Foto: Leonardo Fernadez Viloria/Reuters
Decio Machado, desde Quito
Brecha, 23-12-2022
Correspondencia de Prensa, 24-12-2022
La llegada de Petro al Palacio de Nariño ha permitido reactivar el diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla oficialmente en armas en el país. Pero en Colombia la paz tiene más enemigos.
Dos meses después de su investidura, el presidente Gustavo Petro y varios dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron que se reanudaban los diálogos de paz. Antonio García, primer comandante del ELN, manifestó públicamente que «la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz»; Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, se medía: «Partimos de lo ya pactado; no nos estamos inventando nada».
El diálogo entre el Ejecutivo colombiano y los elenos (como se llama a los miembros de la guerrilla) tuvo su arranque en 2016, auspiciado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos. Su sucesor, Iván Duque, desanduvo el camino.
La primera ronda de las negociaciones ahora en curso tuvo lugar en las afueras de Caracas. Las delegaciones fueron encabezadas por Otty Patiño –exguerrillero del Movimiento 19 de Abril y amigo personal de Petro– y por Pablo Beltrán –miembro del Comando Central del ELN–, cuyo nombre real es Israel Ramírez Pineda.
El 12 de diciembre una declaración conjunta reconoció consensos: un acuerdo parcial sobre «acciones y dinámicas humanitarias» aplicables el año que entra en Bajo Calima –departamento del Valle del Cauca– y Medio San Juan –en el Chocó–; un plan de «atención de emergencia humanitaria» a un grupo de elenos encarcelados, y la liberación de secuestrados por la guerrilla, que suman ya una veintena desde el cambio de mando.
Apenas una semana después, el ELN anunció un cese al fuego durante el período de Navidad y Fin de Año. En paralelo, voceros gubernamentales notificaron sobre un «plan de abastecimiento y atención humanitaria» para miles de personas afectadas por el conflicto armado en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, donde la guerrilla enfrenta paramilitares, aunque todo el mundo teme que el Ejército intervenga para complicar las cosas.
En las negociaciones participan militares activos, con el rol de observadores, y retirados, de forma plena. La estrategia petrista asume que el rol de los militares en la negociación de Santos con las FARC fue fundamental, pese a las tensiones que el proceso introdujo en el ejército. Tras la primera fase de las negociaciones, vuelven a percibirse fricciones entre los uniformados que, al igual que antes, deberían ser controladas por el Ministerio de Defensa y la institucionalidad en su conjunto.
Las partes volverán a encontrarse en enero, en México. Pendiente queda la invitación hecha a Estados Unidos para que se una al proceso. Fuentes extraoficiales indican que la administración Biden tiene «mucho interés» y espera un mayor avance en las negociaciones antes de anunciar su respaldo. Cabe recordar que existen varios expedientes abiertos por la Justicia de dicho país contra miembros de la guerrilla a los que se vincula a redes internacionales de narcotráfico.
El nuevo gobierno recibió el país en una situación de fortalecimiento de los grupos armados. Más allá de estas conversaciones, Petro sabe que cumplir su promesa de «paz total» implicará sentarse también con los grupos rebeldes disidentes del acuerdo con las FARC e incluso con otros que se disputan el control de la producción y el tráfico de cocaína.
Cerca de 22 organizaciones de diversa capacidad militar han manifestado interés en acogerse a las negociaciones, entre ellos el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia e incluso el Clan del Golfo. Petro recientemente decretó el cese del fuego contra una decena de ellos.
Tres problemas quedan pendientes para efectivizar la consigna petrista. Uno es resolver las disputas territoriales entre distintos grupos armados; otro es lograr reducir los asesinatos de líderes sociales en las zonas de conflicto, lo que hasta ahora no se ve, y, finalmente, que el bienestar llegue hasta las zonas en conflicto.
A pesar de todo, el principal reto que deberá afrontar el gobierno de Petro es el político, y consiste en la utilización de la violencia como mecanismo de desestabilización por parte de fuerzas y sensibilidades políticas ultraconservadoras.