presionando a los productores. El crecimiento basado únicamente en los precios no es sostenible en el contexto actual.
Porque ese es el problema: la agricultura es una especie de vanguardia de la actual crisis capitalista, pero ella misma está incrustada en esta crisis. Si los salarios están bajo presión porque los aumentos globales de productividad son bajos, una estrategia basada en los precios, aunque los agricultores eliminen a todos los intermediarios, es insostenible a largo plazo.
En realidad, parece muy difícil encontrar una solución interna al capitalismo agrícola. Porque ¿de dónde viene el agotamiento del aumento de productividad? Los argumentos esgrimidos por las Cámaras de Agricultura en el análisis antes citado, en particular la caída de la producción, no son convincentes.
En su lugar, hay que plantear la hipótesis de que este fenómeno está vinculado a razones estructurales que pueden ser numerosas, pero todas relacionadas con las consecuencias de un aumento muy fuerte de la productividad en el pasado. La primera explicación es similar a la que propuso el economista Robert Gordon en 2010, cuando argumentó que, una vez alcanzado cierto nivel tecnológico, resultaba más difícil obtener beneficios de cualquier otra innovación. La agricultura francesa, altamente mecanizada, ya no le quedarían más aumentos de productividad.
Eso es así porque el sector está muy concentrado, a pesar de los repetidos recordatorios de su «diversidad»: entre 1982 y 2023, el número de agricultores se redujo en un 75%, hasta 446.400.
Pero esta hipótesis puede, de hecho, ampliarse aún más. La industrialización de la agricultura en el pasado ha conducido a un doble impasse ecológico y económico.
No nos detendremos mucho en el primer problema, que es evidente. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, así como la mecanización y la agricultura intensiva, destruyen los ecosistemas y contribuyen al cambio climático. Son por lo tanto la fuente de numerosas calamidades que afectan a la capacidad de producción y los ingresos de los agricultores. Cuanto mayor es el rendimiento, mayor es el riesgo para los beneficios futuros.
Desde el punto de vista económico, la situación de la agricultura francesa es un buen ejemplo de los límites de la precipitada carrera productivista basada en el propio capital. Al industrializarse masivamente, el sector agrario ha adquirido un stock considerable de capital que hay que mantener. Cuanto mayor es la productividad, mayor es la necesidad de obtener beneficios para mantener el rendimiento de la actividad a pesar de ese capital fijo. Así que hay que mecanizar aún más, lo que agrava el problema.
Y cuando desaparecen los aumentos de productividad, ese stock de capital fijo se convierte en una carga considerable, incluso aunque disminuya el afán de lucro. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, INSEE, el consumo de capital fijo en la agricultura francesa ha pasado del 31,6% de la renta bruta del sector, excluidas las subvenciones, en 1980, al 53,9% en 2023. En estas condiciones, la presión sobre los beneficios es considerable y creciente.
Para expresarlo en términos marxianos, podríamos decir que el sector sufre actualmente un deterioro de la composición orgánica del capital: la parte del capital fijo impide conseguir beneficios suficientes para lograr una rentabilidad satisfactoria de las inversiones.
La parte del consumo de capital está siendo tal que la rentabilidad de la agricultura francesa cae inexorablemente. En teoría, la ausencia de aumento de la productividad permitiría frenar el fenómeno reduciendo ese consumo, pero en la medida en que también pesa sobre los beneficios, como hemos visto, no hace sino agravarlo.
… y un callejón sin salida
En estas condiciones, las «normas» o «los impuestos» que son precisamente las condiciones que permiten mantener la producción, respetando los ecosistemas y financiando las cuantiosas subvenciones pagadas al sector, son para los responsables de las explotaciones obstáculos inaceptables para su rentabilidad sometida a presión. Atrapados en el círculo vicioso de la lógica productivista, buscan una huida hacia delante que sólo conducirá a un desastre aún más seguro.
La indignación actual refleja el impasse en el que se encuentra actualmente la agricultura capitalista francesa. Este sector, que para algunos como la historiadora canadiense Ellen Meiksins Wood fue uno de los primeros motores del capitalismo, parece haberse convertido en el símbolo de su doble crisis actual: ecológica y económica.
La agricultura francesa está llegando al final de su desarrollo capitalista, y no hay soluciones internas sostenibles para esta doble crisis, sólo soluciones de emergencia que agravarán la crisis.
La incapacidad del sector y de los poderes públicos para proponer una nueva organización en la que el beneficio ya no sea lo más importante, sino en la que se dé prioridad a la necesidad de alimentar al país, no parece augurar el final de esta crisis estructural.