Minero buscando oro en El Callao, sureste de Venezuela, Foto: AFP, JUAN BARRETO
Por contraste con el discurso del presidente Nicolás Maduro el pasado noviembre en la cumbre climática de las Naciones Unidas, en Sharm el Sheij, Egipto, de contenido y tono anticapitalista y en defensa del ambiente, en particular de la Amazonia, la actividad minera depreda en gran escala bosques, ríos y suelos, y amenaza la vida, el hábitat y las culturas de los pueblos indígenas en el sur venezolano
Humberto Márquez, desde Caracas
Brecha, 16-12-2022
Correspondencia de Prensa, 16-12-2022
La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, amenaza la vida de los pueblos indígenas, su hábitat y sus culturas, según coinciden en señalar sus organizaciones y las defensoras de los derechos humanos y, en especial, del ambiente.
En ese territorio de más de 450 mil quilómetros cuadrados, que hace parte de la Amazonia y en el que viven más de 20 pueblos originarios, «la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso», dijo a Brecha el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.
En su discurso del 8 de noviembre ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Sharm el Sheij, Egipto, el presidente Nicolás Maduro afirmó que «si alguna responsabilidad tenemos los sudamericanos es detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente y consciente», y apoyó la propuesta de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para activar y enriquecer un fondo para la preservación de toda la Amazonia. Pero, por contraste, su gobierno aúpa la actividad minera en el área y decretó, en 2016, como Arco Minero del Orinoco, en la margen derecha del río, un área de 111.844 quilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal.
En paralelo, estableció una empresa de la fuerza armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, en los que el país es especialmente rico. La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales críticas, como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa.
Cristina Burelli, fundadora de la organización ambientalista SOS Orinoco, destaca que el Arco Minero, como política, ha propiciado la extensión de la minería por muchas otras zonas de los estados Bolívar (en el sureste, de 240 mil quilómetros cuadrados) y Amazonas (en el sur, de 175 mil quilómetros cuadrados), incluidos parques nacionales y otras áreas legalmente protegidas, y amenaza con contaminación y desechos a ríos, como el Caroní, que alimenta la represa hidroeléctrica de Guri (cuya capacidad nominal es de 10 mil megavatios hora), la cual suministra dos tercios de la electricidad del país.
El Arco «no obedece ni respeta leyes mineras ni ambientales. No ha generado ni un solo estudio técnico que lo fundamente en lo geológico, y ni uno de impacto socioambiental, exigido por la Constitución. Ha sido producido bajo la apariencia de institucionalidad de un absurdo Ministerio de Minería Ecológica», dijo Burelli.
¿Sindicatos?
Pero, junto con la minería legal bajo vigilancia del Estado, en lo que va del siglo se han abierto miles de minas o explotaciones ilegales en numerosos espacios deforestados y junto a ríos contaminados con el mercurio, que se emplea para la reducción del oro.
La mayoría de esas explotaciones son controladas por bandas delictivas que se autodenominan «sindicatos» y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que, a menudo de manera forzada o con ofertas engañosas, van a trabajar a esas minas. Son hombres, pero también mujeres y niños.
En las currutelas, minas de socavón, se busca emplear a varones jóvenes y niños para extraer arenas ricas en oro, y a mujeres para labores como cocinar, barrer, lavar y poner cierto orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.
Burelli y Tillet coinciden en lamentar que la minería también ha significado la división entre las comunidades indígenas, pues, mientras unos se oponen y resisten la penetración de sus tierras ancestrales por los mineros, otros se emplean en las minas e incluso sirven de guía o apoyo a los grupos armados irregulares.
Desde hace algunos años, a estos peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional, que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas (el saliente sur en el mapa de Venezuela), así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según señalaron organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Producto y resultados
Una investigación dirigida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que la producción de oro en Venezuela pudo haber llegado en 2021 a 75 toneladas anuales, con un valor de mercado de 4.400 millones de dólares y que quizás este año llegue a la mitad de esa cantidad.
El estudio siguió el rastro de transferencias legales de oro a entidades en Turquía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otras plazas, y también investigó «flujos dispersos» de oro que salen clandestinamente para centros de lavado en la región, sobre todo en Brasil, Colombia, Guyana, Panamá, República Dominicana y Surinam, que involucran operadores en Europa, China, Estados Unidos y Oriente Medio.
La organización ambientalista Provita sostiene que al sur del Orinoco se han deforestado en los últimos 20 años 380 mil hectáreas y que las dedicadas a la actividad minera aumentaron en el lapso 2000-2020 de 18.500 a 55 mil hectáreas.
