En la selva a lo largo de la frontera colombo-venezolana, guerrilleros, criminales y elementos oscuros del Estado se disputan el control de los negocios ilícitos. La reciente arremetida de Venezuela contra uno de los grupos armados ha aumentado las tensiones. Bogotá y Caracas deben moderar su guerra de palabras y trabajar para prevenir una escalada bilateral indeseada.
Militares venezolanos y guerrilleros colombianos vienen enfrentándose con un saldo de decenas de muertos y detenidos, al que se suman denuncias de crímenes graves contra la población civil. Por detrás de los combates, distintos grupos se disputan las ganancias de una floreciente economía ilegal.
Las selvas de son taladas a un ritmo acelerado. Los mercados asiáticos impulsan el tráfico de productos de vida silvestre, mientras que mineros ilegales arrasan las selvas del Amazonas desde Perú hasta Guyana en busca de oro.
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo y asesinatos políticos.
En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.
Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en común en el último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas que sigue cobrando.
Representar a las víctimas en territorio hostil: del falso positivo a la Mesa de Víctimas de Rioblanco.