El Salto, 29-12-2024
Correspondencia de Prensa, 1-1-2025
Aunque ha habido avances, la posibilidad de firmar acuerdos de paz con el ELN es aún muy remota, probablemente inabordable antes de que concluya el mandato presidencial de Petro en 2026.
Desde el primer día de su Gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó al pueblo a recorrer el camino hacia la “paz total”, y para ello sancionó una ley conocida por ese nombre el 4 de noviembre de 2022. Lo hizo con el doble objetivo de cumplir con los acuerdos de paz alcanzados por el Estado colombiano con las extintas FARC, y conseguir “la desmovilización de todas las fuentes que generan muerte y sangre en Colombia”, como se desprende del propio texto legal. “La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal; participativa, amplia, incluyente e integral”, dice la ley, y tendrá “como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”.
El concepto de “paz total” presupone la intencionalidad final de poner fin al conflicto armado en Colombia, si bien se despliega en escenarios específicos, a través de diferentes mesas de diálogo con las distintas organizaciones armadas.
La ley establece la diferencia entre las organizaciones guerrilleras que podrían acceder a un “estatus político” y las que podrían aspirar al “acogimiento a la justicia”, como es el caso de las organizaciones paramilitares.
En noviembre de 2022 se conformó la primera mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua, numerosa y perseverante de la historia colombiana. Posteriormente, en octubre de 2023 se estableció la mesa de diálogo con las disidencias de las FARC del llamado Estado Mayor Central, y el 24 de junio de este año con las disidencias de la Segunda Marquetalia. Desde la sanción de la ley, los esfuerzos del Gobierno por pacificar el país no cejaron, haciendo extensiva la propuesta de conversaciones de paz a otros grupos armados e incluso a las mayores organizaciones paramilitares.
Dos años después del inicio de este proceso, se han conseguido ciertos avances en el diálogo con las organizaciones guerrilleras, incluyendo algunos períodos de cese al fuego, pero la posibilidad de firmar acuerdos de paz es aún muy remota, probablemente inabordable antes de que concluya el mandato presidencial de Petro en 2026. Sin embargo, el cese al fuego resultó altamente positivo durante los períodos en los que estuvo vigente. Disminuyó la violencia contra las comunidades afectadas por el conflicto, según se desprende de un informe de la Coordinadora Humanitaria sobre el segundo semestre de 2023, durante el cual se redujeron las hostilidades y ataques a población civil.
No obstante, en algunos departamentos hubo un “aumento significativo de eventos violentos” protagonizados principalmente por los paramilitares del Clan del Golfo, en disputa con las guerrillas por la expansión y el control territorial. Los representantes de organizaciones comunitarias “reclaman con urgencia que el cese al fuego se mantenga” con todas las organizaciones armadas que mantienen el control de los territorios y han incrementado las coacciones contra la población, según manifestaron líderes y lideresas sociales de varias regiones muy sacudidas por la violencia en una investigación periodística de El Espectador y Colombia +20. El cese al fuego también supuso un gran alivio para la preservación del medio ambiente, al haberse paralizado la ejecución de atentados muy contaminantes como la voladura de oleoductos, con una disminución del impacto de la guerra en las conflictividades ambientales.
En paralelo a las conversaciones con las guerrillas, se han generado dinámicas sociales favorables a alcanzar consensos en torno a los diálogos de paz. La participación de la sociedad civil, considerada una parte esencial de estos procesos, se facilita a través del Comité Nacional de Participación, que ha organizado más de medio centenar de encuentros con diversos sectores sociales. El objetivo es implicar a la población en la definición del marco político que adoptará el país como consecuencia de este diálogo, e identificar cuáles las transformaciones que necesita la sociedad colombiana para erradicar las causas que originaron el conflicto armado.
Uno de los resultados no previstos de las negociaciones de paz con las guerrillas fue la escisión de los grupos armados entre los sectores más favorables a participar en los diálogos y los dirigentes más reacios a acordar la paz. Esto ha sucedido tanto con el ELN como con las disidencias de las FARC. Algunos críticos de la política de “paz total” del Gobierno vaticinan que el presidente habría renunciado a alcanzar este objetivo máximo durante el año y medio que le queda de mandato, sustituyéndolo por el propósito más modesto de firmar acuerdos de paz parciales con las estructuras armadas mejor predispuestas en cada espacio territorial. Esta nueva fórmula, más pragmática, consistiría en dialogar con aquellos grupos que muestran voluntad de paz real en los hechos.
