Soldados en Tibú, nordeste de Colombia. Foto Schneyder Mendoza/AFP
Santiago Rodríguez Álvarez*
La Silla Vacía, 26-1-2025
Correspondencia de Prensa, 26-1-2025
Hoy se cumple una semana desde que el ELN empezó una sangrienta arremetida contra las disidencias de las Farc en Catatumbo, Norte de Santander. Ha sido una violencia que ha afectado sobre todo a los civiles, líderes sociales y firmantes de paz de esta región, de la que se han desplazado 36 mil personas y hay reportes de más de 60 personas asesinadas. Es un nivel de violencia que no se veía en el país hace muchos años, y que puede tener un efecto dominó que lleve al fracaso definitivo de la paz total y a una nueva ola de violencia en todo el país.
“Esta ofensiva del ELN puede ser la chispa que enciende muchas guerras pendientes para todo el país”, dice Elizabeth Dickinson, investigadora y analista de International Crisis Group, que le hace seguimiento al conflicto colombiano y la política de paz total.
El Catatumbo muestra el riesgo de la paz total
En el Catatumbo, el gobierno tenía abiertas negociaciones con el ELN y las disidencias de alias “Calarcá”. Incluso, en el municipio fronterizo de Tibú fue donde el gobierno instaló la mesa de diálogos con las disidencias.
Estas negociaciones partieron de la premisa de “parar la guerra para negociar”, que consistió básicamente en acuerdos de cese al fuego con el gobierno. En Catatumbo produjo una relativa calma, pero era inestable porque dependía enteramente de la voluntad de los armados.
“Nosotros en Norte nos vanagloriábamos de ser una región donde no había confrontaciones entre las dos estructuras armadas, como en otras partes del país. Duramos dos años, en donde no hubo un muerto de parte y parte”, dice Luis Fernando Niño, secretario de paz de la Gobernación de Norte de Santander. Era un hito en una región, que su última guerra la sufrió en 2018, entre el ELN y el EPL.
La paz total profundizó un pacto de no agresión que existía entre el ELN y las disidencias del Frente 33, que pertenecen al grupo de “Calarcá”. Para el secretario de paz, que lleva 20 años trabajando en este tema, esa tensa calma se cimentaba en que ambos grupos compartían negocios, como el narcotráfico; y en que los integrantes de ambos grupos eran de la misma región y compartían lazos familiares. “Todos se conocen”, dice.
Pero, los cese al fuego no disminuyeron las rentas ilícitas. El ELN y el Frente 33 se siguieron lucrando del negocio del narcotráfico en el Catatumbo, una de las zonas con más concentración de coca del país. Tibú, en toda la frontera con Venezuela, es el municipio con mayor cantidad de hectáreas de coca en el país: 23 mil hectáreas según el censo del cultivos de la ONU de 2023.
Los ceses al fuego tampoco impidieron el fortalecimiento de estos grupos y su expansión territorial en todo el país. Un informe reservado de inteligencia militar, revelado por El Tiempo, muestra que, según la fuerza pública, ha aumentado el número de combatientes durante la paz total. Mientras el total de personas en armas de los principales grupos en 2023 era de 18.334, para el 2024 subió a 21.201. Solo el ELN tendría según ese informe 6.300 integrantes.
El cese al fuego frenó cualquier iniciativa militar y los grupos pudieron fortalecerse sin ser enfrentados por la fuerza pública en regiones que ya controlaban como el Catatumbo.
“Si uno va para Tibú, en la región de frontera, en solo ese pedacito hay 500 integrantes del Frente 33 y podríamos tener la mitad del Frente Nororiental del ELN, que tiene en total unos 2.000 hombres. La amenaza puede ser perfectamente de unos 1.500 hombres de grupos criminales. Mientras, los militares tienen alrededor de 1.800 a 2.000 hombres”, dice Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Con el robo de las elecciones en Venezuela por parte de Nicolás Maduro el año pasado la situación cambió. Desde su Sexto Congreso, poco antes de las elecciones venezolanas, el ELN estancó los diálogos de paz con el gobierno y viró su estrategia para consolidarse como un escudo de la revolución bolivariana en la frontera para blindar a régimen chavista de una eventual incursión militar desde Colombia para tumbar a Maduro.
En ese escenario, el pacto de no agresión con las disidencias se convirtió en un problema para el ELN y empezó a agrietarse desde el año pasado.
La arremetida que el ELN lanzó el pasado jueves estaba planeada desde hacía meses, pues movilizaron tropa desde Arauca y Venezuela para asesinar sin el remordimiento de los lazos familiares que tienen las tropas en El Catatumbo. Llegaron con listas negras para asesinar líderes, familiares y gente que señalan de colaborar con las disidencias, lo que ha provocado una crisis humanitaria.
La ofensiva del ELN no solo rompió la posibilidad de continuar la opción del diálogo con el gobierno, sino que los expertos advierten que puede tener un efecto dominó que desate otros conflictos regionales.
El posible efecto dominó
“Espero que esto no se nos vaya a volver algo general en otras regiones, porque sería extremadamente delicado. Pero, sí hay una situación de riesgo en otras zonas, pues la Defensoría del Pueblo tiene alertado el 73% de los municipios del país”, le dijo a La Silla la defensora del pueblo, Iris Marin, sobre el riesgo de que se abran otros conflictos.