Por su belleza paisajística, en la que destacan las montañas de techo plano (tepuyes) y sus saltos de agua, el parque nacional Canaima fue declarado en 1994 patrimonio mundial de la Unesco. Se ubica en el extremo sureste fronterizo con Brasil, se extiende por 30 mil quilómetros cuadrados y es asiento del pueblo indígena pemón. Solo allí, desde 2000, se ha perdido un promedio de 1.483 hectáreas de bosques por año y, a partir de 2015, a un ritmo de 3.600 hectáreas anuales, según SOS Orinoco.
«Esto es una vergüenza y lamentablemente continúa», dijo Burelli, pues, con base en imágenes satelitales, SOS Orinoco identificó este año 59 sectores mineros que se distribuyen en 1.540 hectáreas del parque nacional.
Tillet subraya que, además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que ahora compiten las comunidades indígenas y los mineros. «Los indígenas, al depender de la minería para obtener algún ingreso, se ven forzados a abandonar su actividad tradicional de siembra, pesca y caza. Así se deteriora su alimentación y avanzan la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo, y aparece la vía de decir adiós a sus tierras, desplazarse y migrar.» Y también la muerte. Solo este año y en el estado de Amazonas han sido asesinados ocho indígenas, unos, presumiblemente por bandas de mineros, mientras que otros, como cuatro yanomami –etnia que habita a ambos lados de la frontera entre Venezuela y Brasil desde hace al menos 15 mil años–, fueron abatidos por soldados venezolanos en un forcejeo por un artefacto enrutador de Internet.
Otro caso destacado fue el asesinato en junio del activista Virgilio Trujillo, quien integraba la guardia territorial del pueblo uwottüja (también llamado piaroa), grupo organizado por estos indígenas, que no emplea armas de fuego, y fue muerto en el Orinoco medio, al parecer por un sicario. Trujillo había recibido amenazas anteriormente por defender a su comunidad de grupos extranjeros dedicados a la mafia del oro.
En los últimos cinco años, han sido asesinados más de 30 indígenas en protestas o sucesos relacionados con la minería, según medios locales. En Venezuela, de acuerdo con el censo de 2011, de sus 28 millones de habitantes, al menos 720 mil son indígenas, pertenecientes a unos 40 pueblos originarios, y cerca de medio millón viven en áreas rurales, sobre todo en áreas fronterizas con Brasil, Colombia y Guyana.
Maduro gana
Si bien el discurso de Maduro en Sharm el Sheij tuvo un impacto casi nulo en un país donde la mayoría de la población está inmersa en una crisis humanitaria, económica y migratoria reiteradamente señalada por las agencias de las Naciones Unidas, su participación en la cumbre climática le permitió mostrarse como partícipe de la onda ambientalista que animan los líderes recientemente electos en América del Sur, como Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Ese movimiento calza con el reconocimiento de su gobierno, que avanza, al conjuro de la guerra en Ucrania y su impacto sobre el mercado mundial de la energía, en los predios de la Unión Europea y también de Washington. Venezuela está muy disminuida como proveedor petrolero, pero tiene cuantiosas reservas y, en tiempos de escasez, cada galón cuenta.
En una operación meticulosamente cocinada entre esos actores, más Noruega, México, Colombia y algunas agencias de las Naciones Unidas, el equipo de Maduro y el de la Plataforma Democrática, la principal alianza opositora venezolana, volvieron a reunirse el mes pasado en la capital mexicana, al cabo de un año sin encuentros formales. Era la condición puesta por Estados Unidos para comenzar a relajar las sanciones que ha impuesto al Estado venezolano y descongelar algunos fondos que tiene represados. En lo inmediato, solo concedió una licencia un poco más amplia a la petrolera estadounidense Chevron para que amplíe ligeramente sus operaciones en Venezuela en los próximos meses.
Las delegaciones del gobierno y la oposición firmaron un acuerdo para procurar que se descongelen 3.000 millones de dólares de fondos estatales secuestrados en bancos de Estados Unidos y Europa, y destinarlos a programas de alimentación, salud, educación y electricidad, bajo administración de las Naciones Unidas. En lo inmediato, Maduro recibe un balón de oxígeno para mostrar apertura y llevar algún alivio a las necesidades sociales de la mayoría de la población, que vive en la pobreza o sobrevive en la pobreza crítica. Los posibles acuerdos para reacomodar las instituciones y las reglas del juego político con miras a la elección presidencial prevista para 2024 aún deberán esperar.