Pero el enfoque territorial del Gobierno supone también fortalecer y empoderar a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que viven en las zonas de conflicto, para evitar o mitigar su dependencia económica de los grupos narcoparamilitares o guerrilleros que se disputan los territorios cuyos recursos depredan. Es así que la construcción de la paz, además del desmantelamiento de los grupos armados ilegales y su reincorporación social, supone la consolidación de transformaciones territoriales que tengan un impacto tangible en la vida de las comunidades. Esto se conoce como la territorialización de la paz, que implica concentrar los esfuerzos en el bienestar de la población, priorizando el desarrollo humano integral, sostenible y endógeno de la población local.
Vicisitudes de los diálogos con el ELN
La primera Mesa de negociación con el ELN se estableció en Caracas el 21 de noviembre de 2022. En palabras del senador Iván Cepeda, negociador por parte del Gobierno, “las deliberaciones se desarrollaron en un ambiente de confianza y optimismo”. Desde entonces, hubo seis ciclos de diálogos con esta organización guerrillera y se avanzó en distintos acuerdos, entre los cuales destaca el cese al fuego bilateral acordado en el tercer ciclo celebrado en La Habana. Esta medida tuvo vigencia por seis meses desde el 3 de agosto de 2023, que se extendieron por otros seis meses después de tensas negociaciones.
En mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro mantuvo un intercambio dialéctico con la delegación del ELN en un intento de clarificar posiciones. En un discurso ante los mandos militares, Petro afirmó que los actuales negociadores del ELN son “todos viejos”, es decir, dirigentes históricos de esa guerrilla, y se preguntó si realmente ellos estaban al mando: “Ahí, cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan? ¿O el ELN de hoy —Antonio García le llama ‘la nueva generación’— tiene otra lógica que la de ellos? Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales, giran todos alrededor de la economía ilícita. Poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Tienen la misma bandera, eso sí, pero su razón de ser es la economía ilícita”.
Esta declaración le valió la reprimenda del jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, quien tomó sus palabras como una desautorización y afirmó que las conversaciones habían entrado en “crisis”. La delegación del ELN declaró que la mesa de diálogo quedaría “en pausa” hasta que hubiera una aclaración del Gobierno. Un comunicado de la Presidencia admitió al día siguiente “la existencia de diálogos y negociaciones de carácter político”, así como “la legitimidad de la delegación del ELN”, a la vez que invitaba nuevamente a esta organización a avanzar en el cese al fuego y de hostilidades en los territorios. El ELN respondió positivamente y la pausa duró un solo día.
Este rifirrafe entre las partes se desarrollaba con un mar de fondo que en los meses siguientes puso en peligro la continuación de las conversaciones. El ELN acusaba al Gobierno de intentar debilitarlo por haber entablado negociaciones con los Comuneros del Sur, una fracción autonomizada del ELN en el departamento de Nariño que contaría con unos 200 guerrilleros. Con estas tensiones entre los negociadores, ya no se renovó el cese al fuego al final de la fecha pactada, el 3 de agosto de 2024. Desde entonces se sucedieron diversos enfrentamientos entre guerrilla y Ejército con ataques mutuos: detenciones y muerte de guerrilleros por parte del Ejército, y atentados del ELN contra cuarteles e instalaciones de la fuerza pública. Mientras tanto, el Gobierno instaló una mesa de diálogo con el antiguo frente Comuneros del Sur, ahora convertido en organización independiente, y solicitó levantar las órdenes de captura que hay en contra de los miembros de esta estructura, incluidos algunos dirigentes con pedido de extradición, y prohibió a la fuerza pública mantener operaciones ofensivas contra esa guerrilla a fin de instalar una “mesa socio política” como parte de las conversaciones en ese departamento, en el marco de la Instancia de Co-construcción de Paz Territorial de Nariño.
A mediados de agosto de este año, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresó su preocupación por la continuidad del proceso de paz: “Hoy la paz con el ELN vive su mayor crisis. Están congeladas las mesas y el mecanismo de monitoreo y verificación”, declaró. El ELN a su vez cuestionó los supuestos incumplimientos de parte del comisionado del Gobierno, como por ejemplo la exigencia de excluir a esta organización de la lista de grupos armados organizados (GAO) para resaltar su carácter diferencial de las organizaciones paramilitares y otras bandas criminales.
Las conversaciones del Gobierno colombiano con el ELN se interrumpieron por completo el 18 de septiembre, cuando la guerrilla atacó una base militar en Arauca, con el resultado de tres militares muertos y más de 25 heridos.
Un nuevo impulso tras la suspensión de las conversaciones
Algunas semanas más tarde, el 9 de octubre, voceros del ELN solicitaron una nueva mesa de diálogo para analizar la crisis del proceso de paz, y el Gobierno aceptó la propuesta. Esta mesa de diálogo, con presencia reducida de ambas delegaciones, tuvo lugar en Caracas entre el 1 y el 7 de noviembre. Según declararon los participantes, se examinó “de manera franca y profunda la relevancia del proceso para Colombia, sus avances, logros y perspectivas, así como sus dificultades”. En este acercamiento se acordó realizar otro encuentro, también en Caracas, entre el 19 y el 25 de noviembre.
A pesar de las conversaciones de paz, durante todo el mes de noviembre hubo enfrentamientos de las estructuras del ELN con el Ejército y la Policía. En los departamentos de Arauca y Bolívar los combates causaron la muerte de 13 guerrilleros y un policía. También se notificó la liberación de una persona secuestrada. Según la Policía, el ELN extorsiona habitualmente a mineros, comerciantes y campesinos en el Magdalena Medio, valiéndose de secuestros cuya práctica se reactivó al concluir el cese al fuego.
Uno de los grandes desafíos a resolver es la financiación de las estructuras guerrilleras tras el anuncio de la suspensión del secuestro con fines extorsivos. El principal comandante del ELN, popularmente conocido por su alias, Antonio García (Eliécer Herlinto Chamorro, 68 años), declaró que suspender los secuestros requeriría que la guerrilla recibiese otros recursos para su financiación. Este es un tema especialmente delicado, puesto que la posibilidad de brindar recursos a la organización guerrillera antes de llegar a acuerdos de paz no está en las miras del actual proceso negociador, y sería vista por el conjunto del arco político tradicional como una claudicación del Estado ante los insurgentes.
Por otra parte, el Gobierno esgrime que no todos los frentes de esta organización obedecen siempre a la comandancia general, pero es improbable que sus acciones estén desligadas de los lineamientos y orientaciones de la comandancia general. El 8 de noviembre, después de acordarse una nueva agenda de diálogos, uno de los frentes del ELN declaró un paro armado en el departamento del Chocó, ordenando el confinamiento de la población por tiempo indefinido en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a revocar la medida de fuerza porque “afecta gravemente a las comunidades». Este fue el tercer confinamiento forzoso en la región durante el año 2024 y perjudicó “a 85 comunidades afros e indígenas” que suman unas 45.000 personas.
La cuestión de la autonomía de los frentes y su relación con el comando central debe considerarse en relación a las presiones que se ejercen en la negociación. Un historiador y analista del conflicto armado asevera: “Los paros armados son una orientación, no un accidente. Los hacen en el Chocó, y los hace un frente en concreto, pero porque ellos tienen allá la capacidad militar para hacerlo”. Serían entonces infundadas las dudas sobre la unidad de mando de esta guerrilla, con la excepción de los Comuneros del Sur en Nariño, que dialogan por su cuenta con el Gobierno tras haberse escindido de la conducción central.
Negociaciones de paz en medio de atentados
El 21 de noviembre, en pleno desarrollo de conversaciones de Caracas, el ELN atentó contra el Ejército en Anorí, Antioquia, con un resultado de cinco militares muertos. Los ministros de Defensa, Iván Velázquez, y de Interior, Juan Fernando Cristo, repudiaron de forma contundente el ataque. Este último denunció la falta de voluntad de paz que mostraría el ELN con acciones de este tipo: “El ELN no ha tomado una decisión, ni unificada ni definitiva, de abandonar las armas y la violencia. Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia. Les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz, pero haciendo guerra y haciendo daño a la población civil”, declaró a Señal Colombia.
El contrapunto fue una columna titulada “La paz atrapada y entrampada” publicada por el comandante Antonio García en su canal de Telegram el pasado 25 de noviembre, donde justificó que hubiera “acciones u operaciones militares” cuando no está vigente el cese al fuego. Aseguró además que “el Estado y también este Gobierno no tienen ni política ni estrategia de paz, pues siguen persistiendo en que ‘la paz es la desmovilización y el desarme del ELN’, y no lo que hemos pactado en la Mesa de conversaciones, donde la Paz son las transformaciones estructurales para el bien de los colombianos”. Y para completar esta visión tan extrema, acusó al Ejército y la Policía (sin citar casos concretos) de coordinarse “con los paramilitares para avanzar en el control territorial”.
También Pablo Beltrán, vocero del ELN en las conversaciones de paz, criticó el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno del cese al fuego argumentando que tropas del Ejército realizaron “actos de guerra” contra la guerrilla. En su opinión, existen profundas divergencias entre la posición oficial que mantiene el Ejecutivo y la del jefe de la delegación negociadora, Otty Patiño, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En medio de este intercambio de acusaciones, las partes acordaron reanudar las conversaciones en enero de 2025. La delegación del Gobierno señaló que los encuentros tendrán el objetivo de evaluar “el desarrollo de los acuerdos, sus cumplimientos e incumplimientos”, a fin de “introducir correctivos”. Así mismo, se considerará la “continuidad del cese al fuego” interrumpido en agosto y se impulsará “la participación de la sociedad en la construcción de este proceso de paz». Por su parte, el portavoz del ELN consideró imperioso revisar los incumplimientos de lo acordado en las negociaciones como paso previo a considerar un nuevo cese al fuego.
El comandante Antonio García, máximo jefe del ELN desde 2021, ha participado de una u otra forma en anteriores intentos del Estado colombiano de negociar la paz con esta organización, en 2000 durante el Gobierno de Andrés Pastrana y después con Juan Manuel Santos. Estos intentos de negociación quedaron abocados al fracaso por las posiciones irreductibles de ambas partes, y por la mutua desviación militarista que interpreta que con acciones de fuerza, reprimiendo a la guerrilla o con atentados contra el Ejército durante las conversaciones de paz, se fortalece la posición negociadora de cada interlocutor.
Con el paso del tiempo, el ELN ha perdido credibilidad entre la militancia política de izquierda. Un investigador del conflicto y viejo activista del Polo Democrático Alternativo, integrante del Pacto Histórico, me dice en privado en Bogotá: “Lo que sobrevive hoy, así tengan algo de carácter político, son aparatos al servicio de la acumulación privada y del narcotráfico. Negarlo es la propaganda de ellos”. Esta es una idea bastante generalizada en medios académicos progresistas.
Las transformaciones estructurales que reclama el ELN para avanzar en las conversaciones de paz con el Gobierno, ¿son posibles con la correlación de fuerzas políticas que hoy existe en Colombia? Las dificultades y resistencias que ha enfrentado el Gobierno de Petro para aprobar su paquete de reformas en el Congreso es una indicación clara de hasta dónde es posible transformar el país desde la sola voluntad del Ejecutivo. Ciertamente, el presidente puede actuar por su cuenta en algunas áreas clave, como de hecho lo hace en la entrega de tierras a campesinos desplazados y víctimas del conflicto armado, pero no tiene la llave del legislativo para comprometer otros cambios de gran calado. La negativa de la oposición en diciembre a aprobar la ley de Financiamiento presentada por el Gobierno para obtener más recursos para sus políticas sociales es el último ejemplo de estas limitaciones.
En una entrevista realizada en mayo de 2023, el comandante Antonio García reconocía que “el Gobierno del Pacto Histórico no cuenta con mayorías propias en el parlamento que le permitan definir políticas con autonomía”, y afirmaba que “en esa composición parlamentaria se da una expresión del Régimen político que habilita o niega al poder ejecutivo”. Este diagnóstico acertado no se corresponde sin embargo con la exigencia de transformaciones estructurales no respaldadas por el Congreso y otras posiciones extremas que hacen prácticamente imposible la negociación.
¿Será entonces que mientras no exista una contundente mayoría parlamentaria de izquierda, comprometida con las ideas de cambio, no habrá manera de firmar la paz con el ELN? ¿O prevalecerá el realismo, y en la mesa de negociaciones se reclamarán objetivos que estén al alcance de este Gobierno? Mientras se despeja esta incógnita, se constata que ya no prevalece el optimismo ni la confianza entre las partes que existió en las primeras rondas de conversaciones.
Al margen de los diálogos de paz con las guerrillas, el avance hacia una profunda transformación de la sociedad colombiana para favorecer a los sectores más postergados es un objetivo primordial del Gobierno de Petro. La conformación de mayorías parlamentarias progresistas que faciliten los cambios estructurales que Colombia requiere va más allá de las conversaciones con grupos armados y tiene un incalculable valor intrínseco. Las elecciones presidenciales de 2022 aprobaron una agenda de cambios en democracia, que incluye la construcción de la paz, pero esa agenda no se agota en este fin. Las reformas sociales impulsadas por el Gobierno tuvieron muy difícil recorrido parlamentario y en muchos casos continúan congeladas. Un cambio de mayorías en el Congreso es vital, tanto como ocupar la presidencia del país, para impulsar las transformaciones bloqueadas por los partidos tradicionales.