A pesar de las constantes crisis que ha afrontado la paz total, esta política —basada en múltiples ceses del fuego bilaterales y en una comunicación constante con el gobierno—había servido como un barrera para contener una escalada violenta más grande. En El Catatumbo había bajado la violencia.
“Llevamos varios años de una guerra de tensa calma, en la cual las organizaciones armadas ganaron territorio y profundizaron su control sobre poblaciones. Pero ahora el temor que muchos tenemos es que vamos a entrar en otra etapa de la guerra que es menos calma y más guerra abierta”, dice Dickinson de Crisis Group.
Donde primero podría extenderse la chispa es justamente a las regiones donde el ELN y las disidencias de las Farc de “Calarcá” aún comparten territorio.
“Tienes en el Catatumbo una confrontación del ELN con el Frente 33, pero al lado tienes al mismo bloque de las disidencias, al que pertenece el 33, trabajando con el ELN para combatir el Clan del Golfo. No me parecería nada raro que en esas zonas donde han sido aliados se reviente la cosa”, dice Gerson Arias de la FIP y quien fue negociador con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Estas zonas a las que se refiere Arias son el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, donde el Bloque Magdalena Medio tiene alianzas con el ELN. El ELN ha pedido que “Jhon Mechas” y “Richard”, comandantes de este bloque, se entreguen para detener la matanza. Mientras que estos ya dijeron en comunicados que van a “vengar” las muertes en el Catatumbo, lo que da más motivos para temer una escalada en estas otras regiones.
Otra región que podría desestabilizarse es entre Vichada y Guainía, por su carácter fronterizo con Venezuela y la convivencia entre grupos armados. Allí el ELN también tiene pactos de no agresión con las disidencias de alias “Mordisco” y con el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, que opera también en Venezuela.
Por otro lado, para Arias la respuesta ya anunciada de las disidencias de “Calarcá” contra el ELN puede desestabilizar la mesa de diálogos que tienen con el gobierno y hacer inviable además continuar con el cese al fuego con la fuerza pública, cuya única condición es suspender las acciones armadas. “Va a ser muy difícil sostener la mesa con las disidencias, que eran junto a lo que queda de la Segunda Marquetalia y Comuneros las únicas que tenían como cierto margen de estabilidad”, dice.
Si esto llegará a pasar, se corre el riesgo de que este grupo se sumerja abiertamente en otras guerras pendientes, como en Caquetá y Guaviare contra las disidencias de “Iván Mordisco”. En este caso, este lunes ya hubo un enfrentamiento entre estos dos grupos en Guaviare, que dejó al parecer 20 personas asesinadas.
“Lo del Catatumbo también es una alerta de lo que puede pasar en otras regiones si terminan de desgastarse los diálogos. Me atrevería a decir que el efecto que busca esto es desestabilizar”, dice Arias. En ese sentido, la ofensiva del ELN podría golpear de muerte a toda la política de paz total y desatar otros conflictos regionales que han sido contenidos por el diálogo.
Sin plan B
Cuando la negociación de paz con las Farc en el Caguán fracasó durante el gobierno de Andrés Pastrana, se había fraguado debajo de la mesa un plan B: el Plan Colombia. Este fue un programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a enfrentar el conflicto colombiano con 1.200 millones de dólares, que se invirtieron en su mayoría en fortalecer a las fuerzas militares. Hoy ese plan B no existe y la fuerza pública está debilitada y con capacidades limitadas.
“Es cierto hay escasez de recursos en las fuerzas militares, que las capacidades de la fuerza pública no alcanzan para controlar la cantidad de frentes de batalla que tenemos abiertos a lo largo del país”, dice Dickinson. Para ella, un ejemplo claro es que la capacidad de horas de vuelo se ha reducido, entre varios factores, por la caída del peso colombiano frente al dólar, lo que hace más costoso el combustible y el mantenimiento.
Por eso, una escalada de violencia en todo el país podría desbordar la capacidad de acción de la fuerza pública, que se enfrenta a múltiples grupos armados. Esto podría llevar a una situación similar a la de 1998, cuando el Ejército estaba dividido enfrentando múltiples frentes con la guerrilla de las Farc. El problema ahora es que es más difícil concentrar la acción en un solo grupo armado.
“Es una situación difícil de manejar, son muchas áreas afectadas. En la Defensoría estamos en la alerta en esta emergencia en el Catatumbo, pero siguen ocurriendo situaciones críticas en otras partes del país y no podemos desatender la respuesta”, dice la defensora Marin. Por eso resalta la importancia de que el gobierno se tome en serio las alertas tempranas para prevenir estos eventos.
Por ahora, la situación ya es suficientemente crítica y el gobierno Petro anunció una declaratoria de estado de conmoción interior para enfrentar la crisis en el Catatumbo, aunque no ha sacado los decretos.
*Santiago Rodríguez Álvarez, periodista de la Universidad de Antioquia. En La Silla Vacía empecé contando las movidas políticas de Antioquia como practicante, ahora escribo sobre el conflicto armado, las políticas de seguridad, la justicia transicional y los esfuerzos de paz en el país.