Colombia – Primer acuerdo entre el gobierno y el ELN para el retorno de indígenas desplazados. [Medios]

El municipio de Murindó en Antioquia sufre la violencia del conflicto arma

Primer acuerdo entre el gobierno y el ELN para el retorno de indígenas desplazados

«Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso», lamentó el presidente Gustavo Petro, quien exigió un «cese de la hostilidad».

Página/12, 4-12-2022

Correspondencia de Prensa, 5-12-2022

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un acuerdo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para permitir el retorno seguro de un pueblo indígena desplazado del oeste del país, el primero desde la reanudación de las negociaciones de paz. Durante su participación en el Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, Petro detalló que «el primer punto de acuerdo con el ELN es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberas a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno».

Volver a vivir en paz

Una de esas poblaciones reside en el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, que sigue sufriendo la violencia surgida del conflicto armado. «Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso», lamentó Petro, quien indicó que se trata de una localidad «de mayorías étnicas: indígenas y afros» y pidió más acciones para que se pueda vivir en paz en los territorios. Petro abogó, de esa forma, por un «cese de la hostilidad sobre la población en Murindó» para que su población pueda «vivir en paz».

En referencia al pueblo embera, el presidente colombiano destacó que fue víctima de la violencia del conflicto a manos de diferentes actores que le robaron «la tranquilidad de vivir en sus territorios», por eso celebró el primer acuerdo alcanzado en Caracas en la nueva ronda de conversaciones de paz. Sin embargo, Petro consideró que hay que hacer lo mismo con otras poblaciones ya que «el retorno debe ser posible en todo el territorio nacional para cualquier grupo étnico de la población».

Los delegados del ELN no se pronunciaron hasta el momento sobre este primer punto acordado. «Sólo los cambios en la realidad del país nos conducirán a la paz. Por eso con la participación de la sociedad esperamos que los gobiernos se comprometan a realizar transformaciones», se limitó a escribir en su cuenta de Twitter el comandante de la insurgencia, Antonio García, quien agregó: «La obligación de los gobiernos es trabajar por el bien de la sociedad, y no esperar a que las guerrillas les digan que hay que cambiar».

Alivios humanitarios

Las negociaciones con las organizaciones guerrilleras, interrumpidas en 2019 por el gobierno de Iván Duque en respuesta a un atentado que dejó 22 muertos además del agresor, fueron retomadas por Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país. Los delegados del gobierno y la guerrilla fundada en 1964 por sindicalistas y estudiantes instalaron la mesa de diálogo el 21 en noviembre en Venezuela.

El gobierno y el ELN conversan sin haber llegado a un cese al fuego entre la fuerza pública y los 2.500 integrantes que tiene la guerrilla, según el centro de estudios Indepaz. Sin embargo, se comprometieron a adelantar «procesos de alivios humanitarios» como parte de la agenda de negociación acordada en marzo de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, que firmó ese año un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas y convertidas en un partido político.

Por lo pronto el ELN empezó a liberar a algunos soldados secuestrados, como gesto de acercamiento con el gobierno. A pesar del pacto de paz, los grupos armados siguen disputándose el negocio derivado del narcotráfico y la minería ilegal en el país que más cocaína produce a nivel mundial. En casi seis décadas el conflicto armado ha dejado más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

Se viene la reforma agraria

Petro, quien asumió la presidencia en agosto pasado, llegó al poder con la promesa de llevar a cabo una reforma agraria que redistribuya las tierras fértiles improductivas para impulsar la producción de alimentos. Este fin de semana el mandatario anunció que su gobierno iniciará ese proceso «en cuestión de semanas».

«Comenzar la reforma agraria de manera pacífica. He ahí el reto. Los países se han industrializado allí donde han repartido democráticamente la tierra», dijo Petro durante la Primera Convención Nacional Campesina, que sesionó en la Universidad Nacional en Bogotá.

«Esa no ha sido una consigna comunista, como ahora dirán, sino que repartir democráticamente la tierra para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista», destacó Petro de acuerdo a la emisora W Radio. Según explicó el mandatario el objetivo es comprar la tierra, incluso a un precio comercial, tal como ocurrió en Japón o Corea del Sur.

«Ese Estado que hemos recibido tiene, en el corto plazo, en cuestión de semanas, que prepararse para comprar grandes cantidades de tierra fértil y tiene que combinar esa actividad con el crédito del Banco Agrario, al cual hay que convertir, también de manera rápida, en el primer banco de Colombia», precisó Petro, quien en ese sentido consideró que dicha entidad bancaria deberá ser «una palanca financiera que apoye al campesinado».