La Silla Vacía, 10-10-2022
Correspondencia de Prensa, 12-10-2022
El 28 de septiembre, el comisionado de paz, Danilo Rueda, aseguró que al menos diez grupos armados ilegales habían iniciado un cese al fuego unilateral, como muestra de su voluntad de ser incluidos en la propuesta de Paz Total del Gobierno Petro.
“Cada grupo, con su propia identidad y naturaleza y motivación, está expresando su disposición a hacer parte de la Paz Total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar, y vamos avanzando”, aseguró Rueda.
Puntualmente, el Comisionado mencionó al llamado Estado mayor central de “Iván Mordisco”, a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y al Clan del Golfo, entre las organizaciones criminales que, según él, se sumaron al cese sobre el que no se descarta que más adelante pueda ser bilateral, es decir, que el Estado también lo decrete.
La Silla Vacía averiguó con fuentes en terreno en ocho regiones y, aunque en algunas han disminuido los enfrentamientos entre esos grupos y la Fuerza Pública, los grupos armados siguen matando y torturando a las poblaciones.
Además, como el cese al fuego hace parte de una “fase exploratoria” con los actores armados que quieren entrar a la Paz Total, el comisionado Rueda no dio mayores detalles. “La información relacionada con la construcción y elaboración del cese al fuego en el marco de los acercamientos y los distintos diálogos, tienen un carácter reservado”, fue la respuesta del Alto Comisionado para la Paz a La Silla ante la duda sobre el alcance de lo anunciado por Rueda.
Sin condiciones exactas sobre este cese, el gesto no es fácilmente verificable y queda dependiendo de la “buena voluntad” que tengan estas organizaciones.
Sí ha habido desescalamiento, pero en la práctica las regiones siguen azotadas
Sobre el Catatumbo, Arauca, Magdalena Medio, Bajo Cauca antioqueño y algunas zonas del Caribe, líderes comunitarios, funcionarios y analistas en terreno coinciden en contar que, efectivamente, de unas semanas hacia acá ha disminuido el registro de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.
Sin embargo, no cesan los ataques y hostilidades contra la población civil en estos lugares.
En Magdalena Medio, donde el Clan del Golfo se disputa el control territorial con el ELN, hay municipios en los que este grupo armado ilegal opera a través de bandas a las que financian y respaldan con armas para controlar el microtráfico y en donde el cese ya tuvo, al menos, dos rupturas.
Una fue el asesinato, el pasado 1 de octubre, del líder social Natanael Díaz Iriarte, en un corregimiento de Magangué, al sur de Bolívar, perpetrado por sicarios en moto que le dispararon seis veces. Díaz denunciaba casos de corrupción en el municipio, así como la presencia de grupos armados ilegales. Según un periodista que conoció el caso, lo habría asesinado una banda criminal que opera allí como franquicia del Clan del Golfo.
El otro hecho violento fue el reciente atentado contra el periodista Erick Fabian Niño en Puerto Wilches, Santander. Dos hombres armados dispararon contra la fachada de su casa el martes pasado, luego de que el lunes en la noche recibiera una llamada amenazando con “darle plomo” por lo que publica.
Recientemente, Niño había narrado la noticia de la captura del presunto asesino de un líder sindical en ese municipio. La Silla supo que la investigación apunta a que detrás del atentado está otra banda criminal auspiciada por el Clan del Golfo que incursionó en ese municipio recientemente.
En Córdoba, uno de los bastiones del Clan del Golfo, recientemente sacudido por la noticia del secuestro de un ganadero, la Fundación Cordoberxia denunció la semana pasada dos homicidios selectivos en Tierralta en menos de 24 horas, un asunto que en el municipio explican como parte de la mal llamada “limpieza social” que vienen haciendo los también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. A una de las víctimas le dejaron sobre el cuerpo una hoja de papel que rezaba: “Se le hizo por adueñarse de lo ajeno, por rata. AGC”.
En el Catatumbo, un político y dos defensores de derechos humanos de la región nos dijeron que la confrontación con la Fuerza Pública sí desapareció estos días, pero la guerra sigue en todas sus demás formas y afectando a la gente.
“Venimos de un plan pistola del ELN y disidencias Farc (del frente 33 que opera de manera independiente y auto denominándose Bloque Magdalena Medio) contra las autoridades muy fuertes, y sí se siente el desescalamiento. Pero el control territorial, extorsiones, manejo de rentas ilícitas, todo eso se mantiene”, dijo una de esas fuentes.
En muchas partes del país, aunque ha habido desescalamiento, en esencia la dinámica del conflicto no ha cambiado mucho porque el grueso de las afectaciones a las comunidades no se dan por los combates entre la Fuerza Pública y los grupos criminales, sino por las guerras que hay entre los mismo grupos armados por el territorio o el control de los negocios ilícitos.
Ejemplo de eso es lo que ocurre en la zona fronteriza de Arauca, en donde la disidencia del Frente Décimo desde enero de este año está en guerra con el ELN. Es un conflicto local que suma más de 200 asesinatos hasta julio pasado y que recientemente generó un confinamiento de 700 personas en Puerto Rondón, en medio de los combates.
Justo por ese caso, el comisionado Rueda hizo a fines de la semana pasada un llamado a ambos grupos al cese de hostilidades. Aunque, el alto funcionario se refirió a la disidencia como “Estado Mayor de las Farc”, pese a que en esa región el grupo se identifica es como Frente Décimo y es aliado de la estructura armada de “Iván Mordisco”.
Otra evidencia de que la dinámica del conflicto está determinada en gran manera por la relación entre los grupos armados ilegales es lo que sucede en Buenaventura, en donde hace una semana larga Los Shotas y los Espartanos sellaron un pacto de paz con un partido de fútbol. Desde hace más de un mes, las dos bandas criminales, que por más de dos años pelearon a punta de bala, extorsiones y fronteras invisibles el control territorial del Distrito, habían enviado cartas al presidente Gustavo Petro en las que decían que estaban dispuestas a acogerse a la justicia. El primer paso para eso fue el cese al fuego que logró la Iglesia Católica y que inició el fin de semana siguiente.
El resultado, por ahora, ha sido la tranquilidad que no se sentía desde hace años en Buenaventura y la oportunidad de transitar y vivir de nuevo en las calles. “Con la voluntad de paz que han mostrado las bandas, la plaza del barrio Juan XXIII se volvió a llenar, la gente está volviendo a transitar por las calles recónditas que antes representaban un riesgo y los que vivían en un barrio ahora pueden ir a otro donde antes había bandas enemigas”, nos contó Jhorman Cuero, un líder social de juventudes en Buenaventura.
Ahí en el Pacífico, líderes sociales e investigadores que conocen el Chocó y el Cauca, en donde operan el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, ratificaron que el cese al fuego de estos grupos armados ilegales con el Ejército es una apuesta que no representa un gran cambio, ya que la confrontación no ha sido directamente con éste sino entre los mismos grupos ilegales.
“La Segunda Marquetalia ha peleado muy poco con el Estado. ¿Qué realmente se está cesando con el Estado? Nada”, dice Kyle Johnson, co-fundador e investigador de la fundación Conflict Responses (CORE), quien agregó que la posibilidad de un cese al fuego entre disidencias, como el Comando Coordinador de Occidente de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, parece lejana debido a que hace unos meses, esta última, había dicho que no lo considerarían y hasta hace dos semanas hubo combates entre ambos grupos.
En el Chocó, el Clan del Golfo aún impone restricciones para movilizarse después de las seis de la tarde por el río Atrato, uno de los corredores clave de tráfico de drogas y armas. También siguen cobrando vacunas por el tráfico de madera y la explotación minera.
Mientras, en el Guaviare, en donde el frente primero de Iván Mordisco domina a sus anchas sin disputa territorial pendiente con grupo alguno, nos dice un investigador y un líder que todo está en calma y que el último episodio de enfrentamiento con la Fuerza Pública fue hace como un mes, es decir, incluso antes de que Danilo Rueda anunciara el cese.
En el Bajo Cauca antioqueño, especialmente en El Bagre, hay alertas por el conflicto del Clan del Golfo y de los reductos de Los Caparros, conocidos ahora en la región como el grupo del “Negro Cristian”. Durante este fin de semana, en el corregimiento de Puerto López, de El Bagre, hubo presencia de 200 hombres armados y uniformados del Clan del Golfo, según le informó a La Silla una fuente, cuyo nombre omitimos por seguridad.
El temor en El Bagre es total porque se han presentado enfrentamientos entre grupos armados en zonas rurales en la última semana y han sido reclutados por lo menos 12 menores de edad. Por eso, Surany Arboleda, integrante de la Fundación Mujeres Valientes, asegura que “el cese unilateral no existe porque todos los días en el Bajo Cauca hay un asesinato o se atenta contra la vida de alguien”.
En esa misma línea, Alejandro Hoyos, quien está al frente del Observatorio de Derechos Humanos y Paz de Caucasia, asegura que la Paz Total solo ha avanzado con el ELN y que “es primera vez que escucho que hay un anuncio de cese al fuego unilateral del Clan del Golfo”. Eso, continúa, ha llevado a que en lo que va de 2022 en la subregión hayan ocurrido 90 homicidios, más del 50 por ciento de jóvenes entre 14 y 28 años.
Ese conteo de homicidios se ha sentido particularmente, en los últimos días de supuesto cese, en Caucasia. Solo a finales de la semana pasada, dice Éder Nárvaez, periodista y líder social de ese municipio, fueron encontradas tres personas asesinadas.
Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de DD.HH. del Instituto Popular de Capacitación (IPC), también cuenta que en la región del Urabá antioqueño hay más calma, pero esta se debe al fin del plan pistola y a la hegemonía criminal que tiene el Clan del Golfo. “Lo que pasa es que bajo el Urabá hay un control hegemónico de las AGC. Pero allá en Urabá los chicos siguen siendo reclutados por las AGC y son llevados a todos los departamentos donde tienen presencia”, dice Zapata.
“En Urabá siempre se ha vivido en tensa calma, como ahora. Pero desde hace más de 20 años no se veía hostigamiento contra la Fuerza Pública en San Pedro de Urabá. Las AGC nunca habían combatido con las fuerzas armadas”, dice un líder social de esta región, que pidió no ser citado por seguridad.
Después del anuncio de Danilo Rueda, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) informó que en nueve días habían registrado cuatro acciones ofensivas y un combate atribuidos a los grupos armados mencionados por el Comisionado, lo que que equivaldría a presuntas violaciones del cese el fuego autoimpuesto.
Datos, también, del Cerac muestran una disminución en la violencia política durante septiembre.
El segundo mes del Gobierno Petro es el mes con menos muertes de este tipo en 2022, con una reducción importante respecto al mismo periodo del año pasado.
“Lo que hemos visto es que estos grupos se han comprometido a cesar acciones ofensivas en contra de la Fuerza Pública, entiéndase Policía o Ejército, pero no ha quedado claro el cese de hostilidades, o el cese de acciones bélicas, en contra de otros competidores armados o de comunidades. En este sentido, se estaría dando mucho énfasis a la buena voluntad de estas organizaciones, ya que como los ceses al fuego no se han formalizado no hay ninguna posibilidad de verificar su cumplimiento”, concluye el investigador y experto en conflicto Luis Fernando Trejos.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz le dijo a La Silla que la información sobre el cese al fuego aún es reservada porque hace parte de la etapa de construcción de confianza.
En una entrevista para El Espectador este fin de semana, Danilo Rueda fue más allá asegurando sobre el Clan del Golfo que: “Desde el 7 de agosto, ellos públicamente manifestaron un cese unilateral del fuego, hemos hecho seguimiento y hasta el momento lo vienen cumpliendo